Un falso debate: energías convencionales versus energías renovables

/0 Comentarios/en , /por

Esa posición cobra todo su valor si la situamos en el contexto de lo que es la gran fortaleza del sistema eléctrico español: la diversidad de su mix de generación, gracias al cual unas fuentes y tecnologías se apoyan en las otras para garantizar la estabilidad y seguridad en el suministro. Por eso, cualquier posición que se decante por crear opciones excluyentes entre las energías que se pueden denominar convencionales y estas otras nuevas energías, conduciría a un error grave de estrategia. Por el contrario, hay que mantener la diversidad de fuentes y de tecnologías.

Soy de los convencidos que en el horizonte de 2050, las energías bajas en carbono serán la médula fundamental del suministro eléctrico. Creo que no se puede uno parar tan sólo en esa acepción casi coloquial que identifica las renovables con las eólicas o las termosolares, por ejemplo; cuando se trata del objetivo cero en carbono, el espectro es mucho más amplio y va desde la energía nuclear a las térmicas con captura de carbono, como establece la Comunidad Europea. En ese concepto más amplio, que ataca la sostenibilidad, que marcará las prioridades de la generación eléctrica. Y si fuera por mí, bastante antes del 2050. Pero depende, en buena medida, del desarrollo tecnológico.

Por eso, debiéramos esforzarnos en invalidar esa imagen según la cual se produce una cierta confrontación entre unas y otras energías, cuando en realidad se trata de todo lo contrario. Primero, porque las empresas que operan con energías convencionales también son pioneras en las renovables; resulta ilusorio, por tanto, pensar en cualquier clase de confrontación, porque eso sería tanto como tirar piedras contra su propio tejado. Pero, además, porque las empresas no hacen sino acoplar sus objetivos a las señales que emiten en cada momento los reguladores, ya sea las Administraciones Públicas, ya la Comisión Nacional de la Energía.

En este sentido, si nos referimos a las circunstancias actuales, quien se lea las medidas que en esta materia se han adoptado últimamente comprueba que se encaminan a reordenar un sector que estaba desarrollándose de manera un tanto descoordinada, en buena parte como consecuencia de la propia diversidad de normas y de Administraciones públicas con competencias en esa materia, y por el distinto grado de avance tecnológico existente entre unas y otras.

Pero otro tanto cabe afirmar, sobre lo que no dudo en calificar, como la falsa polémica sobre las primas. A veces se olvida algo que es mucho más que un matiz: las primas a las energías renovables están directamente ligadas a la I+D+i del sector, esto es: al desarrollo de su curva de aprendizaje. Quiere ello decir que es un dinero con el que se prioriza el desarrollo tecnológico de estas nuevas energías, como asimismo lo ha reconocido la Unión Europea.

Sentado lo anterior, la cuestión más bien hay que llevarla a otro escenario. En este sentido, y de manera no muy diferente a lo que ocurre en otros países, lo que se trata de estudiar y decidir son las distintas fórmulas alternativas que se pueden dar al sistema actual de incentivos y primas, para que no las deba soportar todas directamente el consumidor final, con el correspondiente encarecimiento de su factura eléctrica. Y dado que la apuesta por las renovables forma parte de la estrategia energética europea, no debiera ser difícil encontrar una fórmula adecuada.

Tampoco resulta conveniente dejarnos llevar por problemas coyunturales, que hoy se dan, pero que mañana se verán modificados. Un ejemplo: con las actuales expectativas de la demanda y con la sobrecapacidad del sistema, como consecuencia de la crisis económica, resulta evidente que no todas las energías caben en el mercado. Pues bien, la solución a esta cuestión –debo insistir: que es coyuntural— no puede pasar por la exclusión de unas en beneficio de otras, sino que todos deberán ceder posiciones maximalistas.

Pero es que, además, en tanto que las energías renovables dependan de factores no controlables ni predecibles, como el sol, el agua o el viento, las energías convencionales, entre ellas los ciclos combinados y las demás tecnologías térmicas convencionales, resultan indispensables para garantizar la seguridad y estabilidad en el suministro eléctrico, así como para que quepa en la oferta de electricidad la mayor cantidad posible de energías renovables.

En consecuencia, la solución final pasa por garantizar también la viabilidad de esas plantas convencionales, que si hoy aportan seguridad al sistema, tanto ante una eventual caída de las renovables como en las puntas de demanda, en el futuro inmediato seguirán siendo indispensables para atender la curva de la demanda.

En suma, en esta materia todos debiéramos movernos hacia posiciones de equilibrios estables, no de apriorismo dogmáticos, y siempre con el horizonte fundamental de trabajar única y exclusivamente por el mapa energético de nuestro país, no por otros criterios que, aun siendo legítimos, no son los que corresponden cuando se trata del sistema eléctrico, reconociendo además que con este posicionamiento no excluyente, se ofrecerá al regulador la base necesaria para la tan demandada por todos “estabilidad regulatoria a corto, medio y largo plazo”.

¿Renovables? No nos olvidemos de la sociedad

/0 Comentarios/en , /por

Una eficaz estrategia energética debe empezar por reconocer su carácter instrumental, así como las importantísimas repercusiones sobre la economía, el medio ambiente, la seguridad y la política internacional de un país entorno a las cuestiones de esta materia.

Debido a estas implicaciones de la energía sobre el modelo de sociedad y sobre las bases de su prosperidad, resulta comprensible la legítima discrepancia política al respecto pero, precisamente por ello, resulta también exigible la máxima responsabilidad en la toma de decisiones que, en ningún caso, deben desbordar los límites impuestos por la realidad, la racionalidad y las limitaciones técnicas o socioeconómicas.

Más allá de las cifras y de los debates sobre las perspectivas tecnológicas y sobre la previsible evolución de costes de tal o cual tecnología, es imprescindible resaltar que el principal problema del actual modelo energético español es la falta de un marco institucional y regulatorio adecuado que permita las necesarias inversiones a largo plazo. Es triste comprobar que en España no existe, en la actualidad, seguridad jurídica en el sector energético, ni un marco de reglas claras e iguales para todos que permitan la inversión a largo plazo. Eso es letal para la política energética… para cualquier opción de política energética.

La base de esta desconfianza e incertidumbre es la percepción de insostenibilidad económica del actual marco regulatorio y retributivo del sector eléctrico, basado en la absoluta disociación entre precios y costes, en primas y déficits multimillonarios, a lo que debe añadirse el descrédito de los propios organismos reguladores. Con una crisis de competitividad nacional que expulsa a millones de trabajadores al paro y un ajuste fiscal que nos hace replantear las bases de la sociedad del bienestar, la percepción de insostenibilidad del statu quo energético resulta comprensible.

En el fondo, el marco energético español carece de credibilidad porque ha perdido de vista la realidad en la que se inserta. La energía es un factor clave de competitividad para todo el tejido productivo. Su encarecimiento actual o futuro -dada la insostenibilidad del déficit de tarifa y las primas- no harían sino empeorar aún más las perspectivas económicas para el conjunto de la sociedad. Sin un sector manufacturero competitivo en costes, capaz de responder con fortaleza a la recuperación económica internacional, España se verá condenada a padecer el proceso de retroceso relativo y absoluto en el que nos encontramos.

En este contexto, la reducción de los costes energéticos –que no olvidemos que en numerosos sectores industriales es la segunda fuente de coste tras los sueldos y salarios- debe ser una prioridad. Hay que reequilibrar un modelo eléctrico que ha obviado por demasiado tiempo este vértice. El reto de un modelo energético de futuro no está en ser más «verde», en ser más competitivo o más seguro que otro, sino que está precisamente en compatibilizar a la vez estos tres requisitos, formando un triángulo, sin obviar ninguno de ellos. Que esto sea así es importante para el sector energético, pero lo es más todavía para el conjunto de la sociedad española.

La cultura del endeudamiento, de la subsidiación y de la alteración de las señales de precios a las que el sector energético se ha visto expuesto en los últimos años nos pasa ahora, en el peor momento, al cobro su pesada factura. Es hora de un cambio de paradigma.

Por ello, de cara al futuro, debemos plantearnos la transición a un nuevo modelo en el que la seguridad jurídica y la verdadera competencia sean los pilares sólidos sobre los que podamos plantear un futuro de prosperidad. Un modelo en el que necesitamos todas las fuentes energéticas porque se complementan y refuerzan en sus respectivas fortalezas y debilidades.

Así, el marco de apoyo a las energías renovables debe ser claro, estable, con incentivos fiscales temporales explícitos y calendarios conocidos de abandono de las primas. Frente al despliegue indiscriminado e insostenible de tecnologías todavía inmaduras se debe articular el fomento a la investigación y el desarrollo de estas tecnologías para acelerar su maduración. Sólo el desarrollo tecnológico y la plena explotación del potencial gerencial permitirán el crecimiento de un tejido industrial asociado al sector renovable en España, competitivo a nivel internacional, que pueda «desenchufarse» del BOE y de los vaivenes políticos.

Fotovoltaica amenazada de muerte

/0 Comentarios/en , /por

La esperanza de vida de los sistemas solares se mide por décadas –hay paneles que, después de 40 años, producen al 80% de su potencia original– y, con las horas de sol que hay en España, sólo necesitan una media de dos años para generar la misma energía que empleamos en fabricarlos.

Un panel solar, con la simple exposición al sol, sin ruido ni molestia alguna, convierte en energía útil el 15% de la energía que recibe del astro rey; los combustibles fósiles, por el contrario, apenas convierten el 35% del 0,005% de la energía solar que capturaron las plantas, y eso tras procesos naturales milenarios y procesos industriales de extracción y transformación peligrosos, técnica, geopolítica y ambientalmente.

Sin embargo, el precio que pagamos por la electricidad fotovoltaica conectada a la red no tiene en cuenta esas variables. Los paneles son todavía caros al compararlos con las demás energías; la buena noticia es que falta muy poco para que dejen de serlo, porque la fotovoltaica no tiene por qué competir con ellas en el coste de producción de un kWh, sino en el precio de consumo de ese mismo kWh.

En España, concretamente, ese punto de competitividad sin ayudas –porque nos resultará más rentable producir nuestra propia electricidad que comprársela a la compañía eléctrica– se alcanzará a mediados de la presente década. La curva de aprendizaje lo avala: si en 2004 se instalaron 1.000 MW en todo el mundo, el año pasado se instalaron 7.000 y para 2014 la industria global tendrá una capacidad de fabricación superior a los 50.000 MW anuales.

La curva de aprendizaje fotovoltaica es similar a la de la microelectrónica; de hecho, comparten la materia prima, el Silicio, el segundo elemento más frecuente en el planeta Tierra tras el Hidrógeno. Podemos pensar en lo que ha avanzado la telefonía móvil en muy pocos años para tener una idea de la velocidad del cambio tecnológico.

Por eso se puede afirmar con rotundidad que la fotovoltaica será competitiva en España muy pronto. Es más, al aprovechar una energía tan segura, fiable y gratuita como los rayos solares, las instalaciones ahora primadas pueden haber devuelto a la sociedad todas las ayudas que reciban a inicios de la siguiente década, y seguir enriqueciéndola durante 20 ó 30 años más.

Ahora bien, para que este escenario pueda convertirse en realidad, es necesario mantener el apoyo a la tecnología y modificar otros aspectos del sistema eléctrico para que pueda desarrollarse la generación distribuida, especialmente en el ámbito de la edificación y los entornos urbanos.

La implantación de la fotovoltaica y de otras renovables –que responde a un mandato legal, no al albedrío del mercado– conlleva un nuevo modelo energético que desplaza a tecnologías maduras con intereses muy arraigados. Este nuevo modelo será distribuido en vez de centralizado, tendrá muchos actores –productores y consumidores a la vez–, lo gestionarán redes inteligentes y exigirá a las grandes empresas energéticas un proceso de adaptación para el que muchas no están preparadas.

Uno de los aspectos que deben transformarse urgentemente, porque ya da señales claras de ineficiencia, son los mecanismos de fijación de precios. No tiene sentido guiarse por un mercado marginalista si el grueso de la producción carece de coste de combustible –el sol es gratis, como el viento o el agua– y oferta a precio cero. Igualmente, la operación del sistema debe cambiar, y REE tiene que incrementar su margen de maniobra para poder gestionar un volumen creciente e importante de producción intermitente.

Pero todo esto queda relegado por la imperiosa necesidad de acabar con el déficit de tarifa y de alcanzar un pacto político que nos permita avanzar por el camino de la sostenibilidad energética. Como contribución a ese pacto, desde ASIF ya ofrecimos hace más de seis meses una reducción de nuestra retribución que puede alcanzar el 30% en algún segmento del mercado solar. Nos gustaría escuchar ofertas similares para tecnologías excesivamente retribuidas y totalmente amortizadas, y no esas peticiones públicas y reiteradas –incluso desde la propia familia renovable– de acabar con la fotovoltaica, en función de argumentos a menudo falaces. Sus autores demuestran una escalofriante falta de visión de futuro.

Además de estos problemas estructurales del modelo energético, la crisis económica global está repercutiendo con dureza en España. Evidentemente, nuestra actividad no es independiente del devenir del país y si España, a mediados del 2010, atraviesa momentos muy difíciles, no es de extrañar que el sector de las renovables en general, y de la fotovoltaica en particular, también sufra por dicha crisis.

Lo que nos sorprende, y todavía no hemos salido de nuestro asombro, es que la crisis amenace en llevarse por delante los pilares de nuestro desarrollo. El primero de ellos, sin duda, es la confianza en que el Gobierno cumplirá sus compromisos. Igual que la Unión Europea o el mundo de las finanzas le piden al Gobierno que no falle y haga todos los esfuerzos necesarios para cumplir sus compromisos financieros, ASIF y todo el sector fotovoltaico le piden que respete lo establecido por la Ley; la apuesta a largo plazo por la industria fotovoltaica no debe desperdiciarse.

También le pedimos al Gobierno que termine con la indefinición regulatoria que, una vez más, tiene paralizadas a nuestras empresas. Si en un sector económico, de la noche a la mañana, lo que es impensable pasa a ser percibido no sólo como posible, sino, según algunos, como inevitable, no es extraño que se produzca confusión y paralización. La situación que estamos viviendo, por otro lado, es aún más grave, porque se produce tras un año 2009 de práctica moratoria; apenas tuvimos actividad durante el pasado ejercicio por la transición obligada desde el marco regulatorio establecido por el Real Decreto 661/2007 hasta el marco fijado por el Real Decreto 1578/2008.

Ante este sombrío panorama en el mercado interno, no es extraño que la industria fotovoltaica española mire al exterior: casi un 50% de las empresas ya tienen presencia más allá de nuestras fronteras, porque nuestros empresarios están buscando en el extranjero la actividad que no pueden tener en España. Gracias al empuje de los años anteriores, ahora volvemos a ser una industria exportadora, pero de mayor calado.

Quizás en esa actividad exterior esté el único y relativo consuelo en estos momentos. Pero no podemos olvidar que el otro 50% del sector ni siquiera tiene ese alivio. Por la naturaleza de su actividad, no puede trabajar en otros mercados y no puede aferrarse a ello como tabla de salvación. El desánimo se extiende al constatar que los proyectos empresariales se vienen abajo, por mucho que el discurso político gubernamental siga afirmando que apuesta por la fotovoltaica.

Además de las virtudes que la hermanan con las demás fuentes de energía renovable, la fotovoltaica ya ha demostrado la sencillez y fiabilidad de su tecnología de generación, su capacidad para ser una parte importante del mix eléctrico y su vertiginoso descenso de costes. Todo ello garantiza, a corto plazo, el alcance la paridad de red y la rentabilidad directa del autoconsumo fotovoltaico en numerosas aplicaciones.

Por eso, porque las ventajas de la fotovoltaica son innegables, por muy difícil que sea la coyuntura que atravesamos, el cierre de este comentario sólo puede ser optimista. El afianzamiento definitivo de la fotovoltaica está a punto de llegar, y, sin que pueda caber ninguna duda, llegará. Porque la razón, al final, se impone. Y porque las empresas y la tecnología tienen tal fuerza que superarán todos los obstáculos que les pongan por delante.

El Gobierno español desprecia el Derecho europeo al incentivar la quema del carbón «nacional»

/0 Comentarios/en , /por

¿Cómo es posible compatibilizar las repetidas declaraciones en favor de la lucha contra el Cambio Climático y al tiempo subvencionar el aumento de las emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%? En este atolladero parece estar atrapado el Gobierno español y el actual Presidente de la Unión Europea: José Luis Rodríguez Zapatero.

El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica, pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva ya que escupe a la atmósfera hasta el 27% de las emisiones de CO2. Además, el carbón español no sustituye nuestra funesta dependencia del petróleo, sino que se suma a la misma. Sólo el transporte motorizado con combustible del petróleo le gana en cifras de destrucción con un 33% de las emisiones de CO2.

El Presidente Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una temeraria política energética: que el Estado continúe subvencionando y reflotando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica y la quema de un carbón nacional barato por las centrales térmicas productoras de electricidad.

El Gobierno español hace oídos sordos, y lejos de responder a las acusaciones europeas por la destrucción ambiental de la minería a cielo abierto (en parajes de alto valor ecológico reconocido internacionalmente y protegidos por las leyes ambientales europeas), prefiere dar centenares de millones de euros públicos más para financiar unos presuntos crimenes ambientales, que se paralizarían inmediatamente sin el apuntalamiento del dinero público que reciben. La minería extractiva de carbón sólo es rentable si es mantenida por el estado, si se inyectan continuadas cantidades masivas de dinero procedente de los ciudadanos contribuyentes.

Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón recientemente aprobadas incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado, salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables.

Además, organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y las «incongruencias» de subvencionar la quema del carbón. En términos de daños y pérdidas de valores ambientales, es altamente irracional aumentarlas mediante el artificial consumo de carbón obtenido mediante suculentas subvenciones, cuando resulta que el actual mercado económico de la electricidad ya está expulsando del mix eléctrico al carbón, la fuente más contaminante de la atmósfera y generadora de inimaginables daños ambientales. En este caso, el mismo mercado tiene beneficios ecológicos ya que podría eliminar por sí mismo este combustible fósil tan destructor del clima.

Al convertir en ley unas medidas que «protegen» al carbón nacional, el Gobierno español elige ignorar las posibles vulneraciones del Derecho Comunitario sobre la competencia y el mercado interno, que prohibe a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.

El actual Presidente español de la Unión Europea pone así al descubierto el gran déficit europeísta que padece junto a la profunda falta de compromiso real con los retos ecológicos y la lucha contra el Cambio Climático que ha de afrontar la humanidad en su conjunto.

¡Vaya ejemplo de anti-europeismo el que está dando la recién estrenada Presidencia Española de la Unión Europea!

Página web de David Hammerstein: http://www.davidhammerstein.com/

«España es el modelo de transparencia de todo el sector petrolífero europeo»

/0 Comentarios/en /por

ENERGÍA DIARIO.: ¿Qué valoración hacen desde AOP sobre el informe realizado por la CNC en el que se les acusa, entre otras cosas, de tener los precios más caros de Europa?

ÁLVARO MAZARRASA: Ante todo respetamos el papel supervisor de la CNC y no queremos ver una intencionalidad de ningún tipo en las conclusiones de este informe, pero creemos que el análisis se ha limitado a recoger datos parciales y afirmaciones extraídas de otros informes (de la CNE, Banco de España o el de la Agencia Internacional en 2005) cuyo resultado final no se ajusta, en absoluto, a las realidades actuales del sector.

Muchas de las conclusiones del informe de la CNC son contradictorias con la visión de la competencia que tiene el propio regulador del sector, la CNE, que sí que tiene un conocimiento detallado y realiza un seguimiento riguroso. Aunque eso no quita que discrepemos con ellos muchas veces, en especial, con las comparativas que hacen sobre las metodologías que utilizan para elaborar el seguimiento de precios del sector.

Por ejemplo, el informe de la CNC afirma que España tiene los márgenes más atractivos de Europa y que, además, las empresas que han acudido a nuestro país tras la liberalización son expulsadas por los grandes operadores nacionales que hacen fuerza de mercado. Desde AOP consideramos que esto es un contrasentido, puesto que si nuestros operadores han salido de España será porque el negocio aquí no es lo suficientemente rentable para sus inversiones. Si realmente nuestro mercado fuese tan atractivo como dice la CNC, esas empresas se habrían quedado en España.

E.D.: En este caso, el sector ha cambiado su tradicional discreción pública para dar réplica a la CNC a través de un comunicado para defender la transparencia de sus métodos y, en especial, el trabajo del sector ¿cuál ha sido el motivo de este cambio de criterio?

A.M.: Se trata de la primera vez que salimos públicamente para contestar a un ataque y defender nuestro honor ante la inusual decisión de la CNC de publicar un informe carente de rigor y que supone una lectura simplista de la situación del sector. Sin duda, la reacción ha sorprendido a los compañeros, porque solemos ser bastante recatados. Sabemos que no tenemos buena imagen en la sociedad y que siempre somos criticados, pero entendemos que el informe desvirtúa gravemente la realidad de nuestro sector.

E.D.: ¿Cuáles son las causas de que se produzca este efecto y vuestros planteamientos para que este tipo de situaciones no vuelva a producirse?

A.M.: Echamos en falta la existencia de investigación propia. Es un informe realizado sin trabajo de campo, sin comprobaciones. El sector no es consciente de que se hayan pedido datos, informaciones u opiniones para elaborar este informe. Ni siquiera ha habido una reunión entre el sector y el organismo regulador. Por lo tanto no entendemos estas acusaciones que luego no son capaces de justificar y no se sostienen por ninguna parte.

Para compararnos bien, han cogido datos de la Oil Bulletin (el organismo encargado de hacer el seguimiento de los precios del petróleo en Europa). Sin embargo, sus datos de comparativa entre los países europeos no son homogéneos. El propio organismo asegura que no existe una metodología común entre los países, puesto que cada estado miembro manda los precios de los carburantes como puede, por lo que estos precios no se pueden tomar como referencia, al ser simplemente orientativos.

Además, tanto la CNE, como la CNC han reconocido en más de una ocasión que estos datos no son fiables, ¿entonces, por qué se afirma desde la CNC que tenemos los precios más caros de Europa en cuestión de carburantes?

La explicación es sencilla. Lo que han hecho desde la CNC ha sido coger directamente y sin análisis, el dato de la Oil Bulletin que afirma que los precios de los carburantes en España son 0,5 céntimos de euro más caros que los de la media europea. Con este dato, que de ser verdad sería insignificante, se permiten afirmar que no tenemos competencia en España.

Desde AOP pensamos que este razonamiento no es para nada coherente. Sobre todo cuando España es el país que mayor conocimiento y control tiene sobre los precios de todas las estaciones de servicio. Somos el país que tiene más transparencia de todo el sector petrolífero europeo. En esto somos modélicos y la sociedad debe saberlo.

E.D.: Sin embargo, el informe elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sobre la política energética de España afirma lo contrario, es decir que el sector petrolero y de la distribución de hidrocarburos en nuestro país es muy competitivo…

A.M.: Efectivamente, los expertos de este organismo (que sí nos han inspeccionado) afirman totalmente lo opuesto. Entre otras cosas, la AIE asegura que la legislación española garantiza el acceso a terceras personas a las actividades del transporte y almacenamiento del petróleo mediante un proceso de negociación “objetivo, transparente y no discriminatorio”, siendo regulados estos procesos por la CNE. Asimismo, certifica que el mercado minorista español está abierto plenamente al libre mercado. Como comprenderá los argumentos de la CNC se caen por su propio peso.

E.D.: Cambiando de tema, ¿qué opinión le merece a su sector la futura implantación del coche eléctrico en España, propuesta abanderada por el Ministerio de Industria en una campaña de apoyo sin precedentes?

A.M.: Desde AOP nos parece fenomenal que se apueste por el cambio y el avance tecnológico, como es el caso de las energías renovables o el coche eléctrico. Desde luego hay un fortísimo impulso por promover el coche eléctrico (o una solución híbrida) por parte del Gobierno, al igual que sucede con la industria automovilística que también ha dado su respaldo a esta medida. Ya existen estimaciones de que en el año 2020 habrá entre un 5 y un 10% de coches eléctricos en el parque automovilístico y para ello se necesitará un cambio tecnológico importante, por lo que no dudo de que haya muchas iniciativas en torno a este mercado en los años venideros.

No obstante, hoy por hoy, todavía son vehículos caros, aunque la gente se concienciará poco a poco e irá hacia el cambio en una transición larga. Además, el usuario será el gran beneficiado pues le otorgarán numerosas ventajas fiscales y subvenciones por adquirir este tipo de vehículos y eso siempre es algo muy atractivo para los ciudadanos.

E.D.: ¿Y cuál es el futuro del sector petrolero?

A.M.: Está claro que con las políticas que se están adoptando en cuestión de carburantes en los países desarrollados, la demanda de productos petrolíferos a medio plazo no aumentará en los próximos años, y eso va a presionar los precios. Sin embargo, el despegue económico de países como China o India hará que exista un aumento del consumo. Además, con las inversiones estamos fomentando la tecnología y con esa tecnología estamos descubriendo petróleo en lugares que hace unos pocos años era impensable, como las aguas profundas. Ahora el reto es extraerlo. Eso sí, con el tema de las emisiones de CO2 la ecuación cambia, pero a pesar de ello creemos que la industria tiene todavía por delante bastantes años para participar en el cumplimiento de las necesidades energéticas esenciales.

Por otro lado, somos conscientes de que no podemos quedarnos fuera del cambio estratégico que se está llevando a cabo en el sector energético, por lo que estoy seguro de que nuestra industria acabará participando en proyectos de energía nuclear, como ya realiza Total o que haya posibilidad de recargar coches eléctricos en las estaciones de servicio. Se trata de una solución en la que los hidrocarburos van a ser un sector clave a medio plazo y que ha sabido adaptarse a los cambios y transformaciones del sector. Eso es seguro.

«Nos encontramos en una situación de incertidumbre total»

/0 Comentarios/en /por

ENERGÍA DIARIO.: Como representante de un sector tan importante en el tejido industrial español como es el petrolero, háganos una valoración del sistema de certificación de los biocarburantes.

ÁLVARO MAZARRASA.: Se trata de un tema trascendental para nuestro sector, de eso no hay duda. Desde AOP creemos que la adopción de este sistema tiene lagunas muy destacadas que traerán consecuencias negativas muy importantes a nivel económico para todos los operadores petrolíferos. La precipitación de esta legislación aplicable a los biocarburantes contiene, desde luego, graves imprecisiones que conllevan un perjuicio para los sujetos obligados, así como para los sistemas de distribución y los consumidores.

La obligatoriedad de facilitar los datos de las mezclas comenzó a primeros de este mes de octubre, pero con la imposición de hacerlo efectivo desde el 1 de enero. Y sin embargo, sólo hace veinte días que tuvimos la primera reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE) todas las empresas, agentes y operadores a los que afecta este sistema de certificación.

Desde AOP consideramos que conocer las condiciones del mecanismo de funcionamiento del sistema de certificación de biocarburantes diez meses después de entrar en vigor la obligación es una situación propia de un país subdesarrollado, más que de un estado de derecho. Algo que, a nuestro entender, raya la inseguridad jurídica del sistema español en determinados aspectos. Lo que está claro es que esta situación no se ha dado en ningún otro país de Europa.

Por si no fuera suficiente, la orden ministerial marca aspectos generales, pero no especifica los detalles prácticos de la misma y nos encontramos con determinados puntos con los que chocamos, puesto que nuestra interpretación es totalmente diferente. Por poner un ejemplo, discrepamos de la interpretación que ha hecho la CNE sobre la conversión del poder calorífico del ETBE y el etanol, algo que esperamos se corrija en el futuro.

E.D.: ¿Cómo han sido las relaciones con Industria respecto a la elaboración de la normativa legal? ¿Han escuchado sus propuestas?

A.M.: Al principio, nuestras conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía se desarrollaron de una manera fluida y dinámica. Expusimos nuestro punto de vista y parece ser que no les convencimos en nada, porque no han recogido ninguna de nuestras preocupaciones, algo que consideramos como una falta de sensibilidad hacia nuestro sector.

Obviamente, el Ejecutivo decide lo que cree que es mejor para el país. Y los petrolíferos tenemos la voluntad de acatar y cumplir con la obligación de la orden ministerial aunque, eso sí, con un esfuerzo verdaderamente importante por parte de los operadores que han tenido que aprender a velocidad supersónica el funcionamiento del sistema de certificados.

Desde luego, es una pena que las opiniones y criterios que ha dado nuestro sector se hayan interpretado como barreras para la negociación, cuando lo que se ha pretendido es hacer las cosas bien, de una forma sostenible y partiendo de la experiencia que tenemos en este ámbito. Sin duda alguna, no hemos tenido el respaldo del Ejecutivo por lo que nos sentimos totalmente desamparados. Nos encontramos en una situación de incertidumbre total.

E.D.: ¿Se han sentido comprendidos y arropados por la CNE a la hora de crear el sistema de certificación de biocarburantes?

A.M.: Respecto a la relación con la CNE, he de decir que el regulador ha trabajado contrarreloj para crear y diseñar la herramienta informática con la que trabajaremos a partir de ahora. Durante estos meses hemos mantenido un diálogo permanente, aunque el resultado no ha sido el que hubiésemos deseado. Es más, todas las compañías asociadas en AOP han participado activamente en este proceso, en el que la CNE se ha mostrado participativa con nuestro sector.

Sin embargo, creemos que el equipo técnico de la CNE merece una mención por el esfuerzo de crear un soporte informático desde cero. Algo fácil de escribir en una orden ministerial, pero difícil de materializar en la práctica, puesto que conlleva una problemática tremenda para los operadores, los agentes logísticos e, incluso, para el propio organismo certificador.

E.D.: ¿Qué consecuencias y efectos económicos estimáis para el sector tras la puesta en marcha del sistema de certificación? ¿Cuáles son los parámetros que creen que habría que ajustar?

A.M.: La puesta en marcha del sistema es muy reciente y aún se están resolviendo dudas sobre su funcionamiento, por lo que entendemos que los efectos prácticos de la obligatoriedad no se van a ver hasta dentro de unos meses.

Los operadores están empezando a volcar sus datos en el sistema sin tener la certeza de si van a obtener o no los certificados, puesto que podrían estar cuestionados por esta obligatoriedad de haber comenzado con fecha 1 de enero, algo que genera una situación de desconcierto entre los petrolíferos.

Si una tonelada de biocarburante es rechazada, la compañía en cuestión tendría que abonar 350 euros en concepto de penalización por no cumplir los requisitos estipulados por el sistema de certificación. Desde luego, las cantidades no son despreciables y el rechazo puede generar muchos problemas. Por esta razón, nosotros pedimos que el año 2009 sirviera de rodaje para habituarnos al cambio estructural, algo que ya existió en otros países y que hizo la transición mucho más fácil.

Esto ya venía coleando cuando se aprobó la modificación de la Ley de Hidrocarburos que fijaba la obligatoriedad para el año 2009. Desde ese momento, el ministerio era consciente de que no quedaba tiempo material para desarrollar el reglamento de la orden ministerial y poner el sistema de certificación en marcha, puesto que en realidad el año de prueba debía haber sido el 2008. Por eso, desde AOP pensamos que se han precipitado los acontecimientos y han primado los objetivos políticos sobre el pragmatismo y los intereses industriales. En cuanto comencemos a introducir los primeros datos en el sistema, se verán las carencias técnicas del mismo.

E.D.: ¿Consideran proteccionista la normativa legal?

A.M.: Desde AOP creemos que el planteamiento se hizo con la mejor de las voluntades por parte del Mnisterio, con el objetivo de desarrollar una industria española de transformación, porque materia prima apenas tenemos. Sin embargo, las señales que se mandaron al sector industrial fueron muy equivocadas.

En el sector de los biocombustibles no hay tarifas, puesto que se trata de un mercado libre. Además, el negocio de los hidrocarburos mueve grandes volúmenes y genera márgenes muy ajustados, por lo que es difícil sobrevivir. Para nosotros es un drama ver proyectos de muchos pequeños inversores, cuyas plantas no lograrán subsistir debido a una serie de costes logísticos que deben mantener a largo plazo. Muchos de ellos no pertenecen a nuestro gremio y han invertido haciendo caso de las políticas y llamadas de atención del Ministerio de Industria. Ahora, ante la pérdida de su capital, han buscado el amparo y la protección en la obligatoriedad para que sus productos sean comprados por los operadores españoles, encareciendo el sistema de manera proteccionista. Estamos en una guerra de subsidios, de un lado y de otro, y al final seremos nosotros los que suframos esta situación, junto a los consumidores, puesto que el producto se encarecerá.

Por el contrario, la industria del petróleo no ha tenido nunca subsidios y se ha mantenido mediante las importaciones (como el gasóleo) procedentes de todos los orígenes. Además, nuestro sector está más acostumbrado a trabajar con materia prima más barata, sea del origen que sea.

E.D.: ¿Qué tipo de repercusiones puede tener este sistema en el usuario final?

A.M.: Afortunadamente, el usuario final no va a percibir gran diferencia. En el tema de los combustibles nadie ha tenido problemas a la hora de acudir a las gasolineras y utilizar este tipo de carburante, salvo contratiempos puntuales o errores humanos de manipulación.

Pero en lo que respecta a la calidad, estamos muy tranquilos. De hecho, las asociaciones de consumidores no han llamado a AOP para realizar quejas en este sentido. Los productos petroleros son de gran consumo y los trastornos que pueden llegar a ocasionar si hay incidentes serían muy graves. En este sentido, tanto las negociaciones, como la implantación de la normativa y el sistema de certificación se han manejado con mucha cautela, por lo que creemos que los consumidores no van a tener preocupaciones.

E.D.: ¿En cuánto estiman la subida del precio del combustible para el usuario?

A.M.: No sabría decir exactamente. Hace poco hicimos una previsión con respecto al tema del etanol y sumando todos los extracostes de logística y las bases etanolables, estimamos el encarecimiento en un precio de 4,5 céntimos de euro. Fue el extracoste que le dimos a Industria en su momento, cuando defendíamos el ETBE frente al etanol directo. Fuera de esto, son cada uno de los operadores los que fijan los precios.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a Álvaro Mazarrasa que abordará, entre otros temas, el informe de la CNC que acusaba al sector de la elevada concentración de los carburantes de automoción en España.

«El objetivo del sector eólico es de 40.000 MW en tierra y 5.000 offshore»

/0 Comentarios/en /por

ENERGÍA DIARIO: ¿Cuáles son los efectos del Real Decreto 06/2009? ¿Cuál es el grado de cumplimiento actual del objetivo fijado para la tecnología eólica? ¿Cómo se modifica el papel de las Comunidades Autónomas en la gestión de registro de preasignación?

JOSÉ DONOSO: El Real Decreto ha convulsionado un poco el sector, puesto que ha creado un precedente negativo, al ser la primera vez que el Ministerio de Industria toma una decisión de este tipo sin previa consulta o conversaciones con el sector. Se han cambiado de improviso las reglas del juego, sin que nadie haya tenido tiempo de adaptar sus estrategias y previsiones para afrontar estos cambios. Por este motivo, hemos pedido a la Secretaria de Estado que se aplique con una cierta flexibilidad, puesto que es una ley sobrevenida y puede tener repercusiones económicas, tanto para los grandes, como para los pequeños inversores.

Sin embargo, también consideramos que tiene sus elementos positivos. El 06/2009 abre un registro de preinscripciones con el que se tendrá derecho a la tarifa del R.D. 661/2007 sólo con inscribirse y tener una serie de requisitos cumplidos, sin necesidad de alcanzar la puesta en marcha del parque eólico. El modelo actual introducía posibles distorsiones en función de cuando se finalizara el mismo que en el período límite de aplicación podría introducir problemas de saber cual era la tarifa que iba a tener el parque en concreto. Mediante estas inscripciones se pretenden cubrir los 20.155 MW, que se alcanzarán en mes o mes y medio. En caso de no alcanzar esa cifra, el que primero llegue, es el primero que toma, es decir, “first arrive, first take”, hasta alcanzar el cupo.

Con el 661, la puesta en marcha definitiva del parque se tenía que realizar en el periodo de un año después de que se alcanzara el 85% de los 20.155 MW, arriesgando por tanto inversiones, puesto que si la construcción no estaba terminada en fecha, se pasaría de forma automática a la nueva retribución, lo que hoy en día es desconocido.

Por el contrario, con el nuevo Real Decreto-Ley se arriesgan papeles y se gana en estabilidad, en confianza, porque los inversores saben en qué tarifa están incluidos, borrando la incertidumbre que generaba el 661. Además, al ser un proyecto asegurado retributivamente, la financiación ya no es un problema, puesto que el 06/2009 permite la construcción del parque en 36 meses, aumentando el margen de maniobra en este sentido, algo que se había complicado en la situación actual. Sólo existe un requisito nuevo, el aval de 20.000 euros por megavatio, pero teniendo financiación para el proyecto y su retribución, el aval no debe suponer una barrera.

En cuanto al papel de las Comunidades Autónomas, a pesar de ser un aspecto polémico, tampoco cambia nada. El R.D-Ley 6/2009 mantiene que las autorizaciones administrativas las concedan las Comunidades Autónomas, por lo que siguen siendo llave a la hora de autorizar los proyectos, como ocurre con los puntos de conexión. El único cambio visible será que ahora las Comunidades Autónomas se tendrán que dar prisa en sacar a concurso sus proyectos, porque si la tendencia es que la tarifa sea decreciente como pretende Industria, habrá que correr para sacar las mejores condiciones posibles. En este sentido, también en cierto modo es positivo porque algunas Comunidades han sido más remisas en sus proyectos, llevan años prometiendo la salida a concurso de las mismas y este elemento puede desbloquear su actuación.

E.D.: Reglamentariamente, y una vez alcanzados los objetivos, se prevé la promulgación de un nuevo decreto para la energía eólica. En este sentido ¿se están llevando a cabo conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía? ¿Qué tipo de avances puede anticipar?

J.D.: Efectivamente, estamos manteniendo conversaciones con la Secretaría de Estado de Energía y les hemos trasladado la urgencia de aprobar un nuevo Real Decreto, aunque estos primeros acercamientos están en una fase que podemos calificar de preliminar, en la que solamente se están poniendo ideas sobre la mesa y analizando si son o no aplicables. Más o menos en un periodo máximo de dos meses, el sector alcanzará el cupo de los 20.155 MW y será entonces cuando el sector se quedará parado, algo que no nos podemos permitir, puesto que creará un clima de incertidumbre enorme respecto a los proyectos puestos en marcha. Por este motivo, es muy urgente contar con ese nuevo marco regulatorio, para evitar la ralentización del sector. Lo positivo es que la Secretaria de Estado ha comprendido esta urgencia y en su espíritu prevalece la bilateralidad.

Sobre la mesa hemos puesto el objetivo marcado por el Ministro y que el mismo ha repetido en numerosas ocasiones: los 40.000 MW para el año 2020 en tierra, de los que 5.000 MW estarían orientados a la repotenciación. Además habría que sumar otros 5.000 MW para la eólica marina.

E.D.: Hablando del proceso de repotenciación, ¿cuántos MW entrarían en esa fase o serían susceptibles de ser sustituidos?

J.D.: Nosotros consideramos que deberían ser 5.000 MW hasta el año 2020, puesto que su sustitución no va a ser inmediata, porque las instalaciones de partida tienen su propio calendario y ciclo de vida. Los primeros proyectos que se amortizarán van a empezar a ser sustituidos a partir del año 2013. Debemos pensar que existen enclaves con buen recurso eólico, pero cuyos aerogeneradores están obsoletos. Por eso queremos que se realice un Plan Prever para sustituir esos aerogeneradores, a la vez que reducimos el impacto sobre el paisaje y aprovechamos la eficiencia de esos enclaves, en vez de lugares nuevos con menos viento y menos productivos.

E.D.: Respecto a la energía eólica marina, ¿qué desarrollo y posibilidades tiene ahora mismo esta tecnología en España?

J.D.: España no es el país que reúna las mejores condiciones naturales para desarrollar la eólica marica, puesto que esta tecnología necesita vientos regulares y una plataforma continental amplia (esta quizá es la cuestión más compleja). En todo caso, siempre es más caro la instalación de un parque en el mar que en tierra, por lo que para exista una competencia con la eólica de tierra, ésta debe estar muy antropomorfizada.

El paraíso natural para la marina eólica es el Mar del Norte. Contra lo que la gente piensa, el Mar Mediterráneo es un mar muy profundo, mientras que el Mar del Norte tiene una plataforma continental que va desde Escandinavia a las Islas Británicas, prácticamente unida, con lo cual es un mar poco profundo.

A pesar de ello, pensamos que existen emplazamientos en España y estimamos que habrá proyectos para 5.000 MW, estando disponibles los primeros parques entre 2013 y 2014.

E.D.: ¿Cómo valora las relaciones del sector eólico con Red Eléctrica de España sobre todo en lo que se refiere al desarrollo de las infraestructuras y la conexión de los parques? ¿Cuáles son los puntos de mejora?

J.D.: Red Eléctrica de España es nuestro socio indispensable. Necesitamos a REE para poder conectar nuestros parques, por lo que mantenemos con ellos un diálogo permanente.

Entre los puntos de mejora, queremos que se cumpla el plan de infraestructuras aprobado, pero a tiempo, porque sino eso puede generarnos cuellos de botella para el desarrollo sectorial. No estamos pidiendo nada más, sólo que se cumpla la ley, que se cumpla el plan y, a ser posible, que se cumpla el calendario para la interconexión con Francia, de forma que que pase de ser una intención política a ser una realidad. Esto sería muy positivo y nos permitiría desbloquear y facilitar la integración de la potencia de los parques.

E.D.: Háblenos del sector eólico desde el punto de vista internacional, con el «efecto Obama» como telón de fondo. ¿Cuál es la situación de esta industria exportadora y qué papel puede suponer la administración Obama para las empresas españolas?

J.D.: El sector eólico español está internacionalizado de una forma que pocos sectores de la economía española tienen, con un posicionamiento muy fuerte. Hoy en día empresas españolas trabajan desde China a Estados Unidos, desde la fabricación a la exportación de componentes, pasando por la promoción. Hay grandes promotores y fabricantes como Iberdrola, Acciona o Gamesa, pero también tenemos pequeñas y medianas empresas que están yendo a los países del este, a Estados Unidos y están desarrollando parques en Minnesota, Texas o Bulgaria. La acumulación de know how y de capital ha beneficiado el mercado español, que puede ir fuera con esa experiencia e incrementar su actividad sin complejos, lo que nos ha permitido posicionarnos internacionalmente.

Desde luego, el plan Obama presenta unas oportunidades excepcionales para las empresas españolas que están en la «pole position» pero tampoco nos engañemos, no será fácil, nadie nos regala nada y hay que competir fuertemente. Tenemos la ventaja de ser pioneros, de ser los colonos, por lo que aprovechamos el mercado desde el primer momento. Sin embargo ahora hay que ser competitivo. Ahora somos líderes, pero para seguir siéndolo hay que mantener la forma física.

E.D.: En este contexto, ¿cuáles son los países que ofrecen mayores oportunidades de negocio para el sector eólico español?

J.D.: En términos generales sería Europa Occidental, Las empresas españolas tienen una actividad muy activa en Italia, Francia, Portugal, Grecia, incluso en Alemania, Reino Unido y los países del Este. China, con todas sus complejidades también muestra oportunidades muy interesantes. En un segundo apartado y desarrollo temporal, estarían los países de Sudamérica y el Norte de África.

«Las decisiones políticas en materia de energía deben hacerse siempre mirando a largo plazo»

/0 Comentarios/en /por

ENERGÍA DIARIO.: ¿Cómo dibujaría el escenario de partida del sector eólico ante la próxima celebración de la Convención Eólica 2009?

JOSÉ DONOSO.: El punto de partida es, al menos, emocionante. Estamos culminando la primera fase de desarrollo de la energía eólica en España, con casi la totalidad de los 20.155 MW previstos instalados. Nos encontramos ante el momento de rediseño del sector eólico del futuro, con un objetivo claro: los 40.000 MW instalados para el año 2020. Un objetivo que esperamos que el Gobierno mantenga, puesto que el ministro de Industria ha reiterado este dato en diferentes ocasiones.

Por tanto, estamos en el momento en que debemos rediseñar las reglas del juego, al tiempo que rediseñamos el entorno, para focalizar cómo será ese futuro del que estamos hablando. No debemos olvidar que el objetivo previsto equivale a todo lo que hemos hecho hasta la fecha y pasaremos de 20.155 MW a 40.000 MW en tierra, además de otros 5.000 MW offshore.

Por tanto, nos encontramos en un momento excitante y emocionante por ver cómo evolucionará el desarrollo del sector. Pero también estamos ante la responsabilidad de no equivocarnos en el rediseño de estas nuevas reglas, ni por nuestra parte (los responsables sectoriales), ni por la del Ejecutivo, para que la energía eólica siga manteniendo éxito como solución energética en nuestro país.

E.D.: ¿Qué aspectos incluye el programa de la Convención Eólica y qué objetvos se marca el sector ante esta reunión anual del mundo eólico?

J.D.: El espíritu de la Convención Eólica ha sido siempre el de tratar aspectos generales y convertirse en algo parecido a una asamblea del sector, en la cual se repasan los principales problemas, retos y situaciones del momento. Partiendo de la actual situación financiera en los mercados, que se ha convertido en un cuello de botella por la falta de liquidez y financiación, que ahora se muestran mucho más exigentes, selectivos, y cuyas condiciones son cada vez más duras.

El tema del tejido industrial será otro de los puntos fuertes. Sin duda, uno de los problemas más polémicos actualmente en el sector es el tema de la creación de empleo sostenible, por lo que pasaremos revista sobre el asunto y estudiaremos las posibles soluciones.

También abordaremos el papel de los retos tecnológicos como la repotenciación, el de las Comunidades Autónomas, contaremos con representantes de la Unión Europea para tratar la directiva de energías renovables y ver el impacto que esta tendrá sobre las empresas españolas.

Estará con nosotros Juan Verde del “Primate Project” y asesor de Barack Obama y que ha trabajado con él en el progama “Green Jobs”. Sin duda, aportará la visión que el sector tiene depositada en EE.UU.

En cuanto al ámbito nacional, contaremos con la presencia de partidos políticos para analizar ese plan de futuro de las energías renovables y, por otro lado, también contaremos con la visión de las diferentes asociaciones (AEE, APPA, ASIF) y el IDAE que mostrarán sus ideas sobre cómo debe ser ese plan.

En definitiva, queremos mostrar una fotografía global de cómo está la situación y cómo nos gustaría que fuera el futuro, cuáles son los problemas actuales y discutirlos allí entre todos, incentivando el diálogo, en un formato lo más abierto y participativo posible y menos doctoral.

E.D.: Como bien sabe, la caída de la demanda en el sector eléctrico es ya una realidad, ¿en qué medida está afectando este déficit al mundo eólico? ¿Se están produciendo desconexiones de los parques eólicos como se ha informado por algún medio?

J.D.: Realmente, no existen estas desconexiones. Al menos, no como se informó en algún medio de comunicación. Es rotadamente falso que existan desconexiones por la caída de la demanda eléctrica. Lo que si han existido son desconexiones parciales o puntuales, como la que hubo en noviembre del año pasado a consecuencia de un momento pico y por otras cuestiones.

Asimismo, también ha habido desconexiones puntuales motivadas por los retrasos en las infraestructuras, como es el caso de la línea de Boimente (Lugo) y algunas más. Se trata de paradas coyunturales, por no alcanzar la fecha prevista, pero nunca porque exista una sobrecapacidad instalada eólica que, unido al déficit de demanda, esté produciendo esos cortes. Esa situación no existe.

E.D.: Hasta qué punto la idea de que las diferentes tecnologías «luchen» en el mercado podría afectar a las mismas a medio o largo plazo, teniendo en cuenta que las energías renovables deben ser absorbidas por el sistema.

J.D.: Competencia entre las diferentes tecnologías siempre existe y debe existir. Quien trabaja con una tecnología cree que es la mejor, o al menos es con la que obtiene rentabilidad y objetivos y, por eso, intenta introducirla en el mercado. Sin embargo, al final son los decisores políticos los que, según criterios, convicciones, las orientaciones sociales o su posición, construyen el mapa del mercado energético. Desde luego no hablamos de un mercado de zapatos, sino de un mercado que afecta tanto a las renovables como a cualquier otro tipo de energía, en el que las decisiones tomadas dependen del poder político. Y en el sector energético hay que tener en cuenta que las inversiones son a medio y largo plazo, nunca cortoplacistas.

Lo cierto es que estamos ante una crisis como la actual, coyuntural y derivada de cuestiones que afectan a los mercados financieros, pasará en un tiempo determinado de uno, dos o tres años. Entonces volveremos a una situación de crecimiento, seguramente no tan intensa como la anterior, y países como el nuestro tendrán una recuperación más lenta que otros. Sin embargo, en ese momento, nos encontraremos con la crisis estructural, la crisis precedente a la actual. La crisis por las materias primas y, en particular, por la que produce energía. La emergencia de países como China, India, Brasil o México incrementará, de manera muy importante, la demanda sobre la energía y las materias primas.

Por ello, en nuestro sector no se pueden tomar decisiones cortoplacistas en función de la caída de la demanda eléctrica durante este año en concreto. Si esto fuera así, resultará que cuando vuelva a crecer la demanda, no estaremos en condiciones de atenderla porque necesitaremos, al menos, siete años para recuperar el nivel anterior de las inversiones.

Por todo ello, las decisiones políticas en materia de energía deben hacerse siempre, mirando el largo plazo, atendiendo a razones estructurales más que a la coyuntura. Mal haría el decisor político, si en este momento se deja llevar por unas circunstancias coyunturales para tomar decisiones a largo plazo.

Nuestros lectores podrán leer mañana la segunda parte de la entrevista a José Donoso que abordará, entre otros temas, la normativa 06/2009 recientemente aprobada.

Efectos de los precios regulados en los sectores energéticos

/0 Comentarios/en , /por

En el ámbito de la economía existen múltiples discusiones abiertas en relación con la efectividad de determinadas políticas económicas. Todavía no se ha demostrado si son mejores políticas de oferta o de demanda, si en determinadas ocasiones es mejor aumentar o reducir la oferta monetaria o cuál es el nivel óptimo de impuestos y gasto publico.
Sin embargo, existe un consenso generalizado que desaconseja el establecimiento de precios máximos regulados por la Administración como instrumento para lograr objetivos de crecimiento, estabilidad de la inflación, o incluso redistributivos.

A pesar de ello, en España se continúan fijando precios máximos regulados en la comercialización de electricidad, gas o GLP. En primer lugar, veamos que se trata de evitar o lograr con el establecimiento de precios regulados.

La comercialización de estos productos no se considera un monopolio natural, no existen economías de escala insalvables o grandes inversiones que hagan recomendable el funcionamiento de esta actividad en régimen de monopolio regulado. De hecho existen varias compañías privadas que comercializan estos productos y se ha trabajado profusamente en la eliminación de las barreras de entrada y existiendo una competencia efectiva.

La razón a la que más se alude para justificar la existencia de precios máximos, es la protección de un consumidor indefenso en la adquisición de servicios considerados esenciales y cuya demanda es inelástica. Sin embargo, el primer perjudicado por él establecimiento de precios máximos es el propio consumidor.

Si el precio fijado por el regulador se sitúa por debajo del equilibrio de mercado, la oferta será insuficiente para cubrir toda la demanda que se producirá a ese precio, y algunos consumidores se beneficiarán del subsidio, pero algunos otros consumidores simplemente no accederán al bien y habrá escasez. Es cierto que se podría obligar a algunas empresas nacionales a aportar la oferta que el mercado no aportaría a ese precio. Sin embargo, es un planteamiento insostenible ya que merma la competitividad y rentabilidad de esas empresas en relación con otros comercializadores que no tienen esa obligación. Si esta situación se prolongara, el capital, que es libre, saldría de estas empresas.

Si el precio regulado se sitúa por encima del equilibrio de mercado, la competencia acabaría situando el precio efectivo en el de equilibrio.

Únicamente si el precio regulado coincide con el que marcan las condiciones de mercado, la asignación de recursos y el equilibrio demanda-oferta será óptimo y eficiente. Pero en este caso, ¿Por qué molestarse en regular un precio?

La existencia de precios máximos en gas y electricidad distorsiona las elecciones de los consumidores dando lugar a una asignación pareto-inferior a la que tendría lugar en caso de que los precios fueran libres. Si el objetivo de los precios regulados es practicar una política re-distributiva, se concluye que existen otras formas menos distorsionantes de conseguir este mismo objetivo.

Pongamos el ejemplo de una unidad doméstica de renta baja, que estuviese recibiendo una subvención del 30% en el precio de la electricidad. Supongamos que su factura mensual es de 50 € y que la subvención es de 15 € al mes. Si en lugar de subvencionar su electricidad se le transfirieran directamente esos 15 €, el usuario podría decidir ahorrar en su consumo eléctrico y gastar esta transferencia en otros bienes que le proporcionen mayor utilidad (alimentación u ocio por ejemplo). Esta solución (transferencias directas de renta) siendo igualmente redistributiva produce asignaciones que maximizan el bienestar en mayor medida que la subvención del precio del producto energético. Llevando este ejemplo al extremo, podría ocurrir que un hogar pudiera utilizar el horno eléctrico, pero que la renta disponible no le permita comprar alimentos.

La subvención tiende a ser mayor cuanto mayor es el precio de mercado. Precios altos indican escasez, y la señal que se envía al consumidor es que no necesita ahorrar. Cuanto más consuma mayor valor de subvención estará recibiendo. Entre las alternativas energéticas no elegirá la más abundante sino la más escasa que también es la que mayor subvención recibe.

En las últimas décadas han ido desapareciendo este tipo de controles en la mayoría de los sectores. El caso de los carburantes es un ejemplo de los efectos desastrosos de los controles de precios. En la crisis de 1973 se optó por subvencionar el crudo con cargo a los presupuestos generales. De esta manera la carestía no alcanzó a los usuarios y no se desarrollaron inversiones en eficiencia y ahorro. Al contrario que en otros países donde sí se optó por dejar a los precios desarrollar su función, la intensidad energética aumentó, agudizando el déficit exterior y presupuestario.

Fuente: INE, DGPEYM y elaboración propia

Fuente: Energy Information Administration

En el Plan Energético Nacional de 1978 se decidió acabar con las subvenciones y aplicar precios de mercado. La ley de Hidrocarburos de 1998 liberalizó el sector y suprimió el sistema de precios máximos. No obstante las autoridades reguladoras (CNE, MITYC, CNC) supervisan e informan con todo detalle sobre los precios en este sector y vigilan atentamente la existencia de prácticas anti-competitivas. Si se compara el precio de mercado y el precio obtenido con una fórmula de precios máximos que fijaba la Administración, se observa que, en la mayoría de los casos el precio de mercado se sitúa por debajo del administrativo. De acuerdo con la información correspondiente a 2007 y 2008 proporcionada por CNE y CORES, la eliminación de precios máximos ha reportado a los consumidores un beneficio de 150 M€ en los dos últimos años (no dispone de datos de años anteriores).

Fuente: Informe supervisión macro eds: informe mensual de precios de los carburantes en España y UE de la CNE

Es posible que con la fijación del precio del gas y de la electricidad por parte del Gobierno se pretendan controlar procesos inflacionarios. Sin embargo se observa que el peso directo de estos dos productos energéticos en la cesta del IPC es muy inferior al de los carburantes y por descontado muy inferior al de productos de alimentación cuyos precios son libres.

Fuente: INE

Por último, cabe resaltar que el establecimiento de precios máximos es una barrera de entrada para la competencia. Los nuevos entrantes perciben un riesgo importante en la limitación de precios de venta finales en caso de que el coste del producto a comercializar se eleve. La liberalización de los precios promovería la entrada de nuevas empresas, mejorando una vez más el bienestar de los consumidores.

En definitiva, el control de precios puede ser utilizado por el poder público con fines electorales, sin embargo la experiencia enseña que, a medio plazo siempre se vuelven en contra de la Administración en forma de acumulación de déficits o incrementos bruscos de precios cuando la situación es insostenible.

Marta Boada Portillo, es Jefa del Departamento de Retribución de Tarifas y Peajes de Gas Natural, cargo al que ha llegado tras pasar por las direcciones de Planificación y de Desarrollo Internacional de la gasista.

Este artículo expresa opiniones a título personal que no tienen porque coincidir con las de la Compañía Gas Natural.

Efectos de los precios regulados en los sectores energéticos

/0 Comentarios/en , /por

En el ámbito de la economía existen múltiples discusiones abiertas en relación con la efectividad de determinadas políticas económicas. Todavía no se ha demostrado si son mejores políticas de oferta o de demanda, si en determinadas ocasiones es mejor aumentar o reducir la oferta monetaria o cuál es el nivel óptimo de impuestos y gasto publico.
Sin embargo, existe un consenso generalizado que desaconseja el establecimiento de precios máximos regulados por la Administración como instrumento para lograr objetivos de crecimiento, estabilidad de la inflación, o incluso redistributivos.

A pesar de ello, en España se continúan fijando precios máximos regulados en la comercialización de electricidad, gas o GLP. En primer lugar, veamos que se trata de evitar o lograr con el establecimiento de precios regulados.

La comercialización de estos productos no se considera un monopolio natural, no existen economías de escala insalvables o grandes inversiones que hagan recomendable el funcionamiento de esta actividad en régimen de monopolio regulado. De hecho existen varias compañías privadas que comercializan estos productos y se ha trabajado profusamente en la eliminación de las barreras de entrada y existiendo una competencia efectiva.

La razón a la que más se alude para justificar la existencia de precios máximos, es la protección de un consumidor indefenso en la adquisición de servicios considerados esenciales y cuya demanda es inelástica. Sin embargo, el primer perjudicado por él establecimiento de precios máximos es el propio consumidor.

Si el precio fijado por el regulador se sitúa por debajo del equilibrio de mercado, la oferta será insuficiente para cubrir toda la demanda que se producirá a ese precio, y algunos consumidores se beneficiarán del subsidio, pero algunos otros consumidores simplemente no accederán al bien y habrá escasez. Es cierto que se podría obligar a algunas empresas nacionales a aportar la oferta que el mercado no aportaría a ese precio. Sin embargo, es un planteamiento insostenible ya que merma la competitividad y rentabilidad de esas empresas en relación con otros comercializadores que no tienen esa obligación. Si esta situación se prolongara, el capital, que es libre, saldría de estas empresas.

Si el precio regulado se sitúa por encima del equilibrio de mercado, la competencia acabaría situando el precio efectivo en el de equilibrio.

Únicamente si el precio regulado coincide con el que marcan las condiciones de mercado, la asignación de recursos y el equilibrio demanda-oferta será óptimo y eficiente. Pero en este caso, ¿Por qué molestarse en regular un precio?

La existencia de precios máximos en gas y electricidad distorsiona las elecciones de los consumidores dando lugar a una asignación pareto-inferior a la que tendría lugar en caso de que los precios fueran libres. Si el objetivo de los precios regulados es practicar una política re-distributiva, se concluye que existen otras formas menos distorsionantes de conseguir este mismo objetivo.

Pongamos el ejemplo de una unidad doméstica de renta baja, que estuviese recibiendo una subvención del 30% en el precio de la electricidad. Supongamos que su factura mensual es de 50 € y que la subvención es de 15 € al mes. Si en lugar de subvencionar su electricidad se le transfirieran directamente esos 15 €, el usuario podría decidir ahorrar en su consumo eléctrico y gastar esta transferencia en otros bienes que le proporcionen mayor utilidad (alimentación u ocio por ejemplo). Esta solución (transferencias directas de renta) siendo igualmente redistributiva produce asignaciones que maximizan el bienestar en mayor medida que la subvención del precio del producto energético. Llevando este ejemplo al extremo, podría ocurrir que un hogar pudiera utilizar el horno eléctrico, pero que la renta disponible no le permita comprar alimentos.

La subvención tiende a ser mayor cuanto mayor es el precio de mercado. Precios altos indican escasez, y la señal que se envía al consumidor es que no necesita ahorrar. Cuanto más consuma mayor valor de subvención estará recibiendo. Entre las alternativas energéticas no elegirá la más abundante sino la más escasa que también es la que mayor subvención recibe.

En las últimas décadas han ido desapareciendo este tipo de controles en la mayoría de los sectores. El caso de los carburantes es un ejemplo de los efectos desastrosos de los controles de precios. En la crisis de 1973 se optó por subvencionar el crudo con cargo a los presupuestos generales. De esta manera la carestía no alcanzó a los usuarios y no se desarrollaron inversiones en eficiencia y ahorro. Al contrario que en otros países donde sí se optó por dejar a los precios desarrollar su función, la intensidad energética aumentó, agudizando el déficit exterior y presupuestario.

Fuente: INE, DGPEYM y elaboración propia

Fuente: Energy Information Administration

En el Plan Energético Nacional de 1978 se decidió acabar con las subvenciones y aplicar precios de mercado. La ley de Hidrocarburos de 1998 liberalizó el sector y suprimió el sistema de precios máximos. No obstante las autoridades reguladoras (CNE, MITYC, CNC) supervisan e informan con todo detalle sobre los precios en este sector y vigilan atentamente la existencia de prácticas anti-competitivas. Si se compara el precio de mercado y el precio obtenido con una fórmula de precios máximos que fijaba la Administración, se observa que, en la mayoría de los casos el precio de mercado se sitúa por debajo del administrativo. De acuerdo con la información correspondiente a 2007 y 2008 proporcionada por CNE y CORES, la eliminación de precios máximos ha reportado a los consumidores un beneficio de 150 M€ en los dos últimos años (no dispone de datos de años anteriores).

Fuente: Informe supervisión macro eds: informe mensual de precios de los carburantes en España y UE de la CNE

Es posible que con la fijación del precio del gas y de la electricidad por parte del Gobierno se pretendan controlar procesos inflacionarios. Sin embargo se observa que el peso directo de estos dos productos energéticos en la cesta del IPC es muy inferior al de los carburantes y por descontado muy inferior al de productos de alimentación cuyos precios son libres.

Fuente: INE

Por último, cabe resaltar que el establecimiento de precios máximos es una barrera de entrada para la competencia. Los nuevos entrantes perciben un riesgo importante en la limitación de precios de venta finales en caso de que el coste del producto a comercializar se eleve. La liberalización de los precios promovería la entrada de nuevas empresas, mejorando una vez más el bienestar de los consumidores.

En definitiva, el control de precios puede ser utilizado por el poder público con fines electorales, sin embargo la experiencia enseña que, a medio plazo siempre se vuelven en contra de la Administración en forma de acumulación de déficits o incrementos bruscos de precios cuando la situación es insostenible.

Marta Boada Portillo, es Jefa del Departamento de Retribución de Tarifas y Peajes de Gas Natural, cargo al que ha llegado tras pasar por las direcciones de Planificación y de Desarrollo Internacional de la gasista.

Este artículo expresa opiniones a título personal que no tienen porque coincidir con las de la Compañía Gas Natural.