La verdad sobre los precios eléctricos en España

El encuentro Cristóbal Montoro-Miguel Sebastián a cuenta de la energía se cerró informativamente con la difusión de un mensaje consistente en señalar que el acuerdo pasa por conseguir una bajada de precios de la electricidad para sus consumidores finales, en este caso, empresas y ciudadanos. Al mismo tiempo, vivimos relativamente inundados de titulares apocalípticos de clara inspiración retroprogresiva, que anuncian que la última fase de liberalización del mercado eléctrico (centrada en la comercialización, incluyendo el modelo de tarifas de último recurso) no ha introducido rebajas en los precios para los clientes. Por lo que parece, el Partido Popular sí irroga en el defensor de las bajadas de precios de la electricidad. Un suministro tradicionalmente sujeto a la intervención y control político que, o bien no debía crecer más que el IPC, o bien el 2%, o bien la cifra menor de las dos, aunque estuviera por las nubes en todo el mundo o costara mucho su generación. Residuos del prontofranquismo.

El coste de la electricidad para familias y empresas viene a ser un argumento recurrente (el Partido Popular lo emplea habitualmente en su labor de oposición). Por eso, en paralelo, el Partido Popular en el Senado propone una moción en la que consigna las TUR (Tarifa de Último Recurso) en su doble vertiente social y de subsidiariedad, en un ejercicio que supone una carta a Dios y al diablo, conjuntamente. La moción resultó aprobada por unanimidad, como no podía ser menos.

Por otra parte, uno de los ideólogos antirrenovables, próximo a los postulados del actual Partido Republicano de EEUU, Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana (que, de hecho, participará a llamada de este partido ante los responsables parlamentarios americanos defiendo sus posiciones contra la política española de incentivos a las energías limpias), introducía una morcilla en un artículo recientemente publicado en el diario Expansión en el que afirmaba que se estaba produciendo una deslocalización de empresas por el alto coste de la energía en nuestro país. Todavía estamos pendientes de conocer el nombre de esas empresas que han desplazado su producción de España por el coste de la energía y si resiste esta afirmación una comparativa un poco más precisa en términos de precios y costes relativos de los factores. Lo que sí parece razonable es que no se permita instalar este tipo de afirmaciones con tal alegría en la opinión pública, aunque Calzada sea un patriota.

En este escenario, serían objetables, (a lo primero, la no bajada de precios derivada de esta fase de la liberalización) muchas cosas: la primera y más importante es que las tarifas de último recurso siguen sin ser reales. Son más bajas que las que serían si fueran aditivas (completas) totalmente. Es decir, no recogen los costes reales de la generación, distribución y transporte de electricidad, además de seguir acumulada una importante deuda tarifaria (cuestión sobre la que los grandes partidos y las organizaciones de consumidores siguen empeñados en no ser didácticos y esconder debajo de la alfombra). Por tanto, sin satanizar a las empresas eléctricas, sería lógico que se tratara, con mayor rigor, el problema de fondo de que los españoles viven engañados y han vivido engañados con los precios de la electricidad.

En segundo lugar, la tarifa de último recurso como ejercicio social y de subsidiariedad, hay que recordar que debe ser máxima y única, y lo razonable, una vez que se desembalse el déficit tarifario acumulado y se vaya configurando un mercado de comercialización, es que se produzcan descuentos sobre la misma. Es decir, que se puedan obtener rebajas unidas a los patrones de comportamiento de los usuarios. En todo caso, con el percal de déficit tarifario acumulado, esto no es de hoy para mañana. Además, la creación de un mercado de comercialización con margen para las ofertas que abaraten la energía en este estado es difícil y cuestionar esta fase de la liberalización por sus escasos resultados a tres meses vista es un ejercicio falaz de presente perpetuo. En todo caso, hay que recordar, por otra parte, que existe un bono social cuya función es la que insinúa esa moción.

Y, finalmente, a la afirmación, referida a la existencia de precios de la energía caros en España (sostenida sin evidencia alguna), sólo habría que señalar las comparativas en los mercado eléctricos con toda Europa, además de que hasta el momento hemos contado con una energía subvencionada. En primer lugar por los consumidores futuros (que pagan la deuda tarifaria troceada) y en segundo lugar por los subsidios cruzados existentes hasta el momento entre distintos tipos de consumidores residenciales, industriales y las tarifas que disfrutaban.

Evidentemente, conseguir precios baratos de la energía es un posicionamiento buenista y volitivo en el que es fácil encontrar un consenso de Perogrullo. Mejor electricidad barata que cara. Es normal que en tiempos de polarización y simplificación ideológica se incorpore este tema en la comunicación política, en un momento en que es inevitable que se produzca su subida (aunque sólo sea por la deuda pendiente). Es normal, pero no es razonable. Aunque sí es exigible, por responsabilidad, a los partidos políticos, a los que nos gobiernan y a los que presuntamente tienen posibilidad de acceder al gobierno, el que realicen un ejercicio realista de comprobación de los precios de la electricidad en nuestro país, de su comparativa con otros países, del exceso de oferta existente y su impacto en los precios, además de contar la realidad actual de esta cuestión, de la historia y sus precedentes.

Por tanto, es bueno saludar el buen rollo que preside las relaciones Cristobal Montoro-Miguel Sebastián. Tanto monta, monta tanto. Esperemos que sirva para un necesario consenso que desemboque en una política energética clara, estable y de mercado, sostenible económicamente y medioambientalmente. Pero es perjudicial sustituir la política, la gestión y la planificación por buenas intenciones y que, subrepticiamente, pasen estos mensajes sin un mínimo ejercicio de análisis. Porque corren el riesgo de repetirse.