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El consejo de administración de Abengoa recomienda a sus accionistas rechazar el split para desdoblar acciones y estudia medidas legales

EFE.- El Consejo de Administración de Abengoa recomienda a los accionistas que voten en contra de la propuesta de desdoblamiento de acciones (split) planteada por los antiguos accionistas de control, vinculados a la familia Benjumea, fundadora del grupo, entre otros inversores, y avanza que no descarta medidas legales.

La compañía advierte sobre la gravedad de esta situación y anuncia que, en el caso de que prosperen estas propuestas, «se verá obligado a valorar la adopción de las medidas legales a su alcance en defensa del interés social«, tal y como señala a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Abengoa coincide con la CNMV en que esta operación podría tener efectos negativos en la formación adecuada de los precios y en la liquidez de la acción, y subraya su preocupación por mantener una negociación ordenada de los valores de la sociedad, a raíz de la ampliación de capital realizada en marzo de 2017.

Asimismo, insiste en que «por iniciativa propia y sin que mediara requerimiento del regulador», sometió a la Junta General celebrada el 30 de junio de 2017 una propuesta contraria de contra-split en las dos clases de acciones de la sociedad.

«Lamentablemente no pudo siquiera ser sometido a votación de los accionistas por no haber reunido dicha Junta el quorum legalmente necesario para modificar los estatutos», señala Abengoa.

Abengoa considera que este contra-split habría facilitado una negociación ordenada de las acciones de la sociedad y habría evitado probablemente que el grupo se viera afectado por las medidas anunciadas por Bolsas y Mercados Españoles el pasado 30 de julio.

La compañía insiste, además, en que la convocatoria del pasado 29 de agosto de la Junta General para pronunciarse sobre el split «no fue realizada por voluntad propia», sino en estricto cumplimiento de la normativa.

«El Consejo ni hizo suyas las medidas planteadas por Inversión Corporativa IC, ni por Finarpisa y Blanca de Porres Guardiola ni las valoró positivamente», subraya.

Inversión Corporativa IC es un vehículo que agrupa a unos 300 accionistas liderados por Felipe Benjumea, y otros accionistas minoritarios que juntos suman una participación del 3%.

Por ello, el Consejo ha acordado formular una recomendación de voto en contra de las medidas propuestas en los puntos 1 y 2 del orden del día de la Junta, convocada para su celebración los próximos 1 y 2 de octubre.

Adicionalmente, y para el supuesto de que la Junta finalmente llegara a aprobar estas medidas valorará adoptar las medidas necesarias.

La Junta, cuya solicitud fue presentada por Inversión Corporativa y otros accionistas minoritarios, entre ellos la mujer del expresidente del grupo de ingeniería, recoge en su orden del día aprobar el desdoblamiento de las acciones clase A y B de la compañía a razón de diez nuevas por cada una antigua.

Según los accionistas solicitantes de la Junta, estas medidas deben llevarse a cabo antes del 28 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la norma que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha.

Esta medida, sostienen los solicitantes, representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración, supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas.

La Audiencia Nacional absuelve al expresidente Benjumea y la excúpula de Abengoa por cobrar indemnizaciones millonarias siguiendo las exigencias legales

Europa Press.- La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de cerca de 11,5 millones y 4,5 millones respectivamente, ya que estas se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran elaborados para favorecer «improcedentemente» al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

El Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel para Benjumea, 4 años y 3 meses para el que fuera consejero delegado y 4 años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal. El fiscal José Perals expuso en la vista oral que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

Esos contratos, según el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran «torticeramente» al informar favorablemente. La Sala va más allá descartando «cualquier modo de confabulación» para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 «se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones».

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero «obedeció a razones objetivas y externas a él», en referencia a la condición «indispensable» impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que «fueron lentejas» y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente el 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exministro socialista Josep Borrell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

En el caso de Sánchez Ortega, que aseguró que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones «internas y subjetivas» y, por tanto, no cobró los 3 millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y supuestamente sin percibir remuneración. Los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho utilizado por los acusados para defender su gestión al frente de Abengoa.

Benjumea alega que su indemnización para dejar la presidencia de Abengoa fue aprobada «con observancia estricta»

EFE / Servimedia.- Mientras el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, asegura que Abengoa «tiene un plan de futuro» y «lo pondrá en marcha», el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, acusado de presunta administración desleal junto a otros cuatro exdirectivos de la compañía, defiende la legalidad de los 11,4 millones de euros que recibió tras su cese al ser una indemnización acordada por los órganos competentes «con observancia estricta».

Así lo hace constar Benjumea en su escrito de defensa, en el que expone que la comisión de retribuciones se apoyó «en todo momento» en un análisis de mercado para avalar tanto su indemnización como la del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, fijada en 4,5 millones, tras lo cual fueron aprobadas y comunicadas a la CNMV. El documento matiza que la cantidad fue estipulada en función del contrato mercantil suscrito entre las partes en febrero de 2015 y que modificó las condiciones vigentes desde la entrada de Benjumea en el grupo en 1984, lo que permitió reducir los baremos.

Acerca de la renuncia del expresidente como consejero, asegura que «no comportó reconocimiento de percepción alguna». Sobre su posterior contratación como asesor, aprobada el mismo día del cese, alega que «constituye praxis común en todas las grandes compañías» a fin de no generar vacíos que perjudiquen a la firma. En este sentido, afirma que el contrato «siempre se dirigió a conseguir el beneficio de Abengoa», razón por la que Benjumea «no ha percibido un solo euro» derivado de estos servicios.

La defensa ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de una decena de personas, entre ellas el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, y el directivo de HSBC, Pablo López, al considerar que estas entidades habrían forzado la salida de Benjumea para proceder a la inyección de capital. También pide que testifiquen el exministro de Obras Públicas y consejero de Abengoa en la época, Josep Borrell; el expresidente ejecutivo de la compañía, José Domínguez Abascal, y el exdirector financiero de la empresa, Jesús García.

Según fuentes jurídicas, la causa, en la que también figuran el expresidente Antonio Fornieles, la expresidenta de la comisión de retribuciones, Mercedes Gracia, y la exconsejera Alicia Velarde, permanece a la espera de que la Audiencia Nacional fije el calendario de sesiones. Todo ello después de que la juez Carmen Lamela decretase la apertura de juicio en un auto en el que también requería a los acusados para que presentasen de forma solidaria una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones, cuantía que, según las mismas fuentes, fue satisfecha por todos a excepción de Benjumea.

Aunque el frente judicial para la antigua cúpula de la multinacional sigue abierto en la misma Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno instruye otra querella de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, interpuesta por los abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez por supuesto delito societario y falsedad en la inversión. Concretamente, denuncian que los administradores, a pesar de tener un presunto «pleno conocimiento» de la situación de Abengoa, ordenaron la confección de unos estados contables que «arrojaban unas óptimas cifras contrarias a la realidad». Del mismo modo, apuntan que «falsearon la información económica que Abengoa debía publicar», con lo que atrajeron inversores y financiación.

Fuentes de la Plataforma avanzaron su intención de ampliar las pesquisas a todos los miembros del Consejo entre 2014 y 2016, a la firma auditora Deloitte, así como a Abengoa como persona jurídica, una vez avance la instrucción. La Plataforma también estudia incluir en su querella la presunta comisión de delitos de estafa y falseamiento de información relevante, aunque, por ahora, continúa pendiente de recibir la documentación requerida por el juez a entidades y organismos varios a fin de esclarecer la situación de la multinacional.

«Abengoa tiene plan de futuro»

Por su parte, el consejero andaluz, José Sánchez Maldonado, indicó que «no he dejado de hablar con los responsables de la empresa y «no va a haber muchos más despidos ni pérdidas de empleo de las que ya se han producido». Según Sánchez Maldonado, el plan de futuro de Abengoa se centrará en cuatro líneas de actuación, aunque no detalló el contenido de las mismas. Sánchez Maldonado calificó a Abengoa de empresa «emblemática» y manifestó su confianza en que «volverá a resurgir, puesto que estoy convencido de la capacidad de sus actuales dirigentes de llevar a buen puerto de nuevo la empresa y su crecimiento».

Abengoa eleva al 93,97% el apoyo a su plan de reestructuración mientras se piden 5 años de prisión para Benjumea

EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa exige 5 años de prisión para el expresidente del grupo andaluz Felipe Benjumea y 4 años y 3 meses para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago a sí mismos de indemnizaciones millonarias. Por otro lado, el periodo adicional de adhesiones al acuerdo de reestructuración se cerró con el respaldo de acreedores financieros que suman el 93,97% de su deuda, según comunicó la empresa a la CNMV.

Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento de más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, en lo que hubiera sido la mayor quiebra de la historia de España. En septiembre del 2016, la empresa y una parte de sus acreedores lograron firmar un contrato de reestructuración con lo que evitó así presentar el concurso de acreedores. En octubre, Abengoa presentó en el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración con la adhesión del 86% de su deuda. El juzgado homologó ese acuerdo en noviembre y, a mediados de enero, se abrió ese periodo adicional de adhesiones.

Tras recibir más del 75% de adhesiones como exige la ley, Abengoa lograba escapar del concurso de acreedores. El acuerdo incluía la capitalización de un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración. Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de senior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización mencionada. La propuesta de reestructuración de la deuda financiera preexistente consiste en aplicar una quita del 97% de su valor nominal, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

Piden prisión para antiguos directivos

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que agrupa a accionistas y bonistas, ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra Benjumea y Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago de indemnizaciones millonarias, y también contra otro expresidente, Antonio Fornieles, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, según consta en el escrito de acusación. Benjumea recibió 11,48 millones de euros al dejar la empresa y Sánchez Ortega, 4,48 millones.

Las penas pedidas por la plataforma coinciden con las solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito de acusación, aunque no las multas reclamadas. La plataforma pide 5 años de prisión y 180.000 euros de multa (600 euros diarios durante 10 meses) para Benjumea; 4 años y 3 meses de prisión y multa de 144.000 euros (600 euros diarios durante 8 meses) para Sánchez Ortega; y 3 años y 6 meses y multa de 72.000 euros (400 euros diarios durante 6 meses) para Fornieles, Gracia y Velarde.

Además, les reclama el pago de 10,56 millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada del presunto delito de administración desleal. No obstante, recuerda que el pago de las indemnizaciones «ilícitamente percibidas» ha causado a Abengoa un daño de 15,68 millones, el mismo importe de las compensaciones entregadas. Según el escrito de acusación, Benjumea y Sánchez Ortega «decidieron abandonar sus puestos ejecutivos para percibir unas millonarias indemnizaciones, patentemente desproporcionadas en atención a la grave situación económica de la compañía». Para ello, añaden, se sirvieron «de la inestimable colaboración necesaria» de Fornieles, Gracia y Velarde, integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del consejo de administración de Abengoa.

La Audiencia Nacional pide a KPMG el informe sobre la viabilidad de Abengoa mientras los demandantes solicitan fianzas millonarias

EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha instado a la juez que investiga las indemnizaciones a la excúpula de Abengoa, Carmen Lamela, a que solicite el informe realizado por KPMG a instancias de los bancos acreedores sobre la viabilidad de la compañía al considerarlo relevante para conocer su situación.

En un auto, la sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente el recurso interpuesto por la acusación particular y corrige la anterior resolución de la instructora, que denegó dicha práctica tras no admitir la ampliación de la querella. El pasado verano, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa solicitó nuevas pruebas con el fin de esclarecer las supuestas irregularidades en los finiquitos recibidos por el expresidente de la compañía andaluza Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente.

Entre la documentación requerida entonces se encontraban los informes realizados por KPMG a petición de los acreedores financieros de Abengoa, entre ellos el Banco Santander, y que según la acusación particular aclararían si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la excúpula. Precisamente, el máximo responsable del Santander en España, Rodrigo Echenique ya se refirió a la confianza en la viabilidad del proyecto durante su declaración como testigo en la causa, y aseguró que el cambio en la presidencia de Abengoa sólo fue una recomendación y no una condición impuesta para conceder la ampliación de capital.

Asimismo, solicitaron detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock, fondo de inversión por el que fichó Sánchez Ortega, tras la compraventa de acciones de Abengoa realizada entre junio de 2015 y enero de 2016. Unas diligencias igualmente rechazadas por Lamela en su anterior resolución y que ahora la sala tampoco admite, ya que de ellas «no puede desdeñarse que sirvan para profundizar en el delito de administración desleal» objeto de la instrucción. La decisión del tribunal se produce después de la reciente ronda de comparecencias de los últimos investigados en la causa, entre ellos el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, quien defendió que las indemnizaciones fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo.

Piden fianzas de 46 millones

Por otro lado, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa presentó un escrito en el que solicita una fianza de 46 millones de euros para tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la empresa. Las tres personas para las que solicita medidas cautelares son los investigados Mercedes Gracia Díez, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Abengoa que el 23 de septiembre de 2015 reconocieron a favor de Felipe Benjumea la cantidad total de 11.840.000 euros por dejar voluntariamente su cargo.

Abengoa logra «holgadamente» las adhesiones a su plan de reestructuración y evita el concurso de acreedores

Redacción / Agencias.- El plan de reestructuración financiera diseñado por el grupo energético y tecnológico Abengoa y sus principales acreedores ha sumado adhesiones de bonistas y entidades bancarias tenedoras de más del 75% de la deuda, de modo que la empresa podrá evitar el que habría sido el mayor concurso de acreedores hasta la fecha en España. Según un recuento provisional, la compañía ha superado «holgadamente» el objetivo de lograr la adhesión de los titulares de más del 75% de su deuda a su plan de reestructuración.

Abengoa señala que, una vez que los auditores de la sociedad confirmen este dato, se cumplirán las mayorías requeridas por ley para la presentación en el juzgado mercantil número 2 de Sevilla de la solicitud de homologación judicial, lo que se hará «en los próximos días». De esta forma, a la espera de la aprobación judicial, Abengoa logra el requisito necesario para salir de la situación de preconcurso de acreedores en la que se encuentra actualmente, así como la luz verde para aplicar el plan de reestructuración financiera y de viabilidad empresarial, lo que se materializará en la junta de accionistas del 22 de noviembre.

De la junta de accionistas, saldrá una nueva Abengoa presidida por Gonzalo Urquijo y con un consejo de administración renovado. Las fuentes explican que la adhesión ya contaba con apoyo suficiente de los acreedores bancarios, de modo que los bonistas determinaron el éxito del proceso. El grupo andaluz, que tuvo que recurrir en noviembre del año pasado al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento, situado en aquel momento en más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, logró cerrar en agosto un acuerdo de reestructuración de la deuda con sus principales acreedores, que prevé la inyección de 1.170 millones de euros.

Los términos de la reestructuración consisten en aplicar a los acreedores una quita del 97% en el valor nominal, manteniéndose el 3% con su vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización. No obstante, los acreedores pueden optar por la alternativa de capitalizar el 70% del nominal de la deuda existente a cambio del 40% del accionariado de la nueva Abengoa, de manera que el 30% nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de sénior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,5% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización antes mencionada, en caso de que por materialización de contingencias el importe de la deuda antigua refinanciada, tras la capitalización del 70% anteriormente referida, excediese de 2.700 millones de euros.

En la junta también se votarán las ampliaciones de capital que darán lugar a la nueva estructura societaria en la que los actuales accionistas verán diluida su participación al 5%, mientras que los acreedores y nuevos financiadores tendrán el 95% restante. Es decir, los actuales accionistas verán ostentarán sólo el 5%, mientras que los inversores que inyecten dinero nuevo se quedarán con el 55% del capital. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas de la compañía se quedará en alrededor del 1,5%. Para esquivar de manera definitiva el concurso de acreedores, la compañía necesitaba obtener el visto bueno de los tenedores de al menos un 75% de la deuda durante la presente semana.

Vende Inabensa a CEN Solutions

Por otro lado, la compañía dio un paso más en su plan de desinversiones con la firma de un acuerdo para vender los activos y pasivos del centro de producción de Abengoa Inabensa en Sevilla a CEN Solutions. El acuerdo, cuyo importe no se reveló, contempla que las instalaciones se mantendrán en el Centro Industrial y Logístico Torrecuéllar, situado en la zona franca de Sevilla. CEN Solutions subrogará los contratos de los 73 trabajadores de esta unidad de producción. Abengoa destacó que, de esta forma, se mantiene «dentro del tejido industrial sevillano la capacidad productiva de esta actividad de referencia».

El centro de producción de Sevilla pertenece a la línea de Abengoa Inabensa, dedicada al diseño y fabricación de equipos eléctricos para los mercados de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. La operación forma parte de la estrategia de desinversiones de Abengoa y supone un nuevo paso en el proceso para garantizar la viabilidad del grupo andaluz. En los últimos meses, Abengoa ha acordado la venta de su filial Abentel a Ericsson y de sus participaciones en la planta termosolar Shams-1, situada en Emiratos Árabes; en el parque eólico Campo Palomas, en Uruguay; y en Yoigo, entre otros activos.

La junta refundadora de Abengoa dará entrada el próximo mes a Urquijo, Del Valle y figuras de banca e industria

Europa Press.- La junta general de accionistas para la refundación y reestructuración de Abengoa se celebrará el próximo 22 de noviembre con un orden del día en el que, aparte de los acuerdos de reestructuración financiera, canje de acciones y ampliación de capital, figura la designación del nuevo consejo de administración, en el que se sentarán expertos de la industria, la banca, el Derecho y las reestructuraciones, entre ellos Gonzalo Urquijo o José Luis del Valle Doblado.

La nueva etapa de Abengoa contará con un consejo de administración de 7 miembros, 6 de ellos independientes y un presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo. Todos ellos han sido seleccionados por una consultora independiente y se encuentran «comprometidos con el plan de reestructuración», según fuentes cercanas a la empresa. José Luis del Valle Doblado, que será uno de los seis vocales independientes de Abengoa, tiene amplia experiencia en banca y energía, con altas responsabilidades en el Santander, Iberdrola, Scottish Power, Gamesa, GES, Ocaso o Accenture. Es además presidente de Lar España.

También se sentarán en el consejo, en calidad de independientes, el fundador de GRC y exmiembro del comité ejecutivo del BBVA, Manuel Castro Aladro, y el consejero delegado de Thyssenkrupp España, Ramón Sotomayor Jáuregui, así como el presidente de Atlantic Cooper, Javier Targhetta. Otros vocales independientes serán José Wahnon Levy, con experiencia en corporaciones como Ezentis o PwC, o Pilar Cavero Mestre, socia de honor del despacho de abogados Cuatrecasas. Conforme a los cambios en los estatutos de la empresa, que también se someterán al visto bueno de la junta, el consejo de administración estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 16 miembros, la mayoría de los cuales debe ser independiente.

En cuanto a los planes de reestructuración y refundación, la junta de accionistas abordará la unificación de las acciones A y B en una única clase con una ecuación de canje por la que cada acción de clase B emitida y en circulación dará derecho a recibir un título perteneciente a la nueva clase de acciones ordinarias de la firma.

Asimismo, cada 1.000 acciones de clase A emitidas y en circulación darán derecho a recibir 1.915 títulos de la nueva clase de acciones ordinarias, según la CNMV. El canje cuenta con la fairness opinion de BDO Financial Advisory y de Duff and Phelps. El canje vendrá acompañado de un aumento de capital social para elevar los fondos propios y que permitirá recibir una financiación por un importe total de 1.169 millones de euros. Estos recursos tendrán rango superior a la deuda preexistente y se dividirán en los tramos ya anunciados.

Estas decisiones harán que los actuales accionistas de la empresa mantengan un máximo del 5% de la Nueva Abengoa. Inversión Corporativa, en la que se integran las participaciones de la familia Benjumea y de otras, declara en la actualidad un 50,5%, de modo que verá reducida su participación por debajo del 2,5%. Los accionistas también se pronunciarán sobre la aportación a la sociedad Abengoa Abenewco 2 de activos esenciales y su posterior aportación por ésta a la sociedad Abengoa Abenewco.

De completarse con éxito, el acuerdo de reestructuración permitirá esquivar definitivamente la amenaza del concurso de acreedores. Como parte de los nuevos recursos, la inyección de dinero nuevo es de casi 500 millones de euros, a los que hay que sumar 515 millones de euros de los créditos ya inyectados, que habrá que refinanciar o quitar, y las comisiones e intereses correspondientes. Cerca de otros 250 millones corresponden a avales.

El acuerdo implica una quita del 97% y una nueva estructura accionarial en la que los acreedores que participen en el rescate podrán capitalizar un 70% del importe de los créditos y recibir a cambio un 40% de la nueva Abengoa. El 55% restante corresponderá al dinero nuevo. El comité de bancos que participó en las negociaciones para la reestructuración están compuesto por Bankia, Banco Popular, Banco Santander, Caixabank y Credit Agricole, mientras que el grupo de inversores de nuevo dinero está actualmente integrado por Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon, The D.E. Shaw Group, Elliott Management, Oaktree y Värde.

El presidente de Abengoa asegura que las indemnizaciones millonarias se aprobaron con el consejo de asesores externos

EFE.- El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declaró en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones millonarias percibidas por la excúpula de la compañía fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo. Así lo señaló el abogado de la acusación particular, Felipe Izquierdo, que aseguró que tanto Fornieles como la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, reconocieron no conocer los detalles de las indemnizaciones ni haber leído el contrato de asesoramiento de Felipe Benjumea tras su cese como presidente.

Otras fuentes conocedoras del proceso judicial señalaron que Fornieles conocía los detalles y que del contrato de asesoramiento nunca llego a abonarse ninguna cantidad a Benjumea. Además, Fornieles añadió que ignora las razones que llevaron a los bancos a no asegurar la ampliación de capitales de la multinacional sevillana. Según Izquierdo, Fornieles señaló también al presidente de Santander España, uno de los bancos acreedores de Abengoa, Rodrigo Echenique, como el causante del cese de Benjumea.

Por su parte, la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, igualmente investigada por estas presuntas irregularidades, ha relatado a la sala que en septiembre de 2015, fecha en la que el consejo de administración aprobó tal indemnización, la sociedad estaba «muy bien», según ha explicado Izquierdo. Respecto al contrato como asesor de Benjumea, Gracia ha explicado que si bien lo firmó nunca llegó a leerlo, una versión similar a la ofrecida por la vicepresidenta de Abengoa, Alicia Velarde, que también ha declarado como investigada (imputada) en el caso.

A su salida de la Audiencia Nacional, el letrado de la Plataforma de afectados por Abengoa mostró su discrepancia con la decisión de la juez Carmen Lamela de no citar al exministro de Obras Públicas e integrante de aquella comisión, Josep Borrell. La magistrada justificó su decisión dada la ausencia de Borrell durante el consejo de septiembre de 2015 que dio luz verde a la indemnización, una circunstancia que Izquierdo calificó de «excusa porque estaba haciendo bolos» mientras presentaba su libro en vez de «asistir como está obligado por ley».

La acusación particular ha anunciado que, si bien no recurrirán de nuevo la imputación del exministro, sí que solicitará fianza «como mínimo de 11,4 millones» para Fornieles, Gracia y Velarde al considerarlos «cooperadores necesarios del presunto delito» de administración desleal por el que se investiga a Benjumea y al ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, tras recibir 11,4 y 4,5 millones, respectivamente, en concepto de indemnización. En su declaración como testigo en abril, Fornieles defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia. De igual modo, la acusación pedirá citar como testigo al abogado encargado del asesoramiento externo de la compañía con el fin de que aclare los términos de los contratos.

La acusación es más grave para el ex consejero delegado, investigado por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa. En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016. Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.

Esta última ronda de declaraciones coincide con un periodo clave para Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015 y que debe lograr ahora el apoyo del 75% de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

El presidente de Abengoa será investigado por las indemnizaciones millonarias

EFE.- El presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 6 de octubre en calidad de investigado, por las presuntas irregularidades en el cobro de indemnizaciones millonarias por los exdirectivos de la compañía tras su salida del grupo. Así lo ha acordado la juez, Carmen Lamela, ya que Fornieles formaba parte de la comisión de Nombramientos y Retribuciones que adoptó en septiembre de 2015 los acuerdos relativos a las indemnizaciones al expresidente de la sociedad sevillana Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega.

La presente causa investiga el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de ambos, de 11,5 millones y 4,5 millones de euros, respectivamente, una práctica normal, según Benjumea, «para asegurar la permanencia en el cargo». Fornieles ya declaró en la causa como testigo y defendió que las cuantías percibidas estaban establecidas por contrato. La acusación particular les achaca un presunto delito de administración desleal, castigado con hasta seis años de cárcel. Un supuesto agravado para Sánchez Ortega, investigado además por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo Blackrock poco antes de que Abengoa se hundiese en bolsa.

El presidente de Santander España declarará como testigo en el caso Abengoa

EFE.- La Audiencia Nacional citó a declarar como testigos al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, y al directivo del HSBC, Pablo López, en la investigación a la antigua cúpula de Abengoa por presunta administración desleal. La titular del juzgado central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, considera la petición formulada por la Plataforma de perjudicados por Abengoa y emplaza a ambos directivos, considerados «clave» por la acusación, para el próximo 20 de julio.

Además, la magistrada también solicita a la empresa sevillana las actas de las reuniones del consejo de administración del 14 y 22 de septiembre de 2015, con el fin de esclarecer las polémicas indemnizaciones de 11,4 y 4,5 millones percibidas por el expresidente de la energética, Felipe Benjumea, y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tras su cese. La citación se produce apenas una semana después de que varios integrantes del consejo que aprobó dicho pagos declarasen que varias entidades, entre ellas el Banco Santander, pusieron como condición para inyectar liquidez en la compañía que Benjumea abandonase la presidencia.

Entonces, los consejeros defendieron la normalidad de los pagos a la cúpula, ya que formaban parte de las obligaciones establecidas por contrato, a pesar de las deudas que arrastraba Abengoa en aquel momento y que la llevaron a declarar el preconcurso de acreedores poco después. Esta causa se inició por el cobro de unas elevadas indemnizaciones. Un supuesto agravado en el caso de Sánchez Ortega, que se enfrenta además a un supuesto uso de información privilegiada tras fichar por el fondo de inversión Blackrock justo cuando los títulos de Abengoa comenzaron a desplomarse en Bolsa.

Actualmente, la multinacional española y sus acreedores, entre los que está el Banco Santander, ultiman el acuerdo definitivo de reestructuración, con la intención de evitar el concurso. Tras solicitar el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015 asfixiada por una elevada deuda, la empresa pidió el pasado marzo un tiempo adicional, que la normativa fija en 7 meses, para presentar un plan de reestructuración definitivo de acuerdo con sus acreedores.