EFE / Europa Press.- Colectivos sociales, integrados en la plataforma NoMásCortesDeLuz.org, consideran que el decreto ley aprobado por el Gobierno para reformar la ley del sector eléctrico y prohibir los cortes de luz a los consumidores “extremadamente vulnerables” es insuficiente porque «no es de aplicación inmediata» y por tanto no va a ayudar a las familias durante este invierno. El decreto deberá ser convalidado por el Parlamento en un mes.

Para el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, impedir el corte de luz a cualquier familia debe ser algo instantáneo, y una vez que pase el invierno, se analiza caso a caso para determinar si realmente estos hogares se pueden acoger a la medida de protección. «Hay muertes por pobreza energética y durante la etapa invernal es precisamente cuando hay más problemas», indicó Sánchez, que lamentó que «un Gobierno con capacidad de aprobar un decreto ley por el que se prohíba de inmediato esos cortes no lo haga, salvo que se quiera dar una moratoria a las eléctricas para que sigan cometiendo gravísimos abusos». «Este acuerdo entre Gobierno y PSOE es insuficiente y es una nueva tomadura de pelo», sentenció Sánchez.

Para Facua, el acuerdo alcanzado por el Gobierno con el PSOE y Ciudadanos «busca más la foto que soluciones a la pobreza energética». Sánchez señaló que el acuerdo representa una «absoluta falta de sensibilidad» en la actual coyuntura en que ha empezado el invierno. Así, considera que «no hay ninguna excusa regulatoria» para proteger definitivamente a los consumidores vulnerables, tal y lo reconoce la directiva europea de 2009. De esta manera, Sánchez pidió separar el debate de los distintos perfiles de consumidores vulnerables y consideró necesario aprobar una norma que dé solución a la pobreza energética en el actual marco de la llegada del invierno.

Cambios regulatorios sin efectos inmediatos

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano considera que «se ha perdido una oportunidad de legislar a nivel estatal el principio de precaución» en la ley del sector eléctrico. «Solo se ha introducido una frase, que es la de que no se va a cortar la luz a familias con vulnerabilidad severa, pero ni se define que es la vulnerabilidad severa ni cómo se van a evitar esos cortes de suministro y el procedimiento para evitar esos cortes de luz es importantísimo», indicó.

Para la alianza, este acuerdo «es un parche que no va a servir para nada» y «lo que se ha hecho es hacerse una foto». «Se ha perdido una oportunidad de hacer una propuesta real de acabar con la pobreza energética, no solo evitando los cortes de luz, sino también reformando el bono social y empezar a hablar de una verdadera tarifa social». Para la Alianza contra la Pobreza Energética esa tarifa social debe ser financiada «por las empresa del oligopolio» y ha lamentado que el pacto vaya a recaer sólo sobre las comercializadoras en función del número de clientes, dejando fuera a las distribuidoras.

También Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha defendido que se aprueben tarifas sociales y «que se pague en función de la capacidad económica». El acuerdo, para la PAH, «es un parche» a un problema al que se debería haber buscado «soluciones reales y globales». «Hay que definir los baremos de vulnerabilidad y los procedimientos para parar los cortes y este acuerdo político dice que ha de ser regulado a posteriori; es papel mojado incluir ese concepto en la ley energética porque no supone la paralización de los cortes».