La energía eólica representa el 78% de la producción de energía renovable de régimen especial, con más de 11.000 MW instalados. El Gobierno aprobó un Plan de Energías Renovables que fija un objetivo para el año 2010 de más de 20.000 MW de potencia eólica instalada. Pero esos objetivos pueden verse amenazados si, como plantea el Ministerio, se pone en marcha una reforma del Real Decreto 436/2004, que determina la retribución de las energías renovables. La reforma recortaría la rentabilidad de los parques eólicos.¿Cuál considera que es una rentabilidad razonable para seguir operando?

Una rentabilidad por proyecto que siga los mismos criterios que se utilizaron en 2004. Conviene tener en cuenta una serie de factores, como el coste en capital. En 2004 funcionábamos con rentabilidades en torno al 7,4%, pero entonces la situación era distinta. El euribor estaba más bajo y el coste de los materiales también varía. Hoy en día un TIR (tasa interna de rentabilidad) razonable se situaría en el 8,5% como promedio.

¿Cómo puede afectar la propuesta de modificación de la retribución a la industria eólica?

Las empresas van a tener ciertas reticencias a la hora de aventurarse en el negocio…. Los fabricantes van a preferir otros mercados que le dan más márgenes que el actual. Si tenemos en cuenta que se nos endurecen las conexiones técnicas de acceso a la red, eso puede afectar a la ejecución de proyectos en el futuro, e indirectamente, también, al empleo. Es una situación de riesgo, tanto de cara a la ejecución de proyectos como a la actividad industrial.

Lo fundamental es que hay un quiebro. El marco era un marco estable, se tenía la convicción de que, por lo menos hasta el 1 de enero de 2008 no se iba a cambiar. El decreto supone un cambio de cultura y eso puede comprometer la ejecución de algunos proyectos. Algunas entidades financieras ya se plantean el no seguir adelante con la eólica y buscar otras oportunidades de inversión.

El impacto real no lo sabemos, aunque sí percibimos que el sector se desestabiliza. Además es un mercado muy vivo, globalizado, los fabricantes buscan nuevas oportunidades para construir plantas industriales.

El Ministerio de Industria considera que Vds. ganan mucho dinero. Pero si tenemos en cuenta factores como el encarecimiento de materiales o la menor rentabilidad de nuevos corredores de viento…

Creo que el Gobierno se ha dejado arrastrar por la coyuntura de los precios, además de otro factor importante. Hay empresas que disponen de liquidez y buscan oportunidades. Oportunidades no hay muchas hoy en el mercado, y se concentran en la energía eólica, con rentabilidades muy ajustadas. Si vemos lo que se está pagando por algunos parques, veremos que las rentabilidades del comprador son ajustadas. Pero eso no es porque se trate de un chollo, sino porque para el inversor es una oportunidad de colocar el dinero en un mercado regulado, sin grandes rentabilidades, pero donde si no cambian mucho las cosas, supone una continuidad. Es un mercado regulado, una apuesta de futuro de cara al desarrollo sostenible de las energías renovables. El Gobierno debería tenerlo en cuenta. Esto no es un chollo, porque no se sabe cómo van a evolucionar las cosas, ni desde el punto de vista de la remuneración ni desde el punto de vista del mercado, ni desde el punto de vista del coste de las máquinas. Las máquinas fallan y hay que comprar componentes para cambiarlos. Creo que ahí ha habido una visión un tanto precipitada por parte del Gobierno.

¿Qué opina de la política del Gobierno en materia de derechos de emisión?

En general, creo que está bien, y supone un cambio cualitativo importante con respecto al gobierno anterior, que creo que había hecho poco. El esquema es, no sé si sensato, pero sí está en línea con lo que se ha hecho en Europa, incluso mejor que en otros países. El problema es que se dan derechos gratuitos a algunas compañías eléctricas y luego se crea un decreto para que esos derechos no sean tales. Un problema general que este país aún no ha resuelto, es una dispersión reglamentaria que afecta a derechos de emisión, a eólica, a muchas cosas. Creemos que el esquema de la política del gobierno es en general acertado, lo de “primero te doy un derecho gratuito que luego lo recupero por otra vía”, crea inseguridad. A nosotros no nos afecta, sólo indirectamente. Nosotros no cobramos derechos de emisión, pero si en el mercado el coste de esos derechos de emisión se incorpora al kilowatio/hora, nosotros lo recibimos, como la hidráulica, como todo el mundo que va al mercado. El tema de los derechos nos afecta en la medida en que esos derechos se incorporan al coste de generación y van al mercado mayorista.

¿Le parece lógico que a Vds. les repercutan esos costes?

Sería cuestionar la propia configuración del mercado. Nosotros recibimos el precio del mercado, y ese precio se configura a base de una serie de costes –combustibles, operaciones de mantenimiento, derechos…- nosotros lo único que hacemos es participar en el mercado. Si eso está así, pues perfecto… ¿Por qué nos van a discriminar a nosotros respecto a otros? La propia configuración del mercado nos parece perfecto. Y si nosotros, como empresas que operamos en el mercado, recibimos el precio final, que es la combinación de todos esos costes, nos parece bien. No creemos que haya que laminarnos a nosotros ni que haya que laminar a nadie.

¿Creen que la propuesta premia a los que contaminan y castiga a quienes producen energías limpias?

Yo no diría eso, no entraría en comparaciones. Más bien señalaría que nosotros teníamos unos derechos consolidados y que se nos están cercenando. Aminoramos las expectativas de ingreso que teníamos.

Es cierto que en la garantía de potencia no nos gusta que se nos discrimine. Hay un estudio que va a llevar a cabo la CNE para analizar la garantía de potencia. Pues que no se nos quite esta garantía hasta que ese estudio no esté terminado y se vea cómo afecta al resto de las formas de generación. Nuestra garantía de potencia debería ser tenida en cuenta. Creemos que lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. No entendemos por qué de repente se nos quiere quitar esa parte. Tampoco estamos en contra de que como concepto desaparezca, siempre y cuando la remuneración se incorpore a las primas. Si antes cobrábamos 0,5 céntimos por kw/hora por garantía de potencia y se está cuestionando, de acuerdo. Pero que la prima suba en el 0,5 correspondiente, que esté implícito ese cobro.

¿Qué opina del aplazamiento en la revisión por parte de la CNE de la Propuesta?

Yo creo que el realismo se impone. No hay tiempo y la premura no es buena. A pesar de que (el Gobierno) tenía el compromiso de sacarlo antes del 31 de diciembre, tendrá que alargar ese plazo. Y de hecho, ya en el decreto de tarifas se menciona que se extenderá la aplicación del 436 hasta que aparezca el nuevo decreto. Consideramos que es una decisión pragmática. No hay tiempo, y creemos que lo que se haga no se debe hacer con prisas.

¿Cree que el Ministerio acabará teniendo en cuenta sus peticiones?

Creo que sí. No sé si todas, y no sé si en la misma medida, pero somos razonablemente optimistas sobre aspectos como las no primas negativas. Consideramos que serán tenidos en cuenta. O, por ejemplo, el que no haya tramos de reducción, porque ahora en función del momento en el que el parque ha empezado a funcionar se aplica un tramo de reducción del ingreso en el mercado. Yo creo que esas cosas sí se van a poder modificar.

¿Y la retroactividad?

Ése es un tema muy complicado. No sabría decir… el Ministerio está firme. La CNE, por lo que hemos sabido, no entiende la retroactividad a mercado, sino a tarifa regulada. Eso no nos beneficia, porque la tarifa regulada ha mejorado algo con el nuevo Decreto. Pero el ministerio mantiene una posición muy firme sobre que esto se vaya a aplicar para parques desde que se empezaron a instalar. En otros temas vemos que el ministerio muestra cierta flexibilidad, pero en éste no se ha movido un ápice.

¿Entonces no son optimistas?

No. A no ser que acaben convenciéndose de que no es fácil. Crean una sensación de inestabilidad que no es positiva. Uno piensa, o mejor dicho, está convencido –porque el decreto así lo establece- que va a disfrutar de una remuneración estable a lo largo de toda la vida del parque. Que cambien eso no es positivo, y cuestiona la estabilidad, la seguridad jurídica.

¿Cómo afectará el posible resultado –teniendo en cuenta los puntos en los que son más optimistas- al cumplimiento del protocolo de Kyoto?

El que no se construyan parques implica mayor generación de electricidad con fuentes contaminantes. Ahora la eólica evita la emisión de 18 millones de toneladas de co2. Si consiguiéramos otros 20.000 megawatios, ahorraríamos otros 15 millones de toneladas. Normalmente, en este país quien cubre el crecimiento de la demanda son los ciclos combinados, mediante gas natural, que genera emisiones de CO2, y nosotros. Por ello, el que desplacemos a los ciclos combinados tiene un efecto positivo para Kyoto. Cualquier cosa que afecte a la generación eólica afecta al cumplimiento de los objetivos. El empleo, el avance tecnológico, lo que hayamos conseguido, de alguna forma, entra en crisis. El alcance exacto no se puede saber.

¿Algún otro aspecto que considere importante resaltar?

Un tema técnico. Desde que nuestra asociación se creó hemos hecho un esfuerzo por favorecer la integración de la eólica en la red, y el efecto, sobre todo en el tema de los huecos de tensión y en menor medida en los centros de control, impone unas fechas y unas condiciones excesivamente rígidas. A los fabricantes no les da tiempo a adaptarse a esos requisitos técnicos tan estrictos. La parte técnica también es muy importante pero entendemos que la Administración es demasiado exigente con los temas técnicos, sobre todo cuando además implican penalizaciones. Eso nos preocupa porque, tan importante para hacer un parque es el hecho de que tengas una rentabilidad asegurada, como que las condiciones para conectar y para operar el parque no sean excesivamente exigentes. Si, por determinadas circunstancias, un parque se ve afectado por unas reducciones de producción no sistemáticas, pero sí con cierta continuidad, eso puede comprometer la inversión. Nosotros atendemos a tres frentes: el legal, por la retroactividad; el económico, por el tema remuneración, primas, techos, suelos; y la parte técnica. No sé si por ese orden, pero esos tres temas nos preocupan. Todas nuestras propuestas van en el sentido de dar alternativas.