¿Renovables? No nos olvidemos de la sociedad

Una eficaz estrategia energética debe empezar por reconocer su carácter instrumental, así como las importantísimas repercusiones sobre la economía, el medio ambiente, la seguridad y la política internacional de un país entorno a las cuestiones de esta materia.

Debido a estas implicaciones de la energía sobre el modelo de sociedad y sobre las bases de su prosperidad, resulta comprensible la legítima discrepancia política al respecto pero, precisamente por ello, resulta también exigible la máxima responsabilidad en la toma de decisiones que, en ningún caso, deben desbordar los límites impuestos por la realidad, la racionalidad y las limitaciones técnicas o socioeconómicas.

Más allá de las cifras y de los debates sobre las perspectivas tecnológicas y sobre la previsible evolución de costes de tal o cual tecnología, es imprescindible resaltar que el principal problema del actual modelo energético español es la falta de un marco institucional y regulatorio adecuado que permita las necesarias inversiones a largo plazo. Es triste comprobar que en España no existe, en la actualidad, seguridad jurídica en el sector energético, ni un marco de reglas claras e iguales para todos que permitan la inversión a largo plazo. Eso es letal para la política energética… para cualquier opción de política energética.

La base de esta desconfianza e incertidumbre es la percepción de insostenibilidad económica del actual marco regulatorio y retributivo del sector eléctrico, basado en la absoluta disociación entre precios y costes, en primas y déficits multimillonarios, a lo que debe añadirse el descrédito de los propios organismos reguladores. Con una crisis de competitividad nacional que expulsa a millones de trabajadores al paro y un ajuste fiscal que nos hace replantear las bases de la sociedad del bienestar, la percepción de insostenibilidad del statu quo energético resulta comprensible.

En el fondo, el marco energético español carece de credibilidad porque ha perdido de vista la realidad en la que se inserta. La energía es un factor clave de competitividad para todo el tejido productivo. Su encarecimiento actual o futuro -dada la insostenibilidad del déficit de tarifa y las primas- no harían sino empeorar aún más las perspectivas económicas para el conjunto de la sociedad. Sin un sector manufacturero competitivo en costes, capaz de responder con fortaleza a la recuperación económica internacional, España se verá condenada a padecer el proceso de retroceso relativo y absoluto en el que nos encontramos.

En este contexto, la reducción de los costes energéticos –que no olvidemos que en numerosos sectores industriales es la segunda fuente de coste tras los sueldos y salarios- debe ser una prioridad. Hay que reequilibrar un modelo eléctrico que ha obviado por demasiado tiempo este vértice. El reto de un modelo energético de futuro no está en ser más «verde», en ser más competitivo o más seguro que otro, sino que está precisamente en compatibilizar a la vez estos tres requisitos, formando un triángulo, sin obviar ninguno de ellos. Que esto sea así es importante para el sector energético, pero lo es más todavía para el conjunto de la sociedad española.

La cultura del endeudamiento, de la subsidiación y de la alteración de las señales de precios a las que el sector energético se ha visto expuesto en los últimos años nos pasa ahora, en el peor momento, al cobro su pesada factura. Es hora de un cambio de paradigma.

Por ello, de cara al futuro, debemos plantearnos la transición a un nuevo modelo en el que la seguridad jurídica y la verdadera competencia sean los pilares sólidos sobre los que podamos plantear un futuro de prosperidad. Un modelo en el que necesitamos todas las fuentes energéticas porque se complementan y refuerzan en sus respectivas fortalezas y debilidades.

Así, el marco de apoyo a las energías renovables debe ser claro, estable, con incentivos fiscales temporales explícitos y calendarios conocidos de abandono de las primas. Frente al despliegue indiscriminado e insostenible de tecnologías todavía inmaduras se debe articular el fomento a la investigación y el desarrollo de estas tecnologías para acelerar su maduración. Sólo el desarrollo tecnológico y la plena explotación del potencial gerencial permitirán el crecimiento de un tejido industrial asociado al sector renovable en España, competitivo a nivel internacional, que pueda «desenchufarse» del BOE y de los vaivenes políticos.