El PSOE pregunta al Gobierno si prolongará el funcionamiento de Cofrentes mientras vigilantes de la central nuclear denuncian presiones laborales

EFE.- El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa. Por otro lado, el diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado unas preguntas para que el Gobierno explique si tiene previsto prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.

El dirigente socialista ha reclamado información al Ejecutivo sobre los planes de gestión de los residuos nucleares y, en concreto, de la central valenciana, tras conocerse que la planta planea la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) para almacenar el combustible radioactivo agotado. «Es necesario que el Ejecutivo explique qué proyecto se va a ejecutar, por qué hay que construirlo en Cofrentes y si la futura instalación no supondrá un riesgo añadido para la central y su entorno», indicó. Ábalos señaló que esta medida se adopta «ante la previsible saturación en 2021 de la piscina donde se guardan hasta el momento» los residuos nucleares.

Según el diputado, «Iberdrola, la compañía que opera Cofrentes, ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar esta nueva infraestructura, que entraría en funcionamiento en 2019», una actuación que, a su juicio, choca con los planes previstos por el Gobierno para crear el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas. «Resulta sorprendente que este proyecto, previsto para 2011, esté paralizado mientras las centrales nucleares proyectan sus propios almacenes individuales». Por ello, el parlamentario ve «necesario que el Gobierno explique con qué argumentos permite que cada central actúe por su cuenta, mientras este proyecto sigue en los cajones».

Ábalos recordó, además, las críticas mostradas por organizaciones ecologistas y recalcó que la escasa información pública de este proyecto «nos lleva a pensar que detrás de esta actuación puede existir una intención clara de prolongar la vida útil de la central nuclear». El diputado socialista también exigió que el Gobierno explique si la puesta en funcionamiento del futuro almacén implicará una prórroga en la autorización para que la central siga operando más allá de 2021.

Vigilantes denuncian presiones y hostigamiento

Según el sindicato Alternativa Sindical, tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es «hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad«. «Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear», señalaron.

Desde Alternativa Sindical se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes. «Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo», indicaron las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según Alternativa Sindical, cuentan con el «beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola». Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad. Alternativa Sindical anunció que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia.