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Grupos ecologistas llevan al Gobierno de Francia a los tribunales por su inacción en la lucha contra el cambio climático

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Europa Press.- Grupos ecologistas, entre los que se encuentran Greenpeace y Oxfam, han llevado al Gobierno francés ante los tribunales por no tomar suficientes medidas para luchar contra el cambio climático, un movimiento sin precedentes y que está respaldado por una campaña con 2 millones de firmas.

El objetivo de la campaña es que el juzgado administrativo de París obligue al Gobierno a aplicar sus políticas, como el plan energético plurianual, conocido como PPE, y los tratados internacionales suscritos por Francia, como el Acuerdo de París, firmado en 2015. «El Estado no está cumpliendo ni lo que se ha comprometido a hacer, especialmente todo lo relacionado con el Acuerdo de París de 2015», denunció la actual directora ejecutiva de Oxfam y exministra francesa, Cecile Duflot. «El Estado es un litigante como cualquier otro, nuestro objetivo es que sea condenado a actuar», explicó.

Emisiones en aumento desde 2015

La acción también está respaldada por la Fundación Nicolas Hulot, creada por el ecologista y exministro que dimitió el verano pasado por la falta de progreso en la lucha contra el cambio climático del presidente Emmanuel Macron. Greenpeace denuncia que Francia está en el mal camino ya que desde 2015 la emisión de gases invernadero va en aumento. «Esta actitud de sentarse y esperar a ver qué pasa solo ha empeorado la situación en la agricultura, el transporte, la energía y en otros sectores», lamenta. «Francia se está quedando atrás y ahora es necesario un nuevo comienzo y medidas fuertes y urgentes», alerta Greenpeace, que recalca que el Gobierno se niega a tomar medidas urgentes para lograr los objetivos climáticos.

El ministro de Medio Ambiente, François de Rugy, ha negado que el Gobierno esté actuando con demasiada lentitud en este sentido y criticó que una acción judicial no va a llevar a una reducción de los gases de efecto invernadero. Por su parte, Macron, que está en Nairobi, ha desdeñado una acción judicial que en su opinión no llegará a nada. «La solución está en todos nosotros. En este tema no se trata de que sea la gente contra el Gobierno. Este sinsentido debe acabar», ha afirmado. Estaba previsto que el Gobierno aprobase un borrador de una nueva ley energética y sobre el clima que ahora ha sido pospuesta para poder incluir objetivos más ambiciosos.

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

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Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

Las organizaciones ecologistas piden al Gobierno en Madrid que apruebe el autoconsumo para luchar contra la pobreza energética

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Europa Press.- ONG sociales y ambientales se concentraron en Madrid para reclamar al Gobierno que apruebe cuanto antes el Real Decreto del Autoconsumo que habilitará mecanismos para luchar contra la pobreza energética con energías renovables. Así, un conjunto de organizaciones se movilizó contra la pobreza energética, que aseguran que afecta al 10% de las familias españolas, que no pueden calentar sus viviendas en invierno.

Para las ONG, la lucha contra la pobreza energética es una «necesidad social y ambiental que no se puede bloquear ni ignorar«. En este contexto, Greenpeace pide que se apruebe cuanto antes el Decreto de Autoconsumo e insta a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas estructurales para poner a las personas y el planeta en el centro del sistema energético.

En concreto, Greenpeace considera necesario aprobar medidas urgentes y estructurales en España porque esta es una de las «muchas caras de la pobreza» y supone una disfunción de un sistema energético que no reconoce el derecho al acceso a la energía limpia como bien de primera necesidad ni la capacidad de las energías renovables para abaratar el precio de la luz. El citado Real Decreto habilitará mecanismos para que las administraciones públicas puedan luchar contra la pobreza energética con renovables.

Greenpeace considera «imprescindible» cambiar el modelo energético hacia un sistema eficiente, inteligente, 100% renovable y en manos de la gente para mitigar la contaminación y el cambio climático e insiste en la urgencia de adoptar medidas que fuercen la separación de los grandes empresas eléctricas integradas verticalmente. En la movilización participaron Amigos de la Tierra, ATTAC, CCOO, la Coordinadora de Vivienda Madrid, Ecologistas en Acción, InspirAction, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y Greenpeace.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tarea del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril

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Europa Press.- El anuncio de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril realizado por el presidente del Gobierno impedirá al Ejecutivo acometer algunas de las principales metas anunciadas hace 8 meses en materia ambiental, como la aprobación de la Ley de Cambio Climático.

Mientras el Gobierno presentó el viernes 22 de febrero el Plan Nacional de Energía y Clima, que envió a la Comisión Europea con retraso, pues el plazo terminó el 31 de diciembre de 2018, el Ejecutivo también presentó el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuya aprobación y entrada en vigor quedará para la próxima legislatura. En este sentido, el desarrollo del Plan y la Estrategia para la Transición Justa quedarán pendientes para la próxima legislatura. Así, el Gobierno recrimina que «no le dejan hacer, quienes han rechazado los Presupuestos», la Estrategia contra la pobreza energética.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, el balance no es negativo porque por primera vez un presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado «ecologista» y ha creado un Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, se queda «en el tintero» la «necesaria» Ley de Cambio Climático, aunque aún puede aprobar el Real Decreto sobre la tramitación de la conexión para facilitar el autoconsumo eléctrico. En todo caso, Ruibal tiene la esperanza de que «gobierne quien gobierne, dada la urgencia de la crisis ambiental, estas cuestiones no dependan de quien ocupe la Presidencia», por la gravedad de situación.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que haya sido tan «poco tiempo» para revertir dos legislaturas «tan negativas» para el medio ambiente como las anteriores del PP. A su juicio, aunque el principal esfuerzo se destinó a las cuestiones energéticas y climáticas, «a la hora de la verdad, se han podido sacar pocas cosas adelante». Si bien, Segura confía en que el Gobierno aún tiene tiempo para desbloquear la tramitación de las medidas sobre autoconsumo y espera que las propuestas de energía y clima del Ejecutivo pongan el debate sobre la mesa. Además, valora como «muy importante» que renueve el Consejo de Seguridad Nuclear, que es algo que «debía haber hecho desde noviembre».

En la misma línea, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez celebra que el Gobierno haya priorizado el paquete de cambio climático, porque es «muy importante para el futuro», y ha destacado el acuerdo de la minería del carbón. Sin embargo, también lamenta que pueda «quedar en el limbo» cuestiones como la regulación del autoconsumo. Rodríguez celebra que se haya eliminado el impuesto al sol y la posición ambiciosa en Europa en la directiva europea de renovables, que sitúa a España en el «alto rango» en una normativa europea que irá más allá de la sensibilidad del Gobierno «de turno». En todo caso, Rodríguez considera que debe ser prioridad de «cualquier Gobierno» cambiar el modelo energético español en su globalidad.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, lamenta que no se haya avanzado «como hubiera sido deseable» pero celebra que «por primera vez» España haya tenido un gobierno «ecologista y europeista» y desea que esa sea la línea futura. A su juicio, el medio ambiente puede, en el actual contexto político y social, ser «el pegamento que una a los ciudadanos» porque «nadie» puede estar en desacuerdo de garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. «En el siglo XXI todos los partidos que no defiendan el medio ambiente no son democráticos. Ahora mismo, defender el medio ambiente es la máxima expresión de la democracia», ha reclamado.

Desde WWF, su secretario general, Juan Carlos Del Olmo, ha subrayado que el Gobierno deja resueltas «muchas patatas calientes» que el Gobierno anterior no pudo resolver» pero admite que algunos sectores han rebajado el nivel de ambición. Entre los hitos en este «muy poco tiempo» considera que la propia creación de un Ministerio para la Transición Ecológica ha sido una decisión política «muy importante», así como la creación del alto comisionado para la agenda 2030.

De este modo, lamenta que el Gobierno termine ahora que «la maquinaria empezaba a funcionar» y sacaba todas las medidas de energía y clima. También ha valorado el acuerdo del carbón, alcanzado con el acuerdo de sindicatos y empresas, y que servirá para que la población acepte «por fin» que el carbón tiene fecha de caducidad. En estos poco más de 8 meses, valora que se han sentado las bases para descarbonizar la economía haciendo un «esfuerzo titánico». En su opinión, estos meses se han logrado «hitos pequeños pero importantes» y abrir debates fundamentales, como el decreto del autoconsumo, la pobreza energética, el carbón o el diésel, entre otras cuestiones.

Greenpeace y la Fundación Renovables piden adelantar el cierre de las centrales nucleares y participar en el proceso

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Europa Press.- Greenpeace y la Fundación Renovables piden al Gobierno que acelere la transición ecológica y adelante el cierre «inevitable» de las centrales nucleares que debe ser «seguro, eficaz y eficiente». En el marco de un foro de debate Un horizonte sin nucleares celebrado en Madrid en el que ha participado una veintena de expertos de distintos sectores que instan al Gobierno a no tomar decisiones a puerta cerrada, sino participar en un diálogo social sobre el apagón nuclear.

Los participantes han coincidido en reclamar un «debate necesario» al respecto y quieren ser «escuchados en igualdad de condiciones» por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, igual que ha hecho con los presidentes de las eléctricas. En ese sentido, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, defiende que «el Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos».

«La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que este debate, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos», denunció el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, que cree que el papel de las nucleares puede cubrirse «solamente» con las subastas pendientes de ejecutar este año y con los planes de mínimos del Gobierno de subastar 3.000 MW/año. «Las renovables están perfectamente preparadas para sustituir al parque nuclear actual», apostilló.

Greenpeace asegura que «ningún» país ha logrado gestionar de forma segura sus residuos nucleares y pide el cierre de centrales

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha publicado un informe a nivel mundial en el que asegura que «ningún» Estado ha logrado gestionar «de forma segura» sus residuos nucleares y señala que 2019 será decisivo en esta cuestión ya que se prevé la aprobación de un nuevo plan nacional de residuos que sustituya al anterior, de 2010.

Por ello, la ONG reclama la paralización de los residuos radiactivos y exige que cada industria se encargue de gestionar sus propios residuos. El documento analiza la situación de los residuos nucleares en distintos países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, denuncia que el «preacuerdo» entre el Gobierno español y las compañías eléctricas, que contemplaría un cierre de las centrales nucleares a partir de 2025, supone «un riesgo innecesario» que prioriza las cuentas de resultados de las empresas «frente al coste para la sociedad».

La ONG insiste en que el Gobierno debe contemplar «con rigor», en el Plan de Energía y Clima, que el coste de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos sea «íntegramente cubierto» por las empresas titulares de las plantas. «Toda industria debe ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce, además de evitar que la población y el medio ambiente se vean expuestos a graves riesgos. No puede haber excepciones, sobre todo en lo referente a los residuos nucleares, algunos de los cuales son extremadamente perjudiciales y peligrosos», ha añadido Montón.

Asimismo, expone que para Greenpeace la opción «menos perjudicial» para el combustible gastado, seguirá siendo el almacenamiento temporal cerca de la superficie, en superficie o en seco, ya que deja abiertas todas las puertas para las generaciones futuras y hace posible vigilar los residuos fácilmente. Sin embargo, no aporta ninguna solución para los dilatados plazos necesarios. Finalmente añade que ve un «peligroso sinsentido» seguir promoviendo la minería de uranio en España, donde se está estudiando el proyecto de la empresa australiana Berkeley en Retortillo (Salamanca).

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

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Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

La ley de cambio climático, el plan de energía y clima y la estrategia de transición justa se conocerán pronto y a la vez

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Europa Press. – La propuesta de Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia para una Transición Ecológica Justa se conocerán a la vez, según ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a las ONG ambientales en una reunión.

Así, en el marco de las reuniones habituales entre el Ministerio de Transición Ecológica con las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las partes ha analizado principalmente temas de cambio climático y energía.

Sobre lo que se ha hablado en la reunión, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que las ONG le trasladaron a la ministra que su gran preocupación era conocer «cuándo» iba a estar lista para iniciar su tramitación el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

En este sentido, ha asegurado que según las explicaciones de la ministra, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima está «muy avanzado» y que la idea del departamento ministerial es lanzar y dar a conocer al mismo tiempo tanto el proyecto de ley de cambio climático, como el citado plan y también la Estrategia de Energía y Clima.

De la misma manera, ha manifestado que la ministra Ribera les ha argumentado que el Gobierno está trabajando en las tres iniciativas como «piezas de un mismo puzzle» y que quiere dotar a los tres instrumentos de «coherencia».

Según Del Olmo, «el horizonte está en el Consejo Nacional del Clima. El Gobierno tiene todo el mes de enero para presentar a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, así que aún hay que esperar unos días».

Finalmente, el representante de la ONG ha adelantado que otra de los anuncios que les ha hecho la ministra es que también está «a punto» de salir el Real Decreto de Autoconsumo. «Trabajan en muchos frentes a la vez y la ministra ha reiterado el compromiso del Gobierno con la lucha contra el cambio climático», ha concluido Del Olmo.

Organizaciones contrarias a los combustibles fósiles critican que el Gobierno mantenga las ayudas a los vehículos de gas

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Europa Press.- Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución denuncian la «incoherencia» del Gobierno de Pedro Sánchez por hacer declaraciones en favor de la descarbonización mientras mantiene las ayudas a los combustibles fósiles en el marco del plan MOVEA.

Para el colectivo, la decisión de mantener las ayudas a los vehículos de gas muestra la «incoherencia de un Gobierno que, mientras hace declaraciones en favor de la descarbonización de la economía, decide mantener el gas en la propuesta inicial del plan MOVEA». Así, piden al Ejecutivo que decida si está comprometido con los combustibles fósiles o bien con la lucha contra el cambio climático y critica la decisión del Gobierno de mantener las ayudas al gas en el transporte.

En concreto, exponen que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé publicar el plan de ayudas MOVES, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que excluye a los turismos propulsados por gas para fomentar el uso de energías alternativas al petróleo en el transporte. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha abierto una consulta pública previa a la publicación de un Decreto que prevé incluir en el plan de ayudas MOVEA vehículos de gas.

Por eso, Gas no es Solución pide al Gobierno coherencia en las políticas públicas y los gastos, así como a comprometerse en la lucha contra el cambio climático y dejar de destinar dinero público hacia un transporte basado en cualquier tipo de combustible fósil. En 2017 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente encargó al IDAE la implantación del plan MOVALT, con un presupuesto de 21 millones de euros, de los cuales 10,6 se destinaron a vehículos propulsados por gas. Por su parte, el entonces Ministerio de Economía y Empresa gestionaba el plan MOVEA, dotado con 14 millones de euros.

En 2018 se preveía la fusión de todas las ayudas para adquirir vehículos de energías alternativas que gestiona el IDAE y que tenía un presupuesto de 66,6 millones de euros (50 para compra de vehículos, y 16,6 para infraestructura). Pero el plan VEA no llegó a publicarse entonces. La plataforma afirma que en 2019 ese dinero sigue presupuestado pero se ha vuelto al esquema de dos planes diferentes, el MOVES, que gestiona el IDAE, del MITECO y el MOVEA, que gestiona el Ministerio de Industria.

Para el colectivo, del que forman parte decenas de organizaciones contrarias al desarrollo del gas en España, los vehículos propulsados por gas no deben gozar de ningún tipo de ayuda pública, dado que estos vehículos constituyen un evidente paso atrás en la descarbonización del transporte. Así, consideran que junto con el petróleo y el carbón, el gas debe desaparecer «cuanto antes» del mix energético y advierte del potencial de calentamiento del gas, que es 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera.

En definitiva, denuncian que el Gobierno ha deshecho con una mano lo que hacía con la otra al lanzar el plan MOVEA, planteado por el Ministerio de Industria, que prevé conceder ayudas a las categorías de turismos, furgonetas y furgones, autobuses y autocares, motocicletas y cuadrociclos propulsados por gas, además de los propulsados por motores eléctricos y pilas de combustible.

Las organizaciones que forman parte de la red Gas no es solución son: 350 Bcn, Aliança contra la Pobresa Energètica, Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria, Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur), Berriztu!, Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Equo, Equo Huelva, Ferrol-Cape, Fracking Ez, Fundación Renovables, Fundación Ecología y Desarrollo, Greenpeace España, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, No Més Gas,Observatorio Crítico de la Energía, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Plataforma Resposta al Midcat, Plataforma Salvemos Doñana, Podemos, SEO/BirdLife, Transport & Environment, WWF España y Xarxa per la Sobirania Energètica.

Pancartas contra la contaminación madrileña

Por otro lado, activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar la mala calidad del aire en la capital. Para ello colgaron pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M-30 con la A-1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad. En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando del peligro para la salud pública en periodos de alta contaminación.

La entidad recuerda que la contaminación es un problema que va más allá del ámbito municipal y se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que «han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea». «Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un número excesivo de automóviles, tal y como estamos comprobando en la A-1″, explicó Greenpeace.

Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la «restricción de los vehículos de combustible fósil es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas». Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche. En este sentido, defienden la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen «la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes».

Greenpeace y Ecologistas en Acción celebran el aumento del 49% en los Presupuestos para cambio climático pero lo consideran insuficiente

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Europa Press.- Greenpeace observa «ciertos brotes verdes» en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que reconoce como «tímidos avances», ya que celebra el aumento de un 49% de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7% en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático «quedan muy lejos ante la magnitud de los retos» que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar «al mismo nivel de importancia» que otros temas sociales como las pensiones. También ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a «ciertos brotes verdes», que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica. «El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos», critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental, que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales. En definitiva, la ONG reclama una «revisión seria» para adaptar los «ciertos brotes verdes» en los Presupuestos a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y Transición Energética que pueda obligar a que se concrete en los Presupuestos una apuesta real por la transición ecológica.

Transición justa y fiscalidad ecológica

Greenpeace ve «algunos gestos para el optimismo», en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los Presupuestos. Por su parte, la coordinadora del análisis de Presupuestos de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las «vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad». «Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible«, concluye.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción aplauden la reducción de los subsidios al diésel: «Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60% de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes». «Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación», añade. Por otro lado, considera «un craso error«, si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que financiará automóviles de gas.