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Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

9 asociaciones ecologistas de Extremadura piden que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz

Europa Press.- 9 asociaciones ecologistas de Extremadura han reclamado que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ya que «podría ser una imprudencia superar su vida útil de 40 años». Una petición que han realizado las asociaciones AMUS, Adenex, Ecologistas Extremadura, Seo/Birdlife, DEMA, Ecologistas en Acción, Sociedad Extremeña de Zoología, Grus y Anser, tras una reunión celebrada en Almendralejo.

En este encuentro, los ecologistas acordaron solicitar al Gobierno central y a las administraciones competentes que no se prorrogue la actual licencia de explotación de Almaraz. En ese sentido, tras las «múltiples declaraciones y el debate social» generado sobre la continuidad en funcionamiento de los 2 reactores nucleares de esta planta nuclear y ante las «aparentes dudas de las empresas eléctricas», las asociaciones «entienden que cada cual defienda su puesto de trabajo, aunque sea incluso en contra de otros», pero añaden que «es mayor el riesgo real para la comarca de una explotación que casi ha cubierto su vida útil».

Finalmente, las ONG ambientales consideran que la respuesta a las peticiones de algunos sectores «no debe ser promover una extensión del permiso de explotación», sino «apoyar una transición en el modelo de desarrollo de esta comarca y de toda la provincia», dirigido a otros modelos desarrollo más sostenibles como el turismo responsable, las energías sostenibles y a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales de calidad.

La ministra Ribera pide a las compañías eléctricas que se pongan de acuerdo sobre el futuro de las centrales nucleares

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido a las eléctricas que actúen «de manera sosegada y sensata» y les ha invitado a ponerse «de acuerdo sobre los planteamientos en los que comparten intereses«. En su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, Ribera se refirió así a la reunión que mantuvo con los máximos directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy para abordar el futuro de las nucleares en España.

La ministra indicó que las nucleares son «una pieza más del puzzle» sobre la visión de conjunto que recogerá el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que está ultimando el Gobierno. Asimismo, Ribera subrayó que la reunión, celebrada a petición de las tres grandes eléctricas, no será «la última conversación» que tendrá el Ejecutivo «ni con ellas ni con ningún otro agente del sector».

Según fuentes conocedoras del encuentro, el Gobierno y las principales eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, pusieron sobre la mesa en la reunión un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036. Ribera mantuvo una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

Disputa política extremeña sobre Almaraz

Por su parte, el PSOE de Extremadura cree que se ha «despejado el futuro a medio plazo» para la central nuclear de Almaraz, mientras que el PP ha criticado que se haya acordado una «prorroguita para el cierre». Así, Podemos ha defendido que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad» en relación a la planta nuclear, y Ciudadanos ha abogado por que exista una «compensación» para la zona en la que está enclavada la central nuclear.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha valorado que esta fue una reunión «muy importante» ya que «deja despejado en un entorno del medio plazo el futuro de Almaraz», y que a su juicio demuestra que el presidente de la Junta «tenía razón cuando exigía que haya un plan energético en este país para ir de las centrales nucleares a la energía limpia».

Un cambio que se debe hacerse «con una transición que permita que la comarca del Campo Arañuelo tenga un plan de futuro, un plan de empleo y un plan de desarrollo» en la zona, ha señalado Valentín García, quien ha destacado que todos los proyectos en energías renovables que existen «van a permitir que la comarca de Campo Arañuelo sea una comarca con mucho futuro». Por eso el portavoz socialista reiteró que esta reunión «despeja el futuro a medio plazo para la central nuclear» y da «el tiempo suficiente para que cuando se produzca el cierre» de la planta, la comarca tenga «un futuro despejado de empleo y actividad económica».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha lamentado el «anuncio de prorroguita» de Almaraz que se ha realizado, cuando lo cierto es «tanto Vara como Sánchez como el señor Navarro están trabajando sin descanso por el cierre» de la planta cacereña, ya que «estaba en su programa electoral». Teniente ha recordado que el presidente de la Junta «votó hace 3 meses en este Parlamento el no a la prórroga de la central nuclear de Almaraz» ante una iniciativa del PP, tras lo que ha señalado en la actualidad no se está hablando «de una prórroga» de la planta, sino «de una prorroguita para el cierre».

Se trata de una «prorroguita» de Almaraz para que «mientras tanto hagamos lo que se quiere hacer, ayudar a instalar ahí las plantas fotovoltaicas que tengan el punto de evacuación en Almaraz», tras lo que reafirmó Teniente que, para que «se cumpla este interés, hace falta que no haya almacén» temporal de residuos. Por eso ha señalado que el exconsejero extremeño de Economía, José Luis Navarro, «está donde está», nombrado como presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), ya que «una de sus primeras decisiones ha sido cerrar la inversión en el almacén».

Teniente recordó que Navarro «se posicionó de forma clara y contundente contra la energía nuclear y contra el almacén porque tiene sus propios intereses», que «están en la energía renovable» en la zona. Frente a ello, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido la necesidad de una «prórroga sólida» para la central de Almaraz, que «venga con inversiones y con proyección de un futuro, hasta que haya una alternativa real en la zona«, que en la actualidad «no la hay».

La presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, Irene de Miguel, ha considerado que la central de Almaraz «está ya amortizada» y cuenta con unos «jugosos beneficios», por lo que «era más que previsible que pidieran la prorroga los propietarios» de la planta En ese sentido, la diputada de Podemos ha tachado de «irresponsables» y «políticos mediocres» a los que defienden que «no puede haber cierre de Almaraz hasta que no haya un plan de empleo», pero sin embargo, «no ha hecho nada en los últimos años para que haya una alternativa», ya que a su juicio «no están a la altura».

Y es que, en la actualidad, «la transición energética es el futuro» ante el que «o bien queremos ser punta de lanza, o bien ser los últimos del vagón», señaló De Miguel, que considera que «ya es hora de que haya políticas valientes en esta comunidad». En ese sentido, De Miguel ha criticado que PSOE y PP «han querido vendernos una central eterna y segura, y ni es eterna ni es segura», tras lo que ha defendido que «cerrar Almaraz no es solo una cuestión de seguridad, que lo es», sino también «una cuestión económica, porque cuantos más residuos genere Almaraz, más dinero vamos a necesitar para gestionarlos«, ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha abogado por que la central nuclear de Almaraz no se cierre «sin tener planes alternativos de empleo para una zona importante que ha soportado durante más de 40 años el tener una central nuclear en su territorio». En ese sentido, Domínguez considera que «deber haber una compensación» para esa zona, ya que a su juicio los extremeños, al margen de algunas manifestaciones que se han realizado por grupos ecologistas, no han dicho «casi nada» y se han «aguantado por tener aquí una central nuclear».

Europa propone objetivos de reducción de emisiones para los camiones mientras Cañete ve clave la movilidad para lograr la descarbonización

Europa Press.- Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para vehículos pesados (camiones y autobuses) del 30% en 2030, con un objetivo intermedio en 2025 del 15%, en comparación con 2019. Asimismo, el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, considera que «la clave» para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos a 2050 reside «en la transición hacia la movilidad con bajas emisiones«.

Arias Cañete cree que el reto de la movilidad sostenible es «un problema global que comparte un número creciente de países y ciudades en el mundo». Así, señala que la propuesta de un nuevo reglamento que fije nuevas normas sobre emisiones CO2 en coches y furgonetas más allá de 2020, en fase de negociación con el Parlamento Europeo y el Consejo, «necesitará de un importante incremento en vehículos de emisiones bajas o nulas». No obstante, advierte de que, más allá de la legislación, se necesitan medidas que «permitan la proliferación de vehículos eléctrico o de otro tipo de cero emisiones», así como la disponibilidad de infraestructuras para la recarga y de almacenaje/baterías a «precios competitivos».

Respecto a la nuclear, el comisario afirma que la Comisión Europea es consciente del papel que juega en el mix energético, así como su potencial contribución para alcanzar los objetivos de descarbonización en aquellos países que deseen usarla como fuente de generación. Sin embargo, Cañete insiste en que cualquier decisión de utilizar o no energía nuclear y en qué medida «depende de cada Estado miembro».

«En cualquier caso, toda decisión de extender la vida útil de una central nuclear deberá basarse en el cumplimiento de las normas más estrictas de seguridad, la gestión de residuos y la no proliferación, como la diversificación del suministro de combustible nuclear, y siempre aplicando el marco legal reforzado en materia de seguridad nuclear, protección contra la radiación y gestión del combustible gastado y residuos radiactivos que la Unión Europea ha adoptado desde que se produjo el accidente de la central de Fukushima», subraya. Además, el comisario destaca que el objetivo a largo plazo es «alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo».

Objetivos para camiones y autobuses

«A partir de 2025, los camiones y autobuses nuevos emitirán un 15% menos de dióxido de carbono (CO2). Y a partir de 2030, un 30% menos. Es parte de nuestros esfuerzos para descarbonizar el sector de transportes por carretera y un paso importante hacia el logro de los objetivos», señaló la ministra de Sostenibilidad y Turismo de Austria, Elisabeth Köstinger. Además, Köstinger, que calificó el acuerdo como «otro hito para una mayor protección climática», destacó que las normas, que serán revisadas en 2022, significan que entre 2020 y 2030 se emitirán 54 millones de toneladas de CO2 menos, lo que corresponde al total anual de emisiones de CO2 de Suecia.

La posición de los Veintiocho, por tanto, está en línea con la propuesta presentada por la Comisión Europea a mediados de mayo, pero es menos ambiciosa que la pactada por el pleno del Parlamento Europeo en noviembre. En concreto, los eurodiputados abogaban por establecer un recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero de este tipo de vehículos del 35% en 2030, mientras que situaban la meta intermedia para 2025 en el 20%. Es decir, 5 puntos porcentuales más en cada caso. Ambas instituciones comunitarias con poderes legislativos deberán negociar ahora los objetivos definitivos.

Por otro lado, el acuerdo recoge una penalización económica para aquellos fabricantes que no cumplan con los objetivos de reducción de emisiones de CO2, así como un sistema de incentivos a través de supercréditos, con los que los vehículos de bajas y de cero emisiones contarán como más de una unidad a la hora de hacer la media de emisiones de CO2 de las flotas de los fabricantes. Los supercréditos estarán sujetos a límites predefinidos para evitar un debilitamiento de los objetivos ambientales. En comparación con la propuesta inicial de la Comisión, el Consejo ha decidido excluir a los autobuses de este sistema de incentivos.

Endesa dispara un 47% su beneficio hasta marzo, con 372 millones, y plantea mejorar la rentabilidad de las centrales nucleares

Europa Press / EFE.- El consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó que la rentabilidad económica que se obtiene de las centrales nucleares debe mejorar de cara a la próxima década, si se quiere extender su vida útil y seguir contando con ellas. La compañía eléctrica obtuvo un beneficio neto de 372 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsada por el buen comportamiento del mercado liberalizado.

Los ingresos de Endesa en el periodo de enero a marzo ascendieron a 5.169 millones de euros, prácticamente en línea (-1%) con los 5.223 millones de euros obtenidos en el mismo periodo de 2017. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se situó en 880 millones de euros a cierre de marzo, con un crecimiento del 25%, mientras que el beneficio operativo (Ebit) en el primer trimestre fue de 508 millones de euros, un 49% más. La evolución del Ebitda de la eléctrica se vio impulsada, principalmente, por la estrategia de la compañía en el negocio liberalizado, que ha permitido incrementar en un 38% el margen, lo que provocó que el Ebitda de este negocio haya crecido un 113%.

Además, el negocio regulado incrementó su margen en un 1%, principalmente por la mejora en la retribución de la distribución, mientras que la evolución de los gastos fijos de explotación se mantuvo en línea con 2017 y, en términos homogéneos, se redujo un 4% como consecuencia, principalmente, de la reducción de los gastos de personal en un 3,2%. Las inversiones brutas crecieron un 18%, hasta los 197 millones de euros. La deuda financiera neta aumentó en 1.062 millones de euros respecto a 2017, debido al excepcionalmente bajo flujo de caja que hubo en el trimestre y al pago en enero de un dividendo a cuenta de 2017, que le supuso a la compañía el desembolso de 741 millones de euros.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, destacó que la «exitosa gestión integrada del margen, unida a la normalización de las condiciones de mercado, la mejora significativa del margen del gas, la buena evolución del negocio regulado y la reducción de los costes fijos de la compañía, fruto de los planes de eficiencia aplicados en los últimos años, han sido la clave de los excelentes resultados alcanzados en este primer trimestre». Así, Bogas consideró que el grupo está «en el buen camino para alcanzar los objetivos comprometidos para 2018«, en el que prevé un beneficio neto de unos 1.400 millones de euros y un Ebitda de 3.400 millones de euros.

La producción total en el periodo fue de 18.512 gigavatios hora, un 2,5% menos que en el primer trimestre de 2017, con un fuerte incremento de la hidráulica y renovable, del 35% y el 22% respectivamente, mientras que la producción con gas natural y la de origen nuclear cayeron un 13% y un 7% con respecto al primer trimestre del 2017. En volumen, las ventas de Endesa en el mercado liberalizado disminuyeron un 1,6% y en el regulado un 1%, mientras que las de gas se incrementaron un 4% y la electricidad distribuida, un 2,6%.

Mejorar rentabilidad de las nucleares

Por su parte,Bogas ha recordado que no hay alternativa a la energía nuclear tanto por la garantía que aporta a la seguridad del suministro como por su papel en los precios y en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.En este sentido, ha asegurado que los activos de generación nucleares tienen un flujo de caja positivo aunque su rentabilidad es, desde su punto de vista, «muy baja«.Bogas precisó que los costes fijos son superiores a 40-41 megavatios hora (MWh), a los que hay que añadir 24 euros/MWh costes variables, de los que un 50% son impuestos, 12 euros por MWh.

Por ello, ha explicado que, aunque la rentabilidad de las nucleares no será un problema en los próximos tres o cuatro años, en la próxima década será necesario que tengan una remuneración más alta ya que también hay que tener en cuenta que la extensión de la vida útil de las centrales nucleares traerá algunos costes, que estarían en torno a un euro el megavatio.

Bogas también se ha referido al déficit de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), cuyo fondo para desmantelar centrales nucleares se nutre de las aportaciones de las empresas propietarias y que el Gobierno quiere ahora traspasarles para que sean ellas las que se encarguen de la gestión, y ha dicho que ese déficit bajará.En su opinión, el riesgo de que el fondo quebrara quedará superado si se extiende la vida útil de las centrales nucleares a 50 años.

Endesa apuesta por alargar la operación de las centrales nucleares a los 50 o 60 años en la transición energética

Europa Press.- Endesa ha defendido su apuesta «clara, propia y diferenciada» por operar las centrales nucleares a largo plazo, hasta alcanzar los 50 o 60 años, en la transición energética para poder cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

En este sentido, el presidente de Endesa, Borja Prado, expresó la posición «clara, propia y diferenciada» en materia de transición energética de la empresa que pasa por buscar oportunidades de inversión para aumentar en el corto plazo el parque renovable y que considera que la generación térmica continua siendo un elemento «indispensable» en la transición de fuentes emisoras de CO2 a renovables. Además, indicó que junto con los organismos reguladores competentes se están «planteando esquemas que permitan extender la vida útil» de las centrales nucleares a las que ha calificado de «pilar fundamental» para garantizar la seguridad de suministro eléctrico a medio plazo. Otro de los compromisos manifestados tiene que ver con la investigación de sistemas de almacenamiento de electricidad.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha precisado que la empresa estima que para cumplir con los Acuerdos de Clima de París es «imprescindible» extender la operación de las centrales nucleares hasta los 50 o 60 años «al igual que han hecho diversos países» del entorno. Por ello, ha informado de que en el marco del Plan Industrial 2018-2020 se dará un «fuerte impulso» al compromiso con la descarbonización para alcanzar un «mix» de generación 100% neutro de emisiones en 2050.

Recursos “indispensables” para las térmicas

De ese modo, ha añadido que centrarán las nuevas inversiones de generación en renovables y en las actuaciones «necesarias» para extender la operación de las centrales nucleares. Por el contrario, sobre las térmicas, Bogas ha indicado que a estas solo se dedicarán los recursos «indispensables» para asegurar su compatibilidad ambiental «durante el tiempo en el que sean necesarias» y para mantener la seguridad del suministro en los sistemas no peninsulares.

Endesa produjo 78,6 TWH, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2016, porque la escasa disponibilidad de energía hidráulica condujo a un fuerte incremento de la producción térmica, según ha apuntado el consejero delegado. De esta producción, ha añadido que las tecnologías libres de emisiones de CO2 (es decir, hidroeléctrica, eólica, solar y nuclear) representaron el 44% de la generación total de Endesa.

Respecto al Informe sobre Transición Energética presentado por la Comisión de Expertos al Gobierno, ha dicho que varios de sus ejes tienen una «amplia coincidencia» con las posiciones de Endesa. Entre esos puntos coincidentes se ha referido en particular a la extensión de las centrales nucleares, a la electrificación de la demanda, a la actuación sobre las emisiones de los sectores difusos, a la sustitución progresiva de generación térmica por generación renovable, a la promoción de los vehículos eléctricos y a la importancia de compartir entre todos los sectores los costes de la política energética.

La Fundación Faes aboga por revisar la fiscalidad sobre las nucleares ya que son un “activo valioso” para la descarbonización

Europa Press.- La Fundación Faes ha presentado el informe Claves de éxito de la transición energética, en el que considera necesaria la figura de una vicepresidencia económica que coordine y asuma las competencias relativas a la transición energética que hay abordar de cara al horizonte de 2030 y 2050. En este sentido, el presidente de la Fundación Faes y expresidente del Gobierno, José María Aznar, considera que la transición energética es un tema «estratégico para el país».

Por ello, Aznar ve como «lo más lógico» que existiese una vicepresidencia económica para esta función o una comisión delegada especialmente destinada a ello. «Pero me parece lo más eficaz para el proceso una vicepresidencia económica», subrayó. Asimismo, indicó que esta figura debería tener también las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, una cartera que, recordó, fue «creación» suya en su época. «Teniendo en cuenta los elementos conectados con la política energética, los elementos medioambientales van a ser vitales y que estén vinculados a esta vicepresidencia me parece fundamental», apuntó.

Esta propuesta se enmarca dentro del planteamiento de un acuerdo político para la gobernanza del proceso de transición energética que cuente con el sector privado y se apoye en la eficiencia económica y la competitividad. A este respecto, Aznar consideró que plantear acuerdos, complicados ahora debido al «fraccionamiento» existente en la política española, es «sentar las bases generales», algo que es el objetivo de la transición energética, por lo que es necesario «ser coherente en los discursos con las acciones«, y destacó que el fin de este documento es «abrir el camino hacia ese debate».

Así, la Fundación apunta que la transición energética requerirá un «exigente» proceso de tomas de decisiones en las que habrá que combinar rigor técnico, consenso político, acierto regulatorio e implicación de los actores. En su informe, apunta también como claves para la transición energética la existencia de estabilidad regulatoria y un marco institucional. «Me parece esencial. Es necesario saber a qué atenerse en un plazo razonable de tiempo, y eso significa seguridad jurídica. Todas las situaciones que puedan promover inseguridad deben ser mejoradas», añadió Aznar.

En lo que respecta a los objetivos de la transición energética, el documento valora que son «incompatibles con nada que no sea un sistema energético sin apenas emisiones, aunque destaca que hay que valorar que no todos los procesos industriales son susceptibles de electrificación, lo que requiere asegurar el suministro de combustibles fósiles. Además, cree necesario prestar atención «especial» a las redes, ya que son claves en la estabilidad de los sistemas eléctricos, los soportes físicos de los mercados y base esencial de la eficiencia.

En lo que se refiere a las nucleares, defiende alargar su vida útil hasta que sea posible, ya que la sustitución del parque plantearía construir casi 30.000 megavatios (MW) de nuevas renovables, con su correspondiente inversión adicional en potencia flexible de respaldo, lo que no parece «realista a corto plazo». Además, el informe subraya que su cierre inmediato «podría elevar significativamente los precios de la electricidad e incrementar considerablemente las emisiones de CO2. «Son un activo valioso y contribuye a precios bajos, por lo tanto cerrar un activo así antes de tiempo parece poco sensato», indicó Pedro Mielgo, coordinador del informe junto a Miguel Marín.

No obstante, para evitar este cierre del parque nuclear, Faes ve necesario revisar la fiscalidad que actualmente soporta la generación con esta energía. Sobrecargar una producción hasta que deje de ser rentable no parece una solución buena», añadió Mielgo. Respecto al autoconsumo, Mielgo defendió que jurará un papel importante a medida que el desarrollo tecnológico abarate los costes y aumente sus posibilidades, aunque recalcó que no se debe confundir con el concepto de impuesto al sol, que «no es ningún impuesto, sino el pago por la disponibilidad de la red, que es un principio innegable».

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Energía insiste en regular la clausura de centrales eléctricas ya que «teme» que pueda haber cierres que encarezcan la luz

Europa Press.- El Gobierno seguirá trabajando en sacar adelante la normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica ya que, a pesar del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que rebate la propuesta de decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, cree que existe «un problema económico de fondo» que requiere una solución y «teme» que pueda haber cierres que suban los precios de la electricidad.

A este respecto, el Ministerio de Energía muestra su especial «preocupación» por el tema de las centrales nucleares, cuya renovación de la licencia de vida útil para el parque español hay que afrontar próximamente con Almaraz (2020) y posteriormente con Ascó I (2022), Ascó II (2025), Cofrentes (2024), Trillo (2027) y Vandellós II (2027), después de que en 2017 se decidiera el cierre de Garoña.

Fuentes del Ministerio advierten de que las dudas mostradas por los operadores de las centrales nucleares, especialmente Iberdrola, respecto a la posibilidad de no solicitar la renovación de estas licencias, representan una preocupación «desde el punto de vista económico y medioambiental». «Nos preocupan las nucleares y el impacto que tienen sobre el precio que pagan los consumidores», añadieron al respecto.

Defienden que después de 40 años invirtiendo en tecnología nuclear la decisión de su posible cierre «no puede ser solo el resultado de que mañana una operadora decida cerrar» y subrayan que la explotación de estas centrales puede tener interés para posibles operadores internacionales. «Es un tema de precio. A un precio adecuado y operarla a tres años es una inversión más que razonable», apuntan. De esta manera, ven necesario que se regule el cierre de cualquier tipo de central incorporando, al actual motivo de garantizar la seguridad de suministro, las causas económicas y medioambientales.

Además, defienden la retroactividad de la normativa y la urgencia para aprobarla en el hecho de que la actual situación representa «una ventana de oportunidad» para que los operadores de las centrales tomen decisiones de cierre aprovechando la ausencia de una regulación que establezca estas normas. Energía, que considera que la CNMC coincide también en «el tema de fondo» de que no se debe seguir valorando los cierres de centrales solo basándose en la seguridad de suministro, trabajará así en concretar los parámetros para definir los ceses de las plantas.

A este respecto, abre la puerta a simplificar el tema del mecanismo de subasta para ceder la central a terceros en caso de que el titular no quiera continuar con su operación o a abordar la hibernación y los mecanismos de pagos por capacidad, aunque siempre desde el principio de «asegurar la seguridad de suministro y al mejor precio«. Por otra parte, no comparte la opinión del organismo regulador de que los nuevos criterios que quiere plantear Energía para el cierre de centrales introducen inseguridad jurídica, y considera que la propuesta sí que tiene «enganche suficiente en la legalidad vigente».

No obstante, insiste en que les gustaría que la normativa gozara del consenso político para gozar del rango de ley. En lo que se refiere al ámbito europeo, el Ministerio «no tiene ninguna duda» de que la normativa se ajusta también a la legalidad, ya que no consideran que pueda ser contraria al objetivo de la Propuesta de Reglamento relativo al mercado interior, según el cual, las normas del mercado deben permitir la entrada y salida de empresas de generación. «No es un valor sacrosanto, es un principio que hay que respetar», añaden al respecto.

Podemos pide al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021 porque es «innecesaria»

Europa Press.- Unidos Podemos ha presentado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021, cuando cumpla 37 años de operación, porque es «innecesaria» y a no autorizar la construcción dentro de la central del almacén temporal individualizado (ATI) para sus residuos.

El grupo parlamentario explica que la autorización de Cofrentes expira en 2021, cuando llegue a los 37 años de vida útil, y señala que esa edad es superior a «lo aconsejado por la Agencia Internacional de la Energía». La moción, para su debate en la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se ha presentado después del último suceso nuclear que la planta comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al producirse una desconexión de la red exterior por la parada automática de la turbina a consecuencia de la vibración de uno de sus cojinetes.

Para Unidos Podemos las centrales españolas están «envejecidas y agotando su vida útil» y destaca que Cofrentes es «una de las mejores pruebas de ello» en España. La central valenciana empezó a funcionar en octubre de 1984 y alcanzó su plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central recibió un permiso de 25 años y en marzo de 2011 se prorrogó otros diez años, hasta 2021. Además, la moción reclama que de manera «urgente» se apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares en España y de sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables.

En ese contexto, el grupo parlamentario advierte también de que los residuos que las centrales generan, «muy tóxicos y peligrosos, permanecerán activos durante miles de años». Por ello, Cofrentes insta también a no autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la planta porque es «innecesario» puesto que la central dispone de capacidad de almacenaje suficiente hasta 2021.

La moción de la formación morada asegura que la central de Cofrentes es «absolutamente prescindible» en el sector energético español. Cofrentes tiene una potencia de 1,1 GW en un momento en el que las subastas de renovables de 2017 han adjudicado unos 8 gigavatios entre eólica y fotovoltaica que no tardarán mucho tiempo en estar disponibles y que podrán compensar el cierre de todo el parque nuclear español, que suma 7,6 gigavatios. La senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, considera “una irresponsabilidad” por parte del Ministerio competente ampliar la vida de una central con tan malo historial de incidentes considerando, además, que las recomendaciones del AIE especifican los peligros que conlleva el funcionamiento de centrales con una tecnología tan obsoleta».