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Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

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Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

La central nuclear de Garoña afronta en su simulacro anual un terremoto que afecta a sus sistemas de seguridad

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Europa Press.- La central nuclear de Garoña (Burgos) ha simulado un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad de la planta, en el marco del preceptivo simulacro anual de acuerdo con su Plan de Emergencia Interior. En el ejercicio ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

El simulacro comenzó cuando el titular de la instalación declaró la prealerta de emergencia por un terremoto que ha afectado a los sistemas de seguridad. Posteriormente se declaró la alerta de emergencia debido a que se vio deteriorada la funcionalidad de los sistemas de seguridad que impedían mantener la refrigeración del combustible irradiado en piscina. Asimismo, se ha simulado también la contaminación interna y externa de 2 trabajadores que estaban realizando una ronda para valorar los daños en la piscina de combustible gastado. Se comprobó que no se habían superado los límites anuales de dosis para el personal profesionalmente expuesto.

Mientras, el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de la Subdelegación del Gobierno que activase los controles de acceso al emplazamiento de la central establecidos en el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU) y ha activado en modo 2 su Organización de Respuesta ante Emergencias. De haberse producido realmente, este suceso se habría clasificado con nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

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EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en la segunda mitad de 2019

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Europa Press. – El primero de los cinco primeros contenedores con el combustible gastado de la piscina de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) -una de las tareas previas al desmantelamiento de la planta- comenzará a cargarse en el segundo semestre de 2019.

Según han informado fuentes de Nuclenor, esa es la fecha prevista dentro de las tareas propias de la empresa para preparar la planta nuclear para el futuro proceso de desmantelamiento que realizará con posterioridad Enresa, la compañía estatal de residuos radiactivos.

Asimismo, estas fuentes han explicado de que las tareas previas se están realizando según lo previsto, de modo que sigue su curso el acondicionamiento de los residuos operacionales de Garoña y el posterior vaciado de la piscina de combustible gastado.

Como aseguraba la empresa, en el segundo semestre de 2019 se empezará a cargar el primer contenedor que será trasladado al almacén temporal individualizado (ATI) situado en la propia central, para lo que la empresa ENSA (Empresas Nucleares S.A.) ha construido un puente grúa específico.

A esto, se le añade que de momento Enresa tiene comprados cinco contenedores para este proceso que tutela la empresa estatal, encargado del plan estratégico para el desmantelamiento de la planta, cuyo permiso para seguir operando hasta 2031 denegó el Gobierno el 1 de julio de 2018.

Por fín, una vez terminadas las tareas preparatorias, cuando Enresa sea titular de Garoña comenzará el proceso de desmantelamiento de la central nuclear que más años ha operado en España.

Aunque los pasos a seguir antes de llegar a ese momento pasan por presentar un estudio básico de estrategias para el desmantelamiento al Ministerio para la Transición Ecológica; presentar el plan de desmantelamiento al mismo departamento para su aprobación y solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la autorización para desmantelar la planta.

Después, el proceso administrativo terminará con la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica a Enresa para que asuma la titularidad de Garoña. Será entonces cuando se inicie la fase de desmontaje y desmantelamiento por parte de la empresa estatal, que hasta la fecha ha realizado estos trabajos en las centrales nucleares de Vandellós I (Tarragona) y de José Cabrera (Guadalajara).

Resulta destacable que el exministro Nadal indicase, en el anuncio de la decisión del Gobierno, que el proceso de desmantelamiento de Garoña tendrá una duración de entre 13 y 16 años, por lo que el proceso terminará en torno a 2034.

En la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) no fija un plazo determinado para acometer el predesmantelamiento, pero Enresa calcula que el desmantelamiento podría comenzar unos seis años después de la parada definitiva del reactor y que podría durar aproximadamente diez años.

Una vez terminen las actividades desmanteladas, se acometerá el plan de restauración del emplazamiento que tendrá que ser verificado junto con el resto de las condiciones técnicas que se establezcan. Después de ese proceso el Ministerio de Energía emitirá la declaración de clausura y entonces Enresa devolverá el emplazamiento desclasificado a su titular, Nuclenor.

 

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

Ecologistas en Acción piden «cuidado y transparencia» tras un incendio que aconteció en enero en la central nuclear de Garoña

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EFE.- El portavoz de Ecologistas en Acción para asuntos nucleares, Francisco Castejón, pide «cuidado y transparencia» en el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña tras el incendio del 31 de enero en la planta que no fue notificado por la empresa al Consejo de Seguridad Nuclear.

Tras una pregunta del diputado de Equo en el Congreso, Juantxo López de Uralde, sobre un posible incendio en la planta que no se conoció hasta hace unos días, Castejón ha asegurado que el incendio «realmente se produjo, no fue ningún conato y tardó 6 horas en ser controlado», desde las 15 hasta las 21 horas.

No obstante, Nuclenor, propietaria de la central, consideró que no era de aplicación la instrucción de seguridad número 10 del Consejo de Seguridad Nuclear que obliga a notificar inmediatamente a este organismo cualquier incidencia.

El incidente se ha conocido gracias al informe trimestral que realiza un técnico residente del Consejo de Seguridad Nuclear desde la parada de la central nuclear en diciembre de 2012.

Castejón ha explicado que, según ese informe técnico, el incendio se origino cuando se estaba cortando una plancha de metal con oxicorte, una especie de soplete que corta a temperaturas muy elevadas.

Cerca del lugar donde se realizaba esta operación había resinas de los filtros de intercambio que comenzaron arder.

Aunque el incendio se limitó al contenedor de resinas, Castejón recuerda que uno de los defectos históricos de la central de Garoña es su deficiente sistema de protección contra incendios, que había llevado a plantearse cambiar «metros y metros de cableado» para asegurar que un incendio en cualquier zona de la central no pudiera llegar al reactor.

Ha precisado que, aunque el reactor está ahora sin combustible, se encuentra muy cerca de la piscina donde se encuentran las barras de ese combustible, por lo que sigue existiendo peligro de que se produzca una fuga radiactiva.

Tras el incendio, el portavoz ecologista se pregunta por qué Nuclenor decidió no notificar inmediatamente lo ocurrido al Consejo de Seguridad Nuclear, y se muestra «alarmado porque no se deberían producir estos fallos en el desmantelamiento».

Aunque en este momento es Nuclenor la que se encarga de los trabajos preparatorios de la parte principal de desmantelamiento, que será acometida por la empresa pública Enresa, Castejón pide que aumenten «claridad y transparencia», y pone como ejemplo el proceso de desmantelamiento de la central nuclear de Zorita, «muy correcto pese a que lleve dos años de retraso».

El final de la concesión de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos) extingue los 16 empleos de CPS

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EFE.- Los 16 trabajadores de la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) acordaron con la empresa la extinción de sus contratos y su desvinculación desde el 29 de marzo, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del final de la concesión de explotación de los pozos de petróleo de La Lora (Burgos), aunque solo a los efectos de convocar concurso para una nueva concesión.

En realidad, la explotación cesó hace poco más de un año, en febrero, cuando el Gobierno denegó la solicitud de una prórroga de 10 años solicitada por la empresa adjudicataria. La empresa comenzó a redactar entonces un «plan de suspensión» para retirar los elementos obsoletos o inservibles, que fue aprobado en noviembre del año pasado por el Ministerio de Energía.

Ahora la actividad se declara extinguida «por caducidad al vencimiento de sus plazos y a los solos efectos de posibilitar la convocatoria de un concurso en el área, la concesión de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos». Solo en el caso de que el nuevo concurso, aún sin convocatoria, quedara desierto o se demorara más de 3 años, la empresa concesionaria tendría que acometer el desmantelamiento total de las instalaciones.

Los pozos de Ayoluengo o La Lora son los únicos de España en suelo firme y comenzaron a funcionar en 1964, cuando surgió por primera vez el petróleo de uno de los sondeos, aunque la primera concesión data de 1967. Se trata de unos campos con una superficie de más de 10.600 hectáreas en los que la concesionaria pretende efectuar una inversión importante para cambiar el método de extracción y aumentar su producción, aunque para ello requiere un periodo largo de amortización y, por tanto, de concesión, según fuentes de la antigua compañía concesionaria CPS.

Extinción de contratos para trabajadores

En definitiva, el portavoz de la plantilla, Julián Núñez, ha asegurado que causan baja con la esperanza de volver al trabajo en un año si se otorga una nueva concesión a la compañía, que reiteró a los trabajadores su intención de concurrir al concurso que previsiblemente convocará el Gobierno. En este sentido, Núñez ha criticado el retraso del Ministerio de Energía, que ha dejado pasar más de 12 meses desde el momento en que se denegó a CPS su solicitud de prórroga por 10 años.

Los eurodiputados españoles piden a la Comisión Europea interceder para evitar el cierre de Siemens Gamesa en Miranda de Ebro

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EFE.- Al tiempo que Siemens Gamesa cerró un acuerdo con dos filiales de la compañía eléctrica estatal sueca Vattenfall para el suministro de 41 aerogeneradores en Dinamarca, con una capacidad combinada de aproximadamente 350 megavatios (MW), los eurodiputados españoles han reclamado, en una iniciativa iniciada por el PSOE y dirigida a la Comisión Europea, que se interceda ante Siemens Gamesa para evitar el cierre de sus instalaciones en Miranda de Ebro.

En una acción conjunta, los grupos españoles en el Parlamento Europeo han dirigido por carta la petición a la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y a la comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska. En la misiva, explicaron la situación que está viviendo la empresa Siemens Gamesa, que el 29 de enero anunció su intención de cerrar las instalaciones de Miranda de Ebro (Burgos) y reclamaron al Ejecutivo comunitario que se dirija a la dirección de Siemens Gamesa «para que reconsidere su decisión» sobre el cierre de esa planta.

En el texto se detalla que el número de trabajadores afectados por el cierre es de 133, a los que hay que añadir otro número importante de empresas auxiliares. Entre otros, firmaron la carta a la Comisión Europea los portavoces de cada delegación: Iratxe García (PSOE), Esteban González Pons (PP), Miguel Urbán (Podemos), Marina Albiol (IU) y Javier Nart (C’s).

Acuerdo con la sueca Vattenfall

Las turbinas, que se ubicarán cerca de la costa oeste de Dinamarca en el Mar del Norte, se instalarán en 2020 y estarán listas para su puesta en marcha a finales de ese mismo año. El pasado noviembre, Vattenfall ya eligió a Siemens Gamesa para suministrar las turbinas de 3 nuevos parques eólicos marinos en Dinamarca. La inversión total ascendió a casi 1.700 millones de euros, repartidos entre los parques de Kriegers Flak, en el mar Báltico, y Vesterhav Syd y Nord, en el Mar del Norte, que proporcionan, en conjunto, energía a alrededor de un millar de hogares daneses.

La Diputación de Burgos aboga por un «plan global» que impulse económicamente el entorno de la central nuclear de Garoña

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Europa Press.- El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha abogado por un «plan global» que sirva de revulsivo para todo el entorno de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña, después de que se anunciase el cierre definitivo de la planta. «El Valle de Tobalina es uno de los paisajes más bellos de Castilla y León», ha aseverado Rico, antes de destacar la importancia de impulsar un plan que permita reactivar la zona en todos los ámbitos.

Por este motivo, el presidente de la Diputación de Burgos explicó que, frente a la posibilidad de acudir a planes concretos, la intención de la Institución provincial, a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), es potenciar un plan que sirva de revulsivo para toda la zona trabajando con todos los ayuntamientos del área de influencia de la planta. En este sentido, Rico avanzó que «no se esperará» al desarrollo de un plan de reindustrialización para el entorno de Garoña para adoptar medidas desde la Diputación, si bien ha recalcado que «si viene, viene».

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

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Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.