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Bélgica propone crear un impuesto europeo sobre el sector de la aviación para reducir sus emisiones

Europa Press.- Bélgica ha propuesto al resto de países de la Unión Europea la creación de un impuesto europeo que grave el sector de la aviación, ya sea a través de la venta de billetes o sobre el consumo de combustible, con el objetivo de que la industria aérea reduzca sus emisiones contaminantes y contribuya a cumplir con los objetivos climáticos de bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París.

El gobierno de Bélgica defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento. «Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA».

Además, Bélgica cree que un futuro impuesto a la aviación debería valorar los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte«. El documento también subraya que crearía incentivos para que aerolíneas y fabricantes inviertan en las medidas adecuadas para transitar hacia una economía neutral desde el punto de vista climático y podría provocar que se utilizasen fondos públicos para impulsar esta transición e invertir en formas de transporte alternativas.

La propuesta belga es similar a otra iniciativa presentada por Países Bajos a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) a mediados de febrero. Un informe elaborado recientemente por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y Eurocontrol apunta que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se incrementarán un 21% hasta 2040 en comparación con los niveles registrados en 2017 en el escenario base, hasta las 198 millones de toneladas.

En el escenario más negativo (un mayor tráfico aéreo), las emisiones de CO2 llegarían a las 262 millones de toneladas (un 60% más), mientras que en el escenario menos nocivo (menor tráfico aéreo), se recortarían hasta las 134 millones de toneladas (un 18% menos). Según el estudio, la aviación fue responsable del 3,6% de las emisiones de la Unión Europea en 2016 y representó el 13,4% de todas las emisiones del sector europeo del transporte.

Los impuestos medioambientales aumentaron un 3% en 2017, hasta los 21.382 millones de euros, y representan un 8,2% del total

Europa Press.- Los impuestos ambientales ascendieron a 21.382 millones de euros en 2017, lo que supuso un incremento del 3% respecto al año previo, cuando se alcanzaron los 20.754 millones, según las cuentas medioambientales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En relación con los Impuestos sobre los productos, totalizaron 17.886 millones de euros, un 3,5% más que el año anterior. Por su parte, los Otros impuestos sobre la producción se situaron en 1.631 millones, un 3% más. Así, los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 45,8% de Impuestos sobre los productos. Por otro lado, los Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 42,9% del total y los Impuestos sobre la producción ambientales, el 8%.

Por categorías, los impuestos ambientales se agrupan en tres: Impuestos sobre la energía, que en 2017 representaron el 82,9% del total, Impuestos sobre el transporte, que se correspondieron con el 12,7%, e Impuestos sobre la contaminación y los recursos, los cuales ocuparon el 4,4%. A este respecto, los Impuestos sobre la energía aumentaron un 3,3% en relación a 2016, mientras que los Impuestos sobre la contaminación y los recursos crecieron un 2,6% y los ‘Impuestos sobre el transporte’, un 1,5%.

Los hogares pagan la mitad

Dentro de los impuestos sobre productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.278 millones de euros, un 3% más que en 2016. Entre los Otros impuestos sobre la producción, los Impuestos sobre la energía fueron los únicos que crecieron, concretamente, un 13,9%. Asimismo, en los Otros impuestos corrientes destacó la bajada del 1,6% de los impuestos sobre transporte. Los hogares españoles pagaron el 51,2% del total de impuestos ambientales en 2017: abonaron el 80,4% de los Impuestos sobre el transporte y el 49,3% de los Impuestos sobre la energía.

Por su parte, los sectores productivos pagaron el 48,8% del total de impuestos ambientales. Por tipo, corresponde al 97,1% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos y al 50,7% de los Impuestos sobre la energía. En la clasificación por ramas de actividad, las que pagaron más impuestos ambientales en 2017 fueron Transporte y almacenamiento, el 15,4% del total, Otros servicios, el 9,9%, e Industria manufacturera, el 8,2%. Por el contrario, las que menos pagaron fueron Construcción, un 0,9%, Industrias extractivas, un 1,1%, y Agricultura un 1,3% del total.

Araluce (Foro Nuclear) ve inviable el cierre de las centrales españolas antes de 2030 porque supondría triplicar la potencia renovable

Europa Press.– El presidente del Foro de la Industria Nuclear, Ignacio Araluce, ve poco factible el cierre nuclear español antes de 2030 en el contexto de lucha contra el cambio climático y en plena transición ecológica porque esto supondría «triplicar» el parque de renovables en ese plazo, algo que considera «poco factible».

En la actualidad, según ha explicado Araluce, para cumplir con el Acuerdo de París en un objetivo de limitar la temperatura global del planeta de 2 grados centígrados, la generación eléctrica actual debe reducir en torno a un 70% sus emisiones. «Eso significa un esfuerzo tremendo de introducción de energías no emisoras de CO2», ha señalado Araluce, por lo que habría que actuar sobre los 100.000 GW/h de tecnologías emisoras de CO2 (carbón, gas fuel) sobre los 260.000 GW/h que se generan actualmente en España.

De este modo, Araluce estima que hay que instalar la potencia necesaria para generar 60.000 GW/h, lo que equivale a duplicar estrictamente las renovables. Pero para garantizar la estabilidad del sistema, porque las renovables «fluctúan mucho», suprimiendo las nucleares se necesitaría «triplicar» la potencia instalada actual. Según las cifras del sector, que reclama su papel en la transición energética, se necesitaría instalar en España 30 GW de potencia instalada de renovables de aquí a 2030, lo que para Araluce supone un «esfuerzo enorme» que equivale a «toda la potencia renovable instalada en la historia de España en 12 años» para rebajar un 60% las emisiones.

Aún más, ha añadido que si además de reducir en un 60% las emisiones de CO2, España quiere prescindir de la energía nuclear, habrá que instalar otros 60 GW de potencia instalada. «Habría que triplicar el parque renovable español de aquí a 2030 para llegar a 90 GW. Eso supone, sin nuclear, instalar cada año 6.000 MW y nosotros pensamos que eso es irrealizable», ha sentenciado. De ese modo, defiende que en los próximos años, sin la «fundamental» energía nuclear «no va a ser posible cumplir el Acuerdo de París».

Por ello, asegura que el sector en España está «relativamente tranquilo» porque los números «hablan por sí solos» aunque luchará por la «continuidad» del parque actual y quizá, en el futuro, por plantearse aumentar la potencia nuclear como en «otros muchos» países. A nivel internacional, lamenta que en Europa «curiosamente» se cree que la energía nuclear está en declive a pesar de que en estos momentos se construyen más centrales que nunca. Si bien, admite que el mercado se ha trasladado de Estados Unidos y Europa hacia Rusia y Asia. «En la actualidad aumentar la potencia nuclear instalada en España es una utopía. Podría ser en el futuro, pero ahora no veo las circunstancias», reconoce.

En esta situación, confía en que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sepa distinguir que una cosa es el programa electoral, lo que al partido de Gobierno le gustaría, y la realidad de lo que se puede hacer o no. Por ello, a pesar de las declaraciones del secretario de Estado de Energía, cree que el Gobierno compaginará el programa electoral con la realidad de la lucha contra el cambio climático. «Todo cae por su propio peso, nos guste más o menos y la nuclear es fundamental ahora y en el futuro«, opina.

Así, confía en poder mantener alguna interlocución con la ministra Ribera como representante de la industria aunque cree que la mayor interlocución se hará con los dueños de las empresas eléctricas. «Tenemos que llevarnos todos bien para cumplir con el Acuerdo de París. Este es un esfuerzo de todos», avisa. En este contexto, ha afeado al Gobierno de Mariano Rajoy, porque se declaraba «partidario» de la energía nuclear pero «la dejó morir» y no hizo los esfuerzos suficientes para defenderla y darle herramientas para continuar. Por ello, recuerda que las desavenencias entre las eléctricas y el Ejecutivo popular fueron públicas y claras. «Obras son amores y no buenas razones», comenta.

Otro de los aspectos por los que Araluce insiste en la necesidad de ampliar la vida de las centrales nucleares es el hecho de que la generación futura será más distribuida, con parques más pequeños y con un aumento de la demanda, para lo que habrá que modificar la estrategia de la red con mayor interconexión con Francia e incremento de la electrificación. «La electrificación de la economía requerirá un parque mayor de generación y si esta es distribuida, el reto para la red eléctrica será mayor, por lo que sin la nuclear en la transición no salen los números y no se puede cumplir el Acuerdo de París», insiste.

Por otro lado, critica la «fiscalidad ambiental gigantesca» que soporta el sector frente a la «idea instalada en el ambiente» de que las nucleares son un «sector boyante que gana dinero a espuertas». Así, afirma que las centrales pagan más del 40% en impuestos sobre su facturación, lo que asfixia a las plantas, que además realizan un importante esfuerzo inversor.

Respecto a la medida de quitar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, cree que beneficiará a todos y que se traducirá en una rebaja de la factura de poco más del 2%, por lo que pide otros mecanismos para bajar el precio. «El sector se siente maltratado en cuanto a fiscalidad y subvenciones, porque tiene una sobrefiscalidad asfixiante que conduce a la no viabilidad de las centrales», ha defendido. Por eso, añade que si al final «se decide» que la nuclear es importante en el tránsito hacia el objetivo de frenar el cambio climático, entonces hay que hacerla viable porque el parque español «nunca» va a dejar de invertir en seguridad y renovación.

De hecho, afirma que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) está en la actualidad «mucho más nueva» que cuando el propio Araluce dirigió la planta durante su arranque. «Almaraz está fantástica. Se han cambiado cantidad de componentes, muchos sistemas son nuevos y está en condiciones de pedir la renovación de su licencia, aunque eso compete a las propias compañías«, comenta. La solicitud deberá hacerse antes de la próxima primavera pero antes, advierte, habrá que sentarse «concienzudamente» a hablar con el Ministerio para establecer unas normas de juego y conocer si habrá o no estabilidad jurídica.

Por último, respecto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado que ya debía haber entrado en funcionamiento, cree que Teresa Ribera «se está tomando su tiempo» para tener una visión más amplia de la situación en España, a pesar de que «es de sobra conocida» y que los estudios para la infraestructura estaban terminados «al 95%». Finalmente, estima que si el ATC se relanza no funcionará hasta 2024 mientras «se sigue pagando a Francia» por los residuos de Vandellós I y se invierte en construir almacenes en las propias centrales que «no son la solución definitiva«.

Castilla y León aprueba la ley que gravará los residuos de Garoña con críticas de Ecologistas en Acción

Europa Press.- Ecologistas en Acción advierte de que el impuesto a Garoña «no protege el medio ambiente» después de que el PP fuera el único grupo con representación en las Cortes de Castilla y León que ha respaldado la Ley que regula el impuesto que gravará los residuos de la central nuclear de Garoña tras su cierre con el objetivo de recaudar unos 15 millones de euros para reinvertirlos en la zona. PSOE y Ciudadanos votaron en contra mientras Podemos e IU se abstuvieron.

En concreto, la Ley se ha aprobado después de que se aceptara una enmienda de Podemos a través de la que se endurecía la penalización por residuos para ampliar la recaudación de los 10 millones de euros iniciales a los 15 previstos ahora. La norma se ha aprobado con el rechazo del PSOE ya que, como ha explicado la procuradora Virginia Jiménez Campano, se trata de impuesto que supone un «escarnio» ya que, como ha asegurado, será declarado inconstitucional porque grava únicamente el almacenamiento, algo que «el Estado ya grava».

Pataleta de la Junta autonómica

«Se trata de una pataleta de la consejera que se ha quedado con el culo al aire en relación a Garoña, tras años defendiendo su mantenimiento va Nuclenor y por razones económicas decide cerrarla«, ha señalado, tras lo que ha insistido en que la Junta, después de negarse a gravarla por razones medioambientales, plantean ahora un impuesto por dejar de producir. Sin embargo Jiménez Campano ha asegurado que el impuesto planteado es «una cortina de humo» porque la Junta sabe «que no va a recaudar ni un solo euro». «Es el peor impuesto de la historia autonómica y nace sin respaldo«, ha lamentado, tras lo que acusó a Podemos de ser «cómplice» de esta situación.

El procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, cuyo grupo también ha votado en contra del impuesto, ha señalado que finalmente estas cuantías «las acabarán pagando los ciudadanos» porque repercutirá «en el recibo de la luz«. No obstante, ha señalado que se trata de un gravamen que no va a ser operativo y no incentiva el traslado de residuos, al tiempo que ha exigido un Plan de Dinamización para la zona que no dependa de esta recaudación.

Sin embargo, el procurador de Podemos, Félix Díez, cuyo grupo se ha abstenido en la votación, ha insistido en que su partido no está de acuerdo con este impuesto y por eso no lo apoyan, aunque ha reseñado la necesidad de lograr cuantías para que en la zona se invierta en la reindustralización. «No vamos a permitir que se diga que se pretende gravar a todos los españoles», ha zanjado. Por último, el procurador de IU, José Sarrión, quien también se abstuvo en la votación y considera que la recaudación no va a lograr que se haga «gran cosa en la zona». «Nuclenor va a pagar muy poco», ha concluido.

«No protege el medio ambiente»

Por su parte, Ecologistas en Acción ha advertido de que el impuesto a los residuos «no protege el medio ambiente», al tiempo que ha pedido que los fondos obtenidos con este gravamen se destinen a inversiones ambientalmente «sostenibles y beneficiosas para la sociedad«. En este sentido, la organización ecologista ha criticado la postura de la Junta de Castilla y León por apostar por la continuidad de la central. Asimismo, apunta que «para poder hablar de fiscalidad verde», el impuesto «debe destinarse a fines que compensen ese impacto», como «modificar las pautas de consumo o incentivar el uso de otras tecnologías».

El gas licuado por canalización sube un 3,4% en su parte variable

Europa Press.- El precio del gas licuado de petróleo (GLP) por canalización subió un 3,4%, según una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en el BOE. Concretamente, el precio máximo del término variable de la tarifa para usuarios finales de GLP por canalización antes de impuestos se sitúa en 91,3469 céntimos de euro por kilogramo, frente a los 88,3176 céntimos del mes anterior.

El término fijo de este combustible se mantiene en 1,57 euros mensuales, mientras que el precio del GLP canalizado para su distribución a granel ha subido un 4,1%, desde los 73,7155 céntimos por kilogramo del mes anterior hasta 76,7448 céntimos. La revisión de precios de los gases licuados por canalización se realiza mediante una fórmula automática que pondera el precio de la materia prima, el flete y la cotización entre el euro y el dólar.

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

El Gobierno eliminará el impuesto al sol que impone cargos al autoconsumo de energía antes de que acabe el año

Europa Press.- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno eliminará el llamado impuesto al sol, que grava el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España, antes de que acabe el año mediante un anteproyecto de ley.

Según ha avanzado la ministra en el pleno del Senado, esta medida forma parte de una de las prioridades del Gobierno y, pese a que en un principio la decisión está respaldada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, que introdujo el impuesto, también ha tenido en cuenta un plan B.

Se trataría de sacar adelante un Real Decreto que permita el acceso al autoconsumo el próximo mes de diciembre ya que, para Ribera, este impuesto solo supone una «traba absurda» para no autoconsumir energía, además de que va unido a una recaudación «ridícula que no tiene ningún sentido».

Además, la ministra ha añadido que prevé facilitar que este consumo se comparta en el ámbito urbano y doméstico y se eliminen las «dificultades burocráticas» en las que incurre el actual sistema.

Así lo ha avanzado Ribera en respuesta a una pregunta formulada por la senadora de Podemos Vicenta Jiménez García, quien ha subrayado que, siendo España el país que más radiación solar tiene en los países del entorno, sea la única economía que cuenta con una ley para bloquear su consumo.

La subida de la luz reabre el debate sobre el mercado y la factura eléctrica

EFE.- El crecimiento ininterrumpido del precio de la luz en los últimos cuatro meses y los altos precios fijados en el mercado mayorista han vuelto a reabrir el debate sobre la mejora de los mecanismos de formación y de determinación del precio de la factura eléctrica.

En agosto el recibo de la luz encadenó su cuarta subida consecutiva y alcanzó su precio más alto en todo el año, al encarecerse un 12% respecto al mismo mes de 2017, lo que supuso pagar 8,05 euros más que en la factura que un año antes. No parece que septiembre vaya a ser mejor pues, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 11 días de septiembre el coste del recibo es un 16,7% más caro que un año antes.

En agosto el recibo de la luz para el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno, con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, alcanzó los 75,21 euros, frente a los 67,16 euros de hace un año y los 73,1 euros a los que llegó en julio pasado.

A pesar de que al comenzar 2018 las circunstancias meteorológicas fueron más favorables para la producción de energía hidráulica y eólica (fuentes de generación más baratas) que en 2017, marcado por la escasez de lluvia y viento, tan sólo en los primeros meses de este año la factura eléctrica bajó, para empezar en mayo a encadenar subidas. La actual subida, según expertos del sector, se debe al encarecimiento de los derechos de emisiones de carbono, cuyo precio se triplicó entre mayo y agosto frente a 2017, y de los precios del gas y el carbón, que se emplean para producir electricidad en las centrales de ciclo combinado y las térmicas.

En agosto el precio medio en el mercado mayorista fue de 64,33 euros, el más alto en un mes este año, y en septiembre se ha situado varios días por encima de los 70, alcanzando un máximo diario de 75,39 euros este miércoles 12. Las subidas del CO2 y del gas han elevado en 21 euros/MWh el coste del ciclo combinado y en 12 euros/MWh el del carbón, unas subidas que se han unido en los últimos meses a la menor producción hidráulica y eólica en verano, que obliga a usar más el respaldo térmico.

Un 35% de la factura

El incremento de los precios en el pool, en el que se fija el valor del megavatio hora para cada hora del día siguiente, repercute en el recibo de la luz que pagan los consumidores acogidos al PVPC al suponer un 35% del total de su factura, de la que el resto son peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En España hay 11 millones de clientes que tienen esta tarifa, que es para una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (KW), mientras que más de 16 millones (cerca del 60% del total de los consumidores eléctricos) tienen contratos en el mercado libre. Estos, a diferencia de los acogidos a la PVPC, tienen garantizado el precio de la electricidad durante al menos un año y, por tanto, son ajenos a las variaciones de su valor en el pool.

Generadores y comercializadores fijan en este mercado el precio de toda la energía que se va a consumir al día siguiente y funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra. Las compañías eléctricas afirman que no se están beneficiando de estas últimas subidas y recuerdan que la mayor parte de la factura regulada no lo constituye el coste de la electricidad, sino los peajes y los impuestos.

El grupo de expertos que hizo el informe de cara a la elaboración de la de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya planteó trasladar los costes actuales de la factura eléctrica a los Presupuestos del Estado, financiándolos con nuevos impuestos medioambientales. Según sus cálculos, con esas medidas la luz bajaría un 6,8% pero subirían el gasóleo (un 28,6%), la gasolina (1,8%) y el gas natural (5,8%). El recibo de la luz soporta ahora un 21% de IVA y el impuesto especial de electricidad, del 5%, a lo que hay que sumar los peajes, que el gobierno del PP mantuvo congelados durante 4 años.

El margen bruto medio del gasóleo aumentó un 12,5% en junio y el de la gasolina un 11,5%, según Competencia

Europa Press.- El margen bruto medio del gasóleo experimentó en junio un incremento del 12,5% con respecto al mes anterior, o de 1,97 céntimos de euro por litro, mientras que el de la gasolina aumentó un 11,5%, o 1,84 céntimos de euro por litro, según el informe de distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Así, el margen bruto obtenido en ambos carburantes por los operadores se situó en 17,8 céntimos de euro por litro.

En junio, el precio promedio de los carburantes aumentó por tercer mes consecutivo. De esta manera, el del gasóleo creció un 0,9%, subiendo 1,13 céntimos por litro, hasta situarse en los 1,24 euros el litro, mientras que el de la gasolina se incrementó también un 0,9%, subiendo 1,22 céntimos por litro, hasta los 1,335 euros por litro. Estos movimientos al alza en los precios coincidieron con los experimentados por las cotizaciones internacionales, que llevaron así en junio al gasóleo y la gasolina a sus máximos desde 2014 y 2015, respectivamente.

Precios elevados: segundos y séptimos

España se mantuvo en el segundo puesto en el ranking de precios antes de impuestos más altos de la Unión Europea para la gasolina 95. Respecto al ranking del gasóleo A, España descendió de la quinta a la séptima posición. En lo que se refiere al ámbito provincial, las provincias del País Vasco, encabezadas por Guipúzcoa, fueron las que registraron los precios antes de impuestos más altos para ambos carburantes. Incluyendo los impuestos, Asturias fue, después de tres meses, la provincia peninsular con precios más altos en gasolina, seguida de A Coruña y Málaga, mientras que para el gasóleo, Galicia volvió a ser la comunidad autónoma con precios más caros.

En su informe, la CNMC destaca que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 introduce modificaciones en relación a la fiscalidad aplicable a los hidrocarburos líquidos, integrando, desde enero de 2019, el tramo autonómico con el tramo estatal en un único impuesto denominado tipo especial que será de aplicación por igual en toda la Península y Baleares. Así, el tramo autonómico se integrará adquiriendo su valor máximo (0,048 céntimos por litro para gasolinas, gasóleo A y querosenos; 0,012 euros por litro para gasóleos B y C y 0,002 euros por kilogramo para fuelóleos).

La penúltima liquidación del sector eléctrico refleja un superávit provisional de 117 millones de euros en 2017, según la CNMC

Europa Press / EFE.– La penúltima liquidación del año del sector eléctrico arroja un superávit de 117 millones de euros, 107,6 millones más de lo previsto, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo publicará a finales de año la liquidación definitiva (la número 15), en la que se conocerá la distribución definitiva de ingresos y costes de los distintos sistemas y si finalmente incurren en superávit o déficit de ingresos.

Dado que en la liquidación 14 los ingresos son superiores a los costes reconocidos, no es necesario aplicar coeficiente de cobertura. La demanda registrada en la liquidación 14 fue de 243.005 GWh, un 2% superior a la prevista según la memoria de la orden de peajes de acceso de 2016 (230.288 GWh) y un 1,4% superior a la demanda prevista para el cierre del ejercicio en la orden de peajes de acceso de 2017 (239.567 GWh). Este hecho ha posibilitado un superávit de 117 millones de euros, frente a los previstos de 9,4 millones de euros y de 3,8 millones en las órdenes de peajes del año 2016 y 2017.

El consumo por periodo horario fue superior al previsto para el ejercicio, excepto en el caso de los pequeños consumidores con peajes 2.0 A, 2.1 A y, con carácter general, los conectados en media y alta tensión. Sin embargo, la potencia por periodo horario registrada fue inferior a la prevista inicialmente para 2017, excepto para los consumidores de alta tensión.

Los ingresos regulados fueron inferiores a los previstos tanto en la facturación por el término de energía, como en la facturación por el término de potencia. Así, en los peajes de acceso se registraron 58,9 millones de euros menos con respecto a las previsiones. Las causas fueron la diferente estructura de consumo por grupo tarifario y por periodo horario, y la evolución negativa de la potencia contratada por los clientes conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y en media tensión.

Por otra parte, los ingresos tributarios derivados de la Ley 15/2012 también fueron inferiores a los previstos y alcanzaron los 2.829 millones de euros, un 10,3% (325,5 millones de euros) inferiores a los ingresos previstos para el ejercicio. Los costes regulados en la liquidación (17.433 millones de euros) han resultado 445 millones de euros inferiores a los previstos para el ejercicio debido fundamentalmente a que la retribución adicional y especifica de los sistemas extrapeninsulares ha sido inferior a la prevista.

En cuanto a las energías renovables, en la liquidación 14 se han realizado reliquidaciones según la metodología de retribución establecida en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio. La liquidación provisional a cuenta correspondiente al mismo periodo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asciende a 68,622 millones, antes de IVA o impuesto equivalente. Al cierre de esta liquidación se han recibido ingresos del Tesoro Público que permiten abonar el 100% de esta partida a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares.

En cuanto al sector gasista, el déficit del gas fue de 12 millones de euros, nueve veces inferior al de 108 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados ascendió a 2.977 millones de euros, cantidad un 4,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos netos liquidables ascendió a 2.712 millones de euros, un 1,3% superior al de la misma liquidación del ejercicio anterior.

La retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 2.694 millones de euros, cifra que incluye las retribuciones aprobadas en la Orden ETU/1977/2016 pero que descuenta la retribución por operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas Castor, afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló varios artículos del decreto que fijó las indemnizaciones, y las aprobadas mediante resoluciones de la DGPEM en el 2017. Por las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques se acredita en esta liquidación una retribución variable de 31 millones de euros. Como resultado se tiene una retribución total acreditada de 2.725 millones de euros, que es un 2,2% inferior a la del año anterior.

En esta liquidación se obtiene un déficit en términos de caja de 12 millones de euros, frente al déficit de 108 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. El índice de cobertura fue del 99,5% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en 2017 facturada hasta el 28 de febrero de 2018, ascendió a 348,4 TWh incluida carga de cisternas desde plantas. Esta cantidad es 28,6 TWh superior a la del ejercicio 2016, lo que supone un aumento del 8,9%.