PREGUNTA. Mucho se ha hablado en los medios de comunicación de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), pero para situar a los lectores de Energía Diario en su justo contexto, explíquenos cómo nace esta asociación.

RESPUESTA. Todo surgió cuando un grupo de accionistas, sin paquetes significativos en una sociedad del IBEX, se dio cuenta de que en su conjunto podían tener más capital que los accionistas de referencia en dicha sociedad. A aquél grupo inicial se sumaron profesores de Universidad, notarios, empresarios y otros inversores, dando lugar al nacimiento de la AEMEC en el año 2005.

La AEMEC, una entidad sin ánimo de lucro, se creó ante la evidencia de que la dispersión del capital en pequeños accionistas, así como el aislamiento de éstos, impedía muchas veces que la vida de estas sociedades contasen con la voluntad de la mayoría de sus accionistas o que las sociedades cotizadas estuvieran sometidas al albur de que cualquier accionista con una pequeña participación se hiciera con el control.

PREGUNTA. ¿Y cuáles son los objetivos que defiende esta asociación de accionistas minoritarios?

RESPUESTA. Entre otros, AEMEC tiene como fines la defensa y protección de los intereses de los accionistas minoritarios, tanto en sus empresas como en el conjunto del mercado. Y, aunque somos una asociación española, actuamos allí donde los intereses de los minoritarios españoles pueden verse vulnerados, trabajando, en el ámbito europeo, en coordinación con Euroshareholders que es la Federación europea de asociaciones de defensa de minoritarios.

En este sentido, creemos que el mercado es un instrumento de protección para los accionistas, por eso la asociación promueve y propone cambios legales que favorezcan la perfección de dichos mercados. Además, creemos que la labor de la CNMV puede ser un instrumento muy eficaz, si bien su defensa hacia los minoritarios resulta, a veces, muy modesta.

Asimismo, AEMEC pretende implicar a los accionistas minoritarios en la toma de decisiones de cada sociedad cotizada, fomentando la participación de éstos en la vida social de sus empresas, mediante la creación de canales de comunicación que fomenten la defensa de sus derechos. Sólo marginalmente, aunque sea la labor más visible, AEMEC realiza una labor de vigilancia, defensa y denuncia cuando se producen situaciones concretas de conflicto de interés o desprotección.

PREGUNTA. Dada la relevancia de este tipo de movimientos en defensa de los accionistas minoritarios, ¿por qué cree que se ha ralentizado tanto su actuación en nuestro país?

RESPUESTA. Por lo general la participación de los españoles en movimientos civiles es pequeña. Lo es en organizaciones paraestatales, como partidos políticos y sindicatos, y lo es en otras organizaciones. Piense, por ejemplo, en el movimiento proconsumidores. No hay un auténtico tejido asociativo ahí, como tampoco lo ha habido en el ámbito de los accionistas minoritarios. A lo sumo, en todos estos casos sólo hay cierta tendencia al agrupamiento cuando surge un problema, como ya ocurriera en los conflictos con Terra, Accelor o Endesa. Se trata de asociaciones reactivas, vinculadas a la defensa de minoritarios ante una determinada crisis.

Hasta la fecha, España no contaba con una asociación de Accionistas de Empresas Cotizadas, como lo es ahora AEMEC. No obstante, es mucho el trabajo que queda por hacer para estar a nivel europeo y no digamos de EEUU.

Esta falta de organización coincide además con que el pequeño accionista padece en la mayoría de las sociedades cotizadas una apatía racional. Tiene la convicción de no poder influir en la marcha de la sociedad, por lo que tiende a desinteresarse de la misma. Sin embargo, esas dispersas minorías, con intereses comunes, son, de estar agrupadas, la mayoría social.

PREGUNTA. En base a todo lo que ha expuesto hasta el momento, ¿qué reformas solicitan desde AEMEC de la actual legislación?

RESPUESTA. Precisamente en estos momentos estamos ultimando lo que hemos denominado “Libro Blanco del Accionista Minoritario”, que es una colección de estudios de prestigiosos profesores y profesionales en las que, al análisis de un aspecto de nuestra normativa societaria o del mercado de valores, se sucede un conjunto de propuestas de reforma.

A juicio de AEMEC, hubiera sido muy positivo que el proyecto del Código de Sociedades Mercantiles no se hubiera quedado en proyecto y hubiera seguido su tramitación, pues hubiera supuesto un reconocimiento legislativo, como existe en el Derecho francés, a las asociaciones de accionistas minoritarios, ya que en su Libro III aparecían contempladas de forma minuciosa y se recogía con detalle su disciplina.

Nuestra asociación considera necesaria una normativa que valore al accionista minoritario como socio, por lo que es necesario fortalecer todo lo relativo a la transparencia. Además de las reformas del 2003, el Código Unificado de Buen Gobierno ha dejado aún aspectos necesarios de tutela. El carácter de “voluntario” bajo la máxima de “cumplir o explicar” del Código del Buen Gobierno sigue dejando huérfano de legislación la protección de los derechos de los minoritarios en la materia referente al gobierno corporativo. Por eso, sería necesario algún tipo de medida legislativa con procedimiento sancionador para los infractores, que proteja de verdad a los minoritarios como socios más que como inversores.

Un aspecto que la AEMEC ha reivindicado desde sus inicios es la modificación parcial del art. 106.2 de LSA. Nosotros propusimos la eliminación del requisito que obliga la representación para asistir a la Junta General con carácter especial, cuando se trate de representación conferida por los accionistas minoritarios agrupados, permitiendo en este caso el otorgamiento de poder de representación estable por los accionistas de la minoría. De este modo, se contribuiría a paliar el absentismo de los minoritarios ya que se abaratarían los costes de detección, contacto y apoderamiento de los minoritarios para cada Junta. Sin embargo, esta modificación no fue recogida por el Código.

PREGUNTA. Viendo las reformas que plantean desde su asociación, ¿a qué tipo de problemáticas podría enfrentarse el sector al que representa?

RESPUESTA. Entre las finalidades de la AEMEC está el encauzar las relaciones entre las sociedades y sus socios. A estos efectos nuestro ordenamiento presenta algunos problemas para que la sociedad pueda conocer quienes son sus socios. No me refiero tanto al momento de la Junta, pues puede, a través de los depositarios, identificarlos, sino en la vida ordinaria de la sociedad. Ahora mismo las compañías más concienciadas intentan identificarlos mediante mecanismos en la red, pero no puede dejarse al socio la carga de identificarse, de tomar la iniciativa pues es un esfuerzo que legalmente debe asignársele a quien pueda asumirlo más fácilmente y a menor costo. Entre la sociedad y el socio, sin duda debe ser la sociedad. Esta es una línea de trabajo que acabamos de poner a funcionar y aún no tengo conclusiones definitivas. Quizás esta reforma debería acompañarse de otras en las que se limitasen las solicitudes de representación por el órgano de administración y la posible solicitud por parte de asociaciones acreditadas. Lo que está claro que deberíamos contar con un mecanismo de acreditación.

Otra reforma legislativa que AEMEC ha solicitado recientemente es una modificación de la normativa de OPAs, para evitar que, ateniéndose a la letra de la Ley, que no a su espíritu, pueda obviarse la OPA, por no alcanzar los porcentajes fijados en la Ley para su obligatoriedad, aunque de hecho se esté dando un cambio efectivo del control. En este sentido hemos denunciado al Reino de España por mala transposición de la Directiva. Nos sentimos muy orgullosos porque a esta denuncia se han sumado treinta y dos asociaciones similares de toda Europa a través de la Federación Euroshareholders. También hemos presentado a todos los grupos parlamentarios un estudio para la reforma de la normativa española.

PREGUNTA. Desde el punto de vista de sus asociados, que Lukoil escape a la necesidad de lanzar una OPA, ¿cómo podría resolverse esta situación? ¿Qué efectos tiene sobre los accionistas minoritarios?

RESPUESTA. El tema Lukoil ha cambiado algo su fisonomía y, ahora mismo, está latente aunque puede que, en fechas sucesivas, conozcamos nuevos episodios. Creo sinceramente que la gran movilización que desde AEMEC impulsamos y encabezamos, tiene algo que ver con algunos cambios en la actuación de La Caixa. No obstante Lukoil nos enfrentaba ante un problema más general. La posibilidad de que una entidad alcance el control de la sociedad cotizada escapando de la obligación de presentar una OPA sobre el resto del capital.

Cuando se reformó la normativa actual sobre OPAs en España, AEMEC propuso incluir alguna vía para que la CNMV pudiese analizar caso por caso. El legislador español, como otros, optó por un sistema de porcentajes. Esto da seguridad, pero genera muchas situaciones en las que la finalidad de la norma comunitaria queda defraudada. Y estas situaciones hay que corregirlas.

PREGUNTA. ¿Podría ser más explícito al respecto?

RESPUESTA. Verá, la situación no tiene nada que ver con el pago de la prima de control, pero puede sernos útil. Entendemos que la prima de control la cobra, prima facie quien puede transmitir el control, y eso incumbe sólo a algunos accionistas. Ahora bien, cuando se paga una prima de control, se está reconociendo que se toma el control. Ese es el supuesto de hecho de la norma comunitaria y lo que debe dar derecho a los demás accionistas a salir en condiciones equitativas de la sociedad. También pueden darse otras circunstancias, como una subrogación en un crédito, por ejemplo.

PREGUNTA. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de la CNMV en esta operación?

Al realizarse el abono de una prima de control, se origina una presunción en contra del adquiriente, por lo que la CNMV debería analizar y, en su caso, generar obligación de presentar OPA.

Rota la presunción, la CNMV debería valorar. Pero si la adquisición de otro paquete se hace por un sobreprecio significativo a la cotización, y no hay una explicación, quizás estemos ante un cambio de control concertado independientemente de la situación porcentual del adquirente.

PREGUNTA. ¿Y cómo se explica la AEMEC la pasividad de la CNMV?

RESPUESTA. La pasividad por la que me pregunta, efectivamente ha existido, en ésta y en otras muchas ocasiones, y es muy preocupante. En los últimos tiempos la autoridad moral de la CNMV sobre el mercado se ha dilapidado. Hoy vemos un organismo mucho más atento al compliance de las empresas del Bies que a la proactiva defensa de los inversores de todas las cotizadas.

En este sentido, no vemos actuaciones de oficio de la CNMV ante importantes operaciones de cambio de control corporativo que se producen, como tampoco la vemos actuando para valorar qué hay detrás de muchas operaciones OTC. En general, la AEMEC ve a la CNMV ajena a todas las grandes cuestiones. Y le aseguro que me gustaría que ésta valoración que le hago fuera errónea o, al menos, pasajera. Porque de lo que no me cabe ninguna duda, es de la capacidad del organismo y de los magníficos profesionales que allí trabajan. Simplemente no soy capaz de entender una política que, en apariencia al menos, no tiene otro fin que evitar que les salpique nada. No la entiendo y menos si pienso que es un organismo público que no debe tener, por ello, otra finalidad, que el servicio público.

Mañana segunda parte de la entrevista a Javier Cremades que abordará temas como la inestabilidad regulatoria en el sector energético, el déficit de tarifa o la fusión entre Gas Natural y Unión Fenosa.

Para Nexus Energía, el 2008 que termina ha sido un año de vértigo. Pero el año 2009 promete, si cabe, ser más intenso. Pasar a administrar el grueso de la gestión de la energía fotovoltaica en el mercado eléctrico, siendo representante de más de 20.000 instalaciones solares, ha sido dar un importante salto cualitativo en la configuración de una empresa de servicios energéticos.

La valoración que se hace de este asunto desde el propio sector solar es particulamente positiva, en la medida que mejora las condiciones que establecía el R.D. 661/2007. Algo que empezó con un acuerdo el pasado 1 de julio, a raíz de la alianza alcanzada con la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y que desde ese momento no ha hecho nada más que crecer. De hecho, Nexus Energía ya está gestionando más de 20.000 instalaciones, con 600 MW de potencia y se ha planteado un objetivo de llegar a los 1.000 MW.

Unido a esta labor en el plano de generación y su asesoramiento y acercamiento al mercado (que Jordi Sarrías, director general de Nexus Energía, señala que es extensible a otras formas de producción de energía, como las renovables), la compañía tiene ante sí varios retos añadidos más: el primero, el desarrollo del mercado en el ámbito de la comercialización, pieza pendiente, consecuencia de la liberalización inacabada y tan postergada del sector eléctrico. Y, por otro, que se resuelva finalmente la definición del Comercializador de Ultimo Recurso (CUR) que amenaza a un número importante de distribuidoras y con las que la Nexus trabaja para ofrecer una opción que gestione esta actividad.

Por este motivo, la conversación se centra en la propuesta de tarifas de último recurso elaborada por Industria y contestada por la Comisión Nacional de Energía.

En general, Jordi Sarriás reconoce que «desarrollar todo el proceso de liberalización pendiente exige y está requiriendo mucho trabajo desde el Ministerio de Industria». Asimismo, admite que «la interlocución es positiva», pero aprecia mucha precipitación en todo el proceso, partiendo de que hoy “el precio del kilowatio es un precio político”. Y que, fruto de esta precipitación es el hecho de que haya tenido que retrasarse la entrada en vigor de la liberalización. Sarrías además constata que desde el equipo actual se está dando pasos para dar mayor espacio a la comercialización.

Nexus es una sociedad que está formada por 40 accionistas, distribuidores de la denominada DT-11, cuya actividad ahora mismo afecta a más de 1.000.000 de consumidores, por lo que la limitación de la actividad de comercialización que propone el Ministerio de Industria a cinco comercializadores es una cuestión que Sarrías señala, especialmente, entre sus reivindicaciones, y que el informe aprobado por la Comisión Nacional de Energía reconoce.

El director general de Nexus considera que «no tiene sentido que los pequeños distribuidores no puedan realizar la actividad de comercialización», de forma que también puedan establecerse, fórmulas de integración a medio plazo para realizar esta actividad.

De hecho, esta es uno de los vectores del modelo de negocio de Nexus, ofrecer fórmulas a estas distribuidoras para mantener en gran parte su actividad, adhiriéndose a este proyecto, de forma que se puedan crear comercializadoras.

Sobre las negociaciones que mantiene el Ministerio de Industria con las cinco grandes eléctricas para abordar la cuestión del déficit tarifario, Sarrías reclama «una mayor transparencia» en la medida que considera que detrás de las Tarifas de Último Recurso (TUR) se están negociando más cosas. Y de hecho, estima que la postura de “laminar el déficit”, generando más déficit tarifario añadido, en un período transitorio, es una cuestión contradictoria.

Finalmente, Jordi Sarriás aboga por que la tarifa de los comercializadores de ultimo recurso sea “máxima y fija” como dice la CNE, de forma que no se permita hacer descuentos a los comercializadores (como algunos casos en Levante) dirigidos a segmentos concretos de clientes para deteriorar la acción de los nuevos entrantes como comercializadores.

En este sentido, y en un contexto de crisis económica, considera que «existen determinados servicios energéticos que pueden ser muy útiles para las empresas», como son las auditorias para reducir el coste energético que soportan las organizaciones. Y, también alternativas como «adquirir la energía en el mercado mayorista a través de una entidad como Nexus y optimizar el consumo energético». Pone por ejemplo, como en el caso del colectivo de regantes han logrado adquirir la energía en momentos en que la energía está en el entorno de los 10-15 euros MW/h, efectuando los bombeos de forma nocturna y, realizando el riego por gravedad en otros horarios.

Sarrías identifica un «amplío abanico de nuevos servicios» que se pueden articular sobre la base de la competencia. En ese espectro, sitúa a los consumidores con una potencia contratada de más de 15 kW/h y estipulados hasta 5 GW (dónde evidentemente señala que la competencia para desarrollar su actividad será más hostil). Y, considera que se pueden enriquecer estos servicios con asesoramiento sobre electricidad y gas, junto con asesorías eléctricas y energéticas globales.

Por otra parte, Sarrías señala los servicios que se pueden ofrecer al cliente productor, consistentes en «gestionar la electricidad en el mercado mayorista, asesorándole ante cambios legislativos o los propios procesos de acción de la explotación, con el conocimiento del funcionamiento del mercado y la posibilidad de arbitrar con el modelo retributivo de cada tecnología, fundamentalmente la renovable».

El director general de Nexus, afirma que esta propuesta puede aportar “más liquidez” al mercado eléctrico y profesionalizar el mundo de la producción de electricidad en estas tecnologías, mejorar la previsión y todos los procesos asociados al mismo. Pero liquidez cierta, no como en el caso de las subastas en el mercado energético.

De hecho considera que las subastas de capacidad, las famosas VPP’s, en combinación con las subastas CESUR, en el fondo se han convertido en un producto financiero, de forma que se “compran VPP y se venden CESUR”.

PREGUNTA. En este escenario, se plantea cual va a ser el marco del futuro del sector energético español, a través de lo que se denomina la Prospectiva 2030, en la que habría que mostrar una “hoja de ruta” respecto de las líneas a seguir, sobre todo de cara a que sea una factura que equilibre cuestiones de dependencia, cuestiones de costes y eficiencia del mix energético, así como los precios de la energía.

RESPUESTA. Un documento como la Prospectiva lo que hace es identificar lo que tenemos, perfilar hacia donde queremos ir y marcar cual sería la secuencia y el camino que tendríamos que seguir hasta llegar allí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en una sociedad como la nuestra, en la que las cosas cambian de una manera tan rápida, esa Prospectiva 2030 puede ser que se replantee pronto. Considero que es un estudio interesante y necesario y por ello ha sido reclamado por todos los grupos políticos en la pasada legislatura. De hecho, el avance de la Prospectiva 2030 se va a presentar antes de final de año, como ya anunció el secretario general de Energía, lo que empezará a despejar alguno de los interrogantes que me planteaba.

PREGUNTA. ¿Cual es su posición sobre el papel que desempeña la energía nuclear en nuestro país? ¿Qué opina respecto a la cuestión abierta de la prolongación de la vida útil de las centrales?

RESPUESTA. La posición de mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, del presidente del Gobierno, del ministro de Industria y del secretario general de Energía, respecto a la energía nuclear está clara y es la que se lleva manifestando desde hace tiempo, es decir, que no se van a abrir nuevas centrales nucleares y que se va a revisar la vida útil de las que haga falta hacerlo. Para ello, contamos con un organismo regulador, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya misión es realizar un informe vinculante sobre el estado de todas las centrales, sobre su estado, su mantenimiento y su capacidad. En todo caso, la decisión última corresponde al Gobierno en el sentido de prolongar la vida útil, después de conocer si las condiciones de seguridad y rendimiento son aceptables o bien dictaminar el cierre y desmantelamiento de las mismas.

Recientemente estuvo en el Senado Carmen Martínez Ten, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear y trató en su intervención sobre las centrales de Ascó y de Vandellós (ambas en Tarragona), pero sobre todo de Santa María de Garoña (Burgos), que es la que está más cercana al fin de su periodo de vida útil, y que es una de las más eficientes de Europa. Martínez Ten comentaba, y con razón, que no es tan importante el tiempo que lleva funcionando una central, sino cómo se realiza su mantenimiento, cómo se preocupan por su actualización tecnológica en términos de seguridad, así como las nuevas inversiones. En este caso, la central de Santa María de Garoña, estando al final de su vida útil, ha dado muchos menos problemas que otras que llevan una vida media, como Ascó o Vandellós.

Precisamente, también ha entrado en el Senado una moción sobre la central de Santa María de Garoña y en la que ya se conoce la postura del PNV que ha solicitado que no se den nuevos periodos de actividad. Nuestra posición será la de que sea el órgano regulador, el CSN, el que opine cómo está esa central, si tiene las condiciones de seguridad necesarias y si puede seguir funcionando, después de la realización de unos informes e inspecciones muy exhaustivos. No hay que olvidar, una cuestión adicional, dado que hablamos desde una zona minera y que las localidades que viven de una central nuclear o de una central térmica, se preguntan que pasará si se cierra y se desmantela y las consecuencias desde el punto de vista del desarrollo local. Todo eso, también hay que tenerlo en cuenta.

PREGUNTA. La posibilidad de sustitución de las centrales en los mismos emplazamientos donde ya hay una nuclear que se vaya a desmantelar, ¿es una posibilidad factible?

RESPUESTA. La legislatura pasada hubo una mesa sobre legislación de la energía nuclear y esa postura la planteaban, sobre todo, los alcaldes de las zonas donde existen esas centrales y creo que hay que valorar esa posibilidad, por el mismo motivo que también le comentaba anteriormente. Nuestra posición, como digo, en todo caso, es clara. Durante esta legislatura no se van a crear nuevas centrales nucleares y lo demás, razonablemente, habrá que estudiarlo caso por caso, teniendo en cuenta todos los factores que entran en juego a la hora de tomar esta decisión.

En cuanto a las energías renovables, nos gustaría saber qué opinión le merece la ley que se aventura sobre energías renovables y eficiencia energética, dos cuestiones diferentes que van a estar reguladas dentro de la misma ley. ¿Dará la seguridad jurídica que es necesaria para que exista inversión y que parece que ha estado cuestionada en los últimos tiempos?

Efectivamente, esta ley dotará de la seguridad jurídica necesaria al sector, en mayor medida que los desarrollos reglamentarios realizados hasta el momento. Las carencias que había en esta materia han sido escuchadas por el Ministerio que está actuando para resolverlo y también mejorar los aspectos en materia de seguridad jurídica, como en el caso del nuevo real decreto sobre la fotovoltaica. De hecho, una de las cosas que piden los inversores es que puedan estimar con precisión los ingresos de estos activos, con retornos en un periodo de tiempo razonable. Creo que los últimos pasos dados desde el gobierno confirman este compromiso y esta voluntad, teniendo en cuenta que hemos hecho uno de los desarrollos en materia de energías renovables único en el mundo.

PREGUNTA. ¿Qué valoración tiene de la directiva de energías renovables que está a punto para la creación de mecanismos de los certificados de origen y de las vías que instrumenta para el cumplimiento de los objetivos en materia de estas energías para 2020? ¿Qué cambios nos va a traer en este sentido la directiva, que se desarrollará en paralelo con la ley de energías renovables? ¿Va a suponer que se solapen ambos procesos?

RESPUESTA. Todavía es prematuro sin conocer la configuración final de esta normativa, saber como va a influir en la nueva legislación y en su transposición al caso español. No me atrevo en este caso, incluso por motivos de calendario a decir en qué medida influirá en esta normativa en ciernes, que por otra parte quiere tener una visión global e integradora de este sector en el que nuestro país ha hecho un importante avance. Del mismo modo, todavía no se conoce el alcance de esta ley, que como sabe, el compromiso del gobierno es presentar un primer documento antes de final de año. Por otra parte, a mi juicio, creo que es positivo la implantación del mecanismo de los certificados de origen, así como las fórmulas de transferencia y cumplimiento de los objetivos europeos y por países, en materia de energías renovables dado que permitirá flexibilidad y facilitará el cumplimiento de los compromisos medioambientales y el desarrollo sectorial. Lo razonable, es que por el propio calendario parlamentario, sean procesos sucesivos y no simultáneos.

PREGUNTA. Recientemente se ha aprobado la nueva normativa de biocombustibles y biocarburantes, en la que cabían tres opciones: la de establecer un porcentaje diferenciado de cumplimiento y semejante para bioetanol y biodiésel, la de fijar un 5,83% que se pudiera conseguir en términos conjuntos y una última en la que se exigía un mínimo de bioetanol y otro mínimo de biodiésel, con una perspectiva tendencial de consecución de los objetivos de manera conjunta. ¿Cual es su opinión sobre el resultado final de todo el proceso?

RESPUESTA. En ese proceso estuve directamente involucrada en la legislatura pasada, aunque finalmente se ha resuelto ya en ésta. Estuve en contacto contínuo con los representantes del sector y yo creo que los fabricantes de biocombustibles han acogido con satisfacción la configuración de esta regulación, tras una importante demora. Personalmente, me gusta la opción por la que se ha optado, que es fijar mínimos para los dos tipos de biocombustibles y mecanismos de compensación, razonables.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el cumplimiento de los objetivos medioambientales desde el punto de vista energético?

RESPUESTA. Sinceramente, en primer lugar hay que afirmar, que nos planteamos unos objetivos que, a lo mejor, no eran asumibles o que eran demasiado ambiciosos. Teniendo en cuenta el marco donde nos encontramos y las posibilidades que tenemos, considero que no se está haciendo mal, en la medida de nuestras posibilidades. No obstante, creo que hay que preguntarse si ¿eran posibles los objetivos tal y como nos los planteamos? Sin embargo, creo que, en términos generales el desarrollo que hemos hecho es bueno, con independencia de que los indicadores de cumplimiento no sean del todo positivos y puedan ofrecer una visión distorsionada de la realidad.

En el ámbito de energías renovables somos una potencia mundial, pero en el ámbito del cumplimiento de los objetivos referidos a la emisión de gases de efecto invernadero, lo resultados son mejorables. Eso es evidente. Pienso que también se pueden mejorar los planes nacionales de asignación, pero el problema no es como se ha planteado, focalizado en las centrales térmicas, puesto que los sectores afectados por las directivas sobre comercio de emisiones, son más. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta otros factores como la hidraulicidad o la climatología, que se escapan incluso a la acción institucional y que han incidido en los resultados de los últimos años.

PREGUNTA. ¿Cual es el futuro del carbón en estos momentos, tanto desde el punto de vista de senadora y vicepresidenta de la Comisión de Industria, como desde el punto de vista de alcaldesa del Ayuntamiento de Villablino (León)?

RESPUESTA. Yo lo veo con futuro. Desde hace tiempo llevo diciendo que el papel del carbón en el mix energético no estaba terminado, aunque había posiciones en este sentido. Lo mantengo y creo que la evolución de los acontecimientos me está dando la razón. Lo decía como senadora pero, fundamentalmente, como alcaldesa del Ayuntamiento de Villablino. Aquí tenemos unos yacimientos de carbón muy importantes que podemos considerar una “reserva estratégica”. De hecho, considero que el papel del carbón, va a estar presente mucho más tiempo del que se había pensado y va a cumplir un papel tanto en el mix energético nacional, como a nivel internacional.

¿Qué falta por resolver? Pues el desarrollo de tecnologías que aseguren que utilizar el carbón para el proceso de generación de energía, no resulte tan perjudicial para el medio ambiente. En este sentido, nuestro carbón, el denominado carbón nacional, tiene una ventaja competitiva, que no tiene apenas azufre, lo que combinado con las técnicas de utilización de carbón limpio y secuestro del CO2, puede ser en el medio plazo un valor ganador y de participación en el mix de generación con todas las garantías medioambientales. Por ese motivo estamos apostando fuerte por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en el Bierzo leonés, para que sus actividades vayan hacia adelante rápidamente y, lo resultados de los procesos de las investigaciones que promueven, sean transferibles cuanto antes a los procesos industriales de generación de electricidad.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el desarrollo del Plan del Carbón y la gestión de los fondos Miner?

RESPUESTA. Tanto el plan anterior como el actual Plan se prevén una serie de mecanismos para que la transición de uno a otro no se realice de forma traumática, unido a los programas de jubilaciones y ayudas, además de hacer rentable la extracción del carbón y que sea competitivo en el mix energético.

Por otra parte, existe un plan de desarrollo alternativo a las comarcas mineras donde se dota de una serie de fondos para ir desarrollando alternativas productivas en estas comarcas. Y ahí llega el problema, fundamental, de dotar adecuadamente y utilizar bien estos fondos. porque estos fondos alternativos para las comarcas mineras tendría que servir para realizar un tejido empresarial e industrial alternativo, algo que no ocurre en todos los casos. En muchos, está sirviendo para hacer obras, acondicionamientos e infraestructuras que se tenían que haber hecho igual, porque todos los pueblos y ciudades van evolucionando, con o sin fondos del plan del carbón. Así, se acometen acciones como la renovación de las pavimentaciones, instalación de mobiliario urbano o canalizaciones.

Lo que está pasando es que a las comarcas mineras llegan exclusivamente los fondos del plan del carbón y los fondos adicionales a los que pone la propia comunidad autónoma (en nuestro caso, los procedentes de la Junta de Castilla y León) no llegan. En nuestro caso, lo más importante que tenemos incluido en este plan es la autovía, con un apoyo decisivo de los sindicatos, sin cuyo apoyo nunca se hubiera conseguido y es la actuación más importante que se ha promovido en esta comarca.