En todo caso, existen tres elementos clave que están fuera de toda duda: el primero, el reconocimiento de la consideración de “no competitivo” del carbón nacional y la necesidad de ayudas para que pueda ser incluido en el mix de generación eléctrica, interponiendo como argumento el coste social para empresas y comarcas mineras por este orden; el segundo, que el impacto de esta política en un 90% se concentra en el sector eléctrico, como “canal” convertido en necesario para la instrumentación de las ayudas a este sector, dado que la producción minera va destinada en esta proporción a la generación eléctrica; y, el tercero es el olvido selectivo momentáneo de las graves irregularidades y redes clientelares que ha venido tejiendo el sector minero respecto a las ayudas, y su montante y distribución de las mismas.

De cualquier modo, sea por motivos de cohesión territorial (como los que justifican la paradigmática y paradójica política de inversión del AVE español) o de cohesión electoral, lo que queda claro es que este sistema de incentivos se incorpora en forma de costes regulados al coste del suministro por motivos políticos y, por tanto, es cargado al consumidor español en la factura eléctrica, con poca reivindicación por parte de los mismos, dada su opacidad y sus afinidades electivas por parte de sus asesores y valedores.

Puestos en ello, la estrategia seguida por los defensores de una política generosa de ayudas al carbón nacional, fundamentalmente, pertenecientes al colectivo retroprogresivo de la electricidad, ha sido el enfrentamiento más o menos abierto con otras tecnologías convencionales o incluidas en el denominado régimen general, especialmente, como enunciábamos anteriormente, con la energía nuclear y, en menor medida, con las centrales de ciclo combinado de gas, con el fin de reclamar un hueco mayor en el mercado eléctrico en el que colocar esa producción térmica por repliegue de las demás o demandar fórmulas de transferencia de rentas entre tecnologías que, según su opinión, tienen mayores márgenes.

Además, con gran habilidad, sus mismos protagonistas han combinado la defensa de estas reclamaciones sectoriales, con una expresión del concepto de independencia energética como reservas estratégicas salazaristas (que justificase ese montante de ayudas y su ‘explotación’), con la demanda de una política expansiva de crecimiento de potencia renovable de viejo cuño, es decir, con primas o mayor potencia autorizada que a su vez redujese el hueco térmico de las tecnologías convencionales. Probablemente son demasiados malabares en estos componentes, elementos y reivindicaciones para los momentos actuales.

Todo este proscenio estaría muy bien y seguiría su curso corriente, con más o menos altibajos, si no hubiéramos entrado en el terreno de la necesidad de un acuerdo a menos de cincuenta días de las elecciones autonómicas y locales. Así, las noticias respecto a la ronda de negociaciones para desenlazar el problema de las ayudas al carbón nacional es una cuestión que afecta sobre todo a las expectativas electorales, lógicamente del partido en el Gobierno, en las comunidades autónomas sobre las que se asientan las principales cuencas mineras españolas (Asturias y Castilla y León).

Consecuentemente, existe temor a la alteración de la paz social y a turbulencias de orden público, alentadas por sindicatos y empresas mineras en su reverberación de modelo vertical, máxime cuando los conflictos mineros tienen una capacidad de resonancia enorme y el Gobierno busca mostrar su cara más friendly de cara al 25 de mayo. No estaríamos hablando de una política económica socialdemócrata al uso, sino de la atención de concesiones.

En el plano técnico lo que se conoce es una propuesta, pendiente de trámite, tachada casi por todas las partes de inconcreta así como sujeta a los dictámenes de la Unión Europea en la siempre espinosa cuestión de las ayudas de Estado y de su proceso de autorización. La propuesta consiste en incluir incentivos económicos para los procesos obligatorios y necesarios de inversión para la desnitrificación de las centrales térmicas españolas, a cambio de seguir comprando carbón nacional. Laxo y sin cifras. Existe necesidad de acuerdo y de que las autoridades comunitarias lo ratifiquen. Soria no se puede permitir más bumeranes futuros, con factura revolvente.

Todo ello ocurre en un momento efervescente para el Ejecutivo, en el que los acontecimientos empiezan a ir muy deprisa al ser un año de infarto en las urnas. Primeros albores de la recuperación de la economía española, con recuperación ralentizada y a remolque de la demanda eléctrica, con sobrecapacidad. Caída de costes de tecnologías renovables que vuelven a demandar su espacio, incluyendo el autoconsumo y, a la vez, caída de los precios del crudo. Exploracionismo y proliferación de búsqueda de nuevas fuentes de energía primaria, sin conocer a qué coste: fracking, cuando estas explotaciones se ralentizan en Estados Unidos a la vista de la coyuntura internacional, exploración de hidrocarburos y, por otra parte, la autorización de la clausura de varias plantas de ciclo combinado.

Y, sobre todo, todo ello sucede sin política energética definida y en año electoral. Apostemos por la provisionalidad. Otra vez.

Desde hace dos semanas, las revelaciones del sumario van en aumento y el Gobierno muestra todos los tics y latiguillos que han sido recurrentes durante los dos últimos años: una gestión poco cuidadosa con la seguridad jurídica que lleva a múltiples conflictos jurídicos e internacionales, cuya resolución no augura nada bueno; una articulación de medidas poco meditada; una torva desconfianza hacia los sectores energéticos; una concepción instrumental de las empresas y de los inversores y, además, fuertes presiones a los agentes económicos.

Inscribamos en todo ello las revelaciones sobre el encargo y la elaboración de los informes de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) respecto al recorte renovable con posterioridad a la propia norma, así como las presiones del propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las consultoras sobre el contenido de los informes, de lo que se hace eco hoy el periódico digital Voz Populi, bajo amenaza de impago de sus honorarios, y su disconformidad manifiesta con las conclusiones de estos informes. Todo esto empieza a configurar un problema político con tantos agujeros como un queso de Gruyère con el concepto de «rentabilidad razonable«.

A todo esto, hay que añadir la demora de Industria en la entrega de los informes, por pintorescas y episódicas razones como su tamaño, volumen o su dificultad de gestión de los soportes informáticos, produciendo el alargamiento de esta instrucción y, a la vez, la concentración aún mayor del foco en el conocimiento del comportamiento del regulador principal, una vez que se conociera.

Las propias asociaciones sectoriales renovables, unas con más intensidad que otras, están cargando con munición gruesa contra el Ejecutivo, realizando fúnebres campañas de publicidad, acusando al Gobierno del PP de enterrar el sector, previamente inflamado desde las políticas pasadas de la retribución y potencia instalada en forma de burbuja en determinados subsectores, cuestión que, por otra parte, no reconoce nadie.

El hecho es que actualmente existen dos líneas que convergen. Por una parte está la tendencia retroprogresiva que se ha instalado en el asesoramiento de una parte del sector fotovoltaico y renovable, con un enfoque muy agresivo y una estrategia de agitación basada en reclamar una retribución incentivadora por la vía de los subsidios cruzados procedentes de otros sectores energéticos.

Por otra parte, está la línea más empresarial, alineada con la defensa de los intereses de los inversores nacionales e internacionales, que reclama mayor seguridad jurídica. Aquí es donde se inscriben las tecnologías más penalizadas, que no han participado de la burbuja pero que han sufrido fuertes recortes, como la eólica o los productores fotovoltaicos de un perfil corporativo o ligados a fondos de inversión.

Si bien las revelaciones de estos días tienen su origen en la estrategia seguida por el segundo colectivo, las campañas publicitarias y las acciones grassroot (campañas de presión popular y en las redes) en ciertas comunidades autónomas como Murcia son atribuibles a los sectores más beligerantes.

Todas estas cuestiones coinciden, además, en un momento preelectoral en el ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que es mucho más relevante al asunto que nos concierne de lo que pueda parecer a simple vista. La inflamación existente en ciertas regiones con las medidas instrumentadas por Nadal y Soria es extraordinariamente severa y su alcance es de mucho más espectro de lo que parece en la medida que, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica era una de las formas de capitalismo popular surgidas en nuestro país en los últimos años. Además la actual situación de la demanda tampoco permite muchas alegrías en términos de volver a promover aumentos de potencia y concesión de nuevas autorizaciones y primas.

En definitiva, las fisuras de las medidas del Gobierno para resolver el problema del déficit tarifario están abriéndose y poniendo en evidencia que hubiera sido una solución más estable un enfoque sistémico consistente en el encapsulamiento de las primas fuera de la tarifa, junto con el resto de costes que soporta la factura eléctrica que no pertenecen al suministro, que la alambicada y apresurada articulación jurídica del concepto de «rentabilidad razonable«. Eso sí, hubiera precisado de una política integrada económica, hacendística y energética, con tiempo y negociación. Pero, seguramente, ya es demasiado tarde y todo el devenir futuro será reactivo: tapar los reveses que coseche lo realizado. El corazón de la polémica ya es político.