El verano del 2009 para el sector de las energías renovables ha tenido su “aquel”, que se dice. Podemos marcar la confluencia de varios acontecimientos que han estado en el trasfondo de este “ferragosto”. Acontecimientos de distintos grados y niveles, pero que participan como anticipo del otoño caliente sectorial, en una emulsión de muchos ingredientes e intereses, en unas ocasiones coincidentes y, en otras, contradictorios.

El primero de los acontecimientos a rememorar es la publicación de las previsiones de creación de empleo en el sector renovable que anunciaba la Unión Europea y que particularizaba por país, siendo el balance previsto para España, positivo. Algo que, en los tiempos que corren, evoca la palabra empleo, es un cierto “bálsamo de fierabrás” que tiene gran valor y que permite eludir análisis económicos más profundos. Cierto es que, en sentido contrario y con metodología económica fuertemente discutible, se difundió el Informe que dirigió Gabriel Calzada del Instituto Juan de Mariana, que configuraba al sector renovable como “destructor” de empleo, «estudio» cuyo mercado era el americano y que cumplió razonablemente sus objetivos deconstructivos a nivel internacional.

Y es que corremos el riesgo, en lo que se refiere a la creación de empleo con las energías renovables como en tantas otras cosas, de polarizar la cuestión y convertirla en un asunto de ‘hooligans’ o de, al menos, algo que no responde a la lógica de una política energética o política económica. Todo ello en el marco de una cierta ansiedad política por conseguir medidas efectistas que permitan generar pensamiento positivo (y mágico en la ciudadanía).

Por otra parte, Pedro Marín, en su entrevista amable en el diario Expansión, hacía una defensa de las energías renovables, mientras que en el horizonte también aparecen en el escenario dos corrientes/tendencias de fondo: un exceso de capacidad de generación, más una tendencia a “reajuste” a la baja de los mecanismos retributivos a las energías renovables en una negociación que esta por comenzar. De hecho, este efecto ya se ha provocado por una doble vía y por hechos consumados: la primera, la “captura” de los ahorros derivados de las nuevas condiciones tecnológicas sectoriales (lo que tendrá que ser objeto de análisis pormenorizado por tecnologías en cuanto empiece el curso). La segunda, mediante el sistema de cupos y registro de preasignación, según reza en el Real Decreto Ley 6/2009, lo que, unido al límite al déficit tarifario y a la propia tarifa ahora ya definidos, establece un marco de “miramientos” a este asunto. No nos engañemos, porque la alternativa, el carril especial, es salir de ahí para pedir que se integren estas primas en los impuestos, dado que es una especie de axioma de política económica (“keynesianismo a calzón quitado”, más bien).

Por tanto, este verano y estos primeros movimientos forman parte de un proceso de negociación, de diseño del “frame” que empieza ya, para revisar las condiciones económicas resultantes del R.D. 634/2007, decreto que muchos aventurábamos que no iba a tener mucho más de dos años de vigencia.

Todo ello ha hecho que este verano sea noticia el importante frenazo ocurrido en el sector fotovoltaico, debido al frenazo posterior a la burbuja, como una metáfora de la economía española, pero, además, ha sido consecuencia de una mala regulación, porque para conseguir algo no todo vale y hay que calibrar los efectos adversos de una mala regulación precedente. Además, las dificultades de financiación han llevado a que incluso proyectos que han entrado en el registro de preasignación, estén ahora parados. Al mismo tiempo, lo que está claro es que el sector renovable español en industria y tecnología tiene una capacidad, experiencia y potencial exportador fuera de toda duda y habrá que separar claramente del sector eléctrico como generador de energía del sector industrial renovable en su vertiente competitiva y comercial interior y exterior, sin mezclar problemas y sin mezclar soluciones.

Por otra parte, la polémica decisión de la Xunta de Galicia de anular el concurso eólico que acabó también como acabó en su primer momento, vuelve a poner en evidencia la necesidad de dar estabilidad a estos procedimientos en el ámbito de las Comunidades Autónomas, donde además los intereses particulares y las redes cercanas a los Ejecutivos autónomos intervienen con vida propia, habiendo participado en un proceso inflacionario muy dudoso. Esperemos que la resolución sea más edificante que todo el proceso.

En medio de todo esto, está la pavorosa situación de la Ley de Economía Sostenible, ubicación legal de la “no nata” ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y un modelo legislativo “ómnibus” cuyas flaquezas, despistes y vacuidad han dado más de un titular y un disgusto al Ejecutivo este verano, lo que, unido a la necesidad de corregir la modificación del subsidio asistencial de 420 euros para los parados, nos lleva a reacciones que van del pánico a la risa nerviosa sobre la claridad en la orientación de la política económica. Esperábamos que la ley de eficiencia energética y energías renovables (la que pudo haber sido y no fue) permitiera conseguir seguridad jurídica y regulatoria a las renovables y, ahora, arrastrando los pies, nadie sabe qué conseguirá incorporar, promover e impulsar. Esperemos que no sea una colección de eslóganes entre la comunicación política y el márketing y nos situemos realmente en un modelo regulatorio, sólido, estable y seguro.

Con una situación así de contradictoria, a base de mensajes y realidades cruzadas, parece que eran necesarias unas vacaciones.

Otro de los temas, serpientes de verano, es el hecho de que según la CNE, influida por algún medio de comunicación y alguna asociación de consumidores, existen pocos españoles que han solicitado el bono social eléctrico. Todo ello, a pesar de la aplicación automática del mismo a todos los consumidores con una potencia contratada menor de 3 kV y de la campaña personalizada que ha realizado la Seguridad Social, dirigida con buen criterio, a los pensionistas beneficiarios de este figura.

Evidentemente, lo que hay que colegir es que siempre que haya personas que tengan derecho a acogerse a esta modalidad tarifaria beneficiosa y no lo hayan hecho, existe un derecho no atendido. Bien por falta de información, por necesidad de una ayuda institucional o de las asociaciones de consumidores para hacer efectivo su derecho.

Otra de las críticas al bono social eléctrico se centran en que la rebaja que se produce en la factura es poca. Realmente el descuento para este año y hasta 2012 es la no subida de la electricidad (es decir, su congelación y no evolución, un descuento que será acorde al incremento que se produzca en las Tarifas de Ultimo Recurso). Para este año 2009, esta no subida se cifra en 70 céntimos/mes en términos medios por consumidor, lo que al parecer no compensa a los usuarios para pedirlo, según las críticas que, elípticamente, piden más descuento, dado que además, sale gratis al Presupuesto del Estado, puesto que lo pagan las compañías eléctricas según el acuerdo realizado con el Gobierno.

La tercera de las críticas es que el bono social es para pocos. Es decir que los 3,5 millones de beneficiarios actuales y los entre 4 y 5 millones potenciales, son pocos. Por otra parte y en términos globales, en los medios de comunicación se produjo en su momento, estimaciones del número de usuarios que podían haberse visto beneficiados por este bono social, que oscilaban entre los cuatro y cinco millones de consumidores. Los detractores del mismo, se apuntan a la estimación más conveniente, es decir la de los cinco millones, para señalar la gran diferencia entre los anticipados y los existentes a estas alturas de agosto.

En todo caso, nos hallamos aquí en un pensamiento “recursivo” y “paradójico”, inflamando la demagogia. Por un lado, quienes piden una subida de tarifas baja y, en segundo lugar, los mismos, que piden que el descuento en la factura eléctrica sea mayor, pese a que el bono es la “no subida de las tarifas” (por otra parte, insuficientes desde el punto de vista de sus costes). Algo no casa. En la segunda de las posiciones, nos hallamos ante un pensamiento “subterráneo” subversivo, por lo que sería mejor una subida de tarifas alta que soliviante a la ciudadanía y acabara con todo de una vez.

En suma, los contrarios a la liberalización eléctrica guardan las siguientes consignas (alentadas desde el colectivo de retroprogresivos). Síganlas. Primero: la comercialización no realiza ofertas significativas a los consumidores (y los retroprogresivos, las querían instantáneas). Segundo: hay pocos beneficiados del bono social eléctrico (una pieza que rompe la demagogia del pensamiento retroprogresivo). Tercero: la competencia libre debe ser regulada, tutelada y homogeneizada por un organismo de control de precios a la antigua usanza. Cuarto: para inducirnos a un marasmo, hagan una subida tarifas alta, en lugar de un calendario escalonado, para que sepan lo que vale un peine y los consumidores se enfurezcan de una vez contra la liberalización y la echen a perder. Quinto: puesto a la caza de los defectos, errores y problemas que se produzcan en todo el proceso, buscando amplificarlos y hacer sangre (por otra parte, lógicos, en una operativa tan compleja y generalizada). Sexto: como los militares del nazismo en su momento, que renegaban de su pasado, amnesia generalizada sobre el déficit tarifario y, por tanto, reclamación de que las consecuencias de la liberalización tengan que ser instantáneas y no progresivas.

Y dos huevos duros.

En el Paseo de la Castellana (y sus prolongaciones al Paseo de Recoletos y del Prado) hay varios mitos y rumores sobre la existencia de fantasmas en determinados edificios históricos como es el Palacio de Linares (actual Casa de América, gobernada actualmente por el ex Secretario de Estado de Comunicación, uno de los Richelieu del actual Gobierno, Miguel Barroso). Incluso en algún momento, expertos parapsicólogos y esotéricos se dedicaron a buscar presencias de espíritus y psicofonías en este edificio, algo que ahora parece extinguido.

Por eso, lo que no está claro es si, este mismo verano, no habrá otro tipo de apariciones dentro del próximo edificio neoclásico dónde está ubicada la sede de la Comisión Nacional de Energía. ¿Habrá presencias en el marco del mortecino ambiente de agosto por parte de sus consejeros actuales o sus equipos directivos para que tenga esa fruición mediática? ¿Cómo hay que entender su febril e inusitada actividad y las psicofonías públicas que proceden del organismo, si no existen ni convocatorias de los Consejos de Administración del mismo?

En este sentido, es curioso el torrente de informaciones tumultuosas que el diario económico Cinco Días está difundiendo en torno a la comercialización, al bono social, a la liberalización y a la tarifa eléctrica que referencian estudios o propuestas que la CNE ha hecho, hace o hará al gobierno.

En términos semejantes al caso Gurtel, ¿quiénes son las “gargantas de seda” en la CNE durante este verano?

La controversia política envenenada de este verano ha traído en su guerra de guerrillas un episodio continuado que es el “caucus” que está sometiendo a la voluntariosa y juvenil Leire Pajín, responsable de la campaña electoral europea socialista, para ser investida como senadora por Valencia, planteándose el hecho de que comparezca públicamente para defender su promoción.

El hecho es que el Partido Popular parece que está haciendo de rabiar (y bien) a las huestes socialistas y, en especial, al exiguo núcleo duro director de Ferraz: Zapatero y Blanco, actual ministro de Fomento. Pajín ha sido ojito derecho de Zapatero (fue nombrada dactilarmente como Secretaria de Organización del PSOE) y Blanco (su predecesor), quien ironizó sobre la campaña electoral de su partido en los últimos comicios, se ha visto contrariado por lo correoso de la oposición efectuada a Leire Pajín. Por ello, ha tenido que salir en plan primo de Zumosol: os obviaremos/borraremos de las instituciones del Estado si nos seguís chinchando con Pajín.

El hecho es que, merced a esa fuerte renuencia, José Blanco ha amenazado con alterar el proceso previsto de renovación de determinadas instituciones del Estado donde se estaba trabajando en hallar acuerdos para su renovación, mayor independencia y despolitización, en una economía necesitada de instituciones creíbles, estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, tras el estrepitoso fracaso de su conformación actual. Este era el caso de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Una cuestión que es lo suficiente seria para que se estropee desde la política y se amenace con una repolitización de las instituciones por una controversia política menor.

Más contexto. Por si fuera poco, este verano está claro que no es el de las instituciones españolas y el gobierno no está especialmente fino, aunque tampoco la oposición: Fernández de la Vega, cuyos viajes son cada vez más polémicos, no puede aguantarse en Costa Rica y da un “toqueteo” transoceánico a la justicia, incluyendo la emisión de órdenes al Fiscal General del Estado. Y, para más inri, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se ha sumergido en un irresponsable ejercicio de agitación a cuenta de la generación de sombras de duda (y no evidencias) sobre espionaje. Y, en todo ello, ya se apunta la amenaza de la “ruptura institucional”. El cuanto peor, mejor. En medio de este fuego cruzado, se halla el funcionamiento del Estado, con una baja densidad en su calidad política y con un marco institucional envuelto en “celofán”.

Por tanto, y a quién corresponda: ¿Qué tiene que ver Leire Pajín, la “joya de la corona” del PSOE-PSPV”, y sus simplificaciones ideológicas, con los órganos e instituciones del Estado? ¿Alguien puede introducir responsabilidad en esta controversia política? ¿Qué hemos hecho los españoles para merecer esto?