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Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

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Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

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Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

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Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

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Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tarea del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril

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Europa Press.- El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril realizado por el presidente del Gobierno impedirá al Ejecutivo acometer algunas de las principales metas anunciadas hace 8 meses en materia ambiental, como la aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Mientras el Gobierno presentó el viernes 22 de febrero el Plan Nacional de Energía y Clima, que envió a la Comisión Europea con retraso, pues el plazo terminó el 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo también presentó el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya aprobación y entrada en vigor quedará para la próxima legislatura. En este sentido, el desarrollo del Plan y la Estrategia para la Transición Justa quedarán pendientes para la próxima legislatura. Así, el Gobierno recrimina que «no le dejan hacer, quienes han rechazado los Presupuestos», la Estrategia contra la pobreza energética.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, el balance no es negativo porque por primera vez un presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado «ecologista» y ha creado un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, se queda «en el tintero» la «necesaria» Ley de Cambio Climático, aunque aún puede aprobar el Real Decreto sobre la tramitación de la conexión para facilitar el autoconsumo eléctrico. En todo caso, Ruibal tiene la esperanza de que «gobierne quien gobierne, dada la urgencia de la crisis ambiental, estas cuestiones no dependan de quien ocupe la Presidencia», por la gravedad de situación.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que haya sido tan «poco tiempo» para revertir dos legislaturas «tan negativas» para el medio ambiente como las anteriores del PP. A su juicio, aunque el principal esfuerzo se destinó a las cuestiones energéticas y climáticas, «a la hora de la verdad, se han podido sacar pocas cosas adelante». Si bien, Segura confía en que el Gobierno aún tiene tiempo para desbloquear la tramitación de las medidas sobre autoconsumo y espera que las propuestas de energía y clima del Ejecutivo pongan el debate sobre la mesa. Además, valora como «muy importante» que renueve el Consejo de Seguridad Nuclear, que es algo que «debía haber hecho desde noviembre».

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez celebra que el Gobierno haya priorizado el paquete de cambio climático, porque es «muy importante para el futuro», y ha destacado el acuerdo de la minería del carbón. Sin embargo, también lamenta que pueda «quedar en el limbo» cuestiones como la regulación del autoconsumo. Rodríguez celebra que se haya eliminado el impuesto al sol y la posición ambiciosa en Europa en la directiva europea de renovables, que sitúa a España en el «alto rango» en una normativa europea que irá más allá de la sensibilidad del Gobierno «de turno». En todo caso, Rodríguez considera que debe ser prioridad de «cualquier Gobierno» cambiar el modelo energético español en su globalidad.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lamenta que no se haya avanzado «como hubiera sido deseable» pero celebra que «por primera vez» España haya tenido un gobierno «ecologista y europeista» y desea que esa sea la línea futura. A su juicio, el medio ambiente puede, en el actual contexto político y social, ser «el pegamento que una a los ciudadanos» porque «nadie» puede estar en desacuerdo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. «En el siglo XXI todos los partidos que no defiendan el medio ambiente no son democráticos. Ahora mismo, defender el medio ambiente es la máxima expresión de la democracia», ha reclamado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos Del Olmo, ha subrayado que el Gobierno deja resueltas «muchas patatas calientes» que el Gobierno anterior no pudo resolver» pero admite que algunos sectores han rebajado el nivel de ambición. Entre los hitos en este «muy poco tiempo» considera que la propia creación de un Ministerio para la Transición Ecológica ha sido una decisión política «muy importante», así como la creación del alto comisionado para la agenda 2030.

De este modo, lamenta que el Gobierno termine ahora que «la maquinaria empezaba a funcionar» y sacaba todas las medidas de energía y clima. También ha valorado el acuerdo del carbón, alcanzado con el acuerdo de sindicatos y empresas, y que servirá para que la población acepte «por fin» que el carbón tiene fecha de caducidad. En estos poco más de 8 meses, valora que se han sentado las bases para descarbonizar la economía haciendo un «esfuerzo titánico». En su opinión, estos meses se han logrado «hitos pequeños pero importantes» y abrir debates fundamentales, como el decreto del autoconsumo, la pobreza energética, el carbón o el diésel, entre otras cuestiones.

9 asociaciones ecologistas de Extremadura piden que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz

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Europa Press.- 9 asociaciones ecologistas de Extremadura han reclamado que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ya que «podría ser una imprudencia superar su vida útil de 40 años». Una petición que han realizado las asociaciones AMUS, Adenex, Ecologistas Extremadura, Seo/Birdlife, DEMA, Ecologistas en Acción, Sociedad Extremeña de Zoología, Grus y Anser, tras una reunión celebrada en Almendralejo.

En este encuentro, los ecologistas acordaron solicitar al Gobierno central y a las administraciones competentes que no se prorrogue la actual licencia de explotación de Almaraz. En ese sentido, tras las «múltiples declaraciones y el debate social» generado sobre la continuidad en funcionamiento de los 2 reactores nucleares de esta planta nuclear y ante las «aparentes dudas de las empresas eléctricas», las asociaciones «entienden que cada cual defienda su puesto de trabajo, aunque sea incluso en contra de otros», pero añaden que «es mayor el riesgo real para la comarca de una explotación que casi ha cubierto su vida útil».

Finalmente, las ONG ambientales consideran que la respuesta a las peticiones de algunos sectores «no debe ser promover una extensión del permiso de explotación», sino «apoyar una transición en el modelo de desarrollo de esta comarca y de toda la provincia», dirigido a otros modelos desarrollo más sostenibles como el turismo responsable, las energías sostenibles y a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales de calidad.

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

La ley de cambio climático, el plan de energía y clima y la estrategia de transición justa se conocerán pronto y a la vez

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Europa Press. – La propuesta de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia para una Transición Ecológica Justa se conocerán a la vez, según ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a las ONG ambientales en una reunión.

Así, en el marco de las reuniones habituales entre el Ministerio de Transición Ecológica con las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las partes ha analizado principalmente temas de cambio climático y energía.

Sobre lo que se ha hablado en la reunión, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que las ONG le trasladaron a la ministra que su gran preocupación era conocer «cuándo» iba a estar lista para iniciar su tramitación el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

En este sentido, ha asegurado que según las explicaciones de la ministra, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está «muy avanzado» y que la idea del departamento ministerial es lanzar y dar a conocer al mismo tiempo tanto el proyecto de ley de cambio climático, como el citado plan y también la Estrategia de Energía y Clima.

De la misma manera, ha manifestado que la ministra Ribera les ha argumentado que el Gobierno está trabajando en las tres iniciativas como «piezas de un mismo puzzle» y que quiere dotar a los tres instrumentos de «coherencia».

Según Del Olmo, «el horizonte está en el Consejo Nacional del Clima. El Gobierno tiene todo el mes de enero para presentar a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así que aún hay que esperar unos días».

Finalmente, el representante de la ONG ha adelantado que otra de los anuncios que les ha hecho la ministra es que también está «a punto» de salir el Real Decreto de Autoconsumo. «Trabajan en muchos frentes a la vez y la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno con la lucha contra el cambio climático», ha concluido Del Olmo.

Ecologistas en Acción exige a la UE finalizar con la deforestación por el biodiésel de palma que amenaza al orangután de Borneo

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Europa Press. – Ecologistas en Acción se concentraron ante las oficinas de representación de la Comisión Europea en Madrid, Berlín, Bruselas, Lisboa, París y Roma para exigir el fin del biodiésel de palma que está provocando la deforestación de las selvas donde vive el orangután de Borneo.

De esta manera, la ONG ha recogido más de medio millón de firmas que avalan esta petición que insta a la Comisión Europea a publicar un acto delegado que permita acabar con el aceite de palma en el biodiésel.

Así, el incremento del consumo de aceite de palma en Europa para producir biodiésel está provocando una rápida deforestación de grandes extensiones de selva virgen y el drenaje de turberas. Lo que significa grandes cantidades de emisiones de efecto invernadero. El 51% del aceite de palma importado por la Unión Europea (UE) se usa en forma de biodiésel.

En este sentido, durante el último mes del pasado 2018, la Unión Europea aprobó una nueva Directiva de Renovables (DERII) que estableció el compromiso de publicar como muy tarde el 1 de febrero de 2019 un método para identificar aquellos biocombustibles que tengan riesgo de provocar altas cantidades de emisiones debido al cambio de uso de la tierra que conlleva su cultivo. Un fenómeno que ocurre en el caso de la palma y la soja.

 

En España

En lo que concierne a nuestro país, Ecologistas en Acción han realizado varios actos en la Plaza de Callao de Madrid, el Mercado central de Valencia y la Rotonda de la Puntilla en el Puerto de Santa María (Cádiz) para exponer a los ciudadanos el «lado oscuro» del aceite de palma y su impacto en la destrucción de la selva en Indonesia.

La coordinadora de la campaña ‘No en mi depósito’, Rosalía Soley, ha asegurado que hay que actuar «ahora». En el mismo sentido, Soley ha afirmado que «la Comisión Europea debe escuchar a la ciudadanía que rechaza masivamente el uso del aceite de palma como biocombustible. Por eso nos tomamos las calles de Madrid como orangutanes para mostrar la urgencia de un acto delegado»

 

Greenpeace y Ecologistas en Acción celebran el aumento del 49% en los Presupuestos para cambio climático pero lo consideran insuficiente

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Europa Press.- Greenpeace observa «ciertos brotes verdes» en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que reconoce como «tímidos avances», ya que celebra el aumento de un 49% de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7% en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático «quedan muy lejos ante la magnitud de los retos» que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar «al mismo nivel de importancia» que otros temas sociales como las pensiones. También ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a «ciertos brotes verdes», que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica. «El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos», critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental, que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales. En definitiva, la ONG reclama una «revisión seria» para adaptar los «ciertos brotes verdes» en los Presupuestos a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y Transición Energética que pueda obligar a que se concrete en los Presupuestos una apuesta real por la transición ecológica.

Transición justa y fiscalidad ecológica

Greenpeace ve «algunos gestos para el optimismo», en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los Presupuestos. Por su parte, la coordinadora del análisis de Presupuestos de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las «vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad». «Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible«, concluye.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción aplauden la reducción de los subsidios al diésel: «Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60% de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes». «Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación», añade. Por otro lado, considera «un craso error«, si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que financiará automóviles de gas.