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La Audiencia Nacional pide a KPMG el informe sobre la viabilidad de Abengoa mientras los demandantes solicitan fianzas millonarias

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EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha instado a la juez que investiga las indemnizaciones a la excúpula de Abengoa, Carmen Lamela, a que solicite el informe realizado por KPMG a instancias de los bancos acreedores sobre la viabilidad de la compañía al considerarlo relevante para conocer su situación.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente el recurso interpuesto por la acusación particular y corrige la anterior resolución de la instructora, que denegó dicha práctica tras no admitir la ampliación de la querella. El pasado verano, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa solicitó nuevas pruebas con el fin de esclarecer las supuestas irregularidades en los finiquitos recibidos por el expresidente de la compañía andaluza Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente.

Entre la documentación requerida entonces se encontraban los informes realizados por KPMG a petición de los acreedores financieros de Abengoa, entre ellos el Banco Santander, y que según la acusación particular aclararían si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la excúpula. Precisamente, el máximo responsable del Santander en España, Rodrigo Echenique ya se refirió a la confianza en la viabilidad del proyecto durante su declaración como testigo en la causa, y aseguró que el cambio en la presidencia de Abengoa sólo fue una recomendación y no una condición impuesta para conceder la ampliación de capital.

Asimismo, solicitaron detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock, fondo de inversión por el que fichó Sánchez Ortega, tras la compraventa de acciones de Abengoa realizada entre junio de 2015 y enero de 2016. Unas diligencias igualmente rechazadas por Lamela en su anterior resolución y que ahora la sala tampoco admite, ya que de ellas «no puede desdeñarse que sirvan para profundizar en el delito de administración desleal» objeto de la instrucción. La decisión del tribunal se produce después de la reciente ronda de comparecencias de los últimos investigados en la causa, entre ellos el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, quien defendió que las indemnizaciones fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo.

Piden fianzas de 46 millones

Por otro lado, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Las tres personas para las que solicita medidas cautelares son los investigados Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa que el 23 de septiembre de 2015 reconocieron a favor de Felipe Benjumea la cantidad total de 11.840.000 euros por dejar voluntariamente su cargo.

El presidente de Abengoa asegura que las indemnizaciones millonarias se aprobaron con el consejo de asesores externos

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EFE.- El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declaró en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones millonarias percibidas por la excúpula de la compañía fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo. Así lo señaló el abogado de la acusación particular, Felipe Izquierdo, que aseguró que tanto Fornieles como la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, reconocieron no conocer los detalles de las indemnizaciones ni haber leído el contrato de asesoramiento de Felipe Benjumea tras su cese como presidente.

Otras fuentes conocedoras del proceso judicial señalaron que Fornieles conocía los detalles y que del contrato de asesoramiento nunca llego a abonarse ninguna cantidad a Benjumea. Además, Fornieles añadió que ignora las razones que llevaron a los bancos a no asegurar la ampliación de capitales de la multinacional sevillana. Según Izquierdo, Fornieles señaló también al presidente de Santander España, uno de los bancos acreedores de Abengoa, Rodrigo Echenique, como el causante del cese de Benjumea.

Por su parte, la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, igualmente investigada por estas presuntas irregularidades, ha relatado a la sala que en septiembre de 2015, fecha en la que el consejo de administración aprobó tal indemnización, la sociedad estaba «muy bien», según ha explicado Izquierdo. Respecto al contrato como asesor de Benjumea, Gracia ha explicado que si bien lo firmó nunca llegó a leerlo, una versión similar a la ofrecida por la vicepresidenta de Abengoa, Alicia Velarde, que también ha declarado como investigada (imputada) en el caso.

A su salida de la Audiencia Nacional, el letrado de la Plataforma de afectados por Abengoa mostró su discrepancia con la decisión de la juez Carmen Lamela de no citar al exministro de Obras Públicas e integrante de aquella comisión, Josep Borrell. La magistrada justificó su decisión dada la ausencia de Borrell durante el consejo de septiembre de 2015 que dio luz verde a la indemnización, una circunstancia que Izquierdo calificó de «excusa porque estaba haciendo bolos» mientras presentaba su libro en vez de «asistir como está obligado por ley».

La acusación particular ha anunciado que, si bien no recurrirán de nuevo la imputación del exministro, sí que solicitará fianza «como mínimo de 11,4 millones» para Fornieles, Gracia y Velarde al considerarlos «cooperadores necesarios del presunto delito» de administración desleal por el que se investiga a Benjumea y al ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, tras recibir 11,4 y 4,5 millones, respectivamente, en concepto de indemnización. En su declaración como testigo en abril, Fornieles defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia. De igual modo, la acusación pedirá citar como testigo al abogado encargado del asesoramiento externo de la compañía con el fin de que aclare los términos de los contratos.

La acusación es más grave para el ex consejero delegado, investigado por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa. En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016. Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.

Esta última ronda de declaraciones coincide con un periodo clave para Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015 y que debe lograr ahora el apoyo del 75% de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

El presidente de Abengoa será investigado por las indemnizaciones millonarias

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EFE.- El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 6 de octubre en calidad de investigado, por las presuntas irregularidades en el cobro de indemnizaciones millonarias por los exdirectivos de la compañía tras su salida del grupo. Así lo ha acordado la juez, Carmen Lamela, ya que Fornieles formaba parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones que adoptó en septiembre de 2015 los acuerdos relativos a las indemnizaciones al expresidente de la sociedad sevillana Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

La presente causa investiga el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de ambos, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, una práctica normal, según Benjumea, «para asegurar la permanencia en el cargo». Fornieles ya declaró en la causa como testigo y defendió que las cuantías percibidas estaban establecidas por contrato. La acusación particular les achaca un presunto delito de administración desleal, castigado con hasta seis años de cárcel. Un supuesto agravado para Sánchez Ortega, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock poco antes de que Abengoa se hundiese en bolsa.

El presidente de Santander España declarará como testigo en el caso Abengoa

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EFE.- La Audiencia Nacional citó a declarar como testigos al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y al directivo del HSBC, Pablo López, en la investigación a la antigua cúpula de Abengoa por presunta administración desleal. La titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, considera la petición formulada por la Plataforma de perjudicados por Abengoa y emplaza a ambos directivos, considerados «clave» por la acusación, para el próximo 20 de julio.

Además, la magistrada también solicita a la empresa sevillana las actas de las reuniones del consejo de administración del 14 y 22 de septiembre de 2015, con el fin de esclarecer las polémicas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones percibidas por el expresidente de la energética, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese. La citación se produce apenas una semana después de que varios integrantes del consejo que aprobó dicho pagos declarasen que varias entidades, entre ellas el Banco Santander, pusieron como condición para inyectar liquidez en la compañía que Benjumea abandonase la presidencia.

Entonces, los consejeros defendieron la normalidad de los pagos a la cúpula, ya que formaban parte de las obligaciones establecidas por contrato, a pesar de las deudas que arrastraba Abengoa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. Esta causa se inició por el cobro de unas elevadas indemnizaciones. Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un supuesto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso. Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado marzo un tiempo adicional, que la normativa fija en 7 meses, para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.

Borrell no asistió al consejo que aprobó las indemnizaciones a los directivos de Abengoa, pero lo hizo por delegación

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Servimedia / EFE.- El exministro socialista de Obras Públicas, Josep Borrell, afirmó a la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que no asistió a la reunión del consejo de administración de Abengoa celebrada en septiembre de 2015, en el que se aprobaron indemnizaciones millonarias para el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el exCEO, Manuel Sánchez Ortega.

Sin embargo, Borrell reconoció en su declaración como testigo que delegó su voto de manera «automática» y que su representante sí refrendó el pago de esas indemnizaciones, según explicó el letrado de la Plataforma de Perjudicados de Abengoa , que representa a un centenar de accionistas y bonistas de la compañía y está personada en la causa. La jueza Lamela trata de esclarecer el origen de las indemnizaciones millonarias recibidas por Benjumea y Sánchez Ortega de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, tras su salida de Abengoa poco antes de que la empresa presentara el preconcurso de acreedores.

Borrell explicó que el día de la reunión del consejo estuvo en un acto de presentación de su libro Cuentas y cuentos de la independencia y aseguró que las dificultades financieras de Abengoa fueron una «sorpresa» para el consejo, que en todo momento pensó que la situación era saneada. Sin embargo, la defensa de los accionistas destaca que fue ese consejo del 23 de septiembre el mismo que tramitó créditos bancarios que supusieron la inyección de 160 millones de euros de liquidez y que quedaron tramitados esa misma noche. Los dos directivos imputados por administración desleal e información privilegiada han venido sosteniendo que Abengoa sólo tenía un problema de liquidez, una idea que también defendió el exministro en su declaración.

Comparecencia de todo el consejo

La magistrada ya ha rechazado en dos ocasiones ampliar la querella al resto de miembros del consejo, al considerar que «podría provocar un retraso injustificado en el procedimiento». Esta semana también están compareciendo Santiago Seage, Mercedes Gracia, Ricardo Martínez y Alicia Velardo, José Joaquín Abaurre, José Luis Aya, Ignacio Solís, Fernando Solís, Carlos Sundheim, Ricardo Hausmann, Claudi Santiago y José Domínguez Abascal. Estas citaciones fueron solicitadas por la Fiscalía, que pidió que declararan los miembros del consejo de administración que aprobaron las indemnizaciones en la misma reunión en la que aprobó una ampliación de capital por la precaria situación económica de la empresa. Se trata de comprobar si la decisión se tomó con conocimiento de la situación real de Abengoa.

La defensa de los afectados de Abengoa destaca que Borrell fue quien firmó en nombre de la multinacional la modificación del contrato mercantil de los dos directivos a contrato laboral en febrero de 2015, para adaptarse a la nueva legislación. Precisamente, con motivo de ese cambio se aprobó el monto de las nuevas indemnizaciones. Según la consulta de esta Plataforma a las cuentas depositadas por Abengoa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las indemnizaciones se elevaron a 16 millones en el caso de Benjumea y a 8 para Sánchez Ortega, en virtud del pago de varios seguros.

El expresidente del Parlamento Europeo aseguró que comparecía con la voluntad de “colaborar con la Justicia y ayudar a la juez Lamela a esclarecer lo sucedido”. Preguntado por el elevado monto de las indemnizaciones y la contratación de Benjumea como asesor externo, Borrell aseguró en su declaración que era importante conservar el «talento» en Abengoa y por ello se le contrató tras su salida de la multinacional. Por su parte, Santiago Seage, declaró en el mismo sentido que Borrell y aseguró que la contratación de Benjumea como asesor externo se decidió «por el bien de los accionistas» de la compañía.

La causa contra Benjumea y Sánchez Ortega se inició el pasado diciembre a partir de la querella de dos bonistas de la compañía por el cobro de unas indemnizaciones que, según los investigados, pretendían «asegurar su permanencia en el cargo». Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que también se enfrenta a una acusación por uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Imponen fianza de 16 millones de euros para la cúpula de Abengoa, que esta semana recibirá 113 millones de liquidez

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Redacción / Agencias.- Abengoa recibirá esta semana una inyección de liquidez de emergencia, por 113 millones de euros, que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad. Mientras, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, admitió a trámite la querella contra los exdirectivos de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, a quienes impuso una fianza civil de 11,5 y 4,5 millones de euros, las mismas cantidades que cobraron como indemnizaciones tras dejar la empresa.

En un auto, la juez cree que pudieron incurrir en un delito de administración desleal y, en el caso de Sánchez Ortega, otro de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock. La magistrada acuerda además pedir a Abengoa la información que tenga de pagos hechos en 2015 a Benjumea (expresidente) y a Sánchez Ortega (ex consejero delegado) por abandonar la empresa, cantidades que se corresponden con esas fianzas civiles. La juez pide además a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le entregue la información sobre esos pagos, así como de las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa desde agosto realizadas por el fondo Blackrock.

En el auto, la magistrada recoge las acusaciones de los dos bonistas que han presentado la querella, a través del despacho Ius+Aequitas, y que califican de «horrible» la gestión de la empresa. Los bonistas acusan a los exdirectivos de haber abandonado Abengoa poco antes de que se presentara el preconcurso con unas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la empresa. Asimismo denuncian que, tras abandonar la empresa, el ex consejero delegado fue contratado por la empresa Blackrock, en la que «se habría beneficiado de su conocimiento de la situación real de Abengoa mediante la adquisición a la baja de acciones de la misma».

También en el plano judicial, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) presentó la primera demanda de responsabilidad civil contra la compañía y su consejo de administración en nombre de 250 accionistas minoritarios por daños y perjuicios. Según el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, responsable de la defensa de estos accionistas, la demanda se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que deberá decidir sobre su admisión a trámite. La demanda se interpone con base en la Directiva comunitaria de obligaciones de información y transparencia al mercado de las sociedades cotizadas, transpuesta a nuestro ordenamiento por la vigente Ley de Mercado de Valores.

Recibirá 113 millones de euros

Abengoa recibirá esta semana el visto bueno de los bancos acreedores a la inyección de liquidez de emergencia por 113 millones de euros que necesita la compañía para hacer frente a sus compromisos inmediatos y proseguir con su actividad, entre ellos el pago de las nóminas y la extra de sus empleados de diciembre. En concreto, una vez analizados por los departamentos de riesgo de cada entidad financiará, a principios de esta semana, previsiblemente el martes, se trasladarán por la banca a Abengoa las condiciones del préstamo para que sea ratificado por el grupo de ingeniería y energías renovables, informaron fuentes participantes en las negociaciones.

La concesión de esta inyección, en la que casi con toda seguridad participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con un apoyo de aproximadamente unos 20 millones de euros, no estará exenta, eso sí, de condiciones por parte de la banca, que exigirá también garantías, entre las que figurarán la participación del grupo en Abengoa Yield, y la presentación de una propuesta de reestructuración. Asimismo, la firma Lazard, contratada por la compañía, trabaja en un plan de viabilidad para Abengoa que se prevé esté listo para presentar a la banca acreedora a mediados de enero.

Hay un G7 en negociaciones

La banca acreedora de Abengoa creó un G7 para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía, Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular, junto a HSBC y Société Générale. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, un total de 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del 2016.

El pasado noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución con sus acreedores. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa. Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.