Un comentario de urgencia respecto de la resolución por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas contra el Gobierno español, lo podemos calificar de un torpedo al Gobierno, un importante revolcón. Hay que señalar, pese a la extraña situación que vive el organismo, que el varapalo quien lo provoca, quien lo recibe y quien tiene la responsabilidad política es el gobierno.

Repasemos. El gobierno decide modificar la denominada función 14, un instrumento que estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en el que el órgano regulador independiente, tenía que emitir su posicionamiento respecto de aquellas operaciones que se producen en el sector energético en atención a la denominada ‘seguridad de suministro’. Dicha formulación, era lo suficientemente precisa y razonable, de forma que no permitía el comportamiento arbitrario del regulador. Era una función ejecutiva, concreta y definida en esta configuración para la CNE.

Pero se pone en marcha el culebrón referido a las sucesivas OPAS sobre Endesa, y en el momento, en el que el grupo alemán E.ON anuncia su interés por entrar en liza en la operación, el gobierno decide reformar la función 14. Y, la reforma, sigue dejando una función ejecutiva, a la vez que interpretativa, de tal modo que su formulación incorporaba un importante grado de ambigüedad (nunca mejor dicho que calculada), y que algunos expertos y juristas la calificaban de “metafísica” y de un “engendro”. Un engendro necesario.

Primera consecuencia de una actuación tan oportunista: Que ahora nos quedamos sin la primera formulación: más estable y no cuestionada, y sin la segunda: por el afán de instrumentación de los órganos independientes. Que el gobierno tiene que decir que “Europa tendrá que señalar cual es el marco de regulación energética de cada país”. Un escapismo clásico. Detrás de la consecuencia, llega su corolario y la propuesta de que el gobierno piense más de una vez, de dos y de tres, su acción regulatoria porque estamos muy acostumbrados a una regulación oportunista, poco meditada y que es fuente de inseguridad jurídica, litigiosidad e inestabilidad (además de reductos de la bendita arbitrariedad deseada desde los ámbitos políticos. En cuestiones de economía, de mercado, de libertad empresarial, esa posición no es sino una pesada rémora. Pan para hoy, hambruna para mañana.

Segunda consecuencia. La Comisión se ha quedado tras la sentencia, además de desprestigiada (por méritos propios, de sus Informes, de su separación de su papel de garante del mercado y de la legalidad) y sin credibilidad, sin funciones ejecutivas (le quedan sus funciones consultivas y de corte administrativo, liquidatorio e inspector). Lo que pasa es que las funciones consultivas sin credibilidad, es como la dualidad para la discusión, sobre si honra sin barcos o barcos sin honra. Además prorrogada en su composición, en el limbo de la estructura del Estado. En términos taurinos, a la Comisión le han sacado los cabestros.

Tercera y última consecuencia. La de medio plazo. La de la pérdida de credibilidad interior y exterior de nuestro país en el exterior de cara a la inversión y a un comportamiento neutral de las estructuras del estado y del gobierno respecto a la actividad empresarial. La quiebra del estado de derecho en un tema probablemente menos llamativo para la ciudadanía, pero muy importante en lo que se refiere a la confianza empresarial. Un resultado nefasto, del que seguramente, nos costará recuperarnos. Esperemos, que fuera de la retórica política, aprendamos la lección.

El pasado viernes el periodista Miguel Ángel Aguilar publicó en Cinco Días un artículo titulado “Sobre los costes y precios de la electricidad”, donde recoge con más o menos acierto la versión más cercana a la autoría del informe sobre costes y precios de la Comisión Nacional de Energía. La evidencia de que el gran periodista (colaborador de El País y La Vanguardia, además del citado medio económico) muestra una versión oficial, es palpable, cuando se aprecia que en el texto recoge información deliberadamente falsa de la que le han provisto.

Quizá todo proviene de la propia naturaleza del propio informe impropio, verdadero informe del ácido bórico del sector energético. Se trata de un informe que no sale de los servicios de la Comisión (no cuenta ni con los datos económicos, ni contables del organismo) y que desde la Dirección de Regulación se acepta como propio, a instancias de un consejero, como ya relató este medio (recordemos que la Dirección Eléctrica del organismo no participó en su elaboración).

El informe se redacta desde alguna instancia académica, con unos intereses turbios, pero lo que es seguro es que ha conseguido generar una sensación de inseguridad jurídica y, patrióticamente, abaratar los precios objetivos de las empresas españolas energéticas. Este fin de semana, por fin, se ha desvelado la autoría intelectual del consejero Jorge Fabra. De hecho, como también ya informamos en Energía Diario, parte del contenido del mismo se encuentra en un artículo que será publicado por la propia Comisión Nacional de Energía en una próxima publicación.

Repasemos las falsedades inoculadas y difundidas por el informe.

La primera información falsa es la de que las instalaciones nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y su coste de generación sea cero. Y es falsa porque en los estados contables figuran esas cantidades que los autores del informe no han querido incorporar. Por tanto, hay testimonio legal, juridico, económico y documental de la mentira. ¡Que barbaridad! Hay que remitirse a la contabilidad de las empresas. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, tiene un período de amortización de más de sesenta años y las últimas puestas en funcionamiento en España son de principios de los noventa. Hagan la cuenta y seguro que no les sale. Pero es que además, faltan más gastos, tributos, mantenimiento y repotenciación, incluso los autores del informe no conocen los precios de los contratos del gas para poder hacer comparaciones. Un supuesto de pizarra para llegar a conclusiones nefandas. ¿Quién le dado esta información (falsa y falaz) al Sr. Aguilar?.

Otra información peculiar es que, tanto la energía nuclear como la hidráulica, no emiten dióxido de carbono y, por tanto, no se ven penalizadas por ello. Falso. Radicalmente falso. El último real decreto ley aprobado por procedimiento de urgencia (en una encerrona en el parlamento) consolidó la metodología de detracción de los derechos de emisión, afectando a todas las tecnologías emisoras o no. Todas las empresas eléctricas, a pachas, y a todas sus tecnologías se les descuentan los derechos de emisión, incluso a las no emisoras. ¿Quién le ha contado al Sr. Aguilar sólo una versión interesada de los hechos que oculta los costes reales? ¿Por qué nadie salió a explicar porqué se deducen los derechos de emisión a la hidráulica y la nuclear, aunque no emiten carbono? ¿Qué política medioambiental se quiere trasladar con este mensaje?.

La última información falsa es que el informe ha pasado sin ser visto. Bueno, si ha sido visto, Por todos los analistas internacionales y bancos de negocios, que en sus informes sitúan en nuestro país riesgo regulatorio. Lo dijo recientemente Goldman Sach, estimando una rebaja de los precios objetivos de las eléctricas españolas, por el riesgo regulatorio. Como si fuéramos una república bananera.

Pero lo más grave, la más falsa de todas, que está entrelazada en lo que hay escrito en el propio informe de la Comisión Nacional de Energía, es la ambigüedad demagógica consciente de que no sirve para bajar los precios de la energía y sólo justifica ilusionas posiciones de rebaja de los precios de la energía. El propio informe no cuestiona el precio de la energía. Sólo sirve para justificar que hay rentas, de dos energías en concreto, sobre las cuales hay una cruzada particular, dado que se trata de un mercado marginalista y aceptan el precio medio. Como todos los mercados.

De esta manera la Comisión quiere poner al gobierno en el disparadero para que modifique el mercado que se configuró en la Ley del Sector Eléctrico, para volver a un mecanismo puramente arbitrista, un franquismo de Directores Generales que deciden las “rentas” no sólo por empresas, sino por tecnologías. Una autoridad competente, fija los precios, en función de los costes reconocidos, más una tasa de beneficios fijada reglamentariamente. Lo que abre paso a que los gestores se compren peceras de peces caros. Cuanto más coste tiene una actividad, más es la base sobre la que se aplica el interés del beneficio previsto reglamentariamente, ¿no?. Así se engorda todo lo que forma parte del negocio, por lo que no hay incentivo a ser eficiente, sino a lo contrario. ¡Qué tiempos aquellos del franquismo del marco legal estable!.

Además, cuando no hay mercado y todo es decidido por la Autoridad, se beneficia al que más capacidad de poder tiene. Así, por ejemplo, se ha permitido que en el modelo de transporte (plenamente sujeto a un modelo de determinación de su retribución regulado, pero con la ventaja de ser monopolio) Red Eléctrica tenga hoy mejores previsiones y valoraciones de sus resultados que las eléctricas que se someten al mercado. Además en septiembre ya lo tiene todo cobrado, como pedía. También se lo debían haber explicado a Miguel Ángel Aguilar, porque también sale de la tarifa eléctrica.

Nuestro país ha crecido desde que se han liberalizado los mercados y la actividad. El Marco Legal Estable dejó nuestro país al borde de una crisis de seguridad de suministro por falta de inversión, y el mercado lo ha resuelto gracias a un mecanismo muy eficiente de funcionamiento. Por ello, hoy la situación económica de nuestro país no está para tonterías, como introducir mecanismos de inseguridad jurídica, de quiebra sobre los modelos y de involución sobre lo que estipula la Unión Europea. O bien, de retrocesos en los mercados liberalizados por las aspiraciones nostálgicas tardofranqusitas, para ir a energía subvencionada.

Miguel Ángel Aguilar, que es un excelente escritor y periodista, un hombre que conoce la estrategia militar como nadie, sabe que estos argumentos, cuidadosamente elaborados y sencillos de trasladar, encierran un importante veneno para la credibilidad económica de un país. Pero también es cierto que un informe tan oscuro, no es tan fácil de desgranar y, con una visión tan «oficializada», ¿quién va a pensar que hay otro tipo de intereses detrás?. Por ello, seguramente precisará de información de algún antagonista para que reequilibre la posición ideológica y trasnochada de un informe que nos lleva a la caverna.

Resulta bastante positivo que la jornada que tuvo lugar en el Consejo de Consumidores, en materia de la liberalización de del sector energético para los consumidores abandonara el telón de fondo del Informe sobre Costes y Precios de la Comisión Nacional de Energía (pese a los augurios derivados de la propia configuración del programa y el título de la ponencia que iba a pronunciar el consejero de la Comisión Nacional de Energía, Sebastián Ruscalleda). Fue el mismo, quien aseveró que no iba a hablar de ese informe, pese a lo que había publicado este medio.

En eso solo, cabe felicitarse por nuestro error, por que nuestro celo fuera excesivo con la posibilidad de que el informe se utilizase para condicionar la posición de los consumidores domésticos, a la hora de introducir “granillo” en el proceso de la liberalización de la tarifa. Además, curiosamente, en la jornada se oyó por primera vez la “queja” de los consumidores domésticos, sobre la transferencia de cargas tarifarías que se produce en beneficio de los grandes consumidores. Hemos avanzado algo también.

Y, por ello, también hay que valorar positivamente el enfoque en el que se centró el ponente, sobre todo en el reconocimiento de la situación acumulada de déficit tarifario, así como el traslado de la necesidad de ‘socializar’ los esfuerzos en materia de eficiencia energética. “La mejor energía es la que no se consume”. Esta debería ser una consecuencia primordial en un escenario de precios energéticos como el actual, indiscutiblemente, en espiral creciente. Consecuencia, que sería más evidente para todos si todos tuviéramos los precios formados en los mercados de la energía de forma ‘transparente’, es decir mediante la adicción de componentes y no mediante la ocultación de la realidad por el tope de la tarifa regulada.

También, porque pese a los temores fundados por el título de la ponencia, no abordar este Informe sobre Costes y Precios es, en concreto, un avance. Sobre este informe crece de forma continuada su cuestionamiento tanto por sus conclusiones intencionales (la diferencias entre las tecnologías y sus costes, la refutación consecuente de nuestro mercado pese a sus evidencias, sus rasgos de precios homologables a los de otros países, la incorporación de nuevos operadores y el propio funcionamiento más abierto que otros mercados europeos), como por su momento (addenda oportunista al informe de tarifas del tercer trimestre) y por su proceso de elaboración en el seno del organismo (elaboración externa al organismo, sin concurso de Direcciones especializadas, tranformando informes académicos, conferencias y artículos con denominación de origen y estudiado por su consejo ‘in extremas’). Ya se pudo ver la falta de sintonía de este informe en amplías capas del sector, de los expertos y de la Administración en la jornada organizada por la Fundación Alternativas.

Pero es más. Incluso en su metodología dista enormemente de lo que es un estudio riguroso, tal y como se van esclareciendo, conforme se van conociendo los detalles, intríngulis y matices del mismo. El hecho de que este Informe no cuente con información contable y económica de las empresas, que obvie la situación real de las amortizaciones, de las reinversiones realizadas en los activos, los gastos de mantenimiento de las instalaciones o de los que cuestiona sobre la base de supuestos académicos y matemáticos. Incluso que en los supuestos de rentabilidad de las empresas se mezclen deliberadamente mercados nacionales e internacionales para cuestionar a las mismas. Vamos como si se pudieran importar resultados para enjugar la tarifa. Todos recordamos aquel supuesto de los problemas de física “en condiciones atmosféricas perfectas” o aquel famoso “Supongamos que no hay rozamiento”. Pero lo hay. El hecho es que este informe ha hecho correr ríos de tinta sobre la estabilidad regulatoria española, algo que no es en ningún caso positivo.

Sobre todo porque en nuestro país los informes no son imparciales y buscan focalizar los debates o condicionarlos. El marco. Fíjense la ‘entente’, recientemente resuelta, que ha traído durante tanto tiempo el famoso informe del ‘acido bórico’. Con muy pocos datos, con muchas especulaciones, suposiciones, sojuzgando los hechos de antemano y con una intencionalidad decidida para determinar su punto de llegada: su promulgación, difusión y objetivo era desmontar las posiciones más razonables que surgían de la investigación y de los datos sobre el 11 M y abrir una polémica artificial.

Por cierto, el Informe sobre Costes y Precios de la CNE se entregó en la documentación distribuida en este evento…

La bomba.