La energía se judicializa (III): Tormenta y lodazal

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Mientras el discurso del Gobierno permanece inmutable ante las críticas recibidas, el rechazo a la reforma energética planteada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene en uno de los barones autonómicos del PP, Ramón Luis Valcárcel, a uno de sus máximos exponentes. La importancia que la energía solar tiene en su territorio ya le llevó a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el primer recorte a las renovables ejecutado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, con un Gobierno de su mismo color político en la Moncloa, tampoco le ha temblado el pulso para presentar otro recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra el Real Decreto Ley 9/2013.

La polémica persigue a la reforma energética y en el Gobierno son conscientes de lo que se avecina. Según manifestó en una entrevista a Energía Diario el abogado del despacho Rödl & Partners, Ramón Marés, “el carácter retroactivo de las medidas y la falta de reconocimiento de los costes reales de inversión y de explotación de los productores” son los puntos más conflictivos de la reforma. Esta conflictividad se traducirá en un elevado número de litigios y por ello, desde Moncloa y en coordinación con el Ministerio de Industria y también el de Economía, se ha orquestado una unidad especial en el Ministerio de Justicia para prepararse ante la avalancha de recursos y arbitrajes que se sucederán próximamente a escala nacional e internacional. La preocupación se palpa en el ambiente.

El reparto de esfuerzos pregonado por el Gobierno entre agentes del sector, Estado y consumidores no es tal si se acude a las cifras. La propia Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) estima que la reforma energética tendrá un impacto de 1.600 millones de euros para las renovables mientras que para las tecnologías del régimen ordinario será de 1.100 millones: 2.700 millones para el sector mientras el Estado asume 900 millones y otros 900 se cargará a los consumidores. En una situación especialmente delicada queda la eólica; al ser la que lleva más ejercicios produciendo energía, será la más afectada por la vuelta a hacer números que implica la rentabilidad razonable. Según el presidente de la AEE (Asociación Empresarial Eólica), José López-Tafall, “se modifican las reglas de juego que atrajeron 25.000 millones en inversiones en los últimos veinte años”.

Oposición en la energía solar

Idéntico argumento plantean el resto de tecnologías renovables: la falta de seguridad jurídica. Es el caso de los productores fotovoltaicos y termosolares, que han visto cómo desde 2010 tanto el Gobierno de Rodríguez Zapatero como el de Rajoy han mermado considerablemente las retribuciones que se les había prometido un lustro antes y que atrajeron a miles de inversores. Recortes que han soliviantado considerablemente fuera de nuestras fronteras: inversores estadounidenses, alemanes y japoneses han trasladado su malestar a través de sus embajadas y ahí están los arbitrajes internacionales de inversión planteados bajo el amparo de la Carta de la Energía. Pero también en el territorio nacional la batalla jurídica anunciada promete ser intensa y duradera.

El último movimiento ha sido el protagonizado por Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica). La semana pasada se presentaron acompañados por un notario en la sede del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) con la finalidad de dejar constancia de que el Gobierno no ha hecho públicas en el plazo legal establecido las bases de la licitación del contrato para las consultoras privadas encargadas de cuantificar cómo debe ser el estándar de una empresa eficiente y bien gestionada que se menciona en el Real Decreto Ley 9/2013, parámetros sobre los que se calculará su rentabilidad razonable. Según se ha publicado en diversos medios, estas consultoras son Roland Berger y Boston Consulting. La finalidad de esta acción es recurrir la adjudicación de los contratos, lo que podría invalidar el proceso e impedir la entrada en funcionamiento en enero de la nueva retribución a las energías renovables.

Los representantes de Anpier, que está siendo la organización que está plantando cara al Gobierno de forma más directa, también presentaron ante el IDAE la documentación correspondiente a 1.000 pequeños productores de energía fotovoltaica. No es la primera vez que lo hacen. Su objetivo es que el Gobierno no alegue desconocimiento de las características de las plantas de producción de energía para justificar en un futuro proceso judicial el establecimiento en el Real Decreto Ley de unos parámetros estándar. Según declaraciones realizadas a Energía Diario, el director de Anpier, Rafael Barrera, considera «un error» estandarizar los datos y las características de lo que debería haber sido una instalación eficiente «porque hay una casuística muy amplia». Además, Barrera recuerda que los productores fotovoltaicos «ya han pagado sus impuestos con arreglo a las normas que había; ahora no tiene sentido entrar a valorar cuál debió ser su rentabilidad».

Recursos por doquier

Desde el primer recorte en la retribución a las renovables realizado por el Gobierno socialista hasta la reforma energética del actual Ejecutivo han sido varias las comunidades autónomas que han presentado recursos de inconstitucionalidad contra diferentes normativas con el objeto de defender a los productores situados en su territorio. Es el caso de la citada Región de Murcia pero también de otras autonomías como Andalucía, Extremadura, Galicia, Islas Canarias y la Comunidad Valenciana. En lo que respecta a la reforma energética planteada el pasado mes de julio, ante el Real Decreto Ley 9/2013 Navarra es la única comunidad que ha seguido los pasos de Murcia y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ya que considera que peligran las inversiones realizadas en instalaciones renovables por el cambio de modelo retributivo. Otra comunidad que podría hacerlo es Extremadura, que de momento ha pedido una comisión bilateral para negociar este asunto con el Estado.

A nivel parlamentario, únicamente la mayoría absoluta del Partido Popular da un pequeño respiro al Gobierno. Eso siempre que no se consume una rebelión de los diputados de las comunidades díscolas, extremo que no ha descartado el presidente murciano Valcárcel y que reclama la campaña de Anpier titulada «Diputado, con mi voto, no votes contra mí«. La oposición está absolutamente en contra y tanto el PSOE como CiU, UPyD, la Izquierda Plural y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad que se debatirán este jueves. Además, el PSOE presentó también a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados otro recurso de inconstitucionalidad basado en que se aplica una retroactividad impropia que consideran lesiva así como que el concepto de rentabilidad razonable, sin igual en un país occidental, carece de sentido y puede abocar a una rentabilidad negativa.

El debate está abierto; el Gobierno insiste en su reforma mientras, de fondo, una litigiosidad en escalada no hace ningún bien al sector. Habrá que ver si el Ejecutivo negocia.

¿Cómo se regularon hasta ahora los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares?

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Un modelo de retribución regulada suele ser el método adoptado para recompensar la generación en los sistemas eléctricos aislados. En España, los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIE) no constituyen una excepción y, por tanto, también se ha seguido un modelo regulado para la retribución de la generación en las Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

La base de este modelo se cimenta en un reconocimiento de los costes fijos y variables que la producción de energía conlleva en estos sistemas aislados: precisamente su aislamiento y las particularidades propias de estos territorios hacen que los consiguientes sobrecostes de los SEIE fueran compensados, gracias al principio de tarifa única nacional, en los Presupuestos Generales del Estado y a través directamente del bolsillo del conjunto de los consumidores españoles de energía en su factura de la luz.

Durante décadas los SEIE estuvieron inmersos en un período de incertidumbre retributiva y regulatoria. No fue hasta 1997, con la Ley del Sector Eléctrico, cuando se contempló por primera vez la necesidad de desarrollar una normativa específica para los SEIE que tuviera en cuenta sus particulares sobrecostes. Apenas fue un primer paso: se tardó más de 10 años en desarrollar el modelo regulatorio de los SEIE vigente hasta la aprobación el jueves 17 de octubre de la nueva Ley.

El Real Decreto 1747/2003 estableció los aspectos generales de su retribución; pero no fue hasta 2009 cuando se dio la primera liquidación conforme a la nueva normativa ya que hasta 2007 las tarifas eléctricas se limitaron a incorporar una cuantía provisional para la retribución de estos sistemas: un parche que no solucionaba en nada la problemática de los SEIE. Esta fórmula no guardaba relación alguna con la realidad de estos territorios: era indiferente a los costes fijos y variables, sin tener en cuenta por ejemplo el número de instalaciones existentes o la evolución del precio de las materias primas. Simplemente se contemplaba como un añadido a la tarifa que pagaban los consumidores sin detallar de dónde procedía ese incremento.

Retribución al detalle

En 2006 se aprobaron las órdenes ministeriales que recogían el grueso de los aspectos que hacían referencia específicamente a la retribución. Fue el punto final a un largo período de incertidumbre durante el que se contemplaron cuantías provisionales que no se ajustaban a la realidad de estos sistemas. Básicamente son dos: la Orden ITC / 914/2006, que estableció el método de cálculo de la retribución de garantía de potencia o costes fijos; y la inmediatamente anterior, la Orden ITC / 913/2006, por la que se fijó el mecanismo retributivo a tener en cuenta para los costes variable y a la postre la de mayor calado: no obstante más del 70% de la retribución de los SEIE se corresponde a costes variables. Antes de entrar en detalles conviene señalar también que, en definitiva, este esquema de retribución estaba diseñado para garantizar una rentabilidad después de impuestos del 8% para las inversiones realizadas en generación en los SEIE. Con la nueva reforma energética del Gobierno y la rentabilidad razonable ya se verá cómo se define la nueva retribución.

En lo que respecta a los costes fijos, la retribución fijada trataba de recompensar la inversión realizada a la par que enjugaba los costes fijos de operación y mantenimiento de las instalaciones. Se tenía en cuenta su disponibilidad efectiva y la instalación tenía que estar calificada como inversión necesaria por el operador del sistema (REE). Hay que señalar que para recompensar la inversión en generación, además de la amortización de la inversión se añadía una retribución igual al valor de la rentabilidad del Bono del Estado + 3%.

La parte de los costes variables se calculaba a través de tres pilares; el coste más cuantioso es el ocasionado por los combustibles, que por primera vez empezó a tener en cuenta las variaciones en su precio a través de las cotizaciones internacionales; además se añadía el coste variable de operación y mantenimiento, que cubría básicamente costes de las revisiones, fungibles y circulante; finalmente se completaba con los costes derivados de la regulación realizada durante cada hora de funcionamiento, es decir, en función de las decisiones y los MW asignados por el operador del sistema.

Procedimientos de operación

La operación en los SEIE no se escapa a las particularidades de estos territorios: su aislamiento y reducido tamaño también influyen en su reglamentación. Eso sí, desde 1997 quedó liberalizada la actividad de generación en los SEIE. El único requisito corresponde a una necesidad de planificación de la potencia a instalar junto con las Comunidades y Ciudades Autónomas correspondientes. El objetivo de esta planificación es que la generación cubra la demanda eléctrica prevista bajo criterios de seguridad, diversificación, eficiencia y protección del medio ambiente.

REE, en virtud de operador del sistema, se encarga del despacho de generación según orden de mérito económico teniendo en cuenta las restricciones técnicas y medioambientales. La operación debe garantizar la disponibilidad de la suficiente potencia de reserva con el fin de minimizar el efecto que puedan tener imprevistas incidencias en la generación que repercutan en la garantía y en la calidad del suministro. El ciudadano de los SEIE debe recibir el mismo servicio que un ciudadano ubicado en cualquier lugar de la Península.

Con estos criterios resulta evidente que desde 2006 se dejó de buscar el mínimo coste económico en detrimento de las prioridades ya señaladas. Se estableció entonces que la potencia disponible debe cubrir la demanda punta y los tres niveles de reserva siguientes para poder responder, en un momento puntual, ante una mayor demanda ya que, llegados a ese caso, no hay alternativa: ninguna otra fuente de generación puede auxiliarla dado el aislamiento que tienen estos grupos generadores. Esto ha llevado a que las centrales generadoras de energía de los SEIE deban funcionar con un bajo nivel de carga y, por tanto, con un elevado margen de reserva, que oscila entre el 40 y el 70% según los casos; muy superior al fijado para la Península, entre un 10% y un 15%, lo que ha dado lugar a costes adicionales que han incrementado las cuantías necesarias para apoyar a estos territorios.

Cuantías que se han visto a su vez aumentadas por las décadas de retraso en la construcción de las plantas de regasificación, lo que ha obligado a utilizar en las centrales de ciclo combinado los combustibles más caros. Ahora está por ver si antes de que termine la presente década se han concluido todas las infraestructuras planeadas para el archipiélago canario: las citadas plantas de regasificación y las centrales de bombeo, necesarias para un mejor aprovechamiento de las energías renovables. A corto plazo será importante ver qué consecuencias trae para los SEIE el conjunto de la reforma energética una vez que sea aprobada definitivamente; conviene no olvidar que, meses después de su presentación, el trámite parlamentario supuso cambios importantes en la Ley finalmente aprobada el pasado 17 de octubre en el Congreso.

¿Cómo son los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares?

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El artículo 12 de la Ley del Sector Eléctrico (54/1997) explicita la necesidad de una reglamentación singular para los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (SEIE). Los territorios englobados bajo esta denominación de SEIE son las comunidades autónomas insulares, es decir, las Islas Baleares y las Islas Canarias, así como las ciudades autónomas en el norte de África, Ceuta y Melilla.

Basta echar un vistazo al mapa de España para comprender que el aislamiento es la principal característica de estos territorios. En términos energéticos, este aislamiento se traduce en un hándicap de importantes consecuencias en el plano económico y para el propio abastecimiento: son territorios al margen de la red eléctrica peninsular. En la Península Ibérica, las interconexiones entre los diferentes núcleos de generación de energía abren un abanico de posibilidades para que su población e industria tengan cubiertas sus necesidades eléctricas. Esto no es así en los SEIE, a pesar del cable eléctrico submarino que ya conecta Baleares con la Península y que proporciona una cuarta parte del suministro.

Otro problema que presentan estos territorios es su pequeño tamaño. Teniendo en cuenta que la superficie de España es de 504.782 km2, únicamente 12.607 km2 corresponden a los SEIE, es decir, el 2,5% de toda España, una cifra claramente reducida pero que resulta aún menor si tenemos en cuenta que esta superficie hay que repartirla a su vez entre 4 islas de Baleares, 7 islas de Canarias y Ceuta y Melilla. Estas reducidas dimensiones no ofrecen además una auténtica dimensión de sus necesidades energéticas; en lo que respecta a la población de los SEIE, que al fin y al cabo son consumidores de electricidad como el resto de los españoles, en estos territorios reside el 7,2% de la población nacional, más de 3 millones de personas. Considerando una mayor industrialización de la Península, conviene anotar que en 2011 la demanda de los SEIE fue de 15 TWh, un 5,5% de toda la demanda energética nacional.

En consecuencia a los datos expuestos, en los SEIE nos encontramos con 10 «islotes» energéticamente hablando que, al no estar conectados con sistemas mayores ni apenas entre sí (salvo Mallorca-Menorca, Ibiza-Formentera y Fuerteventura-Lanzarote), constituyen pequeños subsistemas eléctricos que se ven obligados a generar la electricidad que tienen que consumir. Por ello, el tamaño medio de los grupos generadores en los SEIE es de 29 MW, frente a los 335 MW de las instalaciones peninsulares. Una circunstancia que impide establecer en los SEIE economías de escala, en las que a medida que va aumentando progresivamente la producción se reducen considerablemente los costes.

En España existen 371 grupos generadores de electricidad: 190 corresponden a la Península y 181 a los SEIE. Sin embargo y como es natural, la potencia instalada en ambos territorios no está tan equilibrada: 63.801 MW frente a 5.226 MW de los SEIE. Son reveladores, de lo reducido que resultan estos sistemas, los datos de la potencia instalada en La Palma (108 MW), Ceuta (99 MW), Melilla (85 MW), La Gomera (22 MW) y El Hierro (13 MW).

Fragilidad máxima

El aislamiento de estos pequeños sistemas eléctricos exige márgenes de reserva más altos. Esta exigencia implica que las centrales generadoras de energía deben funcionar con un bajo nivel de carga para poder responder ante una mayor demanda en un momento puntual ya que, llegados a ese caso, no hay alternativa: ninguna otra fuente de generación puede auxiliarla. Este margen de reserva, que oscila entre el 40% y el 70% según los casos, resulta muy superior al fijado para la Península, entre un 10% y un 15%, con el objeto de garantizar la cobertura de la demanda y la calidad de suministro.

Las peculiaridades de los SEIE limitan además el mix de generación. Precisamente no se pueden dar en estos territorios las tecnologías de coste variable más reducido; es el caso de la hidráulica, ya que no se dan los recursos naturales apropiados, o de la nuclear, que resulta inviable desde un punto de vista económico para estos sistemas eléctricos tan pequeños. Su aislamiento implica a su vez no poder abastecerse de la producción energética de las renovables, dependientes de factores externos. De este modo, todas estas limitaciones obligan al empleo de tecnologías que utilizan combustibles; un recurso caro y más costoso aún en las Islas Canarias, donde las centrales de ciclo combinado se ven privadas de quemar gas por los retrasos en la construcción de las centrales de regasificación.

Todo esto convierte a los SEIE en unos territorios muy frágiles desde el punto de vista energético. Resulta evidente que si la generación de electricidad se concentra en una central, dos a lo sumo en las islas mayores, los problemas ante cualquier fallo en la red o en el propio funcionamiento de la central no hagan más que multiplicarse. Eso sin contar con otros elementos que restan atractivos a los posibles inversores. No en vano, su aislamiento genera sobrecostes para el transporte de personas y materiales y, por citar otro inconveniente, la simple presencia de un agente corrosivo como la salinidad requiere en las instalaciones de los SEIE una mayor inversión en mantenimiento. En resumen, todo este cúmulo de circunstancias los convierten en especialmente caros para el consumidor y poco rentables para la producción.

Principales características de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares:

-Aislamiento: Son territorios al margen de la red eléctrica peninsular.

-Reducido tamaño: Su territorio es considerablemente pequeño pero no así sus necesidades energéticas, pues tienen bastante población y turismo.

-Imposibilidad de aprovechar las economías de escala: Instalaciones con poca potencia.

-Elevado margen de reserva: Cada central tiene que garantizar el suministro en su territorio porque no hay alternativas.

-Mix de generación limitado: Dependencia de energías más caras al tener que utilizar combustibles.

-Poco atractivos a la inversión: Producir energía en estos sistemas es caro y a eso hay que añadir otros sobrecostes (salinidad, transporte…)

Peligro de riesgo regulatorio en el sector energético español

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El 13 de julio de 2013 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 9/2013 por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Su Exposición de Motivos afirma cómo desde hace una década se ha ido generando en el sistema eléctrico español un déficit tarifario, debido a que los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sector eléctrico resultan superiores a la recaudación de los peajes fijados por la Administración y que pagan los consumidores.

El agujero del déficit asciende ya a la cifra de 28.000 millones de euros, de ahí que terminar con el mismo se ha convertido en uno de los caballos de batalla del Gobierno. El objetivo es loable al tiempo que necesario y hay que valorar el coraje político del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, por intentar encauzar un problema arrastrado desde hace una década, pero se está cuestionando si los medios son o no los adecuados. Lo cierto es que el Gobierno, vía Presupuestos Generales del Estado asume una pequeña parte del déficit (900 millones de euros), y el grueso de la deuda es asumido entre las renovables, que han visto eliminado su anterior sistema de primas, y las distribuidoras. El resto del déficit será asumido por los consumidores que, desde agosto y como consecuencia de esta normativa, hemos visto incrementado una media de un 3,2% la factura de la luz, a lo que ahora hay que añadir la subida del 3,1% a partir de octubre. Teniendo en cuenta la difícil coyuntura económica, surgen dudas acerca de si el camino tomado es el correcto.

Los recortes a las energías renovables, a los distribuidores y a las plantas de ciclo combinado, suponen un duro revés que puede llegar a poner en peligro el equilibrio del sistema. Los desajustes que se pueden producir pueden ser muy graves: la figura del distribuidor es esencial para garantizar la calidad y la seguridad del suministro y los ciclos combinados junto con ciertas energías renovables también son de vital trascendencia para el sector. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, fue tajante en relación con la reforma: «Se desincentiva la inversión en un sector, como es el de la distribución de la electricidad, generador intensivo de empleo altamente cualificado y con obligaciones de servicio público». Asimismo, se han hecho grandes recortes a todas las actividades vinculadas con la eficiencia energética, eliminándose bonificaciones a la cogeneración.

La publicación del RDL ha supuesto un jarro de agua fría a todos los protagonistas del sistema eléctrico. Por ello, las manifestaciones de los agentes intervinientes en la energía no se han hecho esperar y han servido para dar más grosor a los periódicos durante el verano y para hacernos a la idea de que en España, a pesar de tener la luz más cara de toda la Europa continental, las cuentas en energía a día de hoy no salen. Ojalá me equivoque, pero ésta no será la reforma definitiva. Vendrán más reformas porque el equilibrio económico-financiero del sistema eléctrico no es una madeja fácil de desliar.

Un par de meses después de la reforma, es muy clarificador poner en negro sobre blanco algunas reacciones de los distintos agentes intervinientes del sector eléctrico. Desde los propios consumidores de energía, pasando por agencias de calificación, organismos reguladores y el propio tejido empresarial han mostrado su incredulidad y malestar por todo lo que está ocurriendo en el sector energético español. Así un exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía, Jordi Dolader i Clara, ha sido muy rotundo: «En España no disponemos de una buena regulación energética y no respetamos sus principios». La frase habla por sí sola y no precisa de más comentarios.

Por otro lado, la acogida de la reforma por los mercados financieros y las agencias de calificación tampoco ha sido positiva: Standard & Poor’s ya ha anunciado que espera una bajada del «rating» de las eléctricas y destaca que la reforma planteada por el Gobierno contribuirá a la «exitosa eliminación» de la acumulación de déficit de tarifa en el futuro, aunque subraya que las medidas aprobadas no acaban con los riesgos políticos y regulatorios y que el nuevo marco legal reduce los incentivos para que las compañías inviertan en el sector eléctrico español con miras al largo plazo. Además, la agencia reconoce que la reforma ayudará a mejorar la visibilidad respecto a los beneficios a largo plazo de las eléctricas españolas.

Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa han cifrado el impacto provisional de la reforma en 1.375 millones de euros entre este año y el próximo, lo que ha dado lugar a que dichas empresas ya hayan manifestado que van a revisar su plan de inversiones en España a la baja, así como otras reducciones de costes. Asimismo, las energías renovables han quedado seriamente perjudicadas y algunas de ellas peligra que puedan repartir dividendos en sus próximos ejercicios, tal es el caso de Acciona o Abengoa, y que para muchos son el chivo expiatorio de la reforma.

Además, los inversores en EE.UU. se han mostrado disconformes con la reforma; no en vano, uno de los asesores de la administración del Presidente Barack Obama en temas de energía, Rodrigo Villamizar, ha afirmado que: «los inversores norteamericanos no quieren oír hablar de España por la inseguridad jurídica que se ha generado en el sector energético». Ante esta difícil situación, bien han hecho los ministros Soria y Guindos en ir a EE.UU. y a Reino Unido para explicar a analistas e inversores internacionales las bondades de la reforma. Junto con las reacciones, ciertos hechos conducen a la reflexión: los concursos de acreedores en el sector energético se han disparado y ya superan el total del año 2012.

Desde luego, cuando Ortega y Gasset en «La rebelión de las masas» allá por 1929 afirmó que: «el hombre necesita un derecho dinámico que se adapte a la continua metamorfosis de la historia», no podía imaginarse que dicho derecho dinámico terminaría por ser un derecho enloquecido o, como describe García de Enterría, un derecho de leyes desbocadas. Con todo, el filósofo en 1953 acabaría por denunciar el peligro de la «legislación incontinente», puesto que «trae consigo que el individuo no pueda proyectar su vida».

En relación con la energía, ni los más pesimistas podíamos prever que un derecho dinámico iba a convertirse en un derecho incontinente y enloquecido. Basta un dato: el BOE publicó a lo largo del 2012 entre Leyes, Reales Decretos, Órdenes y otras normas unas ochenta disposiciones, y en lo que va de 2013 ya se habrán publicado más de cuarenta normas que afectan a diversos aspectos del Sector de la Energía pero, sobre todo, a su rentabilidad económica. El ritmo legislativo no ha decrecido con posterioridad al RDL 9/2013, y se han aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dos resoluciones que aprueban nuevas reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario, así como los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico Peninsular para adaptarse al nuevo contexto de caída de la demanda y de aumento de potencia de las renovables. Además, también se ha aprobado el Proyecto de Ley de Sector Eléctrico en la que se prevé suprimir de la preferencia de vertido a las renovables que a día de hoy tienen por Ley.

Ciertamente, la sombra del riesgo regulatorio se cierne sobre España, que puede quedar muy perjudicada ante tanto vaivén legislativo; qué positivo sería, ante esta situación, que los dos grandes partidos elaboraran la misma hoja de ruta con políticas de consenso, estables y duraderas, que trascendieran más de una legislatura en temas de carácter estratégico, como es la energía, por el bien de lo que se conoce ahora como la Marca España (curioso nombre de llamar a un país). Dicho deseo no tiene aspecto de materializarse: el PSOE ha propuesto una contrarreforma firmada por Hugo Morán que persigue «un ambicioso desarrollo de las energías renovables» y que recuperaría las políticas trazadas en los años 90 del Marco Legal Estable. Las energías renovables son las más dañadas por la reforma con un impacto de 1.150 millones euros (550 millones de euros al año en la fotovoltaica, 450 millones en la eólica y de 150 millones en la termosolar). En cualquier caso, como han reclamado analistas estratégicos, en España se precisa más transparencia en el sector, así como auditorías para saber en qué situación se encuentran las empresas y, sobre todo, decidir mejor entre todos qué mix energético queremos para los próximos veinticinco años.

Es cierto, como dijo el Conde de Romanones: «Fórmulas sencillas para resolver problemas complejos, no las conozco», pero es más cierto que en este momento se antoja imprescindible lograr cierta estabilidad regulatoria para que las empresas del sector eléctrico puedan planificar, del modo más seguro posible, su política estratégica y de inversiones en España. Lo contrario nos puede abocar a algo más que a una delicada situación. En este país, a veces, se olvida que entre las funciones de la regulación está la de dotar de garantías y de seguridad jurídica a consumidores y a empresas y servir de contrapeso a la actuación de los poderes públicos, y que cuando esto no se logra no se va en la buena dirección. Lo cierto es que la reforma ya está desplegando sus efectos y ya sólo sabremos si la misma es adecuada por sus resultados y para eso hace falta tiempo.

En cualquier caso, el ritmo legislativo no tiene aspecto de decrecer y un cambio de Gobierno generaría aún más cambios legales. Mejor no hacer elucubraciones, pero lo cierto es que para solucionar el problema del déficit no hay una solución fácil ni agradable. Parece que los daños colaterales y el riesgo de judicialización en Tribunales e instituciones arbitrales son un mal necesario y asumido por el Gobierno ante el riesgo regulatorio en el que ha colocado al sector. No obstante, en asuntos tan delicados como la regulación energética, que dan lugar a situaciones tan complejas, sería más que deseable que se escuchasen posibles alternativas de los intervinientes del sector afectado y se alcanzase entre los principales partidos un mayor consenso que trascendiera legislaturas. Quizá es una ingenuidad exigir políticas de consenso en el momento político en que vivimos, pero el interés público, la seguridad de inversiones de ahorradores y accionistas en empresas energéticas y la planificación y los balances de estas últimas junto con los consumidores, que se ven también perjudicados por estos cambios legislativos, así lo precisan para poner freno al riesgo regulatorio y para que los intervinientes del sector eléctrico, incluyendo consumidores y accionistas, podamos proyectarnos, como afirmó Ortega y Gasset.

PABLO TORAL OROPESA es abogado asociado del Departamento de Derecho Público en Cremades & Calvo Sotelo Abogados. Su actividad está centrada en aspectos jurídicos de los sectores regulados, como el de la energía. Asesora regularmente en el desarrollo e implantación de operadores y sus relaciones con las Administraciones Públicas y otras entidades. Asimismo, es Coordinador del Programa del Master en Negocio y Derecho de la Energía impartido por Cremades & Calvo-Sotelo Formación. Con anterioridad, también trabajó en Iberforo Madrid y PricewaterhouseCoopers

Cameron y el fracking: Sussex versus success

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El debate alrededor del fracking está protagonizando muchos titulares en los últimos meses en España: desde su prohibición en Cantabria en contra del criterio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hasta las previsiones que llegan y convierten a Estados Unidos en uno de los mayores países productores de petróleo en los próximos años. El fracking lo está cambiando todo: el propio Barack Obama es uno de los máximos defensores de la fractura hidráulica, que ha favorecido una reducción del precio de la energía en Estados Unidos y, especialmente, ha disminuido la dependencia de combustibles fósiles del exterior generando un vuelco en el mapa geopolítico.

Desde comienzos de este siglo, el gas pizarra ha pasado de suponer un insignificante 1% a ser la cuarta parte del gas natural que se consume en Estados Unidos. Cada año se perforan 25.000 nuevos pozos. La producción de hidrocarburos se dispara en un país que ha perfeccionado la fractura hidráulica, una técnica utilizada ya desde pasado el ecuador del siglo XX en Dakota del Norte. Ahora no se ha extendido sólo al resto del país: el mundo entero se preguntaba cómo ha ocurrido el milagro energético norteamericano; el fracking tiene la respuesta pero en Europa las alarmas medioambientales se han activado. Francia y Bulgaria lo han prohibido y otros países también se lo piensan.

No es el caso del Reino Unido, siempre atento a lo que sucede al otro lado del Atlántico. A finales de junio, el British Geological Survey anunciaba que las reservas de gas pizarra o no convencional eran mucho mayores de lo estimado. Este organismo aseguraba que las reservas totales de este tipo de gas oscilan entre los 23 y 65 billones de metros cúbicos; calculando una cifra intermedia y que aproximadamente sólo se puede extraer un 10% de cada bolsa, se estaría hablando de 4 billones de metros cúbicos de gas: un siglo del consumo de España. Al igual que Estados Unidos, explotar estas reservas supondría para el Reino Unido disminuir la dependencia exterior y las importaciones de hidrocarburos: una ventaja económica en cuestión en un contexto internacional de precios del gas a la baja y teniendo en cuenta que el fracking es una técnica costosa que requiere unas inversiones enormes.

“No podemos permitirnos el lujo de prescindir del shale gas”. Ése es el título del artículo que firmaba el primer ministro David Cameron en The Telegrah a mediados de agosto. Una defensa del fracking que Cameron construye sobre la base de tres argumentos: en primer lugar, el premier asegura que el fracking permitirá reducir las facturas de la luz a las familias británicas y también a la industria, clave importante para hacerla más competitiva; también supondría dar un impulso decidido a una industria que crearía miles de empleos (74.000 es la cifra dada por el primer ministro); por último, supondría riqueza para las zonas donde se extraiga el gas, puesto que las comunidades próximas a los pozos recibirán 100.000 libras, además del 1% de los ingresos. Como impulso a la industria, se han recortado a la mitad los impuestos para los primeros ingresos de extracción.

Graves protestas en West Sussex

La reacción de los grupos ecologistas a toda esta declaración de intenciones fue inmediata. David Cameron situó el fracking en el primer plano informativo y los miembros de colectivos ecologistas han intensificado la presión en el lugar adecuado: las perforaciones exploratorias en la localidad de Balcombe, una localidad de menos de 2.000 habitantes a 50 kilómetros de Londres en dirección sur, en la ruta hacia la localidad costera de Brighton. Desde el 25 de julio, dos semanas antes del artículo de Cameron, se había establecido un particular campamento de verano en los alrededores de los pozos que ha cosechado una gran atención mediática. Pozos pertenecientes a Cuadrilla Resources, la empresa que lidera la implantación de la fractura hidráulica en el Reino Unido, y con permisos para perforar el terreno hasta 900 metros en vertical y 250 en horizontal desde hacía tres años.

Las protestas se centraban en la posible contaminación de los acuíferos que implica la técnica. La fractura hidráulica se realiza en pozos que se horadan alcanzando una gran profundidad: consiste en inyectar a gran presión una considerable cantidad de agua con ciertos componentes químicos que consiguen fracturar la roca para dejar escapar los hidrocarburos que mantiene atrapados, imposibles de extraer de otra forma por su impermeabilidad o baja porosidad. Los colectivos ecologistas consideran que los fluidos inyectados pueden filtrarse a los acuíferos y contaminarlos, poniendo en peligro el abastecimiento de agua potable. No hay estudios científicos que demuestren fehacientemente que el fracking sea una técnica contaminante, pero también es cierto que las organizaciones que velan por el medio ambiente aseguran que la contaminación de los acuíferos queda protegida por la confidencialidad que se aplica a los compuestos químicos inyectados. Ahí el debate.

Con enfrentamientos prácticamente diarios entre activistas y la policía desplegada en Balcombe, con varias decenas de detenciones, entre ellas la de Caroline Lucas, diputada del Partido Verde, el acoso protagonizado por más de un millar de activistas paralizó durante varios días las actividades de Cuadrilla Resources. Finalmente, la presión sobre Cuadrilla ha podido con ella. La empresa ha decidido abandonar sus proyectos en West Sussex, sin pedir una prórroga por seis meses para sus actividades de exploración; alegan una posible ambigüedad legal que pueda acarrearles problemas en los tribunales por parte de los opositores al fracking.

Esta momentánea retirada ha supuesto para los ecologistas una pequeña victoria. Pero las intenciones de Cameron quedaron reflejadas en su artículo: «estamos juntos en esto y quiero que todos los sitios de nuestro país disfruten de los beneficios del fracking: tanto el norte como el sur, con independencia del color político» en respuesta indirecta a las palabras del político conservador Lord Howell of Guidford, miembro de la Cámara Alta, que optaba por confinar al fracking a áreas despobladas del norte del país. Las piezas se han colocado en el tablero y la partida ha comenzado. Los activistas no cejarán en su empeño de proteger el medio ambiente; el Gobierno tampoco da síntomas de que vaya a ceder: 20.000 pozos en funcionamiento para 2020 están en sus planes. En juego, el futuro energético del Reino Unido.

El «chapuzón» del ministro Soria

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El Ministro Soria ha aparecido en varios medios de comunicación recién salido de las aguas del Atlántico en las playas de Lanzarote. Embutido en un bañador, modelo short, el Ministro disfrutaba de las aguas de las Islas Canarias. Lucía esa sonrisa de tranquilidad imperturbable que le acompaña. Recién bañado.

Casi el mismo día, aparecía tras las negaciones de Pedro ante el juez Ruz, María Dolores de Cospedal en la playa de Guadalmina. Éste es un cambio de concepto en lo que la clase política y dirigente se refiere, incluyendo el «footing» veraniego del Presidente: la compartición de sus días de veraneo y esparcimiento. Cosas de la comunicación política. Analogías populistas que pueden unir imaginariamente a nuestra clase política con el Presidente de Noruega que en campaña electoral se pone al frente de un taxi.

Las vacaciones del Ministro Soria han sido muy controvertidas por los hoteles que frecuenta y por la situación de los mismos. Algo que, con las responsabilidades de su cargo y condición ha sido muy criticado. Pero, no es el caso de este artículo, que busca simplemente, el sosiego estival en el paralelismo entre el chapuzón en la playa y el «chapuzón» de la reforma eléctrica presentada en julio y, sólo defendida, por los argumentarios de comunicación política del Departamento y su responsable, en una campaña laboriosa.

Así, Soria se ha dejado en Madrid, sin vacaciones, a responsables de regulación, servicios jurídicos, órganos reguladores, empresas generadoras y distribuidoras, despachos de abogados, Embajadas, inversores nacionales e internacionales y entidades financieras, etc… Una reforma, con muchas debilidades y agujeros, que cada vez es más cuestionada y contestada, con frentes abiertos que se adivinan letales para la misma.

Este si es el «chapuzón» del verano del Ministro Soria: el de la reforma eléctrica.

La energía se judicializa (II): Uno contra todos, todos contra uno

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El 12 de julio se abrió la veda. Desde que comenzó a conocerse el contenido de la reforma energética, todos los afectados empezaron a estudiar los principales elementos de la misma cuya legalidad pueda ser puesta en duda y puedan ser tumbados posteriormente por la Justicia. Según apuntaba en una entrevista a Energía Diario, el abogado del despacho Rödl & Partners, Ramón Marés, “el carácter retroactivo de las medidas y la falta de reconocimiento de los costes reales de inversión y de explotación de los productores” son los puntos que pueden conducir a un mayor número de litigios.

El motivo por el que la reforma se retrasó a julio después de que el ministro de Industria, José Manuel Soria, insistiera en que su presentación sería antes de finales de junio, no fue otro que la necesidad por parte de los servicios jurídicos del Ministerio de ajustar los términos propuestos en la reforma para evitar lo que a estas alturas parece inevitable: la judicialización del proceso. Se trataba de tratar de fortificar, al menos semánticamente, una reforma cuyo objetivo era «distribuir» daños.

Catálogo de frentes abiertos de la «reforma eléctrica»

Hasta el momento las empresas generadoras y distribuidoras de UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) no han descartado recurrir la reforma presentada por el Gobierno para tratar de minimizar su impacto; de hecho sus gabinetes jurídicos se encuentran estudiando al detalle cada punto del nuevo texto normativo.

Considerando los precedentes de procesos jurídicos pasados en tribunales españoles o europeos, no sería de extrañar un nuevo revés para el Gobierno dada la ligereza con la que acostumbran a legislar los diferentes Ejecutivos, uno tras otro. Si bien aún no hablan de recursos, de lo que si lo hacen las principales compañías es de cifras: una primera valoración del impacto de la reforma estima pérdidas de 1.375 millones de euros antes de impuestos, 535 para lo que queda de año y 840 en 2014, para Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, la más afectada y que revisará a la baja su plan de inversiones en España.

Unesa se muestra tajante: la reforma no garantiza “en absoluto” una “rentabilidad razonable para los activos de las eléctricas. El vuelco dado a la retribución con la reforma del Gobierno plantea, según la patronal, que la retribución que se fija para la distribución, del 5,5% este año y de 6,5% después, no llegue a cubrir ni siquiera el coste del capital, el «precio» al que una empresa se tiene que financiar incluyendo fondos propios y ajenos (en términos financieros, WACC) y que está cifrado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un 6,8%; en estas condiciones el sentido común apunta a que no serán posibles nuevas inversiones en España. En todo caso, el mecanismo para determinar la supuesta rentabilidad variable que establece la reforma se las trae y requiere una atención exclusiva y específica.

No sólo Unesa ha movido ficha; el propio regulador se lo ha advertido al Gobierno: la CNE ha señalado de manera pública al Ministerio de Industria que la subida “drástica” del término fijo en la factura de la luz que se ha llevado a cabo puede conllevar un notable aumento de las reclamaciones de los consumidores. El regulador también le ha dado un tirón de orejas al Ejecutivo por darle “un tiempo insuficiente” para revisar la nueva normativa.

Por otro lado, la CNE ha recibido también las alegaciones presentadas por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) contra la reforma. La AEE demandó la retirada del anteproyecto de ley que reforma el sector eléctrico y del real decreto sobre renovables por “contravenir la normativa española y europea” y por tener unas consecuencias que pueden abocar al sector eólico a “una cascada de problemas financieros” que provoquen el cierre de muchas empresas del sector. No ha sido éste el único movimiento de la AEE: ya han anunciado que no se quedarán en estas alegaciones y buscarán vías jurídicas adicionales.

Otras asociaciones han depositado sus esperanzas en la justicia. Desde la presidencia de la APPA (Asociación de Productores de Energías Renovables), se espera que los tribunales actúen frente a los recortes que se quieren aplicar con retroactividad; también tienen palabras para el nuevo principio introducido, el de la “rentabilidad razonable”: quieren que se aplique para todos y no sólo para las tecnologías del régimen especial. “Rentabilidad razonable”, un concepto que introduce un mecanismo económico cuanto menos discutible: la intención del Ejecutivo es cambiar las normas de juego pero no sólo para el futuro. También, y especialmente, sobre lo pasado, lo que da el Ejecutivo poder para cambiar lo comprometido y recalcular los costes de las inversiones realizadas en España y su correspondiente retribución. El objetivo de los servicios jurídicos del Ministerio es pasar el filtro del Tribunal Supremo y, lo que será más complicado, de los arbitrajes internacionales. Con el tiempo se dictará sentencia sobre esta judicialización de la reforma.

También CC.AA.

Algunas autonomías han reaccionado ante la reforma de Soria. Cataluña ha anunciado que llevará la reforma energética del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por considerar que ciertos puntos de la misma vulneran sus competencias. El encargado de anunciarlo fue el Consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, que, después de criticar que el Estado español “no vela por los intereses económicos de Cataluña”, añadía que esta actitud “obliga a Cataluña a diseñar estructuras de Estado propio también en el campo energético para tener nuestro propio modelo”. Nacionalismo energético que, de momento, tendrá que esperar porque el ejecutivo catalán ha enviado sus propuestas a José Manuel Soria para negociar antes de plantear los recursos de inconstitucionalidad.

Las principales críticas del Ejecutivo catalán a la reforma se dirigen a la limitación de las competencias autonómicas en el ámbito de las redes de distribución de energía, pero también consideran que no se regulan las redes eléctricas de distribución cerradas, se limitan las líneas directas, se prohíben las Agrupaciones de Interés Económico de Consumo (AIE), se recorta la retribución económica de la distribución de energía eléctrica y se impulsa un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos.

Precisamente la parte de la reforma que afecta a las energías renovables es la que ha llevado al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a presentar un recurso de inconstitucionalidad a un Gobierno de su mismo color político. En este caso, el anuncio fue después de reunirse en Madrid con el propio ministro Soria. El político murciano esgrimió el quebranto de la seguridad jurídica como principal razón para presentar el recurso: con la reforma “se genera un daño importante a los intereses legítimos de las personas que han invertido en energía fotovoltaica, a los que un día fue el propio Gobierno de España el que les animó a invertir”. De este modo, el recurso se fundamentará según el gobierno autonómico en “una posible vulneración de principios constitucionales” ya que “se modifica el marco jurídico y alteran las reglas del juego que otorgan estabilidad y retorno a las inversiones realizadas en renovables”.

La coherencia es el otro argumento de Valcárcel: en tiempos de Zapatero, Murcia ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno socialista cuando se acometió el primer recorte a las renovables. No en vano, la reforma energética supone el quinto cambio legislativo para la regulación de la energía fotovoltaica en apenas tres años. Cambió con Zapatero y ha cambiado con Rajoy; al final el color político resulta indiferente: los procesos judiciales se suceden y cada Gobierno hereda los litigios del anterior. Así empezó el déficit de tarifa, cuando ningún Gobierno quería hacer frente a las deudas del anterior; en los próximos meses veremos si el remedio resulta peor que la enfermedad.

La energía se judicializa (I): Ministro, hay una Carta para usted

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A principios de los noventa empezaba una nueva era en Europa. El Muro de Berlín, que dividía en dos al viejo continente, acababa de ser destruido y la Guerra Fría tocaba a su fin. Nacían tiempos de cooperación que alcanzan su máximo exponente en la Unión Europea de los 28 Estados miembros. En este contexto de colaboración se firmó la Carta de la Energía; un marco de cooperación internacional en el campo energético entre los países europeos y otros países industrializados que entró en vigor en 1998.

Lo que solamente parecían buenas intenciones se convirtieron en férreos compromisos al concretarse en un Tratado Internacional. Aquí comienzan los problemas para el Gobierno de España: precisamente las disposiciones más importantes de la Carta de la Energía hacen referencia a la protección de las inversiones realizadas. A lo largo de este Tratado se insiste en el fomento y la creación de unas condiciones estables, favorables y transparentes para los inversores extranjeros en el ámbito energético, con la aplicación del trato de nación más favorecida o el trato que concedan a sus propios inversores, según el régimen más favorable.

Al fin y al cabo, no es nuevo; la Carta de la Energía es otro elemento más dentro de un sector, el energético, acostumbrado a una constante litiogiosidad. Sucesivos gobiernos, independientemente de su color político, han legislado sin importarles los conflictos que generaban; el más importante, el déficit de tarifa, se ha convertido en un problema tan grande como la deuda acumulada (casi 30.000 millones de euros porque los ingresos del sistema no cubren los costes reconocidos); ahora la conflictividad emerge cuando el Ejecutivo quiere aprobar rehaciendo las cuentas de un examen que se entregó hace más de cinco años. Todo pasa a un terreno de juego inestable y embarrado.

El pasado mes de junio arrancaba el arbitraje internacional por la denuncia que presentaron 16 grandes fondos de inversión extranjeros en noviembre de 2011 bajo el amparo de la Carta de la Energía. La denuncia iba dirigida contra el primer recorte a las renovables realizado por el entonces ministro de Industria en 2010, Miguel Sebastián, que supuso un 30% menos a las primas a las fotovoltaicas. Ha sido la primera vez que España es demandada ante un arbitraje de inversión; los países con más acusaciones en contra de este tipo son Argentina, Venezuela, Ecuador y México.

Suma y sigue

Esta primera incursión española en el ámbito de los arbitrajes internacionales de inversión va camino de repetirse. No ya por el caso NextEra, líder de las renovables en Estados Unidos que ha acudido a un tribunal de Nueva York para renegociar un crédito de 508 millones de euros otorgado por entidades de origen español en su mayoría para construir dos plantas solares en Extremadura alegando el impacto de los cambios regulatorios. Es que después del arbitraje solicitado por los afectados por los recortes a las fotovoltaicas, toca el turno a los termosolares. El objeto de la denuncia será el mismo: los cambios en la regulación energética y la aplicación de los recortes a las primas renovables con carácter retroactivo. Estos fondos de inversión extranjeros piden justicia ante los tribunales internacionales ya que consideran que el Gobierno de España pretende cambiar las reglas en medio de la partida, quebrantando el principio básico de seguridad jurídica, indispensable para un país que, inmerso en una duradera crisis económica como se encuentra España, necesita como nunca de las inversiones extranjeras.

No parece que los litigios vayan a concluir ahí: la reforma energética aprobada el pasado 12 de julio por el Consejo de Ministros promete nuevos procesos judiciales. Importantes empresas y fondos de inversión de origen alemán y japonés han sido algunos de los más críticos con los cambios introducidos. Según manifestaba Ramón Marés, abogado de Rödl & Partner, en una entrevista a Energía Diario, “los inversores internacionales están a la espera de que se concreten las medidas del Gobierno para tomar las decisiones que resulten más convenientes a sus intereses”: en este punto es donde pueden ampararse en la Carta de la Energía ante un tribunal internacional, ya utilizada en otros casos de recortes retroactivos a los productores de energías renovables, dado que este carácter de retroactividad “es el elemento que puede provocar un mayor número de litigios”.

Protestas oficiales

Las empresas e inversores estadounidenses encontraron un gran aliado en el embajador de su país en España, Alan Solomont, recientemente relevado de su puesto. A mediados de junio Energía Diario recogió el pesimismo que el propio Solomont mostraba al ser preguntado por lo que se podía esperar de la reforma energética, todavía desconocida en aquellas fechas, al tiempo que reconocía los contactos con el Gobierno para paliar sus consecuencias futuras. Pero el país norteamericano no es el único que movió ficha para intentar atenuar los recortes que se presumía, y así ha sido, iban a afectar, entre otras, a las energías renovables.

Tal y como publicó El Confidencial Digital, la reciente visita del príncipe heredero de Japón, Naruhito, fue bastante más significativa que una mera visita de cortesía. La embajada japonesa no ha querido desmentir a Energía Diario la información publicada por este confidencial según la cual, en dicha visita, el príncipe Naruhito tuvo duras palabras sobre las medidas adoptadas en los últimos años por el Gobierno de España que han provocado “continuos vaivenes en la regulación del sector de las renovables y que han afectado a varias empresas del país nipón”. Quejas que por otra parte ya había trasladado el propio embajador japonés en sus encuentros con el ministro de Industria.

Las diferentes presiones han obtenido dispares resultados. La reforma energética ha sentado mal a todos, prácticamente por igual. Pero, tal y como publicó El País, la disposición final segunda del Real Decreto Ley 9/2013 de 12 de julio depara un trato de favor a una central termosolar en concreto: la que proyecta construir Solar Reserve en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que según lo dispuesto conservaría su retribución especial al margen de la nueva normativa. No es la primera vez que esta compañía sale beneficiada en España respecto a otras empresas como ya se reveló en Wikileaks.

Precisamente este trato de favor a la empresa estadounidense puede ser la puerta abierta a las reclamaciones de otros fondos de inversión extranjeros que ven cómo la retribución prometida en el momento inicial, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, queda ahora considerablemente mermada por la reforma de José Manuel Soria (sustituida por la «rentabilidad razonable» calculada por el retrovisor). La Carta de la Energía obliga a los firmantes a garantizar a las inversiones extranjeras el mismo trato que a la nación más favorecida; Solar Reserve puede convertirse en la excepción que invalida la regla. Así que, un mes después de la aprobación de la reforma, el campo jurídico augura un interesante panorama informativo en el ámbito energético durante los próximos meses. Y se anticipan serios problemas jurídicos, dentro y fuera de nuestro país.

(continuará)

Fin de la cita

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JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ, ministro de Industria, Energía y Turismo.

Parece que José Manuel Soria López va a ser un asiduo de esta sección en Energía Diario, con esa incontinencia que tiene ante los medios de comunicación y su estado de precampaña permanente. Algo que se combina con la necesidad de defender la batería de medidas incorporadas en la “reforma eléctrica” que su departamento presentó para supuestamente acabar con el déficit tarifario y prolongarlo hacia el futuro, a cuenta de las empresas.

Soria afirma que otros países de nuestro entorno tomarán la misma senda a la hora de hacer “reformas” del proceso de suministro. Insinúa que se fijarán en la de nuestro país. Esperemos que no. Tanto por la forma en que se ha gestado, como por el resultado previsto. De hecho, ya circula la misma como un ejemplo de malas prácticas. Algo que se puede acrecentar si cabe todavía más, tras la avalancha de litigiosidad que se anticipa. ¿Hay algún país europeo que tenga montada semejante zozobra en su sector eléctrico de forma continuada y durante tantos años? ¿O que haya tenido y engordado este déficit tarifario por motivos políticos? Pues eso.

Y, para rematar la faena, Soria dice que determinadas instalaciones renovables tendrán que ser refinanciadas, dado que los costes (primas fijadas por las administraciones) eran insostenibles para el suministro y la factura. ¿Meter el dedo en la llaga con estas declaraciones? ¿Ritornello justificativo de comunicación política? ¿Los tribunales aceptarán el aserto del ministro tan fácilmente? ¿Los arbitrajes? ¿Los inversores? Todo son preguntas.

JOSÉ FOLGADO BLANCO, presidente de Red Eléctrica de España.

Ya empieza a circular en los medios la foto de José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, sentado al frente de la sala de máquinas, es decir, del Centro de Control de Red Eléctrica de España. Lugar muy atractivo para la fotografía política. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, lo visitó en dos ocasiones, aunque no variase sustancialmente el mobiliario.

Folgado, exsecretario general de Energía en la época de Rodrigo Rato (momento en que el área estaba adscrita al Ministerio de Economía, entonces Vicepresidencia), vive hoy sus épocas más felices en el sector eléctrico, pertrechado por Andrés Seco. De hecho, en las fotos Folgado muestra felicidad y placidez, en niveles muy superiores a las que vivió con Rodrigo Rato al otro lado del teléfono. Hay que recordar una foto reciente publicada por el diario Cinco Días, en la que conversaba con José Manuel Soria, Alberto Nadal y con Cristina Narbona detrás y en la que exhibía una carcajada, más que una risa o sonrisa.

Esa felicidad es altamente paradójica dados los recortes que el Gobierno está instrumentado en el sector eléctrico. Que cada uno saque las conclusiones oportunas al respecto, sobre cómo las medidas instrumentadas simplemente han rozado al operador de transporte y sistema (cuyo beneficio crece en este ejercicio), sobre la autoría de la reforma, sobre las contraprestaciones en términos de inversiones que ha obtenido el operador de transporte, monopolista único y de sistema, y la fe del converso equipo de Industria en mantener intacto el TSO.

Con esa felicidad y tamaña alegría, se justifica el interés general por el puesto que ocupa.

LUIS ATIENZA SERNA, expresidente de Red Eléctrica de España

La verdad es que ha sorprendido muy positivamente la crítica a la reforma eléctrica de Luis Atienza Serna, casi desprovista de los elementos retroprogresivos propios de su época al frente del operador de transporte y de sistema español, mostrando una notable evolución, aunque conserve el gracejo en su titular.

El expresidente de Red Eléctrica de España, bajo mandato del Partido Socialista Obrero Español, ha evidenciado la carencia de política energética en materia del sector eléctrico del actual ejecutivo (y del anterior, y del anterior, y del anterior…). Además, en su artículo publicado ayer en el diario El País («Una reforma que no alumbra el futuro»), ha llegado a describir en el esperpento económico regulatorio, el mecanismo ideado por el Gobierno para reliquidar los activos regulados, insuficiente para recuperar el coste del capital. Al igual que ha confirmado las señales que emite la reforma en lo que se refiere al efecto expulsión de la inversión que se producirá (y que evidentemente no preocupa en nada al Ejecutivo).

En todo caso, ahora nos queda la duda de la razón de las usuales visitas previas a la reforma de Atienza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Puede ser que Atienza intentara, sin éxito, que el equipo formado por Alberto Nadal Belda y José Manuel Soria López entrara en razón. También puede ser, que el monstruo se les haya escapado de las manos y que nadie fuera capaz de anticipar que las cosas pudieran llegar tan lejos y de forma tan osada en las propuestas ministeriales finalmente materializadas de manera abrupta al fallar la financiación de los Presupuestos por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso, otra posibilidad es que Atienza, de forma sagaz, siga construyendo su ‘branding personal’ de cara a un eventual retorno a REE, si retorna el PSOE. La verdad es que se lo ponen fácil.

Fin de la cita.

Tribulaciones y declaraciones estivales

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JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ, SIGUE SIENDO AQUEL

Es obligado empezar esta sección con el genio y la figura de José Manuel Soria López, actual ministro de Industria, Energía y Turismo que visita el Centro Principal de Enagás. Hay que reconocer lo esforzado que es el oficio de ministro, cuando uno se lo toma en serio y tiene una apretada agenda mediática, en la que debe efectuar declaraciones continuamente sobre todo lo que ocurre y ejerce de portavoz del Gobierno in pectore. Y sobre todo, claro, después de la escabechina de la reforma eléctrica que ha perpetrado.

Además, estando todo el día inaugurando cosas y haciendo visitas a los centros de control más sofisticados del país, la presencia pública está servida. Sirve, en todo caso, para evidenciar públicamente los buenos momentos por los que pasan las relaciones entre el Ministerio de Industria y los TSO españoles, eléctrico y gasistas, llamados al expansionismo. Esperemos que en próximos días se puedan rememorar las visitas del expresidente Zapatero, con Atienza y Carbajo a REE.

JOSÉ FOLGADO, EN JUEGO DE TRONOS

El presidente de REE declara que la empresa-público-privada-lo que sea que preside no se ha ido de rositas de la reforma eléctrica que el Gobierno ha anunciado para acabar supuestamente con el déficit tarifario y que, desde el operador de transporte y sistema eléctrico, no han sido los ideólogos de la misma, pese a la unanimidad de opiniones que apuntan a Andrés Seco y a consultoras relacionadas con REE, así como el sumo cuidado que se ha tomado en que el impacto de la «reforma» sobre REE sea exquisito, frente al salvajismo ejercido con las empresas y resto de sectores y subsectores que participan en el suministro eléctrico.

En todo caso, se podría pensar que, políticamente, REE cuando se iba de rositas era con Luis Atienza Serna, que era el hombre de la rosa, por el logotipo del partido que le designó. Ahora, simplemente, se mantiene su condición de «Alien, octavo pasajero» del sector eléctrico en lo que a regulación se refiere y, por ello y por su vinculación con la política, pueden salir volando cual gaviota sobre el mar. En todo caso, lo bueno de estas declaraciones, como toda afirmación voluntarista, es que confirman lo que niegan. Nadie puede negar la continuidad de las políticas de entendimiento entre Ministerio y los TSO españoles, eléctrico y gasista.

ALBERTO LAFUENTE, CADENA DE FAVORES

El actual presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) está al frente del organismo quizá en la época más ominosa de la institución a la espera de su definitivo ajusticiamiento a base de zotal, si la Unión Europea no remedia el estropicio perpetrado por éste nuestro Gobierno. Ahora, Alberto Lafuente, tras haber efectuado un ejercicio de colaboracionanismo con el Ejecutivo actual (incluyendo guardar la propuesta de modelo retributivo de las redes de distribución eléctrica) de cara a no entorpecer su labor de aspirantazgo en la conformación de la nueva Comisión Nacional de Competencia y Mercados.

Pues bien, ahora resulta que, Bernardo Lorenzo, actual presidente de la CMT, designado por la Elena Salgado en el foto finish del anterior gobierno, le puede arrebatar al aragonés un puesto para el que duramente se ha preparado poniéndose a disposición la olvidada independencia de la institución a base de renuncia y resignación.

En todo caso, atención, peligro, las fugas de agua (profesionales, directivos e información) del organismo empiezan a ser semejantes a las producidas por el impacto del Titanic con su respectivo iceberg y anticipan un caos de pronóstico. Sálvese quien pueda. ¡Los directivos y políticos, primero!