De esos diez sectores, los de construcción, turismo y transporte, son ramas productivas que actualmente tienen un gran peso en la economía española y que es imprescindible que continúen siendo puntales en los próximos años, pero reorientando y redimensionando sus productos y procesos productivos para lograr esa triple sostenibilidad.

Además de estos tres sectores que requieren cambios importantes, en el trabajo de IDEAS hemos seleccionado otros siete sectores de futuro, que entendemos tienen un alto potencial de crecimiento, tanto en términos de generación de empleo como de valor añadido. Esos siete sectores son: energías renovables, eco-industrias, tecnologías de la
información y la comunicación, biotecnología, industria aeroespacial, industrias culturales y servicios sociales. Nuestro informe concluye que, en conjunto, estos diez sectores pueden generar hasta 2025 en torno a 3,1 millones de empleos nuevos.

Me ceñiré aquí al sector de las energías renovables. Éstas han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años en todo el mundo y, en particular, en España. Sin embargo, si bien algunas tecnologías han alcanzado un elevado grado de desarrollo (eólica, solar, biocarburantes), otras aún se hallan en fases iniciales. En España, cuatro factores han contribuido de manera decisiva a ese despegue: el fuerte crecimiento del consumo energético a nivel mundial, el agotamiento de los recursos energéticos tradicionales, el cambio climático y la alta dependencia energética del exterior.

Aparte del ahorro y la eficiencia energética, la sustitución de fuentes energéticas convencionales por renovables es vital para lograr un mayor nivel de sostenibilidad. Nuestra propuesta es poner en marcha iniciativas inversoras y regulatorias para llegar a un modelo energético en 2050 donde el cien por cien de la producción proceda de energías renovables.

¿Cuáles son, en resumen, esas medidas?

A nivel internacional, establecer un fuerte compromiso político para que en 2020 el 50% de la producción eléctrica proceda de fuentes renovables, desarrollando de manera paralela el coche eléctrico y toda una red de puntos de recarga. Además, en relación con la lucha contra el cambio climático, Europa debería establecer un objetivo ambicioso y alcanzar el compromiso de un 30% de reducción de emisiones en 2020.

A nivel nacional, recomendamos:

– Desarrollar un Sistema de Créditos Personales de Carbono, el cual funcionaría de forma similar al sistema de permisos de emisiones que opera ya en España para las empresas energéticas y las de determinadas actividades industriales. En resumen, se trata de aplicar el principio de «quien contamina, paga», pero perfeccionándolo con el principio de «quien no contamina, recibe». El sistema asignaría a cada hogar en España una cantidad de CO2 permitido por año, de forma que aquellas familias con consumos energéticos por encima de dicha asignación deberían comprar los derechos para ese exceso de emisiones contaminantes. Por el contrario, los que emitan por debajo de su asignación, percibirían ingresos en forma de devolución fiscal.

– Reconocer un nuevo derecho de ciudadanía para generar y distribuir electricidad, para que todos los ciudadanos que lo deseen puedan generar su propia electricidad, y utilizarla o venderla a empresas de distribución, dentro de un nuevo modelo de negocio.

– Crear Ámbitos Territoriales Libres de Emisiones, que, en resumen, es elegir un territorio de tamaño mediano/pequeño, preferentemente una isla, y declararlo espacio libre de emisiones, con un uso 100% energías renovables.

– Promover la instalación de 700.00 techos solares entre 2010 y 2015 mediante subvenciones parciales del coste a la rehabilitación integral de los inmuebles con criterio de eficiencia energética.

– Alcanzar el objetivo de dos millones de vehículos eléctricos en 2025, desarrollando al tiempo redes de recarga necesarias.

¿Cuántos empleos pueden generar las renovables aplicando estas medidas?

Un impulso decidido al desarrollo de las energías renovables puede llevar a este sector, que actualmente supone un 0,7% del PIB español, hasta un 2% en 2025. Esto conllevaría una importante creación de nuevos empleos netos que hemos cuantificado en el informe de la Fundación IDEAS.

Por un lado, hay que considerar que las energías renovables son en general más intensivas en mano de obra que las convencionales, en parte porque no han alcanzado aún el grado suficiente de eficiencia en costes y en parte porque, por ahora, la vida útil de las instalaciones de energías renovables es más corta que la de las convencionales. No obstante, al hacer un balance de impacto sobre el empleo, debe tenerse en cuenta que la transición hacia un sistema 100% renovable conllevará también la destrucción de empleo en sectores de energías convencionales, como así se ha considerado en nuestro trabajo.

Según nuestras estimaciones, una transformación del actual sistema energético español a uno basado en 100% renovables supondría la creación de 560.700 empleos directos y 638.000 indirectos en 2050. Considerando factible al menos el 40% de ese objetivo en 2025, entendemos que, partiendo de los 85.000 empleos directos actuales, podríamos llegar hasta 337.000 empleos, lo que supondría la creación, en 15 años, de 252.000 empleos adicionales. De estos nuevos empleos, el perfil de formación que se requerirá es un 32% de trabajadores con estudios superiores, 43% con estudios medios y 25% con estudios primarios.

En conclusión, las cifras sobre creación neta de puestos de trabajo directos en el sector energético muestran que este es un sector estratégico que debemos impulsar, aunque únicamente sea por las oportunidades de creación de empleo para la próxima década. Si a esto le añadimos otras dimensiones, como la diversificación del tejido industrial vinculado a las renovables, la independencia de fuentes de suministro energético, y la contribución a la reducción de emisiones, las energías renovables son una apuesta de futuro para España. Ahora se requiere el esfuerzo de todos para avanzar en ese dirección y consolidar nuestro liderazgo en un área de creciente competencia mundial.

Primero fueron los aprovechamientos hidroeléctricos, luego los parques térmicos a carbón y fuel. Le siguieron las tecnologías nucleares y mucho más recientemente, los eficientes ciclos combinados. Y hace realmente poco, hemos asistido a la eclosión de las renovables, con vocación de acabar con el resto de tecnologías. El razonamiento es muy militante: Cero CO2, Cero Nuclear.

La razón por la que, en el pasado, las nuevas tecnologías no lucharon por eliminar a las anteriores es meridianamente clara: su presencia se utilizó para cubrir la nueva demanda y así de forma natural, se fue produciendo un relevo tecnológico no traumático. La generación estaba planificada y si bien se cometieron errores de sobrecapacidad (a recordar la moratoria nuclear motivada por el exceso en construcción y la consiguiente inviabilidad de sus empresas) se decidía construir en función de la previsión de la nueva demanda.

Pero en los 90 vinieron para quedarse los principios del Consenso de Washington que en Europa se plasmaron en el Tratado de Maastricht y en las primeras directivas del sector eléctrico por las que la generación quedaba liberalizada y en manos del mercado. Cada inversor debería asumir su propio riesgo. Si bien la teoría era categórica, no lo fue ni la política energética ni la regulación y el resultado final ha sido que en España sobran 30.000 MW de generación. ¿Cómo se ha podido producir este desaguisado? Muy fácil, mala regulación.

A principios de los 2000 España afrontaba un desabastecimiento eléctrico. La cobertura de la demanda estaba por debajo de los límites recomendables. La aparición de los nuevos ciclos combinados permitió salvar tan crítica situación. Hacia el 2005 se inicia una carrera de instalación de energía eólica y fotovoltaica sin detenerse la construcción de ciclos combinados. El resultado ha sido que el sector de las energías renovables se ha comportado, a la vez, como una industria creadora y destructora de riqueza, al disponer de la ventaja de una discriminación positiva enfrente de otras tecnologías.

Si a esto agregamos otros desaguisados regulatorios como los del despacho forzado del carbón nacional, añadido al vertido prioritario de las renovables, estamos frente a un menor despacho de los ciclos combinados por lo que el conflicto entre tecnologías de generación está servido.

Ciertamente, cuando los inversores decidieron invertir en ciclos combinados lo hicieron a su riesgo, teniendo en cuenta la regulación vigente en aquel momento y asumiendo que el rol de sus competidores sería el de tomar posiciones up-stream, ventajosas. La realidad ha sido bien diferente ya que la competencia les ha venido del BOE y de la discriminación positiva hacia los inversores en energías renovables, inversores no exentos de un componente especulativo tratando de capturar rentabilidades de dos dígitos.

Sin duda, ahora estamos ante una nueva situación: la crisis económica y financiera y el abultado déficit tarifario del sector eléctrico, hacen insostenible el actual modelo de primas, y lo que es peor, conducen a una pérdida de competitividad de nuestra economía productiva. El debate respecto a la retroactividad crea inseguridad jurídica, pero debe reconocerse que estamos frente a una burbuja especulativa en el caso de la tecnología PV con rentabilidades injustificadas, siendo uno de los errores regulatorios de las renovables la referencia al precio del pool. Además, el elevado apalancamiento de muchos proyectos, alcanzando el 90 y hasta 95%, han mostrado la relación tipo burbuja del sector financiero con el sector de renovables.

Deberemos barajar y repartir de nuevo. un nuevo modelo energético, con señales adecuadas a los consumidores, con un reconocido tratamiento hacia la búsqueda de la eficiencia tanto en la producción como en el consumo, con una sabia mezcla de tecnologías que tengan por resultado una seguridad de abastecimiento suficiente y respeto hacia el medio ambiente y todo ello alejado de la demagogia militante de los que crean un falso debate dentro del sector energético.

Aunque parece que las aguas están más calmadas, no quiero dejar pasar esta oportunidad para clarificar algunos puntos sobre los que se trata de confundir interesadamente a la opinión pública.

1. El Régimen Especial no son sólo las renovables. El Gas Natural, también recibe sustanciosos apoyos (más de 1.000 millones de euros) para las plantas de cogeneración, así como las plantas de RSU. Sin embargo no hemos tenido conocimiento de que se les quieran aplicar recortes.

2. Las renovables han contribuido de manera muy significativa a la bajada de los precios del ‘pool’ en los tres últimos años, desde niveles de 6,5 c€/kWh a los 2,5 c€/kWh de finales de 2009. Por ello y aunque parezca paradójico, siendo verdad que han recibido primas, las renovables han reducido el coste de la electricidad. Por ello, no se les puede achacar la responsabilidad mayoritaria sobre el déficit tarifario.

3. Si esa bajada de los precios del ‘pool’ no repercute en las facturas de las comercializadoras de electricidad a las industrias, especialmente a las pequeñas y medianas, habrá que preguntarse de quién es esa responsabilidad.

4. El déficit tarifario no es déficit público. Las renovables, con la disminución de importaciones de combustibles, la generación de empleo, la reducción de costes de CO2, y su balanza fiscal positiva, contribuyen a incrementar el PIB y a reducir el déficit público, en unos momentos en los que el país necesita este tipo de contribuciones de alto valor añadido para su crecimiento.

Por ello, las renovables, además de una obligación por los acuerdos internacionales de reducción de emisiones y una necesidad para reducir la elevada dependencia del petróleo y del gas natural importados, son un buen negocio para el país en su conjunto y el Gobierno lo sabe.

El cambio de modelo de generación, con una contribución cada vez mayor de las energías renovables, no está ya en cuestión y así lo manifiesta la, antaño tan fosilizada y nuclearizada, Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha publicado recientemente la «hoja de ruta» para la termosolar en todo el mundo, mostrándonos la oportunidad histórica que tiene nuestro país para aprovechar nuestra actual posición de liderazgo en esta tecnología.

El verdadero debate sobre el mix de generación debería plantearse en estos términos:

¿Prefiere la sociedad española seguir dependiendo en un 90% de las importaciones fósiles, con todos los impactos negativos que esta vulnerabilidad energética ha causado y causará a nuestra economía o prefiere avanzar lo más rápidamente posible a un escenario de mayor autosuficiencia?

¿Prefiere que su dinero vaya a parar a los países productores de petróleo y de gas natural o prefiere que con sus pagos se genere empleo en nuestro país y capacidad de exportación tecnológica?

¿Prefiere seguir consumiendo combustibles fósiles y poner en peligro la sostenibilidad ambiental o prefiere contribuir a mitigar los efectos del cambio climático?

Creemos que ante estas disyuntivas, la sociedad, con una información completa y veraz, apostaría por continuar los apoyos a las energías renovables y entendería los ajustes de tarifa que pudiesen resultar necesarios. Un Gobierno con visión de futuro, sin duda, debería apostar sin complejos por esta vía y en ese cambio de modelo.

El uso de la tecnología termosolar es imprescindible por la estabilidad que proporcionan a la red las centrales solares termoeléctricas y por su gestionabilidad basada en su capacidad de almacenamiento e hibridación.

Bajo el punto de vista del incremento de penetración de las energías renovables en nuestro país, hay que reconocer que la política de apoyo ha resultado globalmente exitosa, aunque con algunos desequilibrios y descontrol que hubieran debido saberse evitar en su momento.

El modelo de primas a la generación renovable, con cupos anuales y reducción progresiva de la cuantía de las mismas hasta alcanzar la competitividad de cada una de las tecnologías, parece el más adecuado y por él abogamos desde Protermosolar, con propuestas concretas al Ministerio en 2008 que hubiesen proporcionado una mejor solución que la derivada del RDL 6/2009.

El potencial para el uso de las tecnologías solares termoeléctricas en nuestro país es el más elevado de todas las tecnologías renovables y, en el resto del mundo, donde se reconoce el liderazgo de la tecnología española, las oportunidades son de gran alcance. En estos momentos se están definiendo ambiciosos planes de implantación en muchas regiones (USA, Oriente Medio y Norte de Africa, Australia, China, India, …) y nuestras empresas podrían tener un campo abonado para su expansión siempre que sigamos manteniendo ese liderazgo con referencias de nuevas plantas innovadoras en nuestro propio país.

Asimismo, y dentro de nuestras fronteras, la termosolar representa esa oportunidad para que regiones históricamente marginadas en inversiones industriales puedan generar mayor riqueza y evolucionen hacia la convergencia económica con otras regiones de España.

Para la construcción de cada central termosolar de 50 MW hacen falta el equivalente a 5.000 empleos directos de un año de duración, contabilizando todas sus fases (promoción, ingeniería, fabricación de componentes y construcción) de los que el 80% es valor añadido desde España. Posteriormente, para su operación, se requieren 50 puestos de trabajo permanentes.

La inversión realizada por las empresas para la puesta en funcionamiento de centrales termosolares en nuestro país asciende ya a cerca de 2.500 millones de euros y rondará los 15.000 millones de euros acumulados en 2013, cuando se hayan conectado a la red los 2.400 MW a los que se ha preasignado el sistema retributivo actual. Para esa fecha operarían en España un total de 60 plantas termosolares de diferentes tecnologías y tamaños. El potencial de reducción de costes en esta tecnología es muy elevado, lo que le permitirá ser competitiva en 2020 si se mantienen los apoyos y su ritmo de implantación.

Las inversiones en las centrales termosolares se están haciendo con tasas de retorno de los capitales muy ajustadas y cualquier cambio en las condiciones retributivas sobre las legalmente establecidas cuando se acometieron las inversiones, serían imposibles de ser asumidas por las empresas. Estas inversiones han sido financiadas por bancos y cajas españoles así como por el BEI y bancos y fondos de inversión extranjeros, ante los que importa mucho mantener la imagen de confianza sobre cualquier actividad regulada en nuestro país. Por ello nos felicitamos del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria, en el que nuestro sector ha hecho un importante esfuerzo para contribuir a mitigar el déficit tarifario en el horizonte 2013 a cambio de esa necesaria estabilidad en la retribución a las plantas y sin aplicación de medidas retroactivas.

Aunque las políticas de apoyo a las renovables, que para la termosolar empezaron bastante más tarde que para las otras tecnologías -en 2009 recibieron tan sólo 22 millones de euros en primas- han dado sus frutos, nos preocupa, sin embargo, la pequeña cuota de potencia que se le asigna para 2020 en el borrador del Plan de Acción Nacional en Energías Renovables que el Gobierno ha presentado a Bruselas estos días para mostrar la senda del cumplimiento de los objetivos establecidos. Un mix de generación renovable debe guardar un mayor equilibrio entre las tecnologías gestionables y las no gestionables. Por ello esperamos que las estimaciones iniciales sean modificadas y se dote de mayor peso relativo en el horizonte 2020 a la solar termoeléctrica, por todas sus ventajas técnicas y macroeconómicas.

Como dijimos, las renovables -y en particular la termosolar- son, sin duda, una magnífica inversión para España.

Aunque parece que las aguas están más calmadas, no quiero dejar pasar esta oportunidad para clarificar algunos puntos sobre los que se trata de confundir interesadamente a la opinión pública.

1. El Régimen Especial no son sólo las renovables. El Gas Natural, también recibe sustanciosos apoyos (más de 1.000 millones de euros) para las plantas de cogeneración, así como las plantas de RSU. Sin embargo no hemos tenido conocimiento de que se les quieran aplicar recortes.

2. Las renovables han contribuido de manera muy significativa a la bajada de los precios del ‘pool’ en los tres últimos años, desde niveles de 6,5 c€/kWh a los 2,5 c€/kWh de finales de 2009. Por ello y aunque parezca paradójico, siendo verdad que han recibido primas, las renovables han reducido el coste de la electricidad. Por ello, no se les puede achacar la responsabilidad mayoritaria sobre el déficit tarifario.

3. Si esa bajada de los precios del ‘pool’ no repercute en las facturas de las comercializadoras de electricidad a las industrias, especialmente a las pequeñas y medianas, habrá que preguntarse de quién es esa responsabilidad.

4. El déficit tarifario no es déficit público. Las renovables, con la disminución de importaciones de combustibles, la generación de empleo, la reducción de costes de CO2, y su balanza fiscal positiva, contribuyen a incrementar el PIB y a reducir el déficit público, en unos momentos en los que el país necesita este tipo de contribuciones de alto valor añadido para su crecimiento.

Por ello, las renovables, además de una obligación por los acuerdos internacionales de reducción de emisiones y una necesidad para reducir la elevada dependencia del petróleo y del gas natural importados, son un buen negocio para el país en su conjunto y el Gobierno lo sabe.

El cambio de modelo de generación, con una contribución cada vez mayor de las energías renovables, no está ya en cuestión y así lo manifiesta la, antaño tan fosilizada y nuclearizada, Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha publicado recientemente la «hoja de ruta» para la termosolar en todo el mundo, mostrándonos la oportunidad histórica que tiene nuestro país para aprovechar nuestra actual posición de liderazgo en esta tecnología.

El verdadero debate sobre el mix de generación debería plantearse en estos términos:

¿Prefiere la sociedad española seguir dependiendo en un 90% de las importaciones fósiles, con todos los impactos negativos que esta vulnerabilidad energética ha causado y causará a nuestra economía o prefiere avanzar lo más rápidamente posible a un escenario de mayor autosuficiencia?

¿Prefiere que su dinero vaya a parar a los países productores de petróleo y de gas natural o prefiere que con sus pagos se genere empleo en nuestro país y capacidad de exportación tecnológica?

¿Prefiere seguir consumiendo combustibles fósiles y poner en peligro la sostenibilidad ambiental o prefiere contribuir a mitigar los efectos del cambio climático?

Creemos que ante estas disyuntivas, la sociedad, con una información completa y veraz, apostaría por continuar los apoyos a las energías renovables y entendería los ajustes de tarifa que pudiesen resultar necesarios. Un Gobierno con visión de futuro, sin duda, debería apostar sin complejos por esta vía y en ese cambio de modelo.

El uso de la tecnología termosolar es imprescindible por la estabilidad que proporcionan a la red las centrales solares termoeléctricas y por su gestionabilidad basada en su capacidad de almacenamiento e hibridación.

Bajo el punto de vista del incremento de penetración de las energías renovables en nuestro país, hay que reconocer que la política de apoyo ha resultado globalmente exitosa, aunque con algunos desequilibrios y descontrol que hubieran debido saberse evitar en su momento.

El modelo de primas a la generación renovable, con cupos anuales y reducción progresiva de la cuantía de las mismas hasta alcanzar la competitividad de cada una de las tecnologías, parece el más adecuado y por él abogamos desde Protermosolar, con propuestas concretas al Ministerio en 2008 que hubiesen proporcionado una mejor solución que la derivada del RDL 6/2009.

El potencial para el uso de las tecnologías solares termoeléctricas en nuestro país es el más elevado de todas las tecnologías renovables y, en el resto del mundo, donde se reconoce el liderazgo de la tecnología española, las oportunidades son de gran alcance. En estos momentos se están definiendo ambiciosos planes de implantación en muchas regiones (USA, Oriente Medio y Norte de Africa, Australia, China, India, …) y nuestras empresas podrían tener un campo abonado para su expansión siempre que sigamos manteniendo ese liderazgo con referencias de nuevas plantas innovadoras en nuestro propio país.

Asimismo, y dentro de nuestras fronteras, la termosolar representa esa oportunidad para que regiones históricamente marginadas en inversiones industriales puedan generar mayor riqueza y evolucionen hacia la convergencia económica con otras regiones de España.

Para la construcción de cada central termosolar de 50 MW hacen falta el equivalente a 5.000 empleos directos de un año de duración, contabilizando todas sus fases (promoción, ingeniería, fabricación de componentes y construcción) de los que el 80% es valor añadido desde España. Posteriormente, para su operación, se requieren 50 puestos de trabajo permanentes.

La inversión realizada por las empresas para la puesta en funcionamiento de centrales termosolares en nuestro país asciende ya a cerca de 2.500 millones de euros y rondará los 15.000 millones de euros acumulados en 2013, cuando se hayan conectado a la red los 2.400 MW a los que se ha preasignado el sistema retributivo actual. Para esa fecha operarían en España un total de 60 plantas termosolares de diferentes tecnologías y tamaños. El potencial de reducción de costes en esta tecnología es muy elevado, lo que le permitirá ser competitiva en 2020 si se mantienen los apoyos y su ritmo de implantación.

Las inversiones en las centrales termosolares se están haciendo con tasas de retorno de los capitales muy ajustadas y cualquier cambio en las condiciones retributivas sobre las legalmente establecidas cuando se acometieron las inversiones, serían imposibles de ser asumidas por las empresas. Estas inversiones han sido financiadas por bancos y cajas españoles así como por el BEI y bancos y fondos de inversión extranjeros, ante los que importa mucho mantener la imagen de confianza sobre cualquier actividad regulada en nuestro país. Por ello nos felicitamos del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria, en el que nuestro sector ha hecho un importante esfuerzo para contribuir a mitigar el déficit tarifario en el horizonte 2013 a cambio de esa necesaria estabilidad en la retribución a las plantas y sin aplicación de medidas retroactivas.

Aunque las políticas de apoyo a las renovables, que para la termosolar empezaron bastante más tarde que para las otras tecnologías -en 2009 recibieron tan sólo 22 millones de euros en primas- han dado sus frutos, nos preocupa, sin embargo, la pequeña cuota de potencia que se le asigna para 2020 en el borrador del Plan de Acción Nacional en Energías Renovables que el Gobierno ha presentado a Bruselas estos días para mostrar la senda del cumplimiento de los objetivos establecidos. Un mix de generación renovable debe guardar un mayor equilibrio entre las tecnologías gestionables y las no gestionables. Por ello esperamos que las estimaciones iniciales sean modificadas y se dote de mayor peso relativo en el horizonte 2020 a la solar termoeléctrica, por todas sus ventajas técnicas y macroeconómicas.

Como dijimos, las renovables -y en particular la termosolar- son, sin duda, una magnífica inversión para España.

Una eficaz estrategia energética debe empezar por reconocer su carácter instrumental, así como las importantísimas repercusiones sobre la economía, el medio ambiente, la seguridad y la política internacional de un país entorno a las cuestiones de esta materia.

Debido a estas implicaciones de la energía sobre el modelo de sociedad y sobre las bases de su prosperidad, resulta comprensible la legítima discrepancia política al respecto pero, precisamente por ello, resulta también exigible la máxima responsabilidad en la toma de decisiones que, en ningún caso, deben desbordar los límites impuestos por la realidad, la racionalidad y las limitaciones técnicas o socioeconómicas.

Más allá de las cifras y de los debates sobre las perspectivas tecnológicas y sobre la previsible evolución de costes de tal o cual tecnología, es imprescindible resaltar que el principal problema del actual modelo energético español es la falta de un marco institucional y regulatorio adecuado que permita las necesarias inversiones a largo plazo. Es triste comprobar que en España no existe, en la actualidad, seguridad jurídica en el sector energético, ni un marco de reglas claras e iguales para todos que permitan la inversión a largo plazo. Eso es letal para la política energética… para cualquier opción de política energética.

La base de esta desconfianza e incertidumbre es la percepción de insostenibilidad económica del actual marco regulatorio y retributivo del sector eléctrico, basado en la absoluta disociación entre precios y costes, en primas y déficits multimillonarios, a lo que debe añadirse el descrédito de los propios organismos reguladores. Con una crisis de competitividad nacional que expulsa a millones de trabajadores al paro y un ajuste fiscal que nos hace replantear las bases de la sociedad del bienestar, la percepción de insostenibilidad del statu quo energético resulta comprensible.

En el fondo, el marco energético español carece de credibilidad porque ha perdido de vista la realidad en la que se inserta. La energía es un factor clave de competitividad para todo el tejido productivo. Su encarecimiento actual o futuro -dada la insostenibilidad del déficit de tarifa y las primas- no harían sino empeorar aún más las perspectivas económicas para el conjunto de la sociedad. Sin un sector manufacturero competitivo en costes, capaz de responder con fortaleza a la recuperación económica internacional, España se verá condenada a padecer el proceso de retroceso relativo y absoluto en el que nos encontramos.

En este contexto, la reducción de los costes energéticos –que no olvidemos que en numerosos sectores industriales es la segunda fuente de coste tras los sueldos y salarios- debe ser una prioridad. Hay que reequilibrar un modelo eléctrico que ha obviado por demasiado tiempo este vértice. El reto de un modelo energético de futuro no está en ser más «verde», en ser más competitivo o más seguro que otro, sino que está precisamente en compatibilizar a la vez estos tres requisitos, formando un triángulo, sin obviar ninguno de ellos. Que esto sea así es importante para el sector energético, pero lo es más todavía para el conjunto de la sociedad española.

La cultura del endeudamiento, de la subsidiación y de la alteración de las señales de precios a las que el sector energético se ha visto expuesto en los últimos años nos pasa ahora, en el peor momento, al cobro su pesada factura. Es hora de un cambio de paradigma.

Por ello, de cara al futuro, debemos plantearnos la transición a un nuevo modelo en el que la seguridad jurídica y la verdadera competencia sean los pilares sólidos sobre los que podamos plantear un futuro de prosperidad. Un modelo en el que necesitamos todas las fuentes energéticas porque se complementan y refuerzan en sus respectivas fortalezas y debilidades.

Así, el marco de apoyo a las energías renovables debe ser claro, estable, con incentivos fiscales temporales explícitos y calendarios conocidos de abandono de las primas. Frente al despliegue indiscriminado e insostenible de tecnologías todavía inmaduras se debe articular el fomento a la investigación y el desarrollo de estas tecnologías para acelerar su maduración. Sólo el desarrollo tecnológico y la plena explotación del potencial gerencial permitirán el crecimiento de un tejido industrial asociado al sector renovable en España, competitivo a nivel internacional, que pueda «desenchufarse» del BOE y de los vaivenes políticos.