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El Parlamento de Baleares pedirá otra vez al Congreso de los Diputados que se prohíban las prospecciones en el Mediterráneo

EFE.- Todos los diputados del Parlament balear respaldan volver a tramitar ante el Congreso una proposición de ley para que se prohíban las prospecciones petrolíferas y de gas en todo el Mediterráneo español.

Los grupos políticos de la Cámara regional han registrado una proposición de ley idéntica a la aprobada hace un año para prohibir «actividades de investigación, exploración y explotación» de hidrocarburos en el subsuelo marino, propuesta que rechazó la Cámara Baja por el veto del Gobierno, ha recordado la diputada por Formentera, Silvia Tur.

La portavoz del PP, Marga Prohens, ha indicado que entonces el Gobierno usó su derecho de veto, argumentando que estaban vigentes unos presupuestos prorrogados, pero la próxima aprobación de las cuentas estatales podría facilitar la tramitación.

La diputada Olga Ballester, de Ciudadanos, ha señalado que aunque hace un año su partido ratificó el veto en la Mesa del Congreso, en esta ocasión espera que el Gobierno no ejerza su prerrogativa y, si lo hace, tendrá que argumentarlo mejor para contar con su apoyo.

Los grupos políticos baleares han intentado ofrecer una imagen de consenso con la presentación de esta iniciativa contra las prospecciones, aunque en las últimas semanas han mostrado diferencias por la reactivación del proyecto de sondeos acústicos Medsalt-2, que vuelve a tramitar el Gobierno, iniciativa que el PP defendió al principio por su carácter «científico», aunque Prohens no ha querido abundar en las discrepancias «por respeto» a la unidad.

Silvia Tur, que ha ejercido de portavoz de todo el arco parlamentario, ha puesto de manifiesto que, si ya estuviera aprobada la ley que respalda el PP balear, «el Medsalt no sería una amenaza», porque el proyecto que impulsará el Parlament prohíbe investigaciones científicas lesivas para el medio ambiente.

La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

El Parlamento balear acudirá al Constitucional para defender la tramitación nacional de la prohibición de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

Europa Press / EFE.- La diputada autonómica de Gente por Formentera, Silvia Tur, anunció que el Parlamento de las Islas Baleares acudirá al Tribunal Constitucional en defensa de la tramitación de la proposición de Ley para prohibir los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar Mediterráneo. Según explicó es el siguiente paso después de que la Mesa del Congreso se pronunciara de nuevo en contra de la iniciativa legislatura que fue refrendada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara balear.

Críticas a PP y Ciudadanos

En este sentido, el PSOE, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi y Gente por Formentera han exigido a PP y Ciudadanos, los otros partidos con representación en el Parlamento de Baleares, que levanten el veto de la Mesa del Congreso que impide la tramitación de la ley antiprospecciones propuesta desde Baleares. Representantes de los 6 partidos han comparecido para instar al PP y a Ciudadanos a que reclamen a sus representantes en el Congreso que respeten el acuerdo unánime del Parlamento balear, que remitió la proposición de ley para la prohibición de trabajos de búsqueda de hidrocarburos en todo el Mediterráneo español.

Al persistir el veto a la iniciativa, establecido en junio a instancias del Ministerio de Energía, estos partidos promoverán que la cámara legislativa autonómica recurra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Los partidos de izquierdas y regionalistas consideran que el informe del Ministerio en que se basó el rechazo «se fundamenta en premisas arbitrarias y en parte falsas» y lamentan que la petición de reconsideración del veto remitida a la Mesa por el Parlamento fuera rechazada tras argumentar que este rechazo se debió a que el reglamento de la cámara no considera que los grupos del Parlamento de Baleares estén legitimados para que su solicitud pueda ser tenida en cuenta.

PP: “No habrá prospecciones petrolíferas”

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario popular, Margalida Prohens, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Baleares y ha insistido en que «no habrá prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y que además no costará ni un euro público en indemnizaciones«. Así lo aseveró al ser preguntada por la iniciativa conjunta que han presentado miembros del Parlamento balear pidiendo al PP y Cs que «levanten el veto que mantiene la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Proposición de Ley para prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo».

En este punto, Prohens ha recordado que «las autorizaciones las hizo el Gobierno de Zapatero con el visto bueno del actual senador socialista Francesc Antich» y ha añadido que el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, que era en aquel momento director general, «no alzó la voz» en contra de los proyectos de prospecciones en aguas de Baleares «por miedo a perder su cargo«, ha afirmado. Con todo, la popular ha recalcado que el Gobierno de Rajoy «ha ido revocando, una tras otra, todas las licencias que fueron concedidas», y todo ello, ha dicho, «gracias a los informes de impacto medioambiental que fueron enviados por Biel Company (PP) en su etapa de consejero».

Ciudadanos: “Mediterráneo libre de prospecciones”

Por otro lado, la diputada autonómica de Ciudadanos, Olga Ballester, ha asegurado que su partido trabaja «por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de prospecciones, así como un modelo energético sostenible». Ante el nuevo veto del Gobierno a que el Congreso debata la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo, Ciudadanos Baleares critica dicha decisión, que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de prospecciones«, según Ballester.

Ballester ha precisado que el veto del Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, ha sido ejercido «dentro de las facultades que le otorga la Constitución». «Desde Ciudadanos ya hemos explicado en repetidas ocasiones que no nos vamos a oponer a esa facultad constitucional que tiene un gobierno pues entra dentro de las normas del funcionamiento del Congreso», reivindicó Ballester. Según Ballester, que la Mesa del Congreso se oponga a que el Gobierno pueda ejercer esa facultad que le otorga la Constitución «solo conlleva que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional y éste paralice la iniciativa hasta que dicte resolución«.

Ante las críticas de los partidos del pacto de gobierno en Baleares al voto en contra de la propuesta por parte del PP y de Ciudadanos, Ballester ha dicho que «PSOE, MÉS y Podemos continúan con la política inútil de la confrontación, y no la de la solución y el acuerdo» y les acusó de «volver a señalar y confrontar». Ha defendido que Ciudadanos no hará política de cara a la galería y sigue trabajando por otras vías para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones.

Ballester explicó que Cs registró una iniciativa en el Congreso que está pendiente de debate, «pidiendo que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas mediterráneas españolas, así como la aceleración de la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como zona ZEPIM, que llevaría implícita la prohibición de las prospecciones«. La diputada mencionó también varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados para clarificar los criterios del Gobierno en el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

Mar Blava reprocha a Ciudadanos su apoyo al «veto» del Gobierno para tramitar la ley balear que prohíbe las prospecciones

EFE.- La plataforma Alianza Mar Blava ha reprochado a Ciudadanos que haya apoyado el «veto» a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en el Mediterráneo. «Pese a sus promesas de reconsiderar su apoyo al veto del Gobierno Rajoy», Ciudadanos ha votado en la Junta de Portavoces del Congreso junto al PP para rechazar los recursos contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar la tramitación de la iniciativa legal.

Alianza Mar Blava señala que la Junta de Portavoces ha rechazado los recursos planteados por el Parlamento de Baleares, el grupo socialista y, de manera conjunta, por Unidos Podemos, Compromis, PDeCat, ERC, Nueva Canarias y EH-Bildu. «Solo Ciudadanos y el Partido Popular se han opuesto a levantar el veto presentado por el Gobierno en junio», lamentó la agrupación antiprospecciones, que se ha declarado decepcionada «por el rechazo, irracional y sin argumentos jurídicos válidos» del partido naranja. También el PSOE ha criticado «la pinza PP-Ciudadanos» que «vuelve a perjudicar a Baleares» al impedir que se tramite la ley contra las prospecciones.

Ciudadanos propone una moratoria a nuevas solicitudes de prospecciones en el Mediterráneo mientras el Gobierno balear pide cuentas a Madrid

Europa Press /EFE.- El Gobierno balear reclamó por escrito al Ministerio de Energía información sobre los datos en los que se amparó su veto en la mesa del Congreso al proyecto de ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo propuesto desde el Parlamento balear. Mientras tanto, Ciudadanos presentó una proposición no de Ley para pedir que se aplique una moratoria a nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas bajo jurisdicción española en el Mediterráneo.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente, insta al Gobierno a destinar dotación presupuestaria adecuada para alcanzar los objetivos ambientales detallados en la Estrategia Marina Demarcación Marina Levantino- Balear. Además, solicita que se acelere la declaración de la Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en el Corredor de Migración de Cetáceos localizado entre las costas de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Para ello, piden que se reduzca el nivel de contaminación acústica en las áreas de presencia de especies de cetáceos vulnerables y prohibiendo realizar operaciones de prospección sísmica marina con cañones de aire comprimido de alta presión, o por cualquier otro medio, salvo cuando se acredite la utilización de tecnologías inocuas.

Veto a ley de prospecciones

Por otro lado, ante el escrito del Ministerio al Congreso de los Diputados expresando su oposición a la tramitación de la proposición de ley por cifrar su impacto fiscal sobre la recaudación fiscal en 4,7 millones de euros, el consejero de Medio Ambiente de las Islas Baleares, Vicenç Vidal, envió una carta al Ministerio solicitando la cuantificación que supone cada uno de los actuales proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Vidal pretende aportar los datos a la Mesa del Congreso para que atienda el recurso presentado por los grupos parlamentarios de la oposición en contra de la decisión de no tramitar el proyecto legislativo y rectifique.

El Ministerio alegó en contra de tramitar la proposición de ley para la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos porque aprobar dicha iniciativa «atendiendo a los proyectos actualmente existentes» en el área, «podría representar un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros«. Vidal expresa en su carta “el enorme interés del Gobierno balear ante la tramitación de todos estos expedientes” y solicita una relación de esos proyectos «actualmente existentes en el área», y una cuantificación de los conceptos de cada uno hasta llegar a la cifra de 4,7 millones de disminución de ingresos del Estado a los cuales hace referencia el Ministerio.

El Gobierno balear considera «absolutamente insuficientes» los argumentos del Gobierno para vetar la tramitación de la ley y recuerda que se han planteado recursos a la decisión de la mesa del Congreso. Vidal considera que las preguntas al Gobierno español que ha registrado Ciudadanos sobre esta cuestión también “expresan las dudas de esta formación acerca de la solvencia de los motivos del Ministerio para oponerse a la tramitación” de la proposición de ley. El consejero confía en que dicho grupo parlamentario aproveche el recurso contra el acuerdo de la Mesa para rectificar su posición o que, como mínimo, espere a las explicaciones del Gobierno antes de ratificar definitivamente su veto.

Compromís recurre en el Congreso el veto del Gobierno a una iniciativa que presentó sobre la retribución a las fotovoltaicas

Europa Press.- Compromís ha presentado un recurso ante la Mesa del Congreso con la intención de que reconsidere su decisión de aceptar el veto planteado por el Gobierno que impidió la tramitación de una proposición de ley de la formación valenciana sobre la retribución a las fotovoltaicas.

El Ejecutivo está facultado para frenar las iniciativas legislativas que supongan un aumento del gasto o una disminución de ingresos y en lo que va de legislatura ya ha recurrido a esta herramienta en 34 ocasiones. Para Compromís, el uso de este instrumento debería ser «extraordinario» pero el Gobierno lo está usando habitualmente de forma «partidista, partidaria y a la carta» para «trampear las incomodidades de una legislatura en minoría«.

Ante el veto a su ley, Compromís solicitó un informe de la Oficina Presupuestaria de las Cortes que, según el diputado Ignasi Candela, les respondió con un texto plagado de «errores». «Utiliza criterios diferentes, no explica la metodología utilizada y entra en juicios de valor que nada tienen que ver con el presupuesto», señaló Candela, quien también se queja de que, en lugar de estudiar el impacto presupuestario de su iniciativa se limita a hacer un «análisis jurídico para avalar la decisión del Gobierno». Candela niega que la iniciativa implique un aumento de gasto y por eso han solicitado a la Mesa del Congreso la reconsideración del acuerdo por el que no admite su tramitación.

Podemos y PDeCAT se unen a ERC contra el veto del Gobierno a la ley balear que prohíbe las prospecciones

EFE.- El grupo de ERC en el Congreso, con el apoyo de Podemos y PDeCAT, entre otros, registró un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara para pedir la suspensión del veto a la tramitación de la ley del Parlamento balear sobre la prohibición de prospecciones petroleras en el Mediterráneo.

Según el grupo catalán, y tal y como se recoge en el texto registrado, ERC y los grupos firmantes (Compromís, Nueva Canarias y Bildu) solicitan a la Mesa que reconsidere su aval al veto del Gobierno. El Ejecutivo ejerció su derecho al veto a iniciativas parlamentarias por considerar que la ley balear afectaba a ingresos y gastos de los Presupuestos, lo que la Mesa del Congreso aprobó con los votos de PP y de Ciudadanos.

Como quiera que la «última palabra» en cuanto al respaldo o rechazo de los vetos del Gobierno la tiene la Mesa, tal y como establece un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, ERC y los firmantes apelan a ella ante lo que consideran una decisión «arbitraria» y «no justificada» del Ejecutivo. Tanto el grupo catalán como los que le han dado apoyo en el escrito quieren que se tramite en el Congreso la proposición de ley, que pretende la protección del Mediterráneo bajo jurisdicción española frente a los «daños» que puedan ocasionar «la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

ERC cuestiona un informe del Ministerio de Energía, sin firma, en el que se señala que la Ley incidiría en los Presupuestos, ya que la norma hace referencia a la autorización de concesiones o prórrogas. De acuerdo con el citado informe, la prohibición por la que aboga la proposición de la cámara autonómica balear conllevaría un aumento de los créditos debido «a la potencial exigencia de responsabilidad patrimonial» por los titulares de las concesiones. Para ERC, dicha responsabilidad patrimonial no procede, pues la propuesta de Baleares «no está revocando ninguna concesión otorgada», sino que impide que se concedan otras nuevas.