El Gobierno español desprecia el Derecho europeo al incentivar la quema del carbón «nacional»

¿Cómo es posible compatibilizar las repetidas declaraciones en favor de la lucha contra el Cambio Climático y al tiempo subvencionar el aumento de las emisiones contaminantes de CO2 del sector eléctrico español en alrededor de un 20%? En este atolladero parece estar atrapado el Gobierno español y el actual Presidente de la Unión Europea: José Luis Rodríguez Zapatero.

El carbón en España produce menos del 15% del total de la luz eléctrica, pero este mortecino combustible fósil multiplica su capacidad destructiva ya que escupe a la atmósfera hasta el 27% de las emisiones de CO2. Además, el carbón español no sustituye nuestra funesta dependencia del petróleo, sino que se suma a la misma. Sólo el transporte motorizado con combustible del petróleo le gana en cifras de destrucción con un 33% de las emisiones de CO2.

El Presidente Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una temeraria política energética: que el Estado continúe subvencionando y reflotando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica y la quema de un carbón nacional barato por las centrales térmicas productoras de electricidad.

El Gobierno español hace oídos sordos, y lejos de responder a las acusaciones europeas por la destrucción ambiental de la minería a cielo abierto (en parajes de alto valor ecológico reconocido internacionalmente y protegidos por las leyes ambientales europeas), prefiere dar centenares de millones de euros públicos más para financiar unos presuntos crimenes ambientales, que se paralizarían inmediatamente sin el apuntalamiento del dinero público que reciben. La minería extractiva de carbón sólo es rentable si es mantenida por el estado, si se inyectan continuadas cantidades masivas de dinero procedente de los ciudadanos contribuyentes.

Las subvenciones estatales a la extracción y quema del carbón recientemente aprobadas incumplen las leyes y reglamentos europeos que prohiben el reflote de sectores económicos en declive y carentes de rentabilidad. Las leyes de la Unión Europea para la liberalización del mercado energético no permiten proteccionismos en el mercado, salvo excepciones con una importante motivación social, como es la lucha contra el Cambio Climático para el caso de las ayudas públicas a las energías renovables.

Además, organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), han realizado fuertes críticas sobre la distorsión del mercado y las «incongruencias» de subvencionar la quema del carbón. En términos de daños y pérdidas de valores ambientales, es altamente irracional aumentarlas mediante el artificial consumo de carbón obtenido mediante suculentas subvenciones, cuando resulta que el actual mercado económico de la electricidad ya está expulsando del mix eléctrico al carbón, la fuente más contaminante de la atmósfera y generadora de inimaginables daños ambientales. En este caso, el mismo mercado tiene beneficios ecológicos ya que podría eliminar por sí mismo este combustible fósil tan destructor del clima.

Al convertir en ley unas medidas que «protegen» al carbón nacional, el Gobierno español elige ignorar las posibles vulneraciones del Derecho Comunitario sobre la competencia y el mercado interno, que prohibe a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.

El actual Presidente español de la Unión Europea pone así al descubierto el gran déficit europeísta que padece junto a la profunda falta de compromiso real con los retos ecológicos y la lucha contra el Cambio Climático que ha de afrontar la humanidad en su conjunto.

¡Vaya ejemplo de anti-europeismo el que está dando la recién estrenada Presidencia Española de la Unión Europea!

Página web de David Hammerstein: http://www.davidhammerstein.com/