Autoconsumo, año cero

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Escribía Jordi Dolader, ex consejero de la Comisión Nacional de Energía en referencia al entonces proyecto de Reglamento de Autoconsumo, que éste era el único proyecto que nuestro país se podía permitir con lo acumulado de nuestra historia presente. Implícitamente, Dolader, hacía referencia a las decisiones regulatorias que habían conducido a la burbuja renovable, al encarecimiento de nuestro sistema de suministro y al incremento de los costes de acceso en la factura eléctrica.

En esta afirmación se encuentra la clave para comprender el problema del Decreto recién aprobado (y que había hasta apuestas de su promulgación) con todas sus dimensiones. Se trata de abordar la cuestión del autoconsumo como un elemento que se introduce dentro de la órbita de un sistema, el eléctrico  y, por tanto, con su correspondiente repercusión (técnica, organizativa y económica) a la hora de de articular el suministro de electricidad en nuestro país.

En sentido contrario, entender la cuestión del autoconsumo eléctrico como una cuestión referida meramente al impulso y promoción (o reimpulso, de unas industrias o de unas tecnologías) sería reducirlo en su alcance y dejarlo en el mero aspecto tan manoseado de los intereses (y, por otra parte, un enfoque tan frecuentado, incluso por los propios organismos reguladores). Y, la otra forma de reduccionismo es abordarlo puramente en términos de comunicación política, en clave de discurso buenista o ecologista (anzuelo que muerden los propios artífices de la comunicación política del Gobierno).

Por su parte, la reclamación de las instalaciones de autoconsumo de no contribuir en términos semejantes al de los otros consumidores al sistema, en aras del desarrollo de este mecanismo de suministro o de la mejora del medioambiente, es pueril y adanista, sobre todo teniendo en cuenta nuestros antecedentes, el coste del suministro actual y la cuestión del déficit tarifario con sus formas de absorción. Algo que, consecuentemente, crea enormes diferencias y discriminaciones, entre los consumidores que no pueden suministrarse de esta forma, afectando a capas importantes de la población y trasladando las cargas pasadas a otros consumidores, sobre todo urbanos.

Consumidores vs. autoconsumidores

Incluso, de facto, hoy es un problema de autoconsumidores contra consumidores. Si nos atenemos a la realidad demográfica, el autoconsumo es una opción para quienes poseen una instalación individual en una vivienda de unas ciertas características y capacidad de inversión para su adquisición e instalación. El autoconsumo no es opción viable para los consumidores urbanos (el 80 % de la población). Por tanto, estos últimos financiarían en el sistema los costes que los autoconsumidores que dejarían de sufragar de su desconexión al sistema en el modelo más extremo de desconexión.  Además, si nos atenemos a las posiciones y conocimiento de los consumidores a este respecto, nos damos cuenta que su concienciación es baja respecto de de las cargas indebidamente soportadas por los consumidores domésticos.

De igual forma, este mecanismo sí que se podría ver facilitado de haberse producido la separación de los costes impropios incluidos en el suministro y su atención desde los Presupuestos Generales del Estado, permitiendo un cálculo ajustado de los costes que los consumidores y, por tanto, los autoconsumidores tendrían que atender. Es decir, si se hubiera planteado de forma global en términos de “sistema” viendo su papel y aportación real.  Al igual, que la cuestión del balance neto, en términos de que necesidades de mayor oferta de generación requiere el sistema y a qué plazos.

Más allá de todo lo anterior, el Gobierno con esta regulación finaliza la legislatura en energía a excepción de la previsible revisión de precios energéticos pendientes con el horizonte de las próximas elecciones. Eso no quiere decir que la cuestión, tal y como se haya regulado, vaya a ser estable y que el Decreto recién aprobado (aunque todavía no publicado) tenga visos de permanencia. Actualmente, además de existir muchas fuerzas contrarias, esta es una cuestión muy golosa para la práctica de la demagogia, con exceso de cercanía a las elecciones. Por otra parte, de forma tímida, es una medida que alimenta la tendencia de desmembramiento del sistema, tal y como hoy lo conocemos, y afectará  a sus empresas (que empiezan a contemplarlo en sus estrategias), a sus operadores de transporte y sistema, a sus reguladores,  su organización económico-financiera y a su gobernanza.

Cataluña y la energía: primero el sí, luego el modelo

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Poco ha cambiado desde el amago de consulta de hace 10 meses en los planes energéticos que los nacionalistas catalanes trazan para una hipotética Cataluña independiente. En todo caso, las propuestas en materia de independencia energética parten del hecho de que, a partir de una declaración unilateral de independencia, los Estados concernidos, Francia y España, aceptarán y asumirán las condiciones fijadas por los independentistas, unido a la promesa de un futuro de energía renovable y, además, más barata. Es decir, una idealización fabulada, constante en los planes de independencia unilateral.

De hecho, siguiendo las líneas maestras del Libro Blanco sobre la Transición Nacional de Cataluña, el programa de Junts pel Sí insiste en presentar un futuro idealizado en lo energético de lo que supondría la independencia, con una electricidad un 30% más barata que en el Estado español. Lo más novedoso es que se apuntan al mix energético 100% renovable para 2050, lo que supone un plazo de 25 años. Todo ello supone además pasar por alto la política seguida por los sucesivos gobiernos de la Generalitat en materia renovable durante los últimos quince años.

Todo un cambio cosmético para solventar, dentro de una candidatura unitaria, que la izquierda nacionalista catalana encarnada en ERC afrontaba un conflicto interno entre ideología independentista e ideología relativa al mix energético que abogaba por resolver a favor de lo primero, aceptando un modelo con la energía nuclear y el gas como principales fuentes energéticas. Algo que exponíamos en 2014 desde Energía Diario con los artículos Independencia y energía (I): de la ideología al pensamiento único e Independencia y energía (II): hacia la intervención estatal.

Para llegar a 2050 queda mucho tiempo y lo que hace Junts pel Sí es decir un rotundo sí a la generación nuclear aunque lo esconda en su programa. «Plantear los escenarios adecuados para decidir la política nuclear catalana en el marco de la transición hacia una producción con mayor peso de la energía renovable y la priorización de una economía de bajo carbono, dado que las centrales en territorio catalán cumplirán los 40 años de funcionamiento a mediados de la próxima década», dice el programa de la candidatura unitaria. Donde pone «decidir», el Libro Blanco recogía «prorrogar» hasta los 60 años de vida útil las centrales nucleares. Del gas y los ciclos combinados el programa no dice absolutamente nada.

Las contradicciones entre la realidad y las intenciones de los nacionalistas, a pesar de tratar de ocultarlas en su contrato con los votantes, son evidentes. Con un 4% de peso de las fuentes renovables, sólo contando con el potencial nuclear y gasista insisten en afirmar que «Cataluña es autosuficiente en generación eléctrica. En una Cataluña independiente, la energía no sólo podría ser más barata, sino que se podría exportar , lo que conllevaría un ingreso adicional para hacer políticas sociales». Y los nacionalistas no sólo piensan en exportar: recuperar el impuesto a la energía nuclear, anulado por el Tribunal Constitucional por suponer una doble imposición teniendo en cuenta el 7% establecido a la generación eléctrica en toda España, sería uno de los primeros en implantarse.

Las interconexiones energéticas son catalanas: apropiación de la red con Francia

En este contexto, no sorprende la intención de Junts pel Sí apropiarse unilateralmente de las interconexiones energéticas. Después de inaugurar en febrero la gran interconexión eléctrica construida por el operador del transporte español, Red Eléctrica de España (participada en un 20% por el Estado español, su principal accionista) y por su homólogo francés, el programa de los nacionalistas expone que «la capacidad actual de interconexión del sistema eléctrico catalán es equivalente al 88% de la máxima potencia demandada por el mercado catalán de la energía, que supone 8,8 veces respecto a la recomendación de la Unión Europea». Mas se apunta una inversión de 700 millones de euros al tiempo que quiere seguir interconectado al sistema español.

En lo que respecta a los organismos y mercados, se configuraría un mercado eléctrico catalán y se crearían operadores catalanes. Pero también se anuncia un giro intervencionista con una auditoria del sistema eléctrico. En este sentido, hay que recordar que el Libro Blanco proponía «establecer un sistema de regulación de las retribuciones de acuerdo con los costes reales». Además, se sugería una subordinación de las empresas y sus instalaciones a los objetivos de la política energética de la independencia puesto que «en cualquiera de las circunstancias de futuro que se prevean, las mencionadas empresas considerarán Cataluña como una parte significativa de su mercado. Su posición será, con toda seguridad, colaboradora y, por lo tanto, no se tienen que esperar problemas».

En cambio, en el programa de Junts pel Sí ya no se contempla la negociación con el Estado español, principal accionista del operador del transporte y gestor del sistema eléctrico y gasista. Tampoco en cuestiones como los residuos nucleares, para los que se negociaría con Francia para su tratamiento en territorio galo. De hecho, los nacionalistas catalanes cargan intensamente en términos retóricos contra el sistema eléctrico español, «heredero del capitalismo de Estado del franquismo» y consecuencia de una «inadecuada» transposición de las directivas europeas, «que no ha alterado la estructura oligopólica» del mercado ni introducido «una verdadera competencia».

En definitiva, Junts pel Sí se compromete a evolucionar «hacia un sistema eléctrico distribuido, eliminando las barreras de entrada a los pequeños productores, públicos y privados, y favoreciendo el autoconsumo energético, especialmente el procedente de fuentes renovables». Con el horizonte fijado en 2050, para un modelo 100% renovable, pero sin recoger en ningún punto del programa la relevancia que jugarán los ciclos combinados de gas hasta entonces.. La fabulación del modelo energético, en extremo voluntarista, su inconcreción, la consideración de que el resto de países aceptan las condiciones de los nacionalistas catalanes a pies juntillas, y, en definitiva, embellecimiento del mismo para los votantes con la promesa de un futuro feliz, lo convierten en uno de los anzuelos electorales. Quizás por eso la candidatura unitaria rechaza dar entrevistas al respecto. (Energía Diario trato de gestionar una entrevista al respecto y JPS declinó la invitación)

La interrumpibilidad,  otra vez

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Esta semana comienzan se ponen en marcha las subastas de interrumpibilidad que, gestionadas por Red Eléctrica de España (REE) y supervisadas por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, atribuyen los lotes de este servicio mediante puja a las ofertas más competitivas de las empresas demandantes de la misma

Partamos de la definición del servicio de interrumpibilidad. Se trata de un servicio mediante el cual las empresas (grandes consumidores de energía) ofrecer la desconexión durante un período (es decir, la interrupción de su suministro) a cambio de un descuento/bonificación en el coste de su consumo.  Es decir, es un mecanismo mediante el que se articula cómo el operador de sistema eléctrico (REE) ordena el cese de la actividad productiva de una instalación por circunstancias de la red, a cambio de un descuento en el precio de la energía que reciben.

Dicho servicio, a raíz de la llamada “reforma eléctrica” se reformuló mediante el sistema de subasta. La primera subasta de interrumpibilidad fue muy controvertida puso al Ministerio en el ojo del huracán. De hecho, a partir de un diseño inicial de tiralíneas, el cambio que se produjo en las  tarifas en los consumidores industriales y, de forma combinada, las primeras subastas de interrumpibilidad, conllevó que se tuvieran que repetir las subastas para que salieran medianamente aceptables, dado que sus anteriores beneficiarios no accedían a ellas, complicando la viabilidad de sus actividades industriales. Se calibraron mal los efectos en determinadas industrias, el acceso de las mismas al mecanismo y por ello, acabaron repitiéndose hasta que su resultado fue el “deseado”. Son cosas, ese tipo de actuación, a prueba y error, que en nuestro país empiezan a verse con normalidad.

Por tanto, los destinatarios natos de este proceso son las empresas, cuyos procesos productivos precisan un porcentaje importante en energía, siendo posiblemente su ‘input’ más relevante. Siderúrgicas, aluminio, metalurgia, papeleras, etc… son, en puridad, las principales destinatarias de este proceso, cuyo montante se incluye, eso sí, en los costes de acceso. Por otra parte, por su propia construcción es un subsidio de unos consumidores (domésticos) a otros consumidores (industriales).

Vayamos de la virtualidad a la realidad. Es un servicio que, diseñado así y con un exceso de capacidad de generación eléctrica notable, no ha sido necesario de su utilización hasta el momento. Es decir, el operador de sistema, REE, no ha hecho uso de él y lleva sin hacer uso de él en sus definiciones semejantes previas (pagos por capacidad, servicios de gestión de la demanda, etc…), nunca.

Quizá por eso, en las notas de prensa del propio Gobierno existe un empeño importante en emplear la palabra “utilidad” en referencia al mismo.  A la vez, se da la paradoja que los demandantes de este servicio consideran que los paquetes ofertados son escasos o insuficientes. Lo que viene a reafirmar las tesis de que se trata un “descuento en  factura” orientado eufemísticamente a fomentar una política industrial. Cuestión que, por otra parte, nos pone en la mirada de la Unión Europea y la sospecha de que este mecanismo pueda entrar en las sospechas de ser declarado una ayuda de Estado, algo que aterra a las autoridades españolas que Administración, tras administración no resuelve el problema.

De hecho, el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha llegado a sugerir la posibilidad de ofrecer más interrumpibilidad en función de la «demanda». La pregunta es, ¿de la demanda de qué?, ¿de necesidad de tiempo de interrumpibilidad? Si no la hay. Pero la concepción de la tarifa como caja de compensación que subyace aunque se hayan sofisticado mucho los mecanismos que lo regulan y así, esa expresión de la ‘demanda’ en realidad hace referencia a la demanda energética derivada de una mayor producción industrial.

Y, además, en esta semana, hemos comprobado como los movimientos de los agentes económicos se han hecho incesantes e insistentes alrededor de la subastas. La gestión de comunicación de lobby está funcionando a tope y de libro. La campaña de lobby se ha orquestado correctamente, de forma que la semana pasada salía un ranking de competitividad industrial en el que España descendía por debajo de Italia por el coste de la energía para las empresas.

Además, en esta ocasión, la exclusión de ciertas plantas en su posibilidad de concurrencia en las presentes subastas de interrumpibilidad, sobre todo las papeleras, ha teñido este mes de agosto de polémica para este sector, como denuncia ASPAPEL.  Por otra, los propios trabajadores y Comités de Empresa, están siendo movilizados ante las subastas, cuando no ha mediado reunión previa de alto voltaje entre los representantes de los trabajadores y los gestores de sus empresas alertando de la evolución del a compañía en días previos a la subasta y significando que incluso un buen descuento en la factura eléctrica puede no ser suficiente para la viabilidad de su actividad por circunstancias de demanda. En el caso de Alcoa, además, se han tensado discrepancias entre s dos plantas (Avilés y San Ciprián) por las pujas efectuadas por su gerencia para cada una de ellas y su efecto sobre la actividad de las mismas.

Pero, en realidad, esta no es la forma de solucionar el problema de los costes de la energía en la industria y para los consumidores. La solución sigue siendo la separación de los componentes incluidos en la tarifa que no forman parte del suministro y desposeer a la tarifa de ese carácter de caja de compensación y de subsidio cruzado. Si no, siempre estaremos en esta ceremonia del interruptus.

 

¿Por qué la CNMC quiere ser ’trending topic’?

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La CNMC ha vuelto con fuerza a la actualidad energética en los últimos días de agosto. Tras la seria, profunda andanada jurídica que ha recibido este verano este panorganismo regulador español de los sectores de actividad, de los mercados, de la competencia, de que los  precios estén bien y de un cierto concepto de justicia social (además del hecho de mostrarse solícito para lo que se le demande hacer, de ahí su utilidad). Eso sí, pronunciando frecuentemente la palabra independencia, aunque sea en vacío retórico. El problema de la CNMC es que ya no puede desprenderse de su pecado original: el exterminio de sus órganos predecesores por el Gobierno recién entrado, merced a un informe de partida elaborado por una consultora, encargado con las conclusiones y consecuencias previstas de antemano.

Eso implica que le resulta imposible quitarse el estigma de seguidismo al Gobierno  y de sus directrices, como en un ejercicio de gimnasia sueca. Cosa que, hablando en serio, tampoco ha ocurrido. ¿Qué graves polémicas han existido entre el Gobierno y esta versión CNMC y su ‘totum revolutum’ ? ¿Cuántas dimisiones ha habido? En lo energético, ¿con qué consecuencias fácticas más allá de una posición indefinida en cuestiones como las subastas CESUR, la rentabilidad razonable, el autoconsumo o la interrumpibilidad? ¿cómo mantiene una dogmática visión referidas a los mercados energéticos (creencias retroprogresivas) deslizadas o como transfondo en sus dictámenes para respaldar las intervenciones del Ejecutivo o su respuesta pronta a lo que se le demanda, sin mucho más que lugares comunes y poca herramienta analítica? En otros sectores, las comprensiones de los mismos (diagnósticos) dejan mucho que desear, lo que deviene en medidas y omisiones. Y, en otras, directamente, las medidas y omisiones son lacerantes, cuando no la cascada de expedientes sancionadores diarios buscando legitimación por hiperactividad.

Por  tanto, en el organismo, con la ofensiva judicial en marcha en el Supremo y su descrédito  en el terreno político y económico,  cunde la impresión, consciente o inconsciente, de que un cambio de Gobierno se traducirá en otra operación de destrucción creativa (y, en este caso, con mucha razón y sin nadie que defienda el engendro). Por eso,  hay intentos, un poco inverosímiles a la vista de los resultados, de disimulo y voluntariosos ademanes de adecentamiento. Esto es, cómo se hace esto en España: hay que “comunicar mejor”. Pero lo que se hace, se sigue haciendo igual y con las mismas consignas, en contra la tozuda realidad de que lo que más comunica son los hechos.

Pero, además, como todas las situaciones en la que hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, las cosas no acaban todo lo finas que tenían que ser. Repasemos las noticias de los últimos días. Por un lado, se puede decir que, aparentemente, en el lado del debe de la CNMC hacia el Gobierno, se ha conocido lo que podríamos denominar un matiz para entendidos que, por otra parte, no lo es tal. Así, la CNMC  no está de acuerdo con la desindexación de los precios en la energía prevista en el Real Decreto de desarrollo de la ley. Pero es que, en realidad, el Gobierno tampoco aunque así lo haya escrito en el copia-pega intersectorial al elaborar la ley. Aquí el organismo ha querido vender en los medios una cierta «disensión» con el Ejecutivo. Ha sabido ver el «gap»

En el lado del haber, el Gobierno, a la vista de la evolución del petróleo en estos días, amaga con los precios de los carburantes. Ahí está la CNMC rauda y veloz a proponer  30 medidas y crear un “#hashstag” (una palabra clave en Twitter para agrupar comentarios en torno a un tema e intentar hacerla “trending topic”, una tendencia entre los usuarios de esta red). Incluso, seguramente que esto habrá sido acudiendo al community manager del organismo, encargándole una iniciativa de “competencia friendly”, por lo que se ha propuesto publicar por Twitter y en el blog, un seriado con las 30 recomendaciones coincidiendo con la operación retorno y mandar una nota de prensa para decir que lo hará. Imaginemos a los conductores españoles leyendo eso de que los operadores petrolíferos no puedan participar en el accionariado de CLH, como primeras dos recomendaciones. ¿Qué preguntas podría hacerse alguien medianamente inteligente sobre un asunto de ‘política’, ordenación de los mercados, gobierno y ‘corporate’?  Error de misión, y por tanto, error de público, de target, de medio y de mensaje. E inanidad de la medida a estas alturas de campeonato. Este es el sino de los órganos reguladores ‘independientes’  en los tiempos de Twitter

Y, finalmente, el ministro de Economía Luis de Guindos, a cuenta de lo mismo, de los precios de los combustibles, acaba de decir que el Gobierno se apoyará en la CNMC para garantizar que la bajada del petróleo se traduce en el precio de los combustibles que pagan los consumidores españoles. Hasta utilizó en sus declaraciones, en referencia a la CNMC, ‘cuidadosamente’ la clausula “aunque se trata de un órgano independiente”. Considerando a Marín Quemada un hombre de su confianza, no está nada mal esta finta discursiva. Que quede claro todo.

En resumen, contra la dureza argumental y factual de los comportamientos del mismo organismo vistos con detenimiento, lo explícito de la relación con el Ejecutivo, de los cuestionamientos jurídicos a punto de reventar y de los reproches a nivel europeo sobre el formato del organismo, esto es lo que tenemos: su twitter, su blog y unas ganas inconmensurables de buscar reputación digital siendo “trending topic”.

El precio del petróleo se desploma por China y el mantenimiento de la oferta, a niveles anteriores a la crísis

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EFE.- El precio del petróleo cayó ayer hasta niveles que no se veían desde el inicio de la crisis económica ante las turbulencias en la Bolsa china, que sufrió su mayor caída en más de ocho años y contagió al resto de parqués mundiales y mercados de materias primas.

El barril de Brent, de referencia en Europa, cerró en Londres en 42,69 dólares, un 6,09 % menos respecto al viernes y el mínimo desde principios de 2009, mientras que el crudo Texas (WTI) acabó en Nueva York en 38,24 dólares -un descenso del 5,46 %-, por primera vez en seis años por debajo de la barrera de los 40 dólares.

La volatilidad de los índices en China y las dudas cada vez más extendidas sobre la economía del gigante asiático, segundo consumidor mundial de petróleo, han aumentado en las últimas semanas la presión sobre los precios del crudo, que ha perdido cerca de un 35 % de su valor en el International Exchange Futures (ICE) desde mayo por el exceso de producción que ha saturado el mercado.

Los analistas temen que una ralentización del crecimiento de China pueda tener un efecto demoledor sobre su consumo energético, lo que agravaría la actual crisis de escasez de demanda de petróleo.

«La principal preocupación ante estas caídas bursátiles es la falta de capacidad del Gobierno chino para contenerlas. Además, existe un temor sobre el efecto dominó que pueden provocar en los mercados asiáticos y, en cierta medida, en las economías europeas y estadounidense», afirmó Richard Mallinson, de la firma británica Energy Aspects.

Con todo, el miedo a que la demanda del segundo consumidor mundial de crudo se desplome es por el momento una conjetura, más que una realidad, dado que en los últimos meses Pekín ha aumentado mes a mes su compra de petróleo.

China ha aprovechado los bajos precios, provocados en primer término por la negativa de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a reducir su producción, para abastecer sus reservas estratégicas de crudo a bajo coste. «La demanda china es mucho más sólida de lo que la gente parece creer. Quizás se está fijando demasiado la atención en las señales del mercado bursátil», apuntó Mallinson.»Aún así, si la economía china continúa ralentizándose, al final también lo hará el crecimiento de la demanda de crudo. Es improbable que llegue a retroceder, pero sí que veremos como el crecimiento baja su ritmo», resaltó el analista.Para Lei Mao, profesor de Finanzas de la escuela de negocios de la Universidad de Warwick, «la economía china se está ralentizando más rápido de lo que se esperaba y hay previsiones de que el yuan se depreciará aún más durante este año».

Más allá de los efectos de la evolución de la demanda china, los precios continúan afectados por el pulso de la OPEP, liderada por Arabia Saudí, con Estados Unidos, principal consumidor mundial y un productor cada vez más potente.

La modernización de la industria estadounidense y la proliferación de yacimientos de hidrocarburos derivados del esquisto han disparado las reservas de EE.UU a su máximo en al menos ocho décadas, lo que acarrea una reducción de sus importaciones y empuja los precios a la baja. Los países de la OPEP se han negado a reducir su bombeo de 30 millones de barriles diarios, techo de producción que mantienen desde 2011, a pesar de que esa decisión contribuye al desplome del precio y añade dificultades a sus economías.

Arabia Saudí y sus aliados esperan que un petróleo por debajo de 50 dólares durante demasiados meses consecutivos minará los presupuestos de algunas compañías que extraen petróleo en Estados Unidos y otros países, y servirá a la larga para asegurar la hegemonía de la OPEP en los mercados.La táctica ha funcionado en parte, y la inversión en extracción y yacimientos en Estados Unidos ha sufrido una notable reducción desde principios de año, si bien los efectos de esa situación todavía no se han traducido en la práctica en un descenso de la producción.

«El mercado necesita ver muestras de esa ralentización (en la producción) antes de que los precios del petróleo comiencen a subir», consideró Mallinson. «Creo que los precios del petróleo están ahora mismo desconectados de la economía real. Podrían continuar cayendo durante las próximas semanas, pero esa tendencia terminará hacia final de año», pronosticó el analista.

Elcogas, mon amour

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La realidad energética del verano en España se ha visto sobresaltada por la decisión de cierre de Elcogas, confirmada por su Consejo de Administración este martes. La cadena de  reacciones no se ha hecho esperar elevando, nuevamente, la temperatura en las relaciones entre el nuevo Ejecutivo castellano manchego que preside Emiliano García-Page (un gobierno del PSOE con apoyo de Podemos) y el Gobierno, con el Ministerio de Industria, enfrente.

Se suma esta polémica, a la también muy reciente (y todavía no resuelta, con los mismos protagonistas) respecto al enclave del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañaas (Cuenca) y en el que la Junta está poniendo toda la carne en el asador para obstaculizar al Ministerio de Industria, echando por tierra los acuerdos previos entre socialistas y populares en esta cuestión.

La instalación de Elcogas es una de las instalaciones afectadas por el proceso de revisión retributiva instrumentado en el ámbito de la llamada “reforma eléctrica”. Elcogas viene operando desde finales de los noventa, como un ciclo combinado que funciona con carbón y con gas de  forma intercambiable, siendo una instalación que es una verdadera innovación tecnológica, teniendo carácter de no convencional en Europa.

Los críticos con este modelo señalan que se trata de una instalación demasiado grande para ser experimental, lo que encarece el riesgo, el coste y su mantenimiento, si se pretende su continuidad integrada a esos volúmenes en el sistema eléctrico.  Y, al mismo tiempo, en términos de paridad, claramente, la instalación no es competitiva a precios de mercado.

En este sentido,  parece claro que, tarde o temprano, esta contradicción tenía que resolverse de alguna manera. De hecho, periódicamente, el modelo retributivo de Elcogas era revisado por los órganos reguladores independientes para ir buscando fórmulas, absorbiendo sus pérdidas. Se acabó la clemencia.

En términos políticos, la cuestión está abierta abierta. El PSOE de Castilla-La Mancha que ha puesto la maquinaria a funcionar promoviendo a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso para que los Presupuestos Generales del Estado 2016 reconozcan el “hecho diferencial” de Elcogas, estableciendo una retribución específica (lo que quiere decir, mejorada) y, de paso, acallar las lógicas reivindicaciones que provienen de la comarca de Puertollano.

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con sus declaraciones tampoco se lo pone bien al Gobierno, apelando al argumento de que “con Cospedal vivíamos mejor y esto no hubiera pasado”. Y, de hecho, el Ejecutivo se ha atrevido a dejar caer Elcogas, una vez que Cospedal ha dejado de ser presidenta de Castilla-La Mancha. De hecho, la ex presidenta intervino directamente con el Ministro Soria, al menos una vez, durante su mandato para evitar el cierre de la planta. Por tanto, desde las instancias políticas del Partido Popular, también se cree en el hecho diferencial mejorado.

Y, realmente, lo que falta es determinar de una forma global e integral, qué cuestiones entran en la tarifa, cuántas cuestiones se sufragan y qué tecnologías precisa nuestro país con cifras serias de evolución de la demanda, pues realmente Elcogas en términos cuantitativos es bisutería retributiva con respecto a todo lo demás. Y, por eso, bien mirado, todos los hechos diferenciales se deberían anotar desde los PGE y no desde la tarifa. Y, ahí es dónde se acaba todo el atrevimiento.

La hora de Jesús Mota

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El pasado domingo se publicaba una columna de Jesús Mota en el diario El País, en la que ponía el acento (ése es el nombre de la sección del diario dónde se ubican estos comentarios de opinión) en que la elevación de las cuotas de acceso de la factura eléctrica perjudica a los consumidores más eficientes o, mejor dicho, que dicha fórmula, contiene un incentivo que penaliza el ahorro energético.

Las columnas sobre el sector electricidad de Jesús Mota siempre contienen una indisimulada destilación de intencionalidad contra los sectores respecto de los que escribe, derivados de la orientación de los propios comentarios que el autor adiciona a sus formulaciones. Históricamente, esto se puede advertir en la trayectoria de este periodista respecto de sus posiciones en relación al sector empresarial de la entonces siderurgia española hasta que pasó a manos del magnate hindú del acero Lakshmi Mittal. Un tratamiento opinático éste, hacia los sectores y empresas del país, que era muy frecuente en los años 80 en ciertos sectores políticos izquierdistas, que eran particularmente beligerantes hacia las empresas de esos sectores, hasta que cambiaban de propiedad.

En el caso de los artículos de Mota referidos al sector eléctrico y, en éste en particular, el autor viene a atribuir la situación de la estructura tarifaria actual a lo que son sus temas ideológicos recurrentes: achacando su efecto a la recurrente causa de presiones del sector empresarial eléctrico, enunciado de forma ambigua. Sólo así se puede entender, el uso más o menos confuso combinado de la denominación “empresas eléctricas” o “sector eléctrico” cuando se alude a los costes regulados, cuyo cobro sí que efectúan las empresas distribuidoras del sector eléctrico, pero cuyos destinatarios o agentes retribuidos por las distintas actividades incluidas, son otros, que no se entienden comprendidos en las invectivas en virtud de su participación en el coste del suministro (primas, transporte, etc…) o cuya función es otra (el equilibrio tarifario interterritorial).

Con el fin de ser constructivos, en realidad, existirían tres teóricas formas de abordar el problema de los costes regulados en España a día de hoy. La primera es, de forma historicista, determinar cómo se ha llegado a esta situación, describir cuáles son los componentes que lo engrosan y, en todo caso, analizar la bondad o el ajuste de cada uno de los elementos a sus mecanismos retributivos.

La segunda, tiene que ver con las alternativas para la resolución del problema y sus impactos, es decir, el abordaje de los mecanismos regulatorios y financieros, para resolver su impacto en la tarifa para los consumidores domésticos y empresariales. Y, la tercera, sería el hecho de hacer hincapié en los efectos perversos que tiene sobre el consumidor esta fórmula, al penalizar los posibles esfuerzos de ahorro, dado que supone un término fijo en la factura, creciente en el tiempo, con independencia de su consumo (cuyo efecto no aumenta cuanto menos se consume, contrariamente al titular de Mota, pero que si es cierto que tiene un efecto desincentivador). En todo caso, cabe preguntarse de cuáles son las alternativas existentes en este esquema tarifario, si no intervienen los Presupuestos Generales del Estado en el mismo.

Dado que el artículo de Jesús Mota se limita a su labor de opinión periodística, no se aborda la resolución del problema abultado de los costes regulados, de cómo se han ido formando (sobreinversión, burbujas renovables, etc…), tampoco de las posibles vías de resolución del mismo (separación de la tarifa de aquellos elementos impropios al suministro: primas, coste de los sistemas extrapeninsulares, etc…) como se viene reclamando desde el propio sector eléctrico. La única explicación de la intención del artículo, en este momento, sería la de apoyar al Gobierno en lo que ha sido su política de contención o reducción discrecional de los costes regulados mediante intervenciones directas (cuya resolución o conflicto jurídico puede que vuelva), abolición de las subastas o implantación de los impuestos a la generación. Y, más, coincidiendo con las recientes advertencias del propio Ministro de Industria, como vigilante de la evolución de precios en el mercado mayorista toda vez que, la pretensión de utilización electoral de la tarifa eléctrica, podría verse aguada. Lo que es cierto, es que este es el problema mollar de la tarifa, aunque la lógica evolución del mercado mayorista en momentos de mayor demanda y de peor meteorología lo puedan distorsionar.

En todo caso, es importante advertir de esta visión del problema tarifario en España y de lo que supone la existencia de esta percepción distorsionada como condicionante en el enfoque de opinión y de contenidos del primer diario español respecto al sector eléctrico, incluyendo cómo el devenir ideológico hace extraños compañeros de cama. Es la hora de Jesús Mota.

Filibusterismo y conflicto político por el ATC

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Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para abordar la cuestión del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares es que España cuenta con un sistema de generación de electricidad diversificado en sus tecnologías, que permite, descontando excesos de la burbuja renovable, contar con un mix de generación eficiente. Esto incluye evidentemente el parque de generación nuclear, cuya función de energía base, sin emisiones contaminantes, participa en ese mix de manera decisiva.

La necesidad de que España cuente con un almacén de residuos nucleares es evidente. La operación del parque actual, del que nadie pide aumentar su número de reactores, lo requiere a la vista de la factura que podría suponer aumentar el grado de expatriación de este proceso. Por eso, es una desgracia enorme que una cuestión de estas características, la construcción del ATC se haya incrustado en la tragedia de la política politizada convirtiéndose en un campo de batalla, es decir, en otro de los conflictos en el ámbito de la energía que evidencian el forcejo institucional del país, hasta convertirse en una pelea de sumo teñida de polémica, por alineación de administraciones y partidos.

Llegamos así a uno de los elementos comunes de este Gobierno en energía: un diagnóstico correcto, pero una instrumentación y articulación pésima, basada en el enfrentamiento y la soberbia, carente de negociación y conducente al conflicto institucional, en el que todos cometen errores y excesos en sus respectivos afanes. Hagamos un repaso reciente de la escalada: las maquinarias se activan tras cuatro años de letargo. No pasa inadvertida la «agilidad” sobrevenida de repente en el CSN, la ocultación de un informe calificado de irrelevante (siendo irrelevante ¿por qué se oculta?), su contradicción sin explicación (qué no significa que sea inexplicable) con los informes geológicos y la existencia de informes pendientes aún, a pesar de lo cual el CSN se pronuncia.

A cuenta de ello se produce, con motivo de este dictamen, un enfrentamiento posicional entre dos consejeros del organismo, Fernando Castelló (favorable al ATC) y Cristina Narbona (desfavorable), agente doble y antinuclear confesa. A ello se suma la discrepancia de voto entre Narbona y la consejera Rosario Velasco, ambas propuestas por el PSOE. Conviene estar atentos a la proyección de Narbona y a su instinto y experiencia política, algo que puede acabar trayéndole de cabeza al presidente del CSN, Martí Scharfhausen, el ex secretario de Estado de Energía que nunca lo fue, que puede verse salpicado por la gestión de este asunto y la penalización de la propia credibilidad de este organismo regulador encargado de velar por la seguridad nuclear.

En la misma línea, de movimiento acelerado, el propio ayuntamiento de Villar de Cañas aprueba un plan urbanístico a uña de caballo para poner alfombra roja a la instalación, que está siendo observado con lupa por la Junta de Castilla La Mancha, que amplía la protección medioambiental de una laguna cercana a petición de una plataforma anti instalación, lo que ocasiona la chispa del conflicto jurídico y del choque de trenes que previsiblemente acabará en los tribunales como un conflicto de competencias con el Estado.

A declaración medioambiental demagógica de la Junta de Castilla-la Mancha, respuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá, con anuncio de declaración de interés general. Por su parte, desde Industria se acude a la exageración y al maximalismo declarativo: José Manuel Soria considera que de no construirse el ATC, subiría un 30% la tarifa. En el campo de batalla, está también, cómo era lógico, todo el movimiento antinuclear muy bien engrasado.

Los detractores de esta tecnología saben que obstaculizar un proyecto así puede servir para encarecer severamente la operación nuclear en España y beneficiar a otras. Cobrarse esta pieza sería capital y redundaría en beneficios asociados. El Gobierno español se encuentra entre la necesidad de ser friendly ante las elecciones, la menesterosidad del descuido al habérsele echado el tiempo encima, más lo aguerrido de la forma de operar en cuestiones energéticas, jugando siempre a órdago, y no las tiene todas consigo.

Por eso, sin esconderlo, una de las argumentaciones es la formulación política de oposición a la energía nuclear, como reconocía el consejero autonómico de Medio Ambiente en una entrevista en Onda Cero a cuenta del filibusterismo jurídico que el gobierno regional empieza a ejercer contra el ATC de Villar de Cañas. Además de advertir de que los nuevos requerimientos del CSN incurrirían en un sobrecoste imprevisto al proyecto, destacaba su opción política por “otras fuentes de energía de carácter renovable”.

Por eso, también es cierto que la coartada medioambiental de la oportunista ampliación promovida por la Junta contra el proyecto, no resistía las preguntas de Carlos Alsina al consejero y sus grullas, lo que desenmascara a la vez un perfil muy político/politizado de la oposición al ATC que va a ejercer el nuevo gobierno regional de forma indisimulada. Narbona gana la partida en el PSOE.

A todo ello, Villar de Cañas, en medio de este conflicto entre Administraciones, teme que el proyecto se escape, con el empleo y desarrollo asociado al ATC, mientras recibe de su consejero autonómico, recién estrenado, promesas a cambio de la instalación del estilo de las mismas banalidades insustanciales e inconcreciones que prometió Zapatero para promover en su momento el cierre de Garoña una mañana de julio, con un argumentario menos improvisado, alejado de esquematismos y más elaborado desde la comunicación política.

La guerra ha comenzado.

«Tour de force» en el decreto del autoconsumo

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La inminencia en la promulgación, traslado al Consejo de Ministros o aplazamiento del decreto del autoconsumo está llevando a que los movimientos y estrategias de lobby asociados al mismo se estén intensificando y cobren vigor en este cambio. En días pasados conocíamos como se estaban recabando apoyos en el ámbito europeo, con el agravante de que las cuitas energéticas españolas ya han alcanzado un grado de hartazgo notable en las instituciones comunitarias.

Del mismo modo, teníamos noticia de las indicaciones de la CNMC al respecto y de la propia Defensora del Pueblo, con pocas simpatías entre la institución y el actual Ministerio de Industria. También podíamos leer en la prensa artículos que lo promueven y lo defienden, teniendo en cuenta que su alcance es limitado a personas con capacidad de inversión del entorno de los 8.000 euros y titulares de viviendas unifamiliares con capacidad para colocar instalaciones de ese tipo. Los titulares de la industria buscan, lógicamente, un balón de oxígeno, desligados aparentemente del problema de las primas a determinadas tecnologías renovables.

En este contexto conocíamos como 18 partidos políticos y organizaciones se planteaban la promesa de derogación de este real decreto en caso de aprobarse. Un acuerdo que involucra a casi todo el arco político actual, incluyendo los nuevos partidos emergentes, en una reconfiguración segura del mapa político español tras las generales. Al Gobierno se le plantea un tour de force y, en energía, estos tres últimos años, se han incurrido y propugnado varios, por la propia gestión de las medidas adoptadas. Este decreto podría ser como el modelo retributivo de la fotovoltaica de los socialistas, predestinado a una demolición anunciada.

Se trata de artillería gruesa y, obviamente, es también una prolongación de una forma de hacer política energética característica de la legislatura tras el nombramiento de Alberto Nadal. El Gobierno sabe que, con el problema del déficit tarifario resuelto contablemente pero metido debajo de las alfombras, la regulación sobre el autoconsumo puede ser el principio de otro agujero fenomenal en la tarifa, de cara a la instrumentación para los autoconsumidores futuros de la posibilidad de eludir los costes regulados de nuestro actual modelo de suministro.

Por tanto, esta regulación es la consecuencia de ese enfoque y de no abordar en serio la detracción de los costes impropios de la tarifa, incluyendo la propensión a las inversiones en transporte que también están en el punto de mira. Si eso se hubiera producido, la regulación del autoconsumo tendría más posibilidades de haber sido neutral, con la aplicación de los costes debidos, y valer para el futuro. Del mismo modo, todos los argumentos buenistas y de ciencia ficción sobre el papel del autoconsumo en la transición energética hasta el momento caen en saco roto, en esa retórica parecida a la que llevó a la burbuja renovable, adanista con el conjunto del sistema de suministro eléctrico español y sus problemas.

Puestos así, se admiten apuestas. ¿Se publicará el reglamento de autoconsumo o se aplazará?

Ha faltado piel

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Desde el mismo momento en que el Gobierno pergeñó la revisión del IRPF desde julio, el anuncio de la bajada en un 4% de los peajes por los costes regulados del sistema eléctrico era una apuesta segura. Desde hace meses, se especulaba en los mentideros de la energía con la posibilidad de que el Gobierno buscase una bajada de la parte regulada de la tarifa eléctrica. Cuánto más cerca de los procesos electorales, mejor; y así ha sido. Incluso se planteaba la expresión «no serán capaces». Como cualquier construcción demagógica, cualquier oposición a la medida puede ser tachada de “antisocial” y la apropiación de la misma estaba más que descontada.

El pequeño remanente de superávit eléctrico emergente producto de las cuestionadas medidas legales de los últimos dos años, con toda su provisionalidad y novedad, eran puestas en el escaparate y almoneda de la nueva política de un Ejecutivo necesitado de “gestos”. Ni siquiera las autoridades han tomado la mínima precaución prudente de esperar al final de año con unos resultados definitivos de la liquidación completa del ejercicio, puesto que quemaba en las manos empezar a proveer de buenas noticias y la política de dar abrazos.

Precisamente, las propias declaraciones de Soria afirmando que los 800 millones al cierre de 2015 de superávit irían destinados a la evicción de la deuda antigua confirmaban lo inevitable, es decir, que no iba a ser así. Se trata en una política en la que lo que se expresa es diferente a lo que se hace, con todas sus asimetrías y desniveles lo que, en definitiva, ha abocado a la pérdida de la confianza en las instituciones económicas del país.

Los periódicos titulan así: “El Gobierno baja la tarifa, e incluso, el 2,2% de los costes regulados lo hacen extensivo a toda la factura” También es nuestra cultura económica. Por tanto, con esa afirmación que lo atribuye al Ejecutivo, lo que no ha cambiado es que la tarifa eléctrica sea algo político, lo que quiere decir que no está sujeta a lo que determinan los mercados y los parámetros que deben ser sufragados, según la norma vigente en cada momento: es decir, que hay un componente discrecional. Y así ha sido y es. Todo permanece.

Los eventuales superávits que debían ir dirigidos a pagar los déficits tarifarios pasados han buscado una amortización electoral inminente, la misma mañana que empezaba la Conferencia política del Partido Popular y Soria aparecía ante el teleprompter. Los defensores de esa cultura política, incluso. la dan por asumida, normalizada, usual, corriente en una democracia como la española: para eso hemos ganado unas elecciones, para utilizar el BOE con esta finalidad. La única solución hubiera sido que se hubiera producido la liberalización plena de los precios de la electricidad, pero, siendo así, ¿qué sería de nosotros, consumidores, sin el protectorado político y los períodos preelectorales y su respiros? ¿A qué estaríamos expuestos?

Lectura uno: el Gobierno endosa al siguiente Gobierno el problema futuro del déficit tarifario y su resurrección. Si nos encontramos con un escenario de fracaso en los tribunales, arbitrajes y conflictos y, además, se pulen los superávits incipientes en electoralismo, nos encontraremos en la casilla uno del déficit tarifario más pronto que tarde: nos volveremos a encontrar hablando de la “herencia”, como los populares con la retribución a la fotovoltaica. La estrategia de división por subsectores y tecnologías ha funcionado para la distracción, pero el problema ha quedado “latente” como se puede ver.  Y, el futuro político, ya anuncia presagios.

Lectura dos: lo que denomina Jordi Sevilla como el populismo de derechas en el que enmarca estas medidas y las que vendrán. La nueva política y la nueva comunicación del partido del Gobierno es, en realidad, la misma de siempre, lo que viene a basarse en las recetas más esquemáticas de la política politizada: anuncio de bajar impuestos y la electricidad como último reducto de la Junta Superior de Precios en vísperas de las elecciones.

Lectura tres: ¿Qué pasará cuando se compruebe la dimensión de estas noticias? ¿Cuándo se maticen las bajadas por la situación meteorológica o por la facturación horaria de la electricidad o porque es un euro mensual?

La respuesta es que ha faltado piel.