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El precio del litro de gasolina cerró 2018 en su nivel más bajo del año

Europa Press. –El precio de la gasolina ha encadenado su novena semana consecutiva de bajadas para caer hasta su mínimo del año 2018. Así, el precio medio del litro de gasolina se ha abaratado un 1,06%, situándose en los 1,211 euros, un nivel que no marcaba desde noviembre de 2017, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

De la misma manera, desde los máximos del año que tocó en octubre, el precio del litro de gasolina acumulaba una caída del 10,7%, lo que le ha llevado al cierre del año a tocar sus niveles más bajos del año 2018.

Por otro lado, el precio del litro de gasóleo, cuya tributación encarecerá el Gobierno durante este ejercicio, ha contado con su séptima caída consecutiva, tras experimentar un descenso del 1,1%, para situarse en los 1,163 euros. Este precio es el más bajo desde el pasado mes de abril del 2018 registrado por el litro de gasóleo, que ha caído un 9.4% desde los máximos anuales que tocó el mes de octubre del pasado año.

En este sentido, ambos carburantes siguen alejándose de los records anuales, y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en la que entraron desde agosto al calor de la subida en los precios del crudo.

Así, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha cotizado ligeramente por encima de los 55 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a unos 46,5 dólares.

 

La ministra Montero acusa al PP del incremento del precio de los carburantes en cinco comunidades en los últimos presupuestos

Europa Press. – La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado en el Congreso de los Diputados al anterior Gobierno del PP de introducir en los últimos Presupuestos Generales del Estado una subida del precio de los carburantes en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, vía impuesto de hidrocarburos.

La ministra ha explicado que esta subida se había incrementado en 48 euros por cada 1.000 litros. Ha criticado que «como ustedes siempre esas cosas no las cuentan, la meten por la gatera, en la ley de Presupuestos en su artículo 82 (impuesto de hidrocarburos) se plantea la subida a todos los carburantes en cinco comunidades».

De esta manera ha replicado Montero a las críticas del Partido Popular, debido a la subida de la fiscalidad para el diésel. Por este motivo, se ha preguntado si el que fuera anterior Gobierno desconocía o «estaba ignorando» toda esta afectación a la economía y al sector del automóvil o intentaba revertir «una situación insufrible» de reducción del gasto.

Relacionado con eso, la ministra ha criticado al PP, ya que, según ella, antes de las elecciones de 2015  «como cebo electoral, se habían dedicado a bajar los impuestos, fundamentalmente a las clases pudientes. Aplíquese el cuento. Provocaron una subida de todos los carburantes que no se la han explicado a los ciudadanos».

Montero se defiende asegurando que  «la fiscalidad ‘verde’ no tiene afán recaudatorio, sino que va dirigida a intentar que cada uno contribuya en sus posibilidades» a que «este planeta siga siendo verde».

 

«Infierno fiscal»

El diputado ‘popular’ José Ignacio Echániz ha criticado «el infierno fiscal» que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, puesto que cree que «el afán recaudatorio» del Ejecutivo, en su política fiscal, «no tiene limite».

De este manera, se ha preguntado el motivo por la que anuncia subidas en la mayor parte de figuras tributarias después de un año en el que la recaudación va a ser «suficientemente buena», y en un producto, el diésel, que ya tiene un recargo del 55%.

En el mismo sentido, Echániz ha resaltado que dos terceras partes del parque automovilístico español, casi 18 millones de vehículos, son diésel, en el último año se compraron un millón de estos vehículos, que a raíz del anuncio del Ejecutivo de incrementar la presión fiscal las ventas han caído un 16% en los últimos meses, y que la subida del combustible encarecerá productos que recurren al transporte de carreteras para su distribución.

 

El precio de la gasolina y del gasóleo sigue a la baja y se abarata un 1,7%

Europa Press. – El precio de la gasolina y del gasóleo ha proseguido su tendencia bajista y se ha abaratado un 1,7%, alejándose aún más de los máximos anuales que tocó a finales de octubre.

De esta manera,  el precio medio del litro de gasolina ha encadenado su sexto descenso consecutivo, tras abaratarse un 1,77% esta semana, situándose en los 1,272 euros, su nivel más bajo desde finales de abril, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Si se habla del precio del litro de gasóleo, cuya tributación prevé encarecer el Gobierno en 2019, estos días ha sumado su cuarta caída consecutiva, tras experimentar un descenso del 1,76%, para situarse en los 1,225 euros, su precio más barato desde finales de julio.

En este sentido, ambos carburantes se alejan algo más de los records anuales, y máximos desde finales de 2014, que habían tocado a mediados de octubre tras la espiral alcista en la que entraron desde agosto en relación a la subida en los precios del crudo.

Así, el precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba por debajo de los 58 dólares, mientras que el barril de Texas americano se intercambiaba a 50 dólares.

Aún así, el abaratamiento registrado en las últimas semanas por los carburantes no impide que sus precios acumulen un encarecimiento de casi el 2,4%, en el caso de la gasolina, con respecto a principios de año, y de más de un 6,8%, en el gasóleo.

El nuevo bono social sólo reduce el recibo un máximo de 2 euros con respecto al anterior, según estima Facua

Europa Press.- El nuevo bono social eléctrico aprobado por el Gobierno sólo reducirá el recibo de la luz para un usuario medio entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el anterior modelo, según datos de Facua-Consumidores en Acción. El recibo de septiembre del usuario medio ascendería a 83,55 euros, un 15,9% más que en septiembre del 2017 con lo que, en la mayoría de los casos, los descuentos del bono social ni siquiera sirven «para paliar este brutal incremento», señala Facua.

Así, con el anterior modelo de bono social que aprobó el Gobierno del PP, si el usuario recibe un 25% de descuento en la potencia en los primeros kWh consumidos pagaría 74,36 euros si no tiene hijos menores, lo que supone un 11% menos; mientras que abonaría 72,60 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, lo que representa un 13,1% menos. En el caso de tener dos menores, el recibo ascendería a 71,28 euros, un 14,7% menos, y si son familia numerosa la factura supondría 65,57 euros, un 21,5% menos, según calcula la asociación.

Mientras, con el nuevo bono social, el mismo usuario pagará 73,70 euros en el caso de no tener hijos menores, un 11,8% menos; mientras que ascendería a 71,68 euros si tiene un menor o todos en casa cobran la pensión mínima, un 14,2% menos. Para el caso de tener dos menores, el recibo ascenderá a 70,14 euros, un 16,1% menos, y para las familias numerosas supondrá 63,59 euros, un 23,9% menos. Asimismo, Facua critica que «no se proporcione el bono social a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos por el PP».

El Gobierno aprobará el viernes, a través de un decreto ley, el nuevo bono social eléctrico, que incluirá a familias monoparentales

Europa Press. – El Gobierno aprobará probablemente el próximo viernes un decreto ley en materia energética que introduce cambios en el bono social eléctrico, como su ampliación a familias monopartentales y personas en situación de dependencia en grados 3 y 2, a la vez que crea el bono social térmico (calefacción), que correrá a cargo del Estado -no de las compañías- y se abonará en forma de cheque directo a los beneficiarios.

Así, según Europa Press, en el plazo de seis meses desde la promulgación del decreto se aprobará una estrategia nacional contra la pobreza energética, tras su pertinente debate con los sectores sociales afectados, que establecerá, con carácter «integral y coherente» todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.

Mientras se aprueba dicha estrategia, el Gobierno adoptará desde este viernes una serie de medidas sobre el bono social eléctrico vigente -el creado en 2017-, como la de ampliar los grupos sociales que tienen un mejor tratamiento en niveles de renta para que les pueda ser aplicado el beneficio.

En este sentido, entran como nuevos subsectores las familias monoparentales y personas en situación de dependencia, grados 3 y 2 (no las de grado 1). La discapacidad se mantiene como estaba, ya era considerada desde el 2017 en esta posición reforzada (igual o superior al 33%). Las familias numerosas se mantienen como hasta ahora, de modo que pueden acogerse todas con independencia de su nivel de renta.

En cambio, lo que sí se modificará al alza son las potencias eléctricas que entran en el bono social y los repartos de consumo entre meses.

 

Bono social térmico

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, que incluye los combustibles de calefacción (gas natural, gas butano, gasóleo, pellets, etc.), ampliándose así el bono social eléctrico a otras fuentes energéticas.

Este bono social térmico correrá a cargo del Estado, no de las compañías eléctricas como el bono social eléctrico, y se abonará a modo de cheque directo que se hará llegar a las familias beneficiarias. La cantidad no está aún fijada y dependerá, entre otros, de la zona climática de España en que esté situada la vivienda, de modo que habrá distintas intensidades de ayuda en función de si la zona climática es más fría o cálida o templada.

Del mismo modo, tendrán derecho al bono social térmico de forma automática todas las personas con derecho al bono social eléctrico. Son, por tanto, acumulables, y la vía para llegar al térmico es ser reconocido como beneficiario del eléctrico. La ayuda del bono social térmico se devengará a partir del 1 de enero de 2019, dado que se aplica en invierno.

En cuanto al calendario, sigue rigiendo la fecha del 8 de octubre como plazo máximo para que las personas y familias beneficiarias del bono social eléctrico en su configuración de 2009 soliciten en su compañía distribuidora de referencia el pasar al regulado en 2017. Se realiza este cambio para que no pierda el derecho quien ya lo tuviera.

En el mismo sentido, el real decreto otorgará un plazo extraordinario de regularización, hasta el 31 de diciembre de este año, para quien beneficiándose del bono social eléctrico no haya pedido solicitud completa, con aportación de todos los documentos acreditativos para el cambio al nuevo modelo antes del 8 de octubre de este año, como última oportunidad improrrogable.

En cuanto a las nuevas solicitudes de aquellas personas y familias que no tuvieran hasta ahora reconocido el bono social eléctrico, no hay plazo establecido para que puedan pedirlo y darse de alta ante su compañía distribuidora de referencia, de modo que podrán hacerlo en cualquier momento una vez entiendan que cumplen los requisitos sociales y de renta exigidos.

 

 

 

La compañía minera Hullera Vasco-Leonesa inicia un ERE de extinción para sus últimos 68 trabajadores tras 125 años de historia

EFE.- La administración concursal de la compañía minera Hullera Vasco-Leonesa ha iniciado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para la práctica totalidad de los 68 empleados que aún desempeñaban su trabajo en la empresa, que tiene 125 años de historia.

Según CCOO, este ERE supone un «nuevo mazazo a la provincia de León, al sector de la minería y a sus comarcas» y significa el cierre de la compañía.

Las causas que alegan los administradores concursales para presentar el ERE son económicas por el desmantelamiento de la mina de interior y que actualmente no tienen ningún contrato de compra de carbón para el próximo año por parte de las eléctricas.

CCOO estaca que con esta decisión «se pone punto y final a una larga agonía que desde 2014 ha supuesto la presentación de multitud de ERE para cientos de trabajadores, el cierre de las subcontratas de la compañía y la entrada en el concurso de acreedores por su delicada situación económica».

En este sentido, CCOO cree que la pérdida de empleo y la desaparición del sector del carbón no puede seguir siendo el principal objetivo de las propuestas del Gobierno.

Por ello, el sindicato espera que el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y los asesores ministeriales presentes en la última reunión trasladen sus reclamaciones a la ministra y al secretario de Estado del ramo.

«Es necesario contemplar globalmente todas las implicaciones que están en juego, y más aún con una noticia tan drástica y lamentable para el sector y la provincia de León como la anunciada por la sociedad Hullera Vasco-Leonesa», ha apuntado CCOO.

El sindicato confía en que finalmente se evite la tensión que se viene acumulando en el sector, ya que puede tener consecuencias sociales imprevisibles.

Patronales catalanas solicitan al Gobierno de España que sea la CNMC quién fije las tarifas de distribución de la electricidad

EFE. – Diez agrupaciones empresariales catalanas han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez el restablecimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad competente para fijar las tarifas de distribución de la electricidad.

Así, patronales como Cecot, la Federación Empresarial del Metal y la Unión Empresarial Metalúrgica, entre otras, presentaron el pasado noviembre una denuncia ante las instancias europeas por la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas desde 2014.

En este sentido, el desencadenante de la denuncia fue la reforma de la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas acordada entre el Partido Popular, entonces en el Gobierno, y el Partido Nacionalista Vasco, para la aprobación de los presupuestos de Estado de 2017.

De esta manera, este grupo de entidades empresariales, entre las cuales también figura Retail.cat, la Confederación Catalana de la Madera o el Instituto Industrial de Terrassa, han asegurado en un comunicado conjunto que «desde hace años existe una discriminación territorial en cuanto a los costes de electricidad que las empresas españolas deben soportar en su actividad industrial, debido fundamentalmente a la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica».

Éstas representan a 50.000 empresas catalanas y consideran, a su vez, que la situación se «ha agravado con esta reforma, que comporta una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas situadas en determinadas regiones de España». De la misma manera creen que se trata de una medida cuyos efectos son «selectivos territorialmente y pueden constituir una Ayuda Estatal en favor de las empresas beneficiadas que compiten a nivel de todo el territorio comunitario».

Por otro lado, la CNMC ha interpuesto, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 903/2017, que traspasa algunas de sus funciones al Ministerio, entre otras, la de aprobar tarifas, precios, peajes y cánones.

Para las patronales, esta competencia debería estar en manos de la CNMC para garantizar que no haya discriminaciones entre territorios en esta materia.

 

El PP pide que Menorca sea una zona piloto para fomentar las renovables

EFE. –  La presidenta del Partido Popular de Menorca, Misericordia Sugrañes, ha propuesto, declarar a Menorca como «zona piloto de la Unión Europea» para fomentar e impulsar la aplicación de energías renovables mediante ayudas europeas destinadas específicamente a lograr este objetivo.

De esta manera, Sugrañes ha afirmado que esta iniciativa está plenamente justificada por la singularidad de nuestra isla, que la diferencian de otras regiones insulares de la UE, por tres motivos de peso: los 25 años de Menorca Reserva de la Biosfera, el hecho y los costes derivados de la insularidad, así como el aislamiento energético de Menorca por la avería del cable eléctrico submarino.

Para conseguirlo es preciso contar con ayudas específicas de la UE destinadas a Menorca, que será posible obtener una vez haya sido aprobada esta declaración. Corresponde a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, gestionarla y promoverla.

En este sentidoSugrañes ha manifestado que la ministra «es plenamente conocedora» de la situación de Menorca en materia energética para avanzar hacia el autoabastecimiento energético. Por ello, la presidenta del PP-Menorca ha instado a Teresa Ribera a «actuar en consecuencia y pasar de las palabras a los hechos, con actuaciones concretas».

En opinión de Sugrañes es fundamental la implicación y el impulso del Gobierno de España ante la Unión Europea para lograr esta declaración de Menorca como ‘zona piloto’, obtener financiación y diseñar un programa que permita desarrollar un conjunto de acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Por todo esto, el PP-Menorca ha instado al Consell Insular, los ocho ayuntamientos y el Govern balear que se sumen a esta propuesta para reducir la actual dependencia energética exterior de la isla, y transformar el actual modelo mediante el uso de las renovables, tanto en las empresas menorquinas como en el ámbito doméstico. 

 

Teresa Ribera manifiesta que el Gobierno no fijará una fecha para la prohibición de los vehículos con motor diésel

EFE. –  La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado que el Gobierno no se plantea fijar una fecha para la prohibición de los vehículos con motor diésel, pero sí diseñará «escenarios orientativos de cero emisiones» para todos los coches que circulen por ámbitos urbanos.

En una entrevista del diario ABC, la ministra señala que «en absoluto» el Gobierno pondrá una fecha concreta para prohibir el diésel, ya que el objetivo es que no haya emisiones tóxicas, sea con el tipo de motor que sea, y que es la industria la que tiene que poner los medios para conseguirlo.

Según la ministra, los fabricantes de automóviles son los que tienen que adaptarse al reto de no emitir sustancias tóxicas, sin una prohibición específica, porque eso «incentiva la innovación y adecuación de la industria». Así, Ribera cree que es «bastante obvio» que «la movilidad deberá ser cero emisiones en 2050».

«Desde 2012 los datos de Anfac -la patronal de los fabricantes de automóviles- muestran cómo han ido cayendo las ventas del diésel, vamos a un modelo de movilidad diferente, donde el gran éxito del motor de combustión se va viendo desplazado por otras alternativas; la tarea de los gobiernos es acompañar ese proceso», ha argumentado Ribera.

Hay que situar en contexto que el pasado 11 de julio la ministra dijo a los periodistas en el Congreso que «el diésel tiene los días contados», lo que motivó críticas tanto de la patronal como de los sindicatos del sector del motor.

Además, la semana pasada, en una entrevista con Efe, Ribera cuantificó en 70.000 u 80.000 millones de euros las inversiones requeridas en España hasta 2030 para la transformación del modelo energético hacia la descarbonización.

Reyes Maroto anuncia que el nuevo impuesto al diésel acompañará a los Presupuestos Generales del Estado 2019

Europa Press. – La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno trabaja en un borrador sobre la nueva fiscalidad del diésel, vinculada a la transición ecológica, que acompañará a la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

Maroto ha indicado, en una entrevista a Europa Press, que aunque el Ejecutivo tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de PGE, se retrasará «un poco, no mucho» y anunciado que, de la mano de los PGE, vendrán diferentes medidas fiscales.

«Se ha hablado mucho del diésel, pero la realidad es que todavía no se ha puesto encima de la mesa un posible borrador para ver, con los sectores implicados, la letra pequeña de lo que será el impuesto al diésel», ha añadido, al tiempo que ha resaltado que el Ejecutivo tiene que ir «más deprisa» en la transición a la reducción de emisiones, tras dispararse las de dióxido de carbono (CO2).

La ministra ha afirmado que desde el Gobierno están trabajando con un borrador de la nueva fiscalidad al carburante diésel y ha señalado que se analizará junto con el sector del automóvil, con el fin de llegar a un «buen impuesto» que marque la ‘hoja de ruta’ hacia la reducción de las emisiones, pero de una forma que el sector pueda acompasarse a estos cambios.

 

Sin acierto

En otro orden de cosas, Maroto ha sugerido que las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en las que aseguraba que «el diésel tenía los días contados» no fueron acertadas, tal como reconoció posteriormente la propia Ribera.

En esta línea, ha indicado que el Gobierno está trabajando en una fiscalidad que recoja las peticiones de la Comisión Europea, pero junto con políticas económicas que ayuden a que la transición hacia la reducción del CO2 sea de una forma ordenada».