El CSN prevé resolver en noviembre la petición de renovación de la autorización de operación de Garoña

Redacción / Agencias.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ya había anunciado que resolvería el informe sobre la solicitud de prórroga de la central nuclear de Garoña en el segundo semestre de este año, ha concretado que esa resolución se producirá en torno a noviembre. El informe se emitirá una vez que el titular de la central nuclear “vaya concluyendo todos los trabajos que todavía debe realizar”, en particular las modificaciones de diseño que deben contar previamente con la apreciación favorable del CSN.

Nuclenor, sociedad propietaria de Garoña formada por Endesa e Iberdrola, pretende seguir operando la planta hasta marzo de 2031, cuando cumplirá los 60 años de actividad. La solicitud de prórroga que planteó requiere de ese informe; de ser negativo implicaría el cierre definitivo de la planta y, en el caso de que sea favorable, sometería el futuro de la central a la decisión del Gobierno. La nuclear lleva parada y desenganchada de la red desde diciembre de 2012, 7 meses antes de que expirase su licencia de operación el 6 de julio de 2013, aunque Nuclenor siempre justificó esta decisión por falta de rentabilidad económica.

El pleno del CSN ha sido informado por los directores técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica de que continúa la evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de operación de la central nuclear Santa María de Garoña, de acuerdo a los requisitos y pasos que el pleno estableció en la Instrucción Técnica Complementaria que emitió en julio de 2014, para que una vez «satisfechos y verificados» se pueda emitir el informe correspondiente.

Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción habían alertado del riesgo de que el informe del CSN pudiera emitirse antes de contar con un nuevo Gobierno en España, de manera que el Gobierno en funciones del PP, el único partido que se muestra favorable a conceder la prórroga, pudiera conceder el permiso e hipotecar al siguiente Gobierno, que se vería abocado a pagar una indemnización millonaria por «lucro cesante» si decidiera cerrar la planta atómica burgalesa.

Garoña dice que «seguirá cumpliendo»

Por su parte, desde Nuclenor, el portavoz Elías Fernández Centella confirmó que el planteamiento de la central de Garoña es «seguir cumpliendo los requisitos» de cara a la renovación y que, de hecho, «el CSN sabe todo lo que se está haciendo«. En concreto, ha recordado como algo «que es normal», el hecho de que en la planta el regulador mantiene un inspector residente y que hay inspecciones «constantes» del cuerpo técnico que está viendo la «evolución» de los trabajos.

La petición de renovación se basa en lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, modificado mediante Real Decreto 102/2014, del 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Esta modificación legislativa, impulsada por el Gobierno del PP, permitía a las plantas atómicas que no hubieran cerrado por motivos de seguridad nuclear o protección radiológica, sino por motivos económicos, pedir de nuevo su reapertura en el plazo de un año desde su cese de explotación. Nuclenor expuso entonces que «un marco temporal de explotación de estas características» era necesario para que el proyecto fuera «viable», estable y lograr la «certidumbre adecuada» para acometer las inversiones precisas.

“Es un lujo cerrar Garoña”

Desde entonces, la planta está en situación de cese de actividad, a la espera de que «se den las circunstancias administrativas y regulatorias que posibiliten la vuelta a la operación», según el Foro de la Industria Nuclear. En concreto, el presidente del Foro Nuclear, Antonio Cornadó, expresó la preocupación del sector porque un activo industrial como Garoña, que «funciona bien», pueda cerrarse cuando, de hecho, «puede seguir operando a largo plazo«. «Garoña es un activo industrial que funciona. Es un lujo que España, que no es tan lista ni tan rica como para permitirse prescindir de un activo viable que además ha operado más de 40 años de edad y conoce cómo hacer para operar a largo plazo», subrayó Cornadó.

En este sentido, admitió que el futuro de Garoña está «en manos del CSN» y, llegado el caso, de la posterior resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Así, ha garantizado que «está demostrado» por parte de Garoña que es «viable y seguro» operar un reactor más de 40 años, porque ya ha funcionado durante 42 años y que, incluso, un dictamen técnico del CSN aprobado por unanimidad en 2009 era «favorable» a que la planta operase hasta 2019.

De este modo, ha reiterado la defensa del Foro Nuclear sobre la operación del parque atómico a largo plazo, porque «no supone un salto cuantitativo», ya que se está haciendo en otros países, como Estados Unidos, donde 81 de sus 99 reactores tienen autorización para operar 60 años. En caso de que, finalmente, el Gobierno de visto bueno a Garoña, ha apuntado que entonces su vuelta a la producción eléctrica dependerá de su titular, Nuclenor, y su programa de plazos de vuelta a la operación.