Una política energética a salto de mata

En marzo del año 2006 el Gobierno a propuesta del ministerio de Industria aprobó un RDL 3/2006 en el que se regulaban los recortes a la retribución de generación para cubrir el déficit tarifario.El fundamento de estos recortes estaba en la deducción de los derechos de emisión gratuitos que la empresas generadoras de electricidad habían recibido.Estos derechos reconocidos en el PNA (plan nacional de asignaciones) se aplican a cualquier sistema de central de generación (hidraulica,gas,fuel,carbón,nuclear) menos las de fuentes renovables.

El Congreso, con carácter de urgencia, ratificó el citado RDL.Como consecuencia de este hecho el Ministerio de Industria debía haber emitido sendas Ordenes Ministeriales con las que se regulaban el cálculo de los beneficios de las empresas eléctricas correspondientes al año 2006.Los beneficios se ven afectados por la reducción de ingresos de los recursos que constituyen el déficit tarifario es decir la aportación que se efectúa a las empresas para cubrir los costes de generación que no hace la tarifa eléctrica.

Las Ordenes ministeriales se deberían haber emitido antes de finalizar el año 2006, en lógica con las actuaciones del Gobierno y las disposiciones del RDL 3/2006.Se han emitido en noviembre 2007. Lo cual pone de manifiesto la irresponsabilidad de la actuación administrativa y la dudosa urgencia del RDL y su forma de urgir la tramitación y convalidación por las Cortes ya que sus decisiones introducen una clara incertidumbre económica en el sector eléctrico.

El viernes 7 de diciembre el Ministerio de Industria consigue aprobar en el Consejo de Ministros un nuevo RDL 11/2007 que continúa la línea normativa propuesta y desarrollada en el RDL 3/2006.Como particularidad hace extensible las medidas de recorte al periodo 2007-2012, periodo que comprende el 2º Plan Nacional de Asignaciones de derechos de emisión.De nuevo las empresas eléctricas verán deducidos durante cada uno de los próximos cuatro años los ingresos por generación al serles retraídos los derechos de emisión asignados en función de la capacidad de generación instalada.

Este hecho es clave porque los derechos de emisión se asignan para ayudar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones en generación eléctrica y transformar las centrales convencionales más contaminantes (fuel y carbón) con tecnologías que permiten generar electricidad con igual o mayor potencia pero con menores emisiones.

El Gobierno basa sus actuaciones en que las empresas emisoras han recibido gratuitamente unos derechos de emisión, que tienen un valor en el mercado (20€ Tm/CO2) de modo que al incorporarlos a la cuenta de explotación han hecho subir los precios en el mercado eléctrico.El argumento no es cierto dicho así.El argumento cierto es que las empresas con centrales contaminantes (carbón y fuel en particular) han visto que podían seguir produciendo y como consecuencia de las asignaciones recibidas ingresan más y ganan más.Pero tampoco han invertido en tecnologías y sistemas menos contaminantes o emisores porque el Gobierno por su parte ha favorecido en este cuatrienio la generación con carbón.
El Gobierno continúa argumentando que el comportamiento de los agentes es el de trasladar el valor de esos derechos de emisión a los precios finales y que el consumidor no puede sufrir un aumento de precio por algo que el Estado cede gratuitamente en aplicación del Protocolo de Kyoto, por ello el RDL 11/2007 viene a paliar ese efecto.

El argumento es serio y a tener en cuenta, pero el Gobierno no dice que esta extensión como coste del valor de los derechos de emisión, se efectúa en las gasolinas y gasóleos, en el acero, en los materiales de construcción, en el cemento, en el papel, en los productos químicos, etc., y no aplica la misma política de recortes que beneficiaría ciertamente al consumidor.

Pero el Gobierno tampoco dice que este mismo año con la entrada en vigor de las tarifas del cuarto trimestre se ha producido la suspensión de la “garantía de potencia” a las empresas eléctricas, cuya retribución está incluida en la tarifa, pero que a pesar de no pagarse a las empresas no se ha deducido de los costes al consumidor. El Gobierno sigue cobrando un servicio que no retribuye y que hay que mantener, no beneficia al consumidor y lo aplica suponemos a la reducción del déficit tarifario. Pero no lo ha dicho.

Las influencias de esta medidas en la política energética y en la política y medidas sobre el cambio climático exigen otras formas de actuación del Ministerio de Industria y del Gobierno. Desde la aprobación del RDL 3/2006 el Gobierno ha tenido un año para desarrollar una medidas que afectan a la reducción de emisiones en un sector de los más contaminantes y a la transformación de los sistemas de generación. Lo ha podido hacer por ley, aprovechando la transposición de las Directivas de Gas y Electricidad.

Pero lo ha hecho de tapadillo al elegir el método ya consolidado del RDL, en un viernes de puente, por procedimiento de urgencia en su aprobación y tramitación y legislando para la próxima legislatura. No ha sido visto por la Comisión Delegada. Se ha eludido el control y refrendo parlamentario en su tramitación, hurtando el debate político. No hay posibilidad de alegaciones o enmiendas. No hay criterios contrastados de agentes económicos y sociales. No hay informe del órgano regulador de la Comisión Nacional de la Energía. Se opta por esperar al último minuto para tramitarlo primero por sorpresa y después convalidarlo con carácter de urgencia, eludiendo el necesario debate parlamentario.

La urgencia o la emergencia no están justificadas ya que ni el coste de la energía en el Estado es superior al de la U.E. y tampoco se incrementa por encima de los precios de los combustibles y del petróleo. Otra razón es que el déficit tarifario sea insoportable e ingobernable para la gestión de los actuales responsables del Ministerio que en cuatro años han frivolizado el coste de la energía con la adopción de una tarifa eléctrica política y deficitaria, dejando los problemas para los consumidores del futuro. Las verdaderas razones que tiene el Gobierno para actuar de esta manera, en lugar de arreglar el desaguisado que anuncia con los derechos de emisión, es esconder el objetivo real de buscar una solución al déficit tarifario que no signifique una subida necesaria y responsablemente importante para los consumidores en época electoral.

Para este fin, la solución que ha elegido el Gobierno es la menos coherente con las proclamaciones que sobre una política energética acorde con la atención al cambio climático, la mejora de la seguridad de suministro y desarrollo de las energías renovables realiza y reitera tanto el Presidente como otros miembros del Gobierno.

Al detraer el valor de los derechos de emisión a todas las empresas, penaliza a los que han invertido en fuentes menos contaminantes (hidráulica, nuclear y gas) y favorece a las que continúan generando con elevado número de emisiones de CO2.Es decir otorga derechos para reducir plantas altamente emisoras, invertir en menos contaminantes y sin embargo se le reclaman y retiran mayores recursos a quien tiene un mix de generación con menores emisiones.Quien contamina cobra, quien no contamina paga.

La consecuencia real de este nuevo RDL es una triple penalización: de las energías no emisoras (agua y nuclear); del cambio tecnológico aportado por los ciclos combinados y de las posiciones inversoras en renovación del parque de generación.

Pero también de una incentivación de la producción con las centrales más emisoras de CO2 y otros gases contaminantes.No podemos creer que el Gobierno es consciente de que viene enviando desde 2006 mensajes al mercado para no invertir en nuevas centrales hidroeléctricas, ni en ciclos combinados porque está incentivando de hecho, con decisiones políticas, la producción en centrales de carbón o fuel. Lo que resulta ser una incoherencia con el proclamado liderazgo español en el desarrollo de energías limpias puesto de manifiesto por el presidente del Gobierno en la ONU y ante el Parlamento Europeo.

Finalmente este RDL 11/2007 es una reiteración de las actuaciones improcedentes a las que nos tiene habituado el Ministerio de Industria en temas de política energética. En clara confrontación con el Órgano Regulador, obsesionado con domesticar al Sector Eléctrico, amenazador con los inversores en energías renovables y sus financiadores, e ineficaz para alentar el ahorro y la eficiencia entre los consumidores, se decide por la intervención en el sistema de regulación energético en contra del modelo de Sector Energético consensuado en las Cortes Generales con la Ley 54/1997.La derivada es una clara inestabilidad regulatoria,un intervencionismo en las rentas de las empresas y una perdida significativa de credibilidad y confianza entre las instituciones económicas y sociales como lo demuestra la no participación de la mayoría de las entidades financieras en la subasta para financiar ex ante el déficit financiero estimado.

La legislatura termina con un Sector Energético en conflicto permanente con la administración, con incertidumbres en las relaciones con nuestro suministrador básico de gas como es Argelia, sin mejorar las interconexiones de electricidad y gas con Europa, con amenaza real de limitar el desarrollo de energías renovables en primas y en instalaciones, con un déficit de tarifa transmitido a futuros consumidores que supera los 10.000 mill. de €. y que el Gobierno no sabe cómo se pagará y quién lo pagará.

Así no estábamos en 2004.Todo ello merece un debate parlamentario sereno y riguroso y no una convalidación urgente y formalista con la que se termina dando luz verde a las actuaciones del Gobierno que no son comunicadas, consultadas, ni controladas y por tanto no pueden ser compartidas ni apoyadas.