El fin de la era del petróleo barato y los enormes costes sociales y ambientales que provoca la dependencia de los combustibles fósiles plantean la urgencia de buscar alternativas viables, sobre todo para el transporte.

La energía condiciona nuestras vidas y la política internacional, y es el principal factor de la degradación ambiental. Hoy dependemos en un 80% de los combustibles fósiles para resolver la inmensa mayoría de nuestras necesidades, y sobre todo del petróleo, el más versátil y útil de todos los combustibles, lo que nos permite gozar en las zonas ricas de un alto nivel de vida, pero con consecuencias cada vez más
apreciables, desde el coste de las importaciones y los problemas de suministro, causa de buena parte de los conflictos del último medio siglo, a la amenaza del cambio climático o la realidad cotidiana de la contaminación atmosférica.

Hay problemas de abastecimiento y recursos, pero sobre todo el límite que nos impone la capacidad de la atmósfera para absorber el dióxido de carbono que se emite en la combustión del carbón, el petróleo y el gas natural. El límite real no son los recursos, sino los sumideros. El petróleo barato se acabará, pero mucho antes de agotarlo, tendremos que dejar de consumirlo porque no podemos seguir aumentando las
concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono sin poner en peligro el clima y nuestra propia supervivencia.

Por estas y otras razones, a lo largo de este siglo habrá que realizar la transición energética ordenada y gradual hacia un modelo energético descarbonizado y cada vez más eficiente, sin olvidar el importante problema de proporcionar un nivel de vida digno al 80% de la población mundial que vive en la pobreza, lo que sin duda requerirá un importante aumento del consumo energético.

Algunos ponen sus esperanzas en la energía nuclear. Pero ésta, que sólo produce electricidad y apenas representa el 6% del consumo mundial (el 2% con una metodología que tenga en cuenta sólo la electricidad producida y no el calor de la fisión), plantea problemas no menos graves e incluso peores, como los residuos radiactivos, la proliferación nuclear (véase Israel, Irán, India, Pakistán o Corea
del Norte), la seguridad o los costes económicos reales de todo el ciclo de vida.

Muchos pensamos que la solución pasa por el desarrollo de las energías renovables, que ya aportan el 14% del consumo mundial, y que a medio y largo plazo podrán cubrir todas nuestras necesidades energéticas, sin agravar el cambio climático, sin dejar una herencia de residuos radiactivos y sin ocasionar conflictos por los recursos, pues en todos los lugares hay suficiente sol o viento. Pero el proceso será lento y
gradual, requerirá varias décadas, un esfuerzo prolongado y un importante desarrollo tecnológico, que posibilite reducir los costes. Dios aprieta, pero no ahoga. En el pasado el agotamiento de los bosques nos forzó a entrar en la era de los combustibles fósiles.

Hoy afrontamos una nueva transición, llena de oportunidades y desafíos, hacia un modelo energético descarbonizado y basado en las energías renovables. La energía eólica y la solar termoeléctrica también pueden producir la electricidad a un coste razonable, y con las nuevas baterías de ión litio, en dos o tres años podemos empezar a sustituir la gasolina y el gasóleo por electricidad. El coche eléctrico ya no es una utopía, y hoy es posible reducir de forma drástica la dependencia del
petróleo sin necesidad de producir biocombustibles, que ocasionan problemas aún más graves que los productos petrolíferos a los que pretenden sustituir. Los biocombustibles, o agrocombustibles, entran en colisión con la producción de alimentos, no reducen las emisiones de CO2, e incluso las pueden aumentar, y su desarrollo supondría la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los bosques tropicales, convertidos en monocultivos de palma africana y soja.

El futuro puede basarse en la energía eólica y en la solar termoeléctrica como fuentes de energía primaria más importantes, complementadas con la hidráulica, la biomasa, la geotermia y cantidades cada vez menores de combustibles fósiles. El almacenamiento y la gestión pueden resolverse a través del bombeo y la interconexión con corriente continua. Cuando el viento no sopla en un lugar, lo hace en otro y si
están conectados la gestión no plantea problemas irresolubles. Y esa misma electricidad puede almacenarse en las baterías de ión litio, para mover bicicletas, automóviles, furgonetas, camiones y autobuses.

La primera (1973) y la segunda crisis del petróleo (1979) supuso su desplazamiento de la generación de electricidad. La tercera (2008) debe implicar su desplazamiento del transporte por carretera.

Este articulo ha sido reproducido con la autorización del autor y está publicado en el periódico Diagonal.net, pueden consultarlo pulsando aqui.

En un principio, el esquema de liberalización en el sector eléctrico era relativamente sencillo: se configuraba un pool de producción en el cual distribuidores y comercializadores adquirían la energía a un precio determinado por las reglas de mercado y en el otro extremo de la cadena se vendía la electricidad a los consumidores finales a un precio que, como mucho, sería equivalente al de la tarifa aplicable. Decimos como mucho porque los comercializadores eran precisamente los encargados de vender la energía a un precio competitivo que se situase en algún punto intermedio entre el coste de adquisición y la tarifa de referencia. El resultado de todo ello sería obviamente un abaratamiento de los precios de la electricidad para los consumidores finales y un beneficio para los comercializadores.

La realidad demostró ser bien distinta, pues pronto se comprobó que el diferencial entre precio de adquisición de la energía en el mercado mayorista y tarifa aplicable a consumidores finales era exiguo, e incluso que dicho diferencial era negativo, superando frecuentemente el coste de la energía al de la tarifa aplicable.

Podría uno preguntarse ¿por qué motivo no se seguía incrementando la tarifa de forma que hubiese un diferencial apreciable con el coste de adquisición de la energía? La respuesta es tan sencilla y evidente que casi hace superflua la pregunta: el incremento de las tarifas eléctricas es una de las medidas menos populares que puede tomar un gobierno. A partir de ahí la historia es bien conocida: se empezaron a producir los conocidos déficit de tarifa cuyo coste es soportado por los consumidores finales aunque habitualmente laminado en períodos de diez años, de tal forma que la ausencia de subida de tarifas genera una apariencia ficticia de electricidad barata, ya que lo que la tarifa no consigue cubrir lo pagan de todos modos los consumidores actuales y los de dentro de diez años.

En definitiva, puede decirse que la perversión del sistema de liberalización implantado por la Ley de 1997 viene de una tarifa que en un principio estaba pensada como referencia máxima de los precios liberalizados y que, en la práctica, se ha convertido en el refugio de la gran mayoría de los consumidores, evitándose así los efectos benéficos que podían aportar al conjunto del sistema eléctrico los comercializadores. Es por otro lado incuestionable que un sistema de mercado nunca funciona bien si la señal de precio no está correctamente formada. Cuando esto ocurre, por ser los precios artificialmente bajos, los consumidores tienen un menor incentivo para el ahorro, acentuándose aún más la desviación entre lo recaudado por las tarifas y los costes de producción.

Parece (y decimos sólo “parece”) que la Ley 17/2007 de modificación de la LSE (entrada en vigor el 6 de julio pasado) introduce una modificación radical en este punto, ya que, según la nueva Disposición Adicional 24ª de la LSE, a partir del 1 de enero de 2009, queda suprimido el sistema tarifario integral, estableciéndose las tarifas de último recurso. Según la misma Disposición Adicional, a partir del 1 de enero de 2010, sólo podrán permanecer acogidos a tarifa de último recurso los consumidores con suministros en baja tensión, y a partir del año 2011 podrán acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléctrica cuya potencia contratada sea inferior a 50 kW.

Las tarifas de último recurso están reguladas en el artículo 18 de la LSE, en la redacción dada al mismo por la Ley 17/2007. Podría pensarse que las tarifas de último recurso se corresponderían en cierto modo con su denominación y serían prácticamente residuales dentro del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, una mera consulta a los datos publicados por la CNE en relación con “El Consumo Eléctrico en el Mercado Peninsular en el año 2006” nos revela que esto no es así. En efecto, el mercado a tarifa constituye hoy por hoy las tres cuartas partes de la demanda peninsular, y de ese mercado el consumo a baja tensión representa aproximadamente el 54% de la energía consumida y cerca del 70% de la facturación. Si se computan de forma conjunta los consumos correspondientes al mercado liberalizado y al mercado a tarifa, el consumo a baja tensión representa el 47% de ambos en energía consumida y el 68% en términos de facturación. Quiere ello decir que la tarifa de último recurso no irá destinada, como prima facie podría pensarse, a un sector residual del mercado, sino probablemente al más importante tanto en número de abonados como en términos de energía consumida y de facturación.

La pregunta es obvia: ¿en qué cambia el nuevo sistema respecto al anterior? Desde un punto de vista jurídico, se vislumbra una cierta esperanza en la redacción del nuevo artículo 18 de la LSE con respecto a la redacción del antiguo artículo 17. En efecto, la nueva norma dice que en la estructura de las tarifas de último recurso se incluirán varios conceptos (básicamente los mismos que en la tarifa integral todavía vigente) “de forma aditiva”. Además, las tarifas de último recurso “se fijarán de forma que en su cálculo se respete el principio de suficiencia de ingresos y no ocasionen distorsiones de la competencia en el mercado”. Con ello parece quedar vedada la posibilidad de establecer tarifas insuficientes que generen déficit necesitado de ser compensado con posterioridad.

Sin embargo, todo dependerá en definitiva del desarrollo normativo del artículo 18. Su apartado 3 prevé un Real Decreto para el establecimiento de la metodología de cálculo de las tarifas de último recurso y una Orden Ministerial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para el establecimiento de las tarifas. Por de pronto, lo que ha logrado la nueva disposición legal es rebajar el rango normativo de la norma necesaria para aprobar las nuevas tarifas. Si hasta ahora, las tarifas integrales eran aprobadas por Real Decreto, a partir del 2009, las tarifas de último recurso serán aprobadas por Orden Ministerial, y ello a pesar de que, como hemos visto, no parece precisamente que las tarifas de último recurso vayan a ser residuales.
Es de esperar que las nuevas tarifas de último recurso no incurran en los mismos defectos intrínsecos que las todavía vigentes tarifas integrales, pero no lo sabremos con seguridad hasta que se dicte la normativa de desarrollo del artículo 18 de la LSE.

Miguel Temboury es Abogado del Estado en excedencia. Después de ocho años al servicio de la Administración donde, entre otros cargos, fue Abogado del Estado Jefe en la Secretaría de Estado de Economía, Energía y PYME, y Director de Gabinete del Ministro del Interior, pasó a la excedencia en 2004. Como excedente se incorporó en primer lugar al despacho Pérez-Llorca para después fundar el suyo propio en 2007

En marzo del año 2006 el Gobierno a propuesta del ministerio de Industria aprobó un RDL 3/2006 en el que se regulaban los recortes a la retribución de generación para cubrir el déficit tarifario.El fundamento de estos recortes estaba en la deducción de los derechos de emisión gratuitos que la empresas generadoras de electricidad habían recibido.Estos derechos reconocidos en el PNA (plan nacional de asignaciones) se aplican a cualquier sistema de central de generación (hidraulica,gas,fuel,carbón,nuclear) menos las de fuentes renovables.

El Congreso, con carácter de urgencia, ratificó el citado RDL.Como consecuencia de este hecho el Ministerio de Industria debía haber emitido sendas Ordenes Ministeriales con las que se regulaban el cálculo de los beneficios de las empresas eléctricas correspondientes al año 2006.Los beneficios se ven afectados por la reducción de ingresos de los recursos que constituyen el déficit tarifario es decir la aportación que se efectúa a las empresas para cubrir los costes de generación que no hace la tarifa eléctrica.

Las Ordenes ministeriales se deberían haber emitido antes de finalizar el año 2006, en lógica con las actuaciones del Gobierno y las disposiciones del RDL 3/2006.Se han emitido en noviembre 2007. Lo cual pone de manifiesto la irresponsabilidad de la actuación administrativa y la dudosa urgencia del RDL y su forma de urgir la tramitación y convalidación por las Cortes ya que sus decisiones introducen una clara incertidumbre económica en el sector eléctrico.

El viernes 7 de diciembre el Ministerio de Industria consigue aprobar en el Consejo de Ministros un nuevo RDL 11/2007 que continúa la línea normativa propuesta y desarrollada en el RDL 3/2006.Como particularidad hace extensible las medidas de recorte al periodo 2007-2012, periodo que comprende el 2º Plan Nacional de Asignaciones de derechos de emisión.De nuevo las empresas eléctricas verán deducidos durante cada uno de los próximos cuatro años los ingresos por generación al serles retraídos los derechos de emisión asignados en función de la capacidad de generación instalada.

Este hecho es clave porque los derechos de emisión se asignan para ayudar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones en generación eléctrica y transformar las centrales convencionales más contaminantes (fuel y carbón) con tecnologías que permiten generar electricidad con igual o mayor potencia pero con menores emisiones.

El Gobierno basa sus actuaciones en que las empresas emisoras han recibido gratuitamente unos derechos de emisión, que tienen un valor en el mercado (20€ Tm/CO2) de modo que al incorporarlos a la cuenta de explotación han hecho subir los precios en el mercado eléctrico.El argumento no es cierto dicho así.El argumento cierto es que las empresas con centrales contaminantes (carbón y fuel en particular) han visto que podían seguir produciendo y como consecuencia de las asignaciones recibidas ingresan más y ganan más.Pero tampoco han invertido en tecnologías y sistemas menos contaminantes o emisores porque el Gobierno por su parte ha favorecido en este cuatrienio la generación con carbón.
El Gobierno continúa argumentando que el comportamiento de los agentes es el de trasladar el valor de esos derechos de emisión a los precios finales y que el consumidor no puede sufrir un aumento de precio por algo que el Estado cede gratuitamente en aplicación del Protocolo de Kyoto, por ello el RDL 11/2007 viene a paliar ese efecto.

El argumento es serio y a tener en cuenta, pero el Gobierno no dice que esta extensión como coste del valor de los derechos de emisión, se efectúa en las gasolinas y gasóleos, en el acero, en los materiales de construcción, en el cemento, en el papel, en los productos químicos, etc., y no aplica la misma política de recortes que beneficiaría ciertamente al consumidor.

Pero el Gobierno tampoco dice que este mismo año con la entrada en vigor de las tarifas del cuarto trimestre se ha producido la suspensión de la “garantía de potencia” a las empresas eléctricas, cuya retribución está incluida en la tarifa, pero que a pesar de no pagarse a las empresas no se ha deducido de los costes al consumidor. El Gobierno sigue cobrando un servicio que no retribuye y que hay que mantener, no beneficia al consumidor y lo aplica suponemos a la reducción del déficit tarifario. Pero no lo ha dicho.

Las influencias de esta medidas en la política energética y en la política y medidas sobre el cambio climático exigen otras formas de actuación del Ministerio de Industria y del Gobierno. Desde la aprobación del RDL 3/2006 el Gobierno ha tenido un año para desarrollar una medidas que afectan a la reducción de emisiones en un sector de los más contaminantes y a la transformación de los sistemas de generación. Lo ha podido hacer por ley, aprovechando la transposición de las Directivas de Gas y Electricidad.

Pero lo ha hecho de tapadillo al elegir el método ya consolidado del RDL, en un viernes de puente, por procedimiento de urgencia en su aprobación y tramitación y legislando para la próxima legislatura. No ha sido visto por la Comisión Delegada. Se ha eludido el control y refrendo parlamentario en su tramitación, hurtando el debate político. No hay posibilidad de alegaciones o enmiendas. No hay criterios contrastados de agentes económicos y sociales. No hay informe del órgano regulador de la Comisión Nacional de la Energía. Se opta por esperar al último minuto para tramitarlo primero por sorpresa y después convalidarlo con carácter de urgencia, eludiendo el necesario debate parlamentario.

La urgencia o la emergencia no están justificadas ya que ni el coste de la energía en el Estado es superior al de la U.E. y tampoco se incrementa por encima de los precios de los combustibles y del petróleo. Otra razón es que el déficit tarifario sea insoportable e ingobernable para la gestión de los actuales responsables del Ministerio que en cuatro años han frivolizado el coste de la energía con la adopción de una tarifa eléctrica política y deficitaria, dejando los problemas para los consumidores del futuro. Las verdaderas razones que tiene el Gobierno para actuar de esta manera, en lugar de arreglar el desaguisado que anuncia con los derechos de emisión, es esconder el objetivo real de buscar una solución al déficit tarifario que no signifique una subida necesaria y responsablemente importante para los consumidores en época electoral.

Para este fin, la solución que ha elegido el Gobierno es la menos coherente con las proclamaciones que sobre una política energética acorde con la atención al cambio climático, la mejora de la seguridad de suministro y desarrollo de las energías renovables realiza y reitera tanto el Presidente como otros miembros del Gobierno.

Al detraer el valor de los derechos de emisión a todas las empresas, penaliza a los que han invertido en fuentes menos contaminantes (hidráulica, nuclear y gas) y favorece a las que continúan generando con elevado número de emisiones de CO2.Es decir otorga derechos para reducir plantas altamente emisoras, invertir en menos contaminantes y sin embargo se le reclaman y retiran mayores recursos a quien tiene un mix de generación con menores emisiones.Quien contamina cobra, quien no contamina paga.

La consecuencia real de este nuevo RDL es una triple penalización: de las energías no emisoras (agua y nuclear); del cambio tecnológico aportado por los ciclos combinados y de las posiciones inversoras en renovación del parque de generación.

Pero también de una incentivación de la producción con las centrales más emisoras de CO2 y otros gases contaminantes.No podemos creer que el Gobierno es consciente de que viene enviando desde 2006 mensajes al mercado para no invertir en nuevas centrales hidroeléctricas, ni en ciclos combinados porque está incentivando de hecho, con decisiones políticas, la producción en centrales de carbón o fuel. Lo que resulta ser una incoherencia con el proclamado liderazgo español en el desarrollo de energías limpias puesto de manifiesto por el presidente del Gobierno en la ONU y ante el Parlamento Europeo.

Finalmente este RDL 11/2007 es una reiteración de las actuaciones improcedentes a las que nos tiene habituado el Ministerio de Industria en temas de política energética. En clara confrontación con el Órgano Regulador, obsesionado con domesticar al Sector Eléctrico, amenazador con los inversores en energías renovables y sus financiadores, e ineficaz para alentar el ahorro y la eficiencia entre los consumidores, se decide por la intervención en el sistema de regulación energético en contra del modelo de Sector Energético consensuado en las Cortes Generales con la Ley 54/1997.La derivada es una clara inestabilidad regulatoria,un intervencionismo en las rentas de las empresas y una perdida significativa de credibilidad y confianza entre las instituciones económicas y sociales como lo demuestra la no participación de la mayoría de las entidades financieras en la subasta para financiar ex ante el déficit financiero estimado.

La legislatura termina con un Sector Energético en conflicto permanente con la administración, con incertidumbres en las relaciones con nuestro suministrador básico de gas como es Argelia, sin mejorar las interconexiones de electricidad y gas con Europa, con amenaza real de limitar el desarrollo de energías renovables en primas y en instalaciones, con un déficit de tarifa transmitido a futuros consumidores que supera los 10.000 mill. de €. y que el Gobierno no sabe cómo se pagará y quién lo pagará.

Así no estábamos en 2004.Todo ello merece un debate parlamentario sereno y riguroso y no una convalidación urgente y formalista con la que se termina dando luz verde a las actuaciones del Gobierno que no son comunicadas, consultadas, ni controladas y por tanto no pueden ser compartidas ni apoyadas.