Entradas

El precio de la bombona de butano sube un 1,6%, hasta los 14,68 euros

Europa Press.- El precio medio de la bombona de butano ha subido un 1,6%, hasta los 14,68 euros, frente a los 14,45 euros que costaba hasta ahora, según dictamina el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras esta revisión, la segunda consecutiva al alza, el precio máximo de la bombona de 12,5 kilogramos, una vez incluidos los impuestos, registrará un incremento de 23 céntimos de euro, impulsado por la subida de la materia prima.

A pesar de esta subida, con respecto al precio de la electricidad, el principal sustitutivo, la bombona de butano sigue teniendo un coste muy por debajo incluso que el del bono social, según fuentes del sector. Eso sí, durante varios ejercicios se forzó al sector a vender a pérdidas, lo que ha motivado que el Gobierno haya tenido que afrontar indemnizaciones millonarias en concepto de daños y perjuicios por la orden que actualizaba el sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo envasados.

En su última revisión de noviembre, el precio de la bombona de butano ya repuntó un 2,1%, retomando la tendencia alcista que se había cortado en el bimestre anterior. En septiembre, el precio había caído casi un 5%, después de que en las revisiones de julio, mayo, marzo y enero de 2017 se hubiera incrementado un 5%, en la de noviembre de 2016 un 4,7% y en la de septiembre un 4%, acumulando una subida desde julio de ese año de un 32%, cuando tocó el mínimo de 11,25 euros.

No obstante, este incremento en el precio de la bombona de butano se debió a un déficit pendiente de bimestres anteriores, en los que no se habían repercutido las subidas de la materia prima con la intensidad necesaria. Así, se llegaron a acumular esas seis revisiones bimestrales al alza. Este nuevo precio de la bombona de butano estará vigente hasta el tercer martes de marzo, cuando se revisará de nuevo. El precio regulado afecta a las bombonas de butano que más comúnmente utilizan los hogares.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

Abengoa eleva al 93,97% el apoyo a su plan de reestructuración mientras se piden 5 años de prisión para Benjumea

EFE / Servimedia.- La Plataforma de Perjudicados por Abengoa exige 5 años de prisión para el expresidente del grupo andaluz Felipe Benjumea y 4 años y 3 meses para el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago a sí mismos de indemnizaciones millonarias. Por otro lado, el periodo adicional de adhesiones al acuerdo de reestructuración se cerró con el respaldo de acreedores financieros que suman el 93,97% de su deuda, según comunicó la empresa a la CNMV.

Abengoa tuvo que recurrir al preconcurso de acreedores por su elevado endeudamiento de más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores, en lo que hubiera sido la mayor quiebra de la historia de España. En septiembre del 2016, la empresa y una parte de sus acreedores lograron firmar un contrato de reestructuración con lo que evitó así presentar el concurso de acreedores. En octubre, Abengoa presentó en el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla la solicitud de homologación de su acuerdo de reestructuración con la adhesión del 86% de su deuda. El juzgado homologó ese acuerdo en noviembre y, a mediados de enero, se abrió ese periodo adicional de adhesiones.

Tras recibir más del 75% de adhesiones como exige la ley, Abengoa lograba escapar del concurso de acreedores. El acuerdo incluía la capitalización de un 70% del importe de los créditos, recibiendo a cambio un 40% del capital social de Abengoa, post-reestructuración. Además, el 30% restante del nominal de la deuda preexistente sería refinanciado mediante nuevos instrumentos de deuda que sustituirán a los preexistentes y que tendrán la condición de senior o junior en función de si dichos acreedores participan o no en los tramos de dinero o avales nuevos.

Dichos instrumentos tendrán vencimiento de 66 y 72 meses, respectivamente, con posibilidad de prórroga hasta en 24 meses adicionales, y devengo anual de intereses del 1,50% (0,25% de pago en efectivo y 1,25% de capitalización o pago en efectivo únicamente bajo ciertas condiciones). El instrumento junior podría ser objeto de una posterior reducción, que en ningún caso podrá ser superior al 80% del valor nominal inicial anterior a la capitalización mencionada. La propuesta de reestructuración de la deuda financiera preexistente consiste en aplicar una quita del 97% de su valor nominal, manteniéndose el 3% restante con vencimiento a 10 años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.

Piden prisión para antiguos directivos

La Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que agrupa a accionistas y bonistas, ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de juicio oral contra Benjumea y Sánchez Ortega por presunta administración desleal en el pago de indemnizaciones millonarias, y también contra otro expresidente, Antonio Fornieles, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, según consta en el escrito de acusación. Benjumea recibió 11,48 millones de euros al dejar la empresa y Sánchez Ortega, 4,48 millones.

Las penas pedidas por la plataforma coinciden con las solicitadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en su escrito de acusación, aunque no las multas reclamadas. La plataforma pide 5 años de prisión y 180.000 euros de multa (600 euros diarios durante 10 meses) para Benjumea; 4 años y 3 meses de prisión y multa de 144.000 euros (600 euros diarios durante 8 meses) para Sánchez Ortega; y 3 años y 6 meses y multa de 72.000 euros (400 euros diarios durante 6 meses) para Fornieles, Gracia y Velarde.

Además, les reclama el pago de 10,56 millones de euros en concepto de responsabilidad civil derivada del presunto delito de administración desleal. No obstante, recuerda que el pago de las indemnizaciones «ilícitamente percibidas» ha causado a Abengoa un daño de 15,68 millones, el mismo importe de las compensaciones entregadas. Según el escrito de acusación, Benjumea y Sánchez Ortega «decidieron abandonar sus puestos ejecutivos para percibir unas millonarias indemnizaciones, patentemente desproporcionadas en atención a la grave situación económica de la compañía». Para ello, añaden, se sirvieron «de la inestimable colaboración necesaria» de Fornieles, Gracia y Velarde, integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del consejo de administración de Abengoa.

El Tribunal Constitucional de Alemania avala el derecho de las compañías eléctricas a recibir compensaciones por el apagón nuclear decretado

EFE.- El Tribunal Constitucional de Alemania avaló el derecho de las compañías eléctricas a recibir una compensación «adecuada» por las pérdidas derivadas de la decisión del Gobierno de este país de acelerar el apagón nuclear tras la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011. La decisión del Tribunal Constitucional es la respuesta a la demanda que presentaron E.ON, RWE y la sueca Vattenfall después de que el Ejecutivo alemán decidiera cerrar las nucleares del país para 2022.

Las eléctricas reclamaron ser compensadas por los daños millonarios derivados de esa regulación, ante las inversiones realizadas en vano y los volúmenes de producción con los que ya no se generará electricidad como consecuencia del apagón nuclear definitivo. Según la sentencia, el Legislativo deberá aprobar antes de finales de junio de 2018 la correspondiente regulación para definir las compensaciones, que no fueron contempladas en la ley que estableció el apagón nuclear. En la lectura de su resolución, el vicepresidente del Constitucional, Ferdinand Kirchhof, confirmó, no obstante, el derecho constitucional del Gobierno a establecer fechas fijas para el apagón de todas las centrales nucleares del país.

La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, se mostró «muy satisfecha con la resolución» del Tribunal Constitucional que confirma en esencia, argumentó, la constitucionalidad del apagón nuclear. «Tanto el establecimiento de fechas concretas de desconexión como también el calendario de cierres graduales son conformes a la Constitución», así como la anulación de la prolongación en 2010 de la vida útil de las centrales y la propia ley relativa al apagón nuclear, subrayó. Agregó que «las demandas de los consorcios energéticos por miles de millones quedan descartadas» con la resolución, al tiempo que destacó que el calendario del apagón se mantiene.

En tanto, el vicepresidente de los socialdemócratas, Ralf Stegner, afirmó que el «rumbo errático» de la canciller, Angela Merkel, «costará millones a los contribuyentes». Recordó que después de que socialdemócratas y verdes acordaran en 2002 el abandono de la energía nuclear, Merkel decidió salirse de este rumbo, con un «abandono del abandono», al que tras Fukushima siguió un «abandono del abandono del abandono», argumentó. «Si ahora los consorcios nucleares deben ser indemnizados por sus inversiones, la culpa es únicamente de Merkel«, sentenció. Por su parte, el líder de Los Verdes, Anton Hofreiter, exigió limitar las indemnizaciones «al mínimo necesario» y señaló que se está pagando que el Gobierno de conservadores y liberales «sencillamente trabajara mal».

La sentencia no supone todavía la adjudicación de una indemnización para las eléctricas, pero crea la base para que las compañías puedan defender sus reivindicaciones en futuros procesos o a nivel extrajudicial. Aunque no se conoce la suma concreta que podrían estar reclamando las empresas energéticas en materia de indemnización, los expertos calculan que podría ascender a 19.000 millones de euros. Los consorcios energéticos reclamaron su derecho a una indemnización ante el cambio de la política energética del Ejecutivo tras la tragedia de Fukushima, un adelanto del cambio de modelo energético que equipararon a una expropiación por las inversiones que habían realizado hasta ese momento.

Esas inversiones estaban en consonancia con el concepto energético a largo plazo del Gobierno alemán a finales de 2010. En esta política energética se veía la energía nuclear como una «tecnología puente», añade E.ON, que había invertido varios cientos de millones de euros en prolongar la vida de sus plantas nucleares. El adelanto del apagón nuclear y el rápido cambio de modelo energético devaluaron estas inversiones y las compañías energéticas no han recibido ningún tipo de compensación. El Constitucional alemán considera que el legislador debería haber tenido en consideración estas pérdidas al tomar la decisión.

La coalición de Gobierno entre la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y los liberales del FDP decidió en 2011 tras la tragedia nuclear japonesa dar marcha atrás al plan energético para prolongar la vida de las centrales atómicas aprobado en 2010. El Gobierno alemán estableció por ley un calendario gradual de cierres de las entonces 17 centrales nucleares todavía en funcionamiento, las últimas para 2022, unos 10 años antes de lo que había previsto antes.

E.ON celebra recibir las indemnizaciones

La energética E.ON dio la bienvenida a la decisión del Constitucional alemán de que las energéticas reciban una indemnización por el adelanto del apagón nuclear. «El Tribunal reconoce sobre todo la importancia de la confianza en lo que se refiere a las inversiones hechas sobre la base de decisiones políticas», señaló E.ON, que se mostró dispuesta a dialogar de forma constructiva con el Gobierno alemán sobre la indemnización y es consciente de que la negociación durará algún tiempo y no espera recibir pronto ningún pago.

E.ON y RWE subieron con fuerza en Bolsa después de que el Tribunal Constitucional alemán les diera la razón y declarara el adelanto del apagón nuclear parcialmente inconstitucional porque no hay indemnización para las empresas. E.ON ganaba en la bolsa de Fráncfort un 4%, hasta 6,38 euros, y RWE subía un 2,5%, hasta 12 euros. Nada más conocerse la decisión judicial llegaron a subir con fuerza más de un 5%.

El presidente de Abengoa asegura que las indemnizaciones millonarias se aprobaron con el consejo de asesores externos

EFE.- El actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, declaró en la Audiencia Nacional que las indemnizaciones millonarias percibidas por la excúpula de la compañía fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo. Así lo señaló el abogado de la acusación particular, Felipe Izquierdo, que aseguró que tanto Fornieles como la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Mercedes Gracia, reconocieron no conocer los detalles de las indemnizaciones ni haber leído el contrato de asesoramiento de Felipe Benjumea tras su cese como presidente.

Otras fuentes conocedoras del proceso judicial señalaron que Fornieles conocía los detalles y que del contrato de asesoramiento nunca llego a abonarse ninguna cantidad a Benjumea. Además, Fornieles añadió que ignora las razones que llevaron a los bancos a no asegurar la ampliación de capitales de la multinacional sevillana. Según Izquierdo, Fornieles señaló también al presidente de Santander España, uno de los bancos acreedores de Abengoa, Rodrigo Echenique, como el causante del cese de Benjumea.

Por su parte, la expresidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, igualmente investigada por estas presuntas irregularidades, ha relatado a la sala que en septiembre de 2015, fecha en la que el consejo de administración aprobó tal indemnización, la sociedad estaba «muy bien», según ha explicado Izquierdo. Respecto al contrato como asesor de Benjumea, Gracia ha explicado que si bien lo firmó nunca llegó a leerlo, una versión similar a la ofrecida por la vicepresidenta de Abengoa, Alicia Velarde, que también ha declarado como investigada (imputada) en el caso.

A su salida de la Audiencia Nacional, el letrado de la Plataforma de afectados por Abengoa mostró su discrepancia con la decisión de la juez Carmen Lamela de no citar al exministro de Obras Públicas e integrante de aquella comisión, Josep Borrell. La magistrada justificó su decisión dada la ausencia de Borrell durante el consejo de septiembre de 2015 que dio luz verde a la indemnización, una circunstancia que Izquierdo calificó de «excusa porque estaba haciendo bolos» mientras presentaba su libro en vez de «asistir como está obligado por ley».

La acusación particular ha anunciado que, si bien no recurrirán de nuevo la imputación del exministro, sí que solicitará fianza «como mínimo de 11,4 millones» para Fornieles, Gracia y Velarde al considerarlos «cooperadores necesarios del presunto delito» de administración desleal por el que se investiga a Benjumea y al ex consejero delegado de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, tras recibir 11,4 y 4,5 millones, respectivamente, en concepto de indemnización. En su declaración como testigo en abril, Fornieles defendió que dichas cantidades eran legales y obedecían a conceptos de permanencia y no competencia. De igual modo, la acusación pedirá citar como testigo al abogado encargado del asesoramiento externo de la compañía con el fin de que aclare los términos de los contratos.

La acusación es más grave para el ex consejero delegado, investigado por posible uso de información privilegiada tras su fichaje por el fondo de inversión Blackrock poco antes de que los títulos de Abengoa se hundiesen en bolsa. En relación a este hecho, la acusación particular instó a la juez para que solicitara detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre el 1 de junio de 2015 y el 20 de enero de 2016. Asimismo, requirió los informes realizados por la auditora KPMG para determinar si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de la antigua cúpula.

Esta última ronda de declaraciones coincide con un periodo clave para Abengoa, inmersa en preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015 y que debe lograr ahora el apoyo del 75% de los dueños de su deuda al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Dicho acuerdo prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

Los afectados de Castor piden 1.000 millones de fianza para indemnizaciones

EFE.- La Asociación de Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca) ha pedido más de mil millones de euros en concepto de fianza a los investigados como presuntos responsables de los seísmos supuestamente derivados de la actividad de la planta de gas instalada frente a la costa de Vinaròs (Castellón).

Esta cifra, recogida en el escrito remitido por Aplaca al Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, es el resultado de multiplicar el número de potenciales afectados (86.284) por 12.000 euros, la suma provisionalmente estimada por el perjuicio sufrido por cada residente en la zona afectada por los seísmos.

El colectivo se constituyó en marzo para exigir indemnizaciones para los más de 86.000 perjudicados «material o moralmente» por el millar de terremotos que sacudió la costa norte de Castellón y sur de Tarragona en septiembre de 2013 y que fueron percibidos en media docena de localidades de ambas provincias.

La solicitud «tiene el objetivo de evitar una posible declaración de insolvencia de la promotora del proyecto y asegurar las futuras indemnizaciones a los afectados», según los abogados de Aplaca.

La asociación sostiene que el «temor, la angustia y la incertidumbre» sufrida a lo largo de todos estos años «es indemnizable», tal y como reconoció el Juzgado de Instrucción en una resolución dictada el 11 de febrero de 2016.

Recuerda que la promotora de la planta, Escal UGS, «es una sociedad meramente instrumental e indisolublemente asociada al proyecto Castor, por lo que cabe pensar que pronto pueda quedar vaciada patrimonialmente».

A este hecho hay que sumarle un reciente cambio de domicilio social, según consta en el Registro Mercantil, y que la empresa no disponga de página web, advierte la plataforma. «Ambos elementos son indiciarios de la deriva económico-patrimonial de la misma», sostienen las mismas fuentes.

En esta lista incluyen al Estado español, a la concesionaria Escal UGS; a las socias de la promotora, ACS Actividades de Construcción y Servicios y Castor Limited Partnership o CLP; y a Dundee Energy Limited, entidad de derecho canadiense, anteriormente denominada Eurogas Corporation, propietaria del 73,7 % de Castor Limited Partnership o CLP.