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Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

Los sindicatos aseguran que Industria aprobará el próximo 26 de abril el Estatuto de la Industria Electrointensiva

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Europa Press.- Los comités de empresa de Alcoa A Coruña y Avilés han asegurado que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo les han «garantizado» que el Estatuto de la Industria Electrointensiva, que permitiría rebajar la factura eléctrica de las plantas y darle estabilidad para hacerlas viables de cara a conseguir futuros inversores, «estará aprobado antes de las elecciones» del 28 de abril, y apuntan que su aprobación se dará en el Consejo de Ministros del 26 de abril.

Este 15 de abril acabará el límite para recibir ofertas no vinculantes de inversores. El presidente de Alcoa, Rubén Bartolomé, apuntó que a pesar de que hay un borrador para el estatuto de las electrointensivas, aun «hay muchas incertidumbres» como «la compensación del CO2, o si se dispondrá o no de presupuesto». Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo les ha trasladado que «hay gente interesada en la compra de la compañía» pero ha añadido que se está «muy lejos de dar los pasos necesarios hasta junio para encontrar algo sólido».

De igual opinión era el consejero de Economía de Galicia, Francisco Conde, quien, a las puertas del Ministerio de Industria, ha afirmado salir «muy decepcionado» tras las expectativas creadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando aseguró que había solución para Alcoa. «En estos momentos Alcoa sigue con la incertidumbre sobre su viabilidad», ha apuntado Conde, para recalcar a continuación que ese estatuto apunta a que «lamentablemente no va a recoger una solución integral y no parece que tampoco vaya a recoger todas las propuestas que desde Galicia» trasladaron.

Según añade, hay incertidumbre sobre si el Estatuto marcará un precio competitivo para que los inversores puedan hacer ofertas viables, por lo que ha apelado al Gobierno a que «salga de la inercia en la que está instalado y de pasos firmes para poder concretar una solución y poder trasladar certidumbres sobre ese precio eléctrico que puede permitir la viabilidad de las plantas de La Coruña y Avilés«. «Alcoa en estos momentos no tiene solución viable y estamos muy lejos de poder identificar si realmente el estatuto de los consumidores electrointensivos puede dar una respuesta cierta y un marco competitivo para los inversores», ha insistido.

El Gobierno de Asturias, “optimista”

Por su parte, el director general de Industria del Principado de Asturias, Manuel Monterrey, ha salido de la reunión de más de dos horas «optimista». No obstante, ha reconocido que los tiempos son «muy ajustados» debido al periodo electoral. Sobre las líneas maestras tratadas en la reunión, Monterrey ha avanzado que el estatuto va en línea con la decisión de la Comisión Europea de que los costes indirectos de emisión de CO2 «podrán llevarse a contribuir a la disminución de la tarifa». «Conocemos que hay 200 millones de euros que se han aprobado y se pretende ir a ese máximo para que contribuyan a la disminución de la tarifa eléctrica de las electrointensivas», ha afirmado.

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez, ha indicado que el Estatuto «tendrá una parte que rebaje la factura», que contemplará también una parte que estipule cómo van a ser las ayudas a emisiones indirectas de CO2 y otra de «fomento de los contratos bilaterales«. No obstante, ha indicado que, actualmente, «lo único que hay es un despido el día 30 de junio». «Vamos justos, va todo muy encorsetado, tenemos que luchar para que salga adelante, las elecciones no nos hacen ningún favor», ha reseñado.

Por su parte, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa La Coruña, Juan Carlos López Corbacho, comentó que durante la reunión les han explicado que han llamado empresas para interesarse por Alcoa. «Sabemos que el escenario se complica con el proceso electoral, pero tenemos que presionar al Gobierno y a los agentes que tienen capacidad para dar solución, tenemos posibilidades de salir victoriosos», añadido.

Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, se denomina sector electrointensivo al conformado por aquellas industrias para las que la electricidad es un factor primordial. Generalmente estas actividades pertenecen a la industria básica, que es aquella dedicada a la transformación de las materias primas, y por tanto, requiere una mayor cantidad de mano de obra y de energías que otros sectores industriales. En este contexto se engloban los sectores metalúrgico, químico, siderúrgico, y gases industriales. En estas industrias el coste energético puede llegar a suponer un 50% de los costes de producción.

Los ingenieros industriales reivindican que la descarbonización de la economía no debe producir efectos indeseados en la industria

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Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) considera que la transición hacia una descarbonización completa de la economía que ha adoptado el Gobierno es un proceso «complejo» de cuyo avance depende que «no se produzcan efectos indeseados» en la economía en general y en la industria en particular, lo que repercute en el bienestar social.

El colectivo recuerda que parte de la transición energética diseñada por el Gobierno se apoya en el cierre progresivo del parque nuclear y, en el caso de que finalmente se apruebe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el 74% de la generación eléctrica en 2030 deberá proceder de fuentes renovables. El plan incluye también reducir la potencia nuclear instalada de los 7.399 megavatios actuales a 3.181 megavatios en 2030 y continuar su operación hasta 2035 para facilitar un sistema de potencia firme mientras progresa la penetración de renovables.

Los ingenieros destacan el «papel fundamental» que juega el CSN en la seguridad, en el buen funcionamiento del parque nuclear y en la protección radiológica en España en «diferentes acontecimientos que han tenido lugar». Para el COIIM, los plazos que marca el borrador y la complejidad de los acuerdos alcanzados entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los representantes de Iberdrola, Naturgy y Endesa «hacen más relevante si cabe mantener el carácter independiente del CSN frente a la Administración General del Estado».

Las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP firman el protocolo con Enresa para el cierre de las centrales nucleares

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Europa Press.- Las compañías energéticas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP y la sociedad Enresa han firmado un protocolo de acuerdo para el cierre de las centrales nucleares entre 2025 y 2035. En concreto, el protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo).

Las discrepancias entre las tres grandes eléctricas respecto a las nucleares surgió en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargar su vida útil más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo. No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió en febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

Cierre ordenado de las centrales

De esta manera, entre 2025 y 2030 se producirían los cierres de las dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 tan sólo abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años. No obstante, Endesa quiere que el protocolo no recoja un calendario de fechas «definitivas» de cierre para los distintos reactores, sino que sea «flexible» y «orientativo».

Asimismo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que la energética estaba «alineada» con el PNIEC aunque señaló que «nadie sabe lo que va pasar en los próximos años» e indicó que era necesario adoptar decisiones según vaya siendo una realidad en el futuro, ya que se debe ajustar bien la entrada de la nueva potencia de renovables con la salida de fuentes como el carbón y la nuclear. Endesa amortiza sus activos nucleares a los 50 años de vida útil, con un impacto en amortizaciones en sus resultados si se recorta este periodo. El calendario establecido en el protocolo debe servir para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

La Fundación Renovables defiende en el Congreso el cierre programado de las nucleares antes de 2024

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Europa Press.– El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. Ferrando trasladó su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar próximamente a Bruselas, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años.

Ferrando también tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Según indicó la organización, Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque «son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad».

La Fundación Renovables señaló que su propuesta lleva implícita una auditoría técnica sobre el estado de cada central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, considera que los propietarios «tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones para mantener el máximo grado de seguridad».

Alcoa prevé ganar hasta 70 millones más al año por la reestructuración de sus plantas en Avilés y La Coruña

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Europa Press.- Alcoa prevé que las medidas de reestructuración planteadas en sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña permitirán a la multinacional incrementar su beneficio neto en una horquilla de entre 70 y 80 millones de dólares anuales (61,4 y 70,2 millones de euros) a partir del tercer trimestre del ejercicio 2019, según indicó la compañía estadounidense, que alcanzó un acuerdo con los sindicatos sobre el futuro de las dos plantas.

El acuerdo ofrece soluciones de empleo, prejubilaciones o recolocaciones a 355 empleados de los 623 trabajadores indefinidos de las plantas de Avilés y La Coruña, así como mantener la actividad de las fundiciones de las dos plantas y de la torre de pasta de La Coruña. Alcoa espera incurrir en costes extraordinarios por reestructuración de entre 90 y 115 millones de dólares (79 y 101 millones de euros) que serán completamente contabilizados en el 2019. Además, según el resultado final, la compañía estima que podría tener que asumir cargas adicionales por el cese de actividad de las dos fundiciones a finales de 2019 que oscilarían entre los 125 y los 135 millones de dólares (109 y 118 millones de euros).

«Finalmente llegamos a un acuerdo con los representantes de los trabajadores en nuestras plantas de aluminio de Avilés y La Coruña relacionadas con el proceso de despido colectivo que anunciamos en octubre», confirmó el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, que calificó este acuerdo como «un paso muy positivo», señalando que a compañía seguirá operando las plantas durante 6 meses, hasta finales de junio, en una posición donde puedan reiniciarse y se verá «si hay alguien que quiera ingresar a esas posiciones operativas«. Alcoa asumirán también el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones de euros por planta) si se concreta una oferta de compra antes del 30 de junio.

Alcoa obtuvo un beneficio neto atribuido de 227 millones de dólares (199 millones de euros) en el conjunto del ejercicio 2018, cifra que representa un incremento del 4,6% en relación al resultado del año anterior. Las ventas de Alcoa entre enero y diciembre sumaron un total de 13.403 millones de dólares (11.762 millones de euros), una mejora interanual del 15%.

En el cuarto trimestre, la compañía estadounidense logró un beneficio neto atribuido de 43 millones de dólares (38 millones de euros), frente a las pérdidas de 196 millones de dólares (172 millones de euros) registradas en el 2017. Entre octubre y diciembre, la facturación de Alcoa alcanzó los 3.344 millones de dólares (2.935 millones de euros), cifra que representa un incremento del 5,3% respecto del cuarto trimestre de 2017. «Nuestro resultado de 2018 refleja cómo hemos fortalecido a Alcoa», declaró Roy Harvey, destacando el cumplimiento en la ejecución de las prioridades estratégicas establecidas por la empresa con el fin de reducir su complejidad y aumentar la rentabilidad, fortaleciendo el balance.

Sindicatos y Alcoa alcanzan un acuerdo con 20 millones para cada planta y mantenimiento del empleo hasta finales de junio

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Europa Press.- Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un acuerdo por el que la empresa invertirá 20 millones en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de La Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de este año. Durante estos 6 meses, deberá encontrarse un inversor que permita salvar las plantas y los empleos, según apuntó la Comisión Negociadora.

En caso de que no aparezca ningún inversor que garantice el funcionamiento de ambas fábricas más allá del 1 de julio, los sindicatos piden al Gobierno el compromiso de garantizar el 100% del empleo. El acuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, algo más del 50% de los 623 trabajadores indefinidos de las plantillas, y el compromiso de Alcoa de asumir el coste de rearrancar las cubas por un máximo de 40 millones de euros (20 millones por planta) si se concreta una oferta de compra por algún inversor antes del próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Industria, la mediación del Gobierno facilitó el preacuerdo que da salida a la crisis de Alcoa.

El Gobierno no lo garantiza

Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a «trabajar» para que «todos los afectados» por el proceso de cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña puedan ser recolocados al final del periodo marcado en el acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicatos para encontrar una solución para las dos factorías, que expira el próximo 30 de junio, pero no ha garantizado, tal y como deseaban los representantes de los trabajadores, el mantenimiento del 100% de los puestos de trabajo a partir de esa fecha.

En este sentido, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso de garantías «no forma parte del acuerdo» y que tanto el Gobierno como el resto de administraciones tan sólo pueden asumir la responsabilidad de trabajar para «recolocar a todos los efectivos que están en peligro». Valdeolivas recalcó que esa petición de garantías para mantener el 100% del empleo por parte de los sindicatos se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo».

«Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos. El compromiso es nuestro esfuerzo de buscar la mejor solución, pero los resultados no dependen del Gobierno. Contamos con 6 meses que nos dan un tiempo para buscar soluciones definitivas», añadió al respecto. El acuerdo cubre durante estos 6 meses al resto de los más de 260 trabajadores que no entran dentro de esa solución propuesta por la compañía, que durante ese periodo estarán en un proceso de formación profesional, financiado por la empresa y, si no pueden ser recolocados, «van a salir con una mejora significativa de su empleabilidad», destacó la secretaria de Estado de Empleo.

Por su parte, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, valoró «muy positivamente» el acuerdo porque “mejora mucho la situación que se tenía». Blanco indicó que las garantías de éxito en este tipo de procesos siempre son mayores teniendo un acuerdo entre las partes que si no se tiene y señaló que el objetivo del Gobierno es poner todos los recursos posible para minimizar al «máximo» el impacto de un posible cierre final de las plantas. Además, valoró la existencia de un compromiso de inversión por parte de la empresa, lo que «va ayudar mucho», y destacó que también va a facilitar mucho el escenario para buscar un nuevo inversor.

Mientras, los sindicatos valoraron también «positivamente» el acuerdo con la empresa, «dentro del abismo en que se estaba» ya que supone «ganar tiempo» para buscar inversores y para la creación por el Gobierno del Estatuto para los Electrointensivos. No obstante, lamentaron que no existiera un «mensaje más contundente» por parte del Gobierno y se haya tenido que poner ya sobre la mesa la posibilidad de planes sociales en el caso de que a 1 de julio no se haya encontrado una solución definitiva, según el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

Por su parte, el responsable de Política Industrial de CC.OO, José Manuel Casado López, también consideró «positivo» el acuerdo y aseguró que existe el compromiso del Gobierno de intentar reducir «a la mitad de tiempo» el periodo fijado para aprobar un Estatuto para la Industria Electrointensiva, que vio la luz en diciembre en un decreto ley y se estima que este en marcha en 6 meses. «Lo que serviría para Alcoa y todos los electrointensivos de este país que están en la misma situación», añadió.

Naturgy cerrará todas sus térmicas de carbón en España en 2020 con el cierre de Meirama, Narcea y La Robla

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Europa Press.- Naturgy ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el cierre de todas sus centrales de carbón en España, las de Meirama (en Cerceda, Galicia), Narcea (Asturias) y La Robla (Castilla y León),según confirmó la compañía. La empresa comprometió en 2015 una inversión de casi 100 millones de euros para adaptar la factoría de Meirama, pero esa cuantía nunca se llegó a ejecutar, por lo que tampoco se desarrollaron las actuaciones de renovación tecnológica.

El grupo energético enmarca esta decisión de echar el cierre a sus plantas de carbón en 2020 en los objetivos de la política energética europea y nacional anunciados por el Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar hacia la descarbonización del sistema. En concreto, el nuevo contexto regulatorio obliga a las compañías propietarias a afrontar nuevas inversiones para que estas plantas puedan continuar funcionando más allá de 2020. Asimismo, los actuales precios de mercado, el mayor coste del precio de CO2 y las tasas medioambientales han agravado la viabilidad económica de este tipo de plantas.

Fuentes de la compañía precisaron que las peticiones de cierre se presentaron el pasado diciembre y que se han presentado planes de adecuación para los casi 240 trabajadores de las tres plantas. El grupo presidido por Francisco Reynés tiene en marcha, dentro de su plan estratégico, inversiones por más de 1.000 millones de euros en generación renovable en todo el territorio nacional antes de 2020. La compañía ha trasladado también a las distintas administraciones autonómicas esta decisión y trabaja, junto a ellas, en el diseño de planes para dinamizar económicamente el entorno de las regiones donde están ubicadas estas plantas.

En el caso de Meirama, Naturgy tiene un plan por el cual prevé invertir aproximadamente 80 millones de euros en un parque eólico y en un centro avanzado de gas renovable, además de una iniciativa para atraer nuevos proyectos industriales al emplazamiento en colaboración con la Xunta de Galicia. La empresa también ha diseñado un plan de adecuación para los 77 trabajadores de la central, que contempla la recolocación de una gran parte de ellos y salidas pactadas para el resto. También se propondrá a las empresas auxiliares de la comarca continuar trabajando para los nuevos proyectos renovables de Naturgy.

En el caso de Narcea y La Roba, la compañía cuenta con un plan de adecuación para los 82 y 80 trabajadores, respectivamente, que componen la plantilla y que contempla soluciones consensuadas, bien mediante su continuidad en los trabajos de desmantelamiento o reubicación en otras unidades de la empresa, o bien mediante salidas pactadas. En lo referido a los empleados de las empresas auxiliares de las distintas centrales, Naturgy hará lo posible por favorecer su contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de la planta, así como para el desarrollo del plan alternativo.

De esta manera, Naturgy sigue los pasos de Iberdrola, que en noviembre de 2017 pidió también al Gobierno el cierre de sus térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En el caso de Endesa, también el pasado mes de diciembre presentó la solicitud formal de cierre para sus centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León) al ser «imposible» abordar las inversiones necesarias para que estas plantas cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.

No obstante, la energética presidida por Borja Prado sí continuará con la generación en las centrales de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), donde sí que realizó las inversiones necesarias. De esta manera, de las 14 centrales operativas en España, no habrá abiertas más allá de 2020 más que 5; estas 2 de Endesa, Los Barrios (Cádiz), de Viesgo, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España.

Alargar las centrales nucleares hasta los 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio de Aarhus

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Europa Press.- El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora «será obligatorio» realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear. El comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos y, por ello, debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca ha llegado a autorizarse. En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, indicó al Gobierno que, si decide ampliar la licencia de explotación de las centrales nucleares, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

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Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.