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Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

Unidos Podemos exige al Gobierno en el Congreso que prohíba las plataformas nucleares flotantes en aguas españolas

Europa Press. – Unidos Podemos ha pedido al Gobierno que prohíba la presencia en aguas españolas a «cualquier buque que albergue una central nuclear flotante», ante la posibilidad de que pueda ser perjudicial «para la paz, el buen orden y la seguridad» del país. También le exige que se deniegue o impida el paso de estas embarcaciones por aguas territoriales.

Así, Unidos Podemos ha expuesto una proposición no de ley con la que pretende evitar controversias como las que han provocado en los últimos años diferentes submarinos nucleares estadounidenses y británicos en el puerto de Gibraltar.

Específicamente, los de Pablo Iglesias recuerdan con «referente histórico» el caso del ‘Tireless’, en el año 2000, que a causa de una fuga de refrigerante en su reactor ocasionó un vertido más de doscientos litros de agua radioactiva en el mar Mediterráneo.

«El atraque de este submarino, trajo consigo las labores consiguientes de reparación que hicieron permanecer durante más de un año en Gibraltar al submarino de infausto recuerdo», explicó el portavoz de Unidos Podemos de Medio Ambiente, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde.

A estos casos vividos por la sociedad española se une, ahora, el impacto mediático que ha supuesto la inauguración, por parte de Rusia, de una gran central nuclear flotante, que se encuentra actualmente en el Océano Ártico. Cuenta con dos reactores nucleares de 35MW que permitirían abastecer regularmente a una población de más de setenta y cinco mil habitantes y asistir a plataformas petrolíferas, apuntó López de Uralde.

 

También en la Unión Europea

La iniciativa de Unidos Podemos quiere también impulsar ante la Unión Europea reformas normativas para lograr que se prohíba la presencia de reactores nucleares en aguas europeas.

Según ha indicado López de Uralde, España debe asumir un papel de clara oposición ante los riesgos emergente de este tipo de actividad en entornos frágiles, además de un rol de garante ante eventuales riesgos que entrañaría el paso de centrales nucleares flotantes por el mar territorial.

La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

El Congreso debate este martes un bono social de gas que iría ligado a la renta

EFE.- El pleno del Congreso debate este martes la propuesta del PSOE de aprobar por Ley un bono social del gas, similar al eléctrico, que contemple descuentos para consumidores vulnerables y que esté ligado a la renta.

El Congreso votará la proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista que persigue proteger a los colectivos vulnerables que no pueden afrontar la factura del gas natural o de otros gases combustibles por canalización debido a la subida de los precios energéticos.

La iniciativa incide en que el incremento de la energía tiene un mayor impacto en los presupuestos de los hogares con menores rentas y recuerda que según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2015, los hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 999 euros dedican el 42% de su gasto a la vivienda, agua, electricidad y gas, frente al 32% de media del total de hogares.

El bono social del gas que solicitan los socialistas sería financiado por las empresas comercializadoras y por las Comunidades Autónomas al tiempo que la nueva Ley también impediría cortes de esta energía a los consumidores vulnerables severos durante todo el año así como períodos temporales para los vulnerables no severos y que no requieran de la atención de los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.

Este nuevo bono de descuentos estaría referenciado al indicador del IPREM de renta per cápita familiar y unido al consumidor que tiene la tarifa de último recurso.

Sería aprobado con un Real Decreto y en su posterior desarrollo reglamentario se establecerían los requisitos para poder solicitarlo ya que se centrarían en la renta y en los diferentes tipos de consumidores energéticos vulnerables

El PSOE cree que con este nuevo bono sumado al bono de la electricidad se cubriría el 90% del suministro energético, ya que el 64% de los gastos del presupuesto familiar están vinculados a la electricidad y el 26% al gas, según la Encuesta del INE sobre las condiciones de vida.

El PSOE pide que los presidentes de Red Eléctrica, Enagás y Enresa expliquen en el Congreso los Presupuestos del Estado

Europa Press.– El PSOE quiere que los presidentes de Red Eléctrica, José Folgado, de Enagás, Antonio Llardén, y de Enresa, Juan José Zaballa, comparezcan en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos del Estado, que remitió el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Así consta en la lista de comparecientes registrada por los socialistas para la próxima semana. Asimismo, el PSOE ha pedido que comparezca el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

El Congreso emplaza al Gobierno a prohibir los cortes de luz a personas sin recursos

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado este martes sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Unidos Podemos-En Comú-En Marea el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no ha querido votar en contra y ha optado por la abstención.

Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) –estimados en más de 3.500 millones de euros–, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.

Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

También reclama «respetar y reforzar si cabe» las competencias que tienen las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza energética, impulsar una mejora en la eficiencia energética y exigir a las compañías «una mayor y mejor información» sobre los conceptos incluidos en las tarifas.

De esta manera, reza la moción, «los consumidores pueden evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla»

Nadal mantendrá costes fijos de autoconsumo para evitar ventajas del consumidor «con 2.000 metros de jardín»

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha rechazado este martes excluir a los productores de autoconsumo del pago de los costes fijos del sistema eléctrico y ha advertido de que el Gobierno actual no permitirá que los «consumidores fuertes» como los que disponen de «2.000 metros cuadrados de jardín con amplio nivel de tejado» trasladen su carga al resto de usuarios.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado para responder a una pregunta de la senadora del grupo Podemos Vicenta Jiménez en la que ha reclamado al ministro la eliminación del llamado ‘impuesto al sol’ por ser «una barrera administrativa, legal y económica» y ser «solidario con las grandes compañías eléctricas».

Nadal ha negado la existencia de un «impuesto al sol», y ha explicado que el peaje de respaldo fija cómo decidir el pago de los costes fijos entre todos los consumidores para que el sistema esté a disposición de todos.

En este sentido, se ha opuesto a la eliminación del peaje porque ello beneficiaría a colectivos de «grandes consumidores» como las «grandes viviendas con 2.000 metros cuadrados de jardín con amplio nivel de tejado», frente a la «inmensa mayoría de la clase trabajadora» que vive en bloques de viviendas de 20 pisos con » pequeñas azoteas» en las que se pueden colocar pocas placas solares.

A su juicio, esa postura es «profundamente regresiva», y ha dicho ver un «error de concepto» ligar el autoconsumo a la pobreza energética.

Además, ha recordado que la parte fija del recibo de la luz tiene cuatro componentes las redes, las ayudas extrapeninsulares, las primas a las renovables, que se terminarán de abonar «en 25 años, cuando se amorticen», y la deuda acumulada en los últimos años pese al incremento del 70% del precio de la factura eléctrica.

«No vamos a permitir que los consumidores fuertes trasladen su carga a consumidores débiles», ha apostillado Nadal, quien ha defendido el autoconsumo «bueno» que ayuda a «ser más eficiente, reducir el coste y utilizar mejor la energía eléctrica», frente a otro característico de «los grandes centros industriales, centros comerciales, polígonos industriales y viviendas con amplías parcelas y tejados», entre los que hay «mucha gente que quiere hacer negocio».

El ministro de Energía se ha referido a la reunión que ha mantenido este martes con el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, y ha indicado que Bruselas está trabajando en la regulación del autoconsumo y ha explicado que «prohíbe el balance neto», que es «profundamente injusto y regresivo» porque supone «arbitrar entre unos consumidores y otros sus horas de consumo y cuánto pueden pagar o no pagar».

De su lado, la senadora de Podemos ha denunciado que el peaje de respaldo ha convertido a España en «un país pionero en obstaculizar y poner barreras al autoconsumo», a pesar de que el 7% de los hogares presenta pobreza energética cuando España es el quinto país europeo con la luz más cara.

Jiménez ha dicho ver «urgente» resolver dicha «penalización» al ser un «error estratégico» que «ha generado desigualdad, ha provocado pérdidas a los pequeños productores y ha reducido las inversiones». «España era líder en renovables y en corrupción, ahora somos líderes en corrupción», ha lamentado.

El Congreso dictamina a favor de aprobar el Acuerdo de París

EFE.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad un dictamen a favor de que España ratifique el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, asumiendo así los compromisos de mitigación y adaptación al calentamiento que este pacto implica.

La adopción del dictamen se ha producido por el procedimiento de urgencia de manera que mañana mismo será llevado a Pleno para su aprobación definitiva y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno estará en disposición de entregar su instrumento de ratificación a Naciones Unidas.

Tras esa entrega, España pasará a formar parte como país de este tratado internacional de lucha contra el cambio climático aproximadamente un mes después de que entrara en vigor, el pasado 4 de noviembre, al haber superado ya en esa fecha el número de países ratificantes y las emisiones necesarias para que comenzase a funcionar.

A día de hoy ya hay 114 países, de los 197 que integran la convención de cambio climático de la ONU, que han ratificado el Acuerdo de París, representando casi un 85% de las emisiones mundiales.

Mediante el Acuerdo de París los países se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para mantener la temperatura del planeta «muy por debajo» de los 2 grados a finales de siglo, y si es posible hacer que no supere los 1,5.

Este objetivo implica que los países ratificantes deben presentar ante la ONU contribuciones nacionales de reducción de emisiones cada cinco años (las primeras, para el periodo 2020-2025, ya han sido efectuadas) teniendo presente que cada nueva contribución debe ser más ambiciosa que la anterior.

Entre otras, el Acuerdo de París también supone que los países ricos, que más han contribuido al cambio climático con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su desarrollo desde la era preindustrial, financien y apoyen a los más pobres para que su crecimiento económico sea libre en carbono y para que hagan frente a las consecuencias del calentamiento.

Las naciones parte de este Acuerdo también se proponen que el mundo alcance la neutralidad de emisiones en la segunda mitad de siglo, es decir, que no se emitan más gases de los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales (bosques, océanos…).

La primera contribución nacional de reducción de emisiones que España asume con esta ratificación, implica una disminución de gases en los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26 % y de un 43 % en el sector industrial, ambas para 2030 y con respecto a niveles de 2005.

El Congreso vota mañana si ordena al Gobierno prohibir los cortes de luz a quien no pueda pagarla

Europa Press.- El Pleno del Congreso votará este martes una moción del grupo de Unidos Podemos en la que se propone instar al Gobierno a prohibir a las empresas eléctricas cortes en el suministro energético sin consultar con los servicios sociales.

Esta moción se deriva de la interpelación que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dirigió al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre la necesidad de aplicar medidas contra la pobreza energética.

De esta forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere recabar el compromiso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad vean interrumpido su suministro energético. La moción contempla que sean las empresas las que asuman el coste en caso de que los servicios sociales justifiquen este impago.

La moción recoge otros siete puntos, entre los cuales destaca la sustitución del actual bono social por una «tarifa social de reducida cuantía» dirigida a familias con bajos niveles de renta, financiada por las compañías eléctricas y proporcional a la renta del hogar.

No más del 10% de los ingresos del hogar

Desde Unidos Podemos reclaman que la energía sea reconocida como «un bien público y común», y a partir de ahí garantizar que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales, no pudiendo superar este «suministro mínimo vital» el 10% de los ingresos mensuales del hogar.

Esta «tarifa asequible» se dirige, señalan, a todos los consumidores en su primera residencia, y en ella se «debe penalizar el consumo ineficiente» a través de elementos de fiscalidad energética, y considerar la renta como «criterio principal» a la hora de establecer «precios sociales y favorables para las familias en función de los ingresos económicos».

Como parte de estas medidas dirigidas a aminorar el coste de la factura energética, quieren que se aplique a la electricidad, el agua y el gas un tipo de IVA reducido.

Auditoría, Trasparencia y Pago de los CTC’s

Toda esta batería de medidas sobre las que los grupos deberán posicionarse se completan con otros tres puntos dirigidas a las compañías eléctricas, a las que reclama el reconocimiento y la devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), cifrados en más de 3.500 millones de euros.

Asimismo, insta al Gobierno a realizar una auditoría de los costes de todo el sistema eléctrico nacional para determinar «los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología, así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución». También piden auditar el déficit de tarifa, «su origen y su legitimidad».

Por último, el texto sobre el que se pronunciará el Congreso acaba con una exigencia de transparencia: exige a las empresas suministradoras publicar trimestralmente el número de consumidores que no pueden abonar la factura de la luz, agua y gas, así como el número de consumidores que se ven afectados por cortes del suministro.

También reclaman a las empresas «una mayor y mejor información» sobre los conceptos que incluye la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de los bonos sociales.