Otro informe «desaparecido en combate» (parcialmente) en la CNE

El pasado 30 de septiembre nos despertábamos con la noticia publicada en el diario económico Cinco Días de que se había producido un aumento de la retribución por los denominados Sistemas Extrapeninsulares (el suministro que se efectúa a Canarias y Baleares) simultáneamente. La noticia venía más o menos a decir que se había elevado “sin explicación aparente” el coste de este suministro.

Todo ello sucede en un momento en que el Real Decreto Ley 6/2009 trata de separar de la tarifa progresivamente los costes diferenciales por el suministro a las islas. Hay que tener en cuenta que los precios eléctricos en todo el territorio español son (y han sido) homogéneos en todo el país. Sin embargo, el suministro en las islas tiene una serie de requerimientos de seguridad y calidad autónomos que lo hace más caro (máxime cuando éste se realiza, fundamentalmente, a partir de centrales de fuel, cuyo precio está vinculado directamente al petróleo). Esa diferencia es la que en tres años pasará directamente a los Presupuestos Generales del Estado.

El ejemplo es muy parecido al del transporte. Si uno es ciudadano canario, y lo acredita a la hora de viajar a la Península, las compañías aéreas determinan un precio especial equivalente al del trayecto entre Madrid y Cádiz. Esa diferencia, el precio desde Canarias y Cadiz, tendría la naturaleza de extracoste y se paga por los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, hay que destacar los resultados en materia de calidad de suministro de servicio que tienen nuestros archipiélagos.

Los partidarios del trilerismo y del ‘toqueteo’ de las tarifas y precios eléctricos abordan estas cuestiones en un ejercicio, por lo “gordo”, es decir, de cálculo más o menos por volúmenes y comparativas orientadas a la consideración de las teóricas rentas de las empresas. Es decir, no hay justificación técnica, económica, organizacional o jurídica, sino que se trata de una cantidad y sobre esta cantidad global se discute. Como se dice en los sistemas intervencionistas “un monto”. Sobre todo en un momento en el que existe una propensión importante e inquietante a la difusión de datos falaces y sin el adecuado soporte y análisis.

Por eso, la noticia en su momento publicada, en razón a su documentación e información disponible, no tenía mucho más análisis que la mera enunciación de la evolución temporal de las cifras de la liquidación por este concepto y un cierto marco retrospectivo. Tampoco se apreciaba una versión complementaria o de contraste. Todo su contenido se basaba en interceptar el Informe que habría elaborado por la Comisión Nacional de Energía y de un voto particular formulado por tres consejeros: Jaime González, Jorge Fabra y Javier Peón (ninguno de ellos, público). Este Informe (el de la compensación por el coste de los sistemas extrapenínsulares) se elaboraba a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas y debería verse verificado y contrastado por un ejercicio inspector de la Comisión Nacional de Energía. Ese ejercicio inspector tendría que reconstituir si esta compensación es correcta y fiel a los elementos que constituyen el mecanismo de cálculo de la misma.

Pues bien, no se tiene noticia (por lo publicado) de que existan discrepancias sustanciales por la vía inspectora. Por tanto, y dado que, a día de hoy, 6 de octubre, todavía no está disponible este informe, es el momento de formular varias cuestiones: ¿cuáles son los motivos de que este Informe no sea público (ni tampoco el voto particular de tres consejeros), no esté disponible en la red ni a disposición de los ciudadanos, consumidores y gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas? ¿Por qué no se recoge esta información de un órgano público regulador y supervisor en las notas de prensa correspondientes? Y, por tanto, y en sentido contrario, ¿cuáles son los motivos de que este Informe haya sido comunicado directamente a un único medio de comunicación, en concreto, y difundido con todo lujo de detalles y comparativas? En otro orden de cosas, ¿se está cuestionando desde dentro la labor inspectora de la Comisión Nacional de Energía? ¿La publicación de este informe es una pataleta, una reacción porque, por motivos que hoy desconocemos (no hay análisis), estos costes hayan aumentado? ¿Están bien calculados y cumplen la legalidad estos extracostes que cuestiona la noticia y acepta la CNE? ¿Se podría entrar más al fondo de la cuestión para evitar la confusión en este tema, en lugar de introducir meramente comparativas sospechosas e intencionadas? ¿Se podría evitar, en un ejercicio de responsabilidad, la tendencia a la difusión de los temas por el procedimiento del escándalo continuado?.

Se impone y se requiere una información más profunda, clara y transparente, sobre todo porque ya está publicado en estos términos se quiera o no. Aquí los afectados son todos los ciudadanos, los consumidores y los gobiernos autónomos concernidos, además de la propia empresa suministradora, el Ministerio de Industria y la CNE.

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