Entradas

La Eurocámara advierte de que la Unión Europea tiene que elevar su ambición para poder eliminar las emisiones en 2050

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado el objetivo de la Comisión Europea para conseguir eliminar en 2050 las emisiones de gases pero advirtió de que para conseguirlo es necesario elevar la ambición y revisar la meta de recortar un 40% las emisiones en 2030.

Los eurodiputados han aprobado con 369 votos a favor, 116 en contra y 40 abstenciones una resolución no vinculante en la que defienden que la Unión Europea «debe enviar el mensaje claro de que está preparada para revisar su contribución al Acuerdo de París». La Eurocámara ha apoyado, además, las protestas a favor de una mayor ambición en las políticas climáticas globales, especialmente las manifestaciones y las huelgas estudiantiles que se han expandido últimamente. En este sentido, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales del bloque comunitario, así como a las instituciones europeas, que hagan todo lo posible para conseguir que el calentamiento global se limite, como mucho, a los 1,5ºC.

El texto, por otro lado, remarca que la transición hacia una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero podía crear 2,1 millones de puestos de empleo en 2050 si se gestiona adecuadamente. Para ello, proponen crear un «fondo para una transición justa» que apoye a las regiones más afectadas por la descarbonización. En la misma línea, los eurodiputados han señalado que la estrategia a largo plazo de la Unión Europea debe priorizar la reducción directa de emisiones y fortalecer los «sumideros de carbono» como los bosques por encima de nuevas tecnologías de eliminación de carbón que, a su juicio, todavía deben desarrollarse a gran escala y supondrían «riesgos significativos» para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parlamento Europeo ha subrayado que la transición ecológica presenta «importantes oportunidades» para invertir en innovación industrial con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo de la economía circular y la bioeconomía. En consecuencia, han pedido que el 35% de los fondos del programa europeo para la investigación y el desarrollo, conocido como Horizonte Europa, se destine a proyectos que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.

Ribera quiere seguir de ministra

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve necesario «romper» la inercia muy fuerte de miedo al cambio porque es preciso salir de la zona de confort y tomar conciencia de que no hay tiempo suficiente y hay que luchar contra el cambio climático porque las cosas no cambian por «milagro«. «Trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Si queremos un futuro, habrá que trabajar por la estabilidad y la seguridad del clima», ha destacado la ministra.

En lo que le respecta de esa tarea como ministra, cree que se ha «estrellado contra el tiempo» a la hora de lograr una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque «8 meses son una legislatura muy corta». Sin embargo, Ribera ha defendido que ha logrado «muchísimas cosas» en estos meses como definir un marco estratégico diferente. «El trasatlántico ha empezado a girar», ha apuntado Ribera, que se ha referido a los cambios en el peso de las renovables, la estrategia para prever la salida «digna» de trabajadores y comarcas dedicadas a los sistemas tradicionales de energías fósiles o la anticipación del cierre de las plantas para no dejar a nadie «con una mano delante y una mano detrás».

El proceso en su opinión debe hacerse avanzando en muchos frentes «a la vez» como la política fiscal o el régimen energético. Por otro lado, en relación sobre su futuro político, ha admitido que a ella le «encanta» su trabajo al frente del Ministerio y le parece «fundamental» la apuesta fuerte de la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

/0 Comentarios/en , /por

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

Elecciones 28-A: Medidas para bajar la factura de la luz y cómo afrontar la expansión del autoconsumo de energía eléctrica

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- El Gobierno del PSOE suspendió en octubre durante 6 meses el impuesto del 7% que pagan todos los generadores de energía eléctrica. Esta carga fiscal ha vuelto en abril y, a pesar de que la ministra Teresa Ribera justificó el estar a las puertas de las elecciones para no prorrogar esta suspensión, nada recoge su programa electoral sobre este impuesto.

Por eso sorprende la ausencia en el programa socialista de medidas con un impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. La baza a jugar por los socialistas, en una hipotética legislatura completa de Gobierno de Pedro Sánchez, es acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. De esta forma, el PSOE compromete una fórmula “que traslade eficazmente” al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa comunitaria esta intervención socialista en el mercado eléctrico mediante su reforma.

Donde el PSOE ha actuado con más decisión es en la regulación del autoconsumo de energía para favorecer su expansión. Lo hizo en octubre eliminando los cargos al autoconsumo, el conocido como impuesto al Sol. Y ha sido en abril, a pocas semanas de las elecciones generales, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto de autoconsumo en uno de sus viernes sociales. Mediante este decreto, se habilita la figura del autoconsumo colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales; se reducen los trámites administrativos, especialmente en el caso de los pequeños autoconsumidores; y se establece un mecanismo simplificado de compensación de la energía autoproducida y no consumida por parte de la comercializadora eléctrica.

No parece que el PP vaya a recuperar la normativa que gravaba al autoconsumo conectado a la red eléctrica, a tenor de lo expuesto en su programa electoral. Es más, otra medida impulsada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, el impuesto del 7% a la generación eléctrica, es ahora expresamente rechazada. Los populares se comprometen a eliminar específicamente este impuesto y afirman que trabajarán en políticas que reduzcan el precio de la luz de los hogares y empresas. Asimismo, el PP recalca que priorizará las opciones energéticas que cumplan con los objetivos de reducción de emisiones al menor coste posible. En este sentido, creen firmemente que serán útiles las interconexiones para crear un mercado interior europeo de la energía.

Quién sí propone un cambio revolucionario es Unidas Podemos, con la creación de una empresa pública de energía. Esta futura empresa, que lideraría también la instalación de más energías renovables, tendría el cometido de transformar el mercado eléctrico e ir hacia un recibo de la electricidad más bajo. Los de Pablo Iglesias consideran que “la estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más”. Por ello, se comprometen a que el término fijo no sea superior al 25% de la factura. Por otro lado, en lo que respecta a la energía consumida, Unidos Podemos promete que los primeros kWh tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche.

Pablo Iglesias contra las eléctricas

También tendría un impacto en la factura de los consumidores vulnerables bajar el tipo de IVA al 10% para todos sus suministros básicos (calefacción, gas, electricidad). Asimismo, la formación morada anuncia que no se acometerán proyectos sobredimensionados de infraestructuras energéticas y comprometen una vez más una auditoría de costes del sector eléctrico. En este sentido, los de Pablo Iglesias arremeten nuevamente contra las empresas energéticas, a las que tachan de “oligopolio”, y prometen eliminar sus “privilegios”. Para ello cuentan con intervenir el mercado eléctrico para que el precio lo marquen las renovables, que tendrían una retribución estable aparte, y acabar con el sistema marginalista, así como con establecer un cargo a la que consideran sobrerretribución de centrales hidroeléctricas y nucleares.

Vinculado a la reforma del mercado eléctrico y al autoconsumo, desde Unidas Podemos aseguran que incentivarían la compra de electricidad a las instalaciones renovables ciudadanas. De hecho, también prometen una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Asimismo, se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido.

Quién sí se atreve a fijar un objetivo de reducción en la factura de la luz es Ciudadanos. Los de Albert Rivera se ven capaces de bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestosy la introducción de mayor competencia en el mercado eléctrico. Para ello se proponen dos vías: por un lado, Ciudadanos asegura que limpiará la tarifa eléctrica eliminando los costes “heredados de la nefasta gestión del PP y del PSOE”, con una senda de reducción del déficit tarifario acumulado y de los costes políticos. Por otro lado, los naranjas premiarán la eficiencia en el consumo con precios más reducidos para los que moderen su demanda.

Desde Vox también apuestan por reducir los impuestos y los costes regulados de la factura de la luz. Y se ven con capacidad para ajustar los costes del sistema eléctrico en 1.000 millones de euros. Asimismo, los de Santiago Abascal advierten que la fuerte penetración de energías renovables, con bajos costes variables, provocará un abaratamiento aparente del precio de la energía eléctrica con facturas con un alto coste fijo y bajo coste variable. A juicio de Vox, esta estructura tarifaria llevaría inevitablemente a la pérdida de la eficiencia, sin penalizar a los que derrochan, y, adicionalmente, encarecería la factura a las familias de renta baja.

Por ello, desde Vox proponen definir tarifas e impuestos que graven el consumo para no elevar la parte fija de la tarifa. Asimismo, la formación conservadora muestra su preocupación con el autoconsumo y se muestra partidario de imponer cargas a los que optan por esta modalidad para que financien las redes, pero de una forma diferente a la del PP. Vox quiere que los consumidores afronten una tarifa de acceso a la red por tramos de consumo, que establezca descuentos para los primeros KWh consumidos, mientras que los autoconsumidores no tendrían derecho a este descuento.

Elecciones 28-A: Eficiencia energética, rehabilitación de edificios y medidas de apoyo al consumidor doméstico vulnerable y a la industria electrointensiva

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- La mejora de la eficiencia energética constituye, junto a la reducción de emisiones y al desarrollo de fuentes de energía renovable, uno de los principales compromisos a nivel europeo dentro de la hoja de ruta para cumplir con el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Una mayor eficiencia supone un ahorro de energía que reduciría las necesidades del consumidor doméstico vulnerable que no puede hacer frente a una factura energética que también afecta a la competitividad industrial.

En estos ámbitos el PSOE presume de las medidas tomadas desde el Consejo de Ministros en los viernes sociales. Los socialistas reivindican que sus 10 meses de Gobierno hayan servido para mejorar el bono social de electricidad y la creación del bono térmico para consumos de calefacción. Todo ello articulado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, con un renovado bono social que cubre todas las fuentes de suministro (electricidad, gas) y que será de concesión automática. Asimismo, abogan por facilitar el acceso a estos descuentos a las familias con menores de edad.

Esta Estrategia también aboga por ampliar paulatinamente el peso de medidas estructurales frente a las prestacionales como el bono social para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Así, se potenciará las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por articular un parque de vivienda en alquiler social que subvencione los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la renovación de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.

Todo ello para cumplir en 2030 con un compromiso de mejora de la eficiencia energética del 32,5%, conforme a lo comprometido por los Estados comunitarios con la Comisión Europea. Pero los viernes sociales no acaban en la lucha contra la denominada pobreza energética. La industria espera para este viernes 26 de abril la aprobación del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, una medida a sumar a la regulación de las redes cerradas de distribución para reducir el coste energético y la prórroga de la vida útil de las instalaciones de cogeneración por 2 años. Curiosamente solo Vox se acuerda junto al PSOE de la industria cogeneradora, para la que augura un papel relevante durante la próxima década.

Las propuestas del PP son más generales en este ámbito y, por qué no decirlo, más comedidas. El programa de los populares habla de reforzar el bono social para mejorar la protección de los consumidores más vulnerables pero no entra en detalles. También apela a un compromiso con la rehabilitación y la promoción de la eficiencia energética en los sectores de la edificación y, en lo que sí suena más novedoso, en la renovación de las instalaciones del sector turístico. Lo que suena a reproche a iniciativas más ambiciosas es el compromiso del PP a que todas estas medidas siempre tendrán en cuenta las capacidades adquisitivas de consumidores y empresas.

Donde el programa del PP se mueve con más soltura es en temas fiscales. En este sentido los de Pablo Casado se comprometen a utilizar los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 en los mercados europeos “para modular la fiscalidad de la energía”, rebajando así en cada momento del tiempo la factura energética de la industria. Asimismo, el PP potenciará los mecanismos de ayuda a la industria para compensar los efectos de las políticas medioambientales y energéticas.

Por su parte, la gran apuesta de Unidas Podemos por la eficiencia energética es una vez más su plan para rehabilitar anualmente al menos 500 000 viviendas y conseguir reducir su factura de la luz con medidas de aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Para ello, resulta interesante el compromiso de dar prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. Según cálculos de la formación morada, las familias podrán llegar a reducir en un 50% su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales con las medidas propuestas.

Los de Pablo Iglesias mantendrán las protecciones frente a la pobreza energética pero cimentan su apoyo al consumidor vulnerable en la eficiencia energética. De esta forma aseguran que se crearán miles de empleos “en un sector tan castigado” como es el de la construcción y avanza que las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de subvenciones para fomentar la eficiencia. Sin embargo, en materia sectorial, sorprende el silencio de Unidas Podemos sobre la industria electrointensiva.

Todo lo contrario sucede con Ciudadanos, que concentra esfuerzos en mejorar la competitividad industrial con una tarifa eléctrica más predecible. Para ello comprometen su propio Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que reconozca las dificultades específicas de este tipo de industrias e introduzca mecanismos que favorezcan su competitividad en el mercado internacional. Un apartado en el que los de Albert Rivera creen que podrían mejorar su situación apostando por los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica (conocidos como PPA). Asimismo, comprometen que las empresas podrán compensar sus costes de emisiones de gases invernadero, con ayudas condicionadas a la implementación de medidas de eficiencia energética e innovación por parte de la industria.

En lo que atañe a los consumidores domésticos, Ciudadanos promete una factura de la luz que premie a los que tengan un consumo más reducido. Al igual que Unidas Podemos, pone cifras a las viviendas que deberían rehabilitarse cada año, aunque se tratan de números menos ambiciosos o más realistas, según el punto de vista. 300.000 viviendas en las que fomentar la eficiencia energética es el compromiso de la formación naranja, que asegura que los nuevos inmuebles y todas las instalaciones públicas se construirán bajo estándares de consumo casi nulo.

Por su parte, el programa de Vox se desmarca de estas propuestas de rehabilitación o medidas pensadas para la industria electrointensiva con una generalidad: afirma que la eficiencia energética es un fin tan importante como la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, a la competitividad económica de la industria y a incrementar la renta disponible de las familias. Ahora bien, no hay medidas concretas en este sentido.

Sí concreta más al decir que el bono social debe ser financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por las compañías comercializadoras, acogiéndose a las tesis de la patronal eléctrica. Más novedosa es la propuesta de establecer bonificaciones proporcionales al número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como la luz o el gas. Y único es su apoyo al desarrollo de gas renovable, como combustible clave para procesos industriales de alta temperatura en el largo plazo.

Elecciones 28-A: Propuestas para transformar la movilidad hacia la descarbonización

/0 Comentarios/en /por

Javier Angulo.- La transición a una movilidad sin emisiones es uno de los mayores retos que presenta la descarbonización de la economía. En este sentido, la apuesta por el coche eléctrico es transversal en los programas de los diferentes partidos políticos, pero no es la única. Precisamente quién lo fía todo a la movilidad eléctrica parece ser el PSOE. El partido gobernante presume en su programa del paquete normativo de Energía y Clima que ha presentado en los últimos meses de legislatura.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se propone una creciente electrificación del sector del transporte, estableciendo obligaciones de instalación de recarga eléctrica en las estaciones de servicio, uno de los puntos más controvertidos por la inversión que exigiría a corto plazo a los empresarios de gasolineras. Asimismo, el PSOE plantea una Estrategia de Movilidad Sostenible que incentive un transporte menos contaminante en los municipios.

Ni una palabra de los socialistas sobre el diésel y el establecimiento de plazos para prohibir los vehículos de combustión. Unos plazos que sí menciona el programa electoral del PP, para rechazarlos de plano y apostar por la libertad de los ciudadanos para elegir su medio de transporte. A juicio de los populares, “debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras”. Por ello los de Pablo Casado centran su apuesta en cambiar la fiscalidad para promover la renovación del parque móvil. Más en concreto, el PP habla de reformar el Impuesto de Circulación para los nuevos vehículos y vincularlo a sus emisiones y su consumo energético.

En cuanto al apoyo a los vehículos alternativos, el PP se compromete a impulsar la movilidad eléctrica con una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas para vehículos por todo el territorio nacional. Además, también ofrece recursos para apoyar las inversiones en I+D+i y ampliar las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga y la financiación de estos vehículos. A nivel municipal, también prometen avanzar en la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones.

Quién sí se ofrece a poner cifras concretas sobre la mesa es Unidas Podemos. Los de Pablo Iglesias quieren elevar hasta el 25% para 2025 la cuota de mercado de los coches eléctricos o los que funcionen con tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Un objetivo extremadamente ambicioso frente al 6,6% de cuota de mercado que alcanzaron estos vehículos en 2018 en conjunto con los híbridos. Y no hay que olvidar que los vehículos que utilizan gas quedarían fuera de los cálculos de Unidas Podemos, que pretende transformar ese hipotético 25% en un 70% en 2030 como paso previo al 100% en 2040 para cumplir con el Horizonte Verde prometido.

Para conseguirlo, Unidas Podemos contempla implementar ayudas a la compra de vehículos alternativos, apartado en el que los híbridos también recibirán apoyo económico:en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15% y el 20% del precio de adquisición. Asimismo, apuestan por crear una red inteligente de infraestructuras de recarga diseñada desde la empresa pública de energía que la formación morada pretende crear y que tendría un protagonismo creciente en la gestión de las redes de distribución. Donde sí apuestan por la colaboración entre el sector público y privado es en aunar esfuerzos para desarrollar nuevas tecnologías de baterías, vitales para un sistema eléctrico sustentado cada vez más por energías renovables y para el propio funcionamiento del vehículo eléctrico.

Precisamente una de las apuestas más decididas del programa electoral de Ciudadanos es incrementar el presupuesto de I+D+i para que España sea líder en la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. Asimismo, tres compromisos se reparten el protagonismo en su ambición por una movilidad sin contaminación: incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes, impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y conseguir un transporte público renovado que sea 100% sostenible.

Quién presenta una hoja de ruta para la movilidad bastante diferenciada es Vox. Los de Santiago Abascal apuestan por un Plan de ayuda para renovación del parque de vehículos. En este sentido, apuestan por impulsar la renovación de los vehículos de más de 12 años con vehículos menos emisores, incluyendo entre ellos, cualquier tipo de propulsión. Para ello contemplan incentivos diferentes según sus emisiones, no siendo solo para vehículos eléctricos.

Para Vox, la movilidad eléctrica presenta dos interrogantes: por un lado, no ven que pueda ofrecer una alternativa en el segmento de los transportes pesados, por lo que para este tipo de vehículos apuestan por desarrollar modelos y motores más eficientes, así como por el uso del gas natural vehicular; por otro lado, piden actuar con precaución en el despliegue de puntos de recarga ya que el desarrollo de las baterías puede variar considerablemente la inversión que se estima necesaria en redes. Así, el programa de Vox resalta que el desarrollo de los puntos de carga de alta potencia induciría unas elevadas inversiones en las redes de distribución y transporte eléctricas, casi imposible de repercutir

Esto no significa que Vox no contemple medidas para hacer más atractivos para el consumidor los coches eléctricos. Con esta intención los de Santiago Abascal proponen dejar exento del Impuesto sobre la Electricidad la recarga de energía de los vehículos eléctricos en los puntos de recarga. Junto a la propuesta para rebajar durante 5 años el IVA en la compra de vehículos eléctricos del 21% al 10%, desde Vox aseguran que esta exención permitirá reducir los costes asociados al uso de este tipo de vehículos, haciendo “más atractiva” su compra.

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

La auditoría energética de Renfe plantea instalar paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones y sistemas eficientes de iluminación y climatización

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- La auditoría energética realizada en Renfe para determinar posibles medidas de ahorro plantea, entre otras, la instalación de paneles solares fotovoltaicos en sus instalaciones y la puesta en marcha de sistemas de iluminación y climatización eficientes. Según ha indicado el Ministerio de Fomento a través de una respuesta parlamentaria, el principal potencial de ahorro detectado en esta auditoría se centra en estos sistemas de iluminación, siendo los talleres las instalaciones con un mayor nivel de consumo, seguidos por las estaciones.

La respuesta de Fomento viene a colación de una pregunta del portavoz socialista del ramo, César Ramos, que se interesó en abril de 2018 por los resultados y conclusiones de las auditorías energéticas previstas tanto en Adif como en Renfe. Estas revisiones se contemplaban a raíz de la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a auditorías energéticas, una trasposición aprobada a través de decreto en febrero de 2016. Fomento señala que los resultados de la auditoría realizada en Renfe se presentaron en diciembre, tras destinar 237.600 euros en una adjudicación dividida en 3 lotes para analizar el consumo de las series de material eléctrico y diésel y de las instalaciones de la empresa.

Mejor conducción, iluminación y frenada

En el análisis de las series de tracción eléctrica, la auditoría identifica un mayor margen en el modo de conducción y en contar con una iluminación eficiente. En los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia el análisis identifica la resistencia aerodinámica como principal componente sobre el que actuar, mientras que en los servicios convencionales es la energía disipada en el freno. En caso de las series de tracción diésel, los principales consumos se deben al frenado, a las resistencias mecánicas y a las aerodinámicas, y las principales medidas, identificadas en términos de ahorros generados y de retorno de la inversión, se orientan hacia una conducción eficiente, la inclusión de aditivos en el combustible y los sistemas automáticos de parada.

Por otro lado, el Gobierno también informa en su respuesta que Adif tiene previsto presentar los resultados y las conclusiones de su auditoría energética antes de junio. El plazo de realización de estos trabajos, que en un primer lugar se fijaron en 12 meses a partir de su inicio, en septiembre de 2017, se ampliaron otros seis meses, que finalizaron en marzo. La auditoría pretende alcanzar un objetivo del 85% del consumo de Adif y de Adif-Alta Velocidad. Una vez finalice, estos organismos presentarán, en un plazo máximo de 3 meses, la documentación pertinente ante los diferentes organismos autonómicos donde se haya realizado la evaluación.

Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».