La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.