Nadal asegura que la ideología energética de algunos partidos «subirá el recibo»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, considera que las propuestas «ideológicas» en política energética de algunas «partes del espectro político» conllevarían, de aplicarse, «incremento de costes, inestabilidad financiera y volver a la situación que encontramos en 2012″, esto es, «en situación de quiebra». En este sentido, indicó que el «camino» elegido por algunas formaciones políticas donde «hay tecnologías buenas y tecnologías malas», sólo llevaría a subir el recibo eléctrico o al endeudamiento. Además, defendió el fracking.

Nadal defendió la política energética aplicada durante esta legislatura para eliminar el déficit de tarifa frente a otras propuestas cargadas de «ideología» que ya «se han experimentado, visto sus consecuencias y a donde llevan». «Existen dos caminos, un camino sin ideología, sensato, que intenta cumplir los objetivos de manera que el coste sea el menos posible, que permita ganar competitividad y otro más ideológico, en el que hay tecnologías buenas y malas, en el que no importan los costes», afirmó Nadal. Respecto al déficit tarifario, recordó que el Gobierno heredó un sistema con un agujero anual de 10.000 millones de euros después de dos legislaturas en las que se «vivió de la utopía y del ya veremos cómo se paga».

Asimismo defendió que las centrales nucleares son «un activo del país» que «deben durar lo que su seguridad diga» porque, de lo contrario, implicaría un coste. En cuanto a las energías renovables, apuntó que «tienen un hueco creciente» en el sistema eléctrico español, aunque no a cualquier coste, por lo que se promoverán donde sean más rentables y necesarias. Por otra parte, adelantó que la normativa de autoconsumo eléctrico se enviará esta misma semana a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

«La política energética tiene que ser un factor que mueva al país» y que conceda facilidades para crecer y crear empleo y «no un lastre», apuntó Nadal, subrayando que el problema del sistema estaba en «los costes regulados». Por ello advirtió de que un nuevo déficit supondría «un desastre financiero y económico«. Asimismo, subrayó que el recibo eléctrico subirá si se retira la reforma eléctrica y que la factura eléctrica no puede ser «la caja de los Presupuestos Generales del Estado» donde que se incorpora lo que no cabe en las cuentas nacionales, como se ha hecho en algunos momentos.

Por el contrario, Nadal indicó que si el PP continúa en el Gobierno su apuesta energética será el «sentido común», es decir, «utilizar los recursos a nuestra disposición, no permitir el endeudamiento, dar seguridad a la inversión y mirar cada euro» para abaratar el recibo y mejorar así la competitividad de las empresas. En concreto, señaló que la prohibición de las técnicas de fracturación hidráulica o fracking supondría renunciar «a buscar la riqueza que España tiene en su subsuelo» por una «posición ideológica», por lo que pidió que se aproximen a esta cuestión «sin apriorismos y con sentido común» y resaltó que los proyectos que utilizan estas técnicas necesitan un análisis medioambiental y geológico muy importante antes de su aprobación.

En la misma línea, señaló que este tipo de actividades están restringidas por lo que no se pueden desarrollar cerca de núcleos urbanos o de espacios medioambientalmente protegidos. Además, advirtió, con respecto a una posible prohibición del fracking en España en la próxima legislatura, que «no se puede pretender competir frente al precio del gas de Estados Unidos y no permitir que exista el fracking«.

Por ello, denunció que España, en el caso de que prohibiera el fracking o la exploración de posibles fuentes de hidrocarburos, «sería el único país del mundo que renunciaría a buscar su riqueza». Por último, el secretario de Estado destacó que la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos permite «un reparto justo» de las ganancias obtenidas de su extracción, favoreciendo a los ciudadanos que residen cerca del lugar donde se obtienen.

Carbunión cifra en 4.000 millones de euros el coste que tendría cerrar «bien» el sector

EFE / Europa Press.- Carbunión pronostica un año «catastrófico» para el carbón si el Ministerio de Industria, Energía y Turismo «no publica ya» la orden ministerial con los nuevos incentivos a la quema del mineral autóctono en las centrales térmicas, según aseguró la directora general de la asociación empresarial, Mercedes Martín, que cifró en más de 4.000 millones de euros el coste que tendría cerrar «bien» el sector minero. Además, aseguran que la polémica entre el ministro Soria y Castilla y León podría ser una oportunidad para el sector.

Según sus cálculos, el cierre se trataría de una medida que afectaría «a un total de 150.000 personas» ya que los 4.000 trabajadores de la industria se deberían añadir aquellos inducidos en torno a esta actividad. Por ello, Martín advirtió de que el sector no aguantará «más allá del verano» sin las ayudas a las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. En esta situación, a la espera de que se apruebe el borrador diseñado por el Ministerio de Industria, la patronal de empresarios de minas de carbón cree que en Palencia y Asturias se va a pasar muy mal.

Por ello, Carbunión reclama al Gobierno que apruebe «ya» el real decreto de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional para evitar un 2015 «catastrófico» en vista del consumo actual y de la incertidumbre. Asimismo, resaltaron que a pesar de que el borrador recoge una producción máxima de 5,2 millones de toneladas, por debajo de las más de 6 contempladas inicialmente, la patronal prefiere en este contexto que salga adelante, «dejando atrás la lucha» para elevar esta cantidad. «Es importante que la tramitación sea rápida y pase los filtros de la CNMC y de la Comisión Europea«, donde «no tendría por qué haber problemas», señaló la patronal minera.

Carbunión considera que el borrador actual, en el que se elevan de 3,2 a 5,2 millones las toneladas anuales de carbón y de 72.000 a 90.000 euros por megavatio (MW) el incentivo a las centrales en ayudas a la desnitrificación, resulta «suficiente siempre si se bonifica el céntimo verde al carbón comunitario». La bonificación al céntimo verde consistiría en reducir a 0,15 euros por GigaJulio el gravamen al carbón nacional y comunitario, frente a 0,65 euros actual, que quedaría solo para el extracomunitario con el argumento de que este mineral importado tiene un coste ambiental mayor asociado a su transporte.

Carbunión calcula que el nuevo mecanismo del carbón tendrá un coste máximo en los próximos tres años de 363 millones de euros, frente a los 405 millones previstos por Industria. La diferencia se debe a que las centrales de Anllares y Compostilla 2 previsiblemente no realizarán las inversiones previstas mientras que el Ejecutivo ha contemplado para este cálculo todas las centrales. En total, afectará a 4.038 MW, frente a los 4.500 pronosticados por el Ministerio.

«Hay muchos están interesados en que el carbón nacional no existiera», apuntó Martín, que subrayó que de no existir las centrales térmicas de carbón entrarían al sistema de generación los ciclos combinados de gas, «más caros», y subiría el precio del «pool». En este sentido, añadió quea la hora de hacer pagos por capacidad lo más barato son las inversiones por las centrales térmicas antes que poner en marcha nuevos ciclos combinados a 720-750 euros/Kw. Por ello, indicó que si no se desarrolla el nuevo mecanismo de apoyo y se hacen las inversiones requeridas, las centrales «irían al cierre en tres años» y la potencia térmica del carbón pasará de 9.860 a 4.860 MW.

Tras la directiva europea que fija para 2018 el cierre de las minas, Carbunión reclama sacar del plan de cierre las minas a cielo abierto y subterráneas que lo deseen y buscar una compatibilidad de las ayudas del pasado para los sectores en reestructuración. En 2014 la producción ascendió a 3,78 millones de toneladas, la cifra más baja de los últimos años. De este importe total, 1,08 millones de toneladas correspondieron sólo a Castilla y León. A cierre de mayo las ventas no superaron la cifra de 1,1 millones de toneladas y por el «retraso» de Industria se espera que acaben 2015 con 2,5 millones de toneladas:una cifra que contrasta con los 6,15 millones que se contabilizaron en 2012.

«Oportunidad de oro» para Soria

Respecto a la polémica entre la Junta de Castilla y León y el ministro José Manuel Soria, al que llegaron a reclamar su cese o dimisión, Carbunión considera que la situación del sector del carbón sí afectó a las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León, por lo que considera que el ministro tiene ahora una «oportunidad de oro» para revertir este escenario. «No soy experta en análisis político, pero sí parece que ha tenido influencia en las votaciones en las comarcas mineras», señaló Martín.

«Creo que es ahora cuando Industria tiene una oportunidad de oro para demostrar que puede hacer una buena negociación en el carbón y salvar el sector», señaló Martín, antes de considerar que las críticas del Gobierno de Juan Vicente Herrera a Soria «no serán un problema«. «No creo que lo ocurrido esta semana vaya a ser un problema, sino todo lo contrario. El sector se ha puesto en conocimiento a nivel nacional y es una oportunidad para el sector, para que se defienda correctamente», añadió.

Industria cifra en 405 millones de euros el máximo de los incentivos al carbón nacional

Redacción / Agencias.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo cifra en un máximo de 405 millones de euros el impacto total que tendría durante los tres años de aplicación la propuesta de ayudas a la adaptación ambiental de las centrales térmicas que funcionan con carbón nacional. Además, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante aunque no a cualquier precio».

Según el último borrador remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la potencia máxima de aquellas instalaciones que entrarían en el ámbito de aplicación de la orden podría alcanzar los 4.500 MW. Pero esta cifra es inferior a la que calcula Carbunión, que sostiene que Industria contempla en su análisis todas las centrales, entre ellas la central térmica de Anllares, que según la patronal minera posiblemente no se acoja la medida, y Compostilla 2.

Industria contempla como cuantía asociada al pago de la inversión medioambiental un valor de 90.000 euros/MW y unos compromisos de compra de carbón autóctono en cada año desde 2015 hasta finales de 2018 equivalente a 6 millones de termias. El ministro de Industria, José Manuel Soria, recordó que el Gobierno no podía mantener las ayudas establecidas en 2009 porque lo prohíbe la Unión Europea que, según advirtió, también deberá ahora dar su visto bueno a las ayudas propuestas a la desnitrificación de las centrales eléctricas.

Con estas ayudas, que incentivan la compra de carbón autóctono, «podríamos estar hablando de algo más de 400 millones a lo largo de los próximos años» frente a la situación actual de «nada», indicó Soria, tras participar este martes en un encuentro sobre economía digital. Según sus cálculos, si todas las empresas eléctricas que tiene centrales de esta naturaleza utilizan las nuevas ayudas, se quemarán unas 6 millones de toneladas, frente a los 3,6 millones que se quemaron en 2014.

Las medidas, que no supondrán un incremento del gasto público, establecen la percepción de las cantidades en base a diferentes hitos vinculados a la tramitación administrativa y realización de las inversiones. De hecho, para que tengan derecho al cobro del pago por inversión, será necesario presentar los documentos que acrediten la existencia de contratos de aprovisionamiento de carbón autóctono y el compromiso para la realización de las inversiones medioambientales necesarias.

Una vez presentada la solicitud de ayudas, se reconocerá una cuantía provisional equivalente al 20% en la inversión y tras obtener la autorización de explotación se percibirá el 80% restante. Además, también tendrán derecho al cobro del pago por inversión las instalaciones singulares, es decir, aquellas de gasificación de carbón integradas en un ciclo combinado, con una potencia superior a 250 MW, que hayan acometido inversiones medioambientales o acrediten la compra de carbón autóctono equivalente a 970.000 termias al año.

Nadal: «no a cualquier precio»

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseveró que «el carbón nacional es importante», porque es la única fuente energética propia de España, «aunque no a cualquier precio». Así se expresó Nadal en un acto informativo organizado por Executive Fórum, en el que fue preguntado por las críticas al ministro Soria por su política con el carbón. Nadal defendió que «este Gobierno, dentro del estrecho margen que ha tenido, ha intentado establecer una hoja de ruta que permita tener una minería competitiva que pueda seguir funcionando» y recordó que ha destinado 3.000 millones a esta materia en la legislatura.

A este respecto, añadió que su objetivo es que los 4.000 trabajadores del sector mantengan sus puestos de trabajo, pero, indicó, «no podemos invertir centenares de millones que los pagan el conjunto de los españoles perdiendo capacidad de creación de empleo en otras áreas«. Por ello, pidió «un esfuerzo de todos», que concretó en una demanda de planes de viabilidad reales de las empresas, así como de los trabajadores.  Finalmente, recordó que al inicio de la legislatura «el punto de partida» era que tenían que estar cerradas todas las minas de carbón en España en 2018, lo que recogía un acuerdo europeo de 2010 que respaldó el Gobierno socialista, mientras que ahora el Gobierno busca «que puedan trabajar más allá».

El Gobierno aprobará esta semana la facturación de la luz por horas y deja el autoconsumo para el verano

Servimedia.- El Gobierno prevé aprobar en los próximos días el mecanismo para la puesta en marcha del nuevo mecanismo de facturación eléctrica horaria por el que los usuarios tendrán que disponer de un contador inteligente telegestionado. Respecto al autoconsumo energético, la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya tiene listos los procedimientos técnicos del nuevo sistema, por lo que es «muy probable» que a lo largo de esta semana se publique el mecanismo en el Boletín Oficial del Estado, según informaron fuentes ministeriales. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó recientemente que el retraso de la aprobación del mecanismo, previsto para el pasado mes de abril, obedece a «cuestiones técnicas de última hora».

El nuevo mecanismo de tarifa, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se encuentra en vigor desde abril del 2014 y establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que cotice en el mercado mayorista en los momentos de consumo eléctrico. Este importe varía cada hora. Por ello, los usuarios tendrán que disponer de contadores inteligentes telegestionados con los que conocerán el coste de la electricidad en cada instante y podrán gestionar su consumo eléctrico.

Esta semana verán la luz previsiblemente los procedimientos que requieren las compañías eléctricas para poder facturar a cada cliente su consumo al precio que cotiza la electricidad en cada momento en el mercado. El PVPC se determina en gran medida por la evolución de la electricidad en el llamado pool eléctrico junto con los impuestos y los peajes de acceso que establece el Gobierno para hacer frente a las actividades reguladas, como las tarifas de acceso a las redes de distribución y transporte de energía eléctrica o a las renovables.

Por otra parte, el Ministerio de Industria continúa al «ritmo normal» la elaboración del real decreto de autoconsumo, inicialmente previsto para el primer trimestre del año. Fuentes del departamento ministerial indicaron que «no se retrasa nada», por lo que la normativa podría aprobarse antes de que finalice el mes de julio, tal y como adelantó a principios de abril el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en una comparecencia en el Senado.

Soria explicó que desde el Gobierno son «partidarios» de que aquellos consumidores que deseen instalar en sus casas equipos de generación puedan hacerlo, si bien matizó que los usuarios que realicen este tipo de instalaciones y se enganchen a la red deberán abonar un peaje. En este sentido, consideró este peaje «de sentido común», ya que «no se trata de un impuesto al sol», sino de contribuir al coste de la red para evitar que el autoconsumo sea financiado por el resto de consumidores y no vean incrementadas sus tarifas.

El mecanismo de facturación horaria de la luz y el real decreto de autoconsumo serán de las últimas normas que aprobará el departamento del ministro José Manuel Soria antes de que finalice, previsiblemente el próximo mes de noviembre, la legislatura, en la que ha dado luz verde a reformas de gran calado en el sector como la de la Ley Eléctrica o el real decreto de energías renovables, entre otras.

Soria dice que las críticas del PP de Castilla y León debían haberse quedado «en casa»

Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, José Manuel Soria, rechazó las «descalificaciones» lanzadas contra él desde el Gobierno de Castilla y León, cuyo portavoz había reclamado previamente su dimisión, y recordó a sus compañeros del PP que ese tipo de críticas debían haber se quedado «en casa» y no hacerse públicas.

«Cada cual tiene que pensar por qué critica y lo que tenga que decirle a cualquier compañero del partido siempre se lo diría en casa, nunca en la plaza pública del pueblo», aseveró Soria. El ministro de Industria aseguró que «siempre» ha pensado que «las descalificaciones descalifican a quien descalifica». «No tengo nada que decir», aseguró Soria para reconocer que no había «llamado» a Herrera.

El ministro no quiso juzgar cómo puede interpretarse que su propio partido le pida la destitución, a lo que ha respondido que eso debería preguntarse «a quienes llevan a cabo ese juego». «En ese juego normalmente no entro, nunca he entrado, habría que preguntar directamente a quienes lo llevan a cabo», dijo, al tiempo que reconoció que él se siente «responsable de los resultados en Canarias», cuya partido regional preside y que ha perdido casi la mitad de sus escaños.

Además, el ministro de Industria recordó que ha «felicitado» a Herrera públicamente porque, «aunque no con mayoría absoluta en esta ocasión», Herrera ha tenido un resultado «que podemos calificar muy bueno, a un solo procurador de la mayoría absoluta«. Soria también optó por felicitar a Herrera el martes después de que Herrera le criticara en una entrevista al hablar de «la absoluta insensibilidad y arrogancia con la que el Ministerio y el ministro de Industria están tratando un tema tan sensible como es el tema de la minería del carbón».

Sáenz de Santamaría no ve «oportuno» y «justo» que el Gobierno de Herrera pida la dimisión de Soria

Servimedia.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ve «oportunas» ni «justas» las reivindicaciones del Gobierno de Castilla y León pidiendo la dimisión del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. «Declaraciones como ésa en este momento no son oportunas y tampoco las veo justas», admitió la número dos del Gobierno para asegurar que las «circunstancias» generadas tras las pasadas elecciones autonómicas y municipales son «para un análisis y una reflexión serena y sosegada«.

Preguntada por las críticas desde el partido y las comunidades autónomas al Gobierno del que ella es número dos, Sáenz de Santamaría volvió a llamar al «análisis y reflexión serena». «Eso es lo que tenemos que hacer todos en el Gobierno, en el partido y en todas las instancias, analizar qué ha pasado, en qué podemos mejorar y trabajar para lograrlo», dijo. Además, Sáenz de Santamaría defendió que lo que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, «a lo largo de estos años es mirar el interés de los españoles» y «la situación de España«.

«Las palabras del señor Juan Vicente Herrera, viendo todo el corte completo no iban en la dirección en la que se han interpretado, pero sí quiero decir que la mirada de estos años del presidente del Gobierno ha sido que los españoles pudieran recuperar el bienestar después de una crisis muy larga, muy dura y muy complicada«, resaltó. Se refería así a las declaraciones de Herrera en Onda Cero en las que aseguró que le diría a Rajoy que se mirara en «el espejo» para responderse si tiene que ser el candidato del PP a las generales aunque también afirmó que «tiene todas las razones, legitimidades y motivos para serlo».

Energía en Común

El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo está teniendo consecuencias a múltiples niveles, también desde el punto de vista del sector energético. No está siendo inocuo, puesto que está dibujando un mapa político muy complejo, dónde el abordaje pasado de los cuestiones energéticas no beneficia el enfoque futuro; es más, lo condiciona. En todo caso, la política seguida en estos cuatro años no ha sido ajena a que se produzca este resultado funesto.

Durante la campaña repasamos las propuestas en materia de energía de las principales formaciones políticas aunque no era el ámbito de gobierno adecuado el que estaba en juego en las urnas. Está claro que la resolución de la cuestión energética es algo no resuelto desde el franquismo, con su disimulo respecto al shock energético del 73: se aborda desde presupuestos intervencionistas, ocultando parte de la realidad de los decisiones políticas tomadas, sobreinversiones, sobrerretribuciones, combinado con una letal intención de “protección” al consumidor y de buenismo para todos los colectivos. Sus resultados son inverosímiles, disfuncionales desde una concepción del sistema energético y, a la vez, causantes de deterioro a las empresas, los mercados y del sector.

Así,  las propuestas incluidas en los programas estaban más centradas en aspiraciones maximalistas: hacia el cambio de modelo energético, en las que se tuvo que desmentir la nacionalización de las empresas; otras con la secesión del sistema eléctrico en ciudades como Barcelona; y otras con fórmulas de inclusión de nuevos impuestos sobre las empresas energéticas, prosiguiendo con el modelo de hostigamiento, entendiendo la energía como un suministro objeto de gravamen.

El resultado ha devenido en un efecto que se aprecia en la Bolsa, ante la consumación del ascenso de las candidaturas impulsadas por Podemos: Barcelona en Comú, con Ada Colau, con algunas dudas actualmente respecto a su designación como alcaldesa de la ciudad, o con el señalamiento de Manuela Carmena como posible alcaldesa en Madrid.

En el partido del Gobierno también se han producido estragos relacionados con la energía a cuenta de las elecciones con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, atribuyendo al ministro de Industria, José Manuel Soria, parte del fracaso electoral por su política respecto al sector minero español. Una cuestión, por otra parte, cada vez más imposible de abordar sin politización. A eso se une la justificación de los malos resultados de los populares en Canarias como un efecto de los sondeos petrolíferos. Además, el conflicto en determinadas comunidades autónomas por los recortes operados en las tecnologías de régimen especial también estuvo presente durante la campaña.

El hecho es que los nuevos consistorios y comunidades autónomas se constituyen con varios transfondos relacionados con la energía, desde la pobreza energética, la evolución de la política y precios energéticos en el marco de las reformas pasadas y sus efectos latentes, el futuro de la minería nacional, los sistemas metropolitanos independientes sugeridos, el fracking y el resto de iniciativas políticas más o menos recientes. Permanezcan atentos a las pantallas.

El fondo de la deuda eléctrica regresa a los mercados con la colocación de bonos por 1.300 millones de euros

Europa Press / EFE.- El Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) cerró una emisión por 1.300 millones de euros a cuatro años, que vencerán en septiembre de 2019, según fuentes del mercado. De esta manera, el fondo, creado por el Gobierno en el año 2010 para titulizar la deuda del sistema eléctrico, retorna a los mercados con esta emisión para así refinanciar vencimientos.

El precio de la emisión se situó en 23 puntos básicos por encima de la deuda equivalente del Tesoro, con un cupón del 0,75%. BBVA, Barclays, Citi y Santander han sido las entidades encargadas de realizar la operación. Desde el año pasado, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera es la encargada de seleccionar a las entidades que colocan los diferentes instrumentos financieros relacionados con el FADE con el objeto de agilizar estos procesos de titulización. Así, el Gobierno lleva a cabo está emisión del fondo de la deuda eléctrica en un momento en el que los mercados vuelven a sufrir tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo y las dudas respecto a una solución a Grecia.

El déficit de tarifa funcionaba a efectos prácticos como una deuda de los consumidores de luz con las cinco principales compañías eléctricas, hasta que en 2010 se creó el FADE para aliviar el lastre que suponía para el balance de las eléctricas mantener este volumen de derechos de cobro en sus cuentas. El FADE se encarga de titulizar este desajuste entre los mercados de deuda contando con el aval del Estado. El pasado mes de abril, Industria cifró en 21.145 millones de euros la deuda del sistema eléctrico fruto del déficit de tarifa pendiente de cobro y titulizada en los mercados a través del FADE.

A finales del 2014, el Gobierno aprobó un real decreto por el cual las eléctricas podían ceder a terceros los derechos de cobro del déficit del año 2013. Para los desajustes que puedan surgir a partir de 2014, y que deben financiarse a cinco años, el real decreto establece en un primer ejercicio un diferencial con respecto a los tipos de referencia de la deuda pública de 85 puntos básicos.

Se trata de la primera emisión de deuda del Fade desde febrero del pasado año, cuando esta institución terminó de colocar en el mercado la deuda correspondiente a los derechos de cobro del déficit tarifario, desfase entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. La emisión llega apenas un mes antes del vencimiento de la denominada serie 2, que cuenta con un saldo vivo de 2.850 millones de euros y que, por lo tanto, necesita refinanciación.

UGT exige a Soria que explique dónde y cuándo se van a quemar los 6 millones de toneladas de carbón

Europa Press / Servimedia.- Así lo exigió el sindicato, que subraya que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confirmó en sede parlamentaria «ya de forma definitiva» el final de la minería del carbón en España, tras no haberse admitido ninguna recomendación o alegación al borrador de la orden ministerial por la que se regula el mecanismo de incentivo a las térmicas para quemar carbón nacional.

UGT señala que el ministro «desconoce totalmente la realidad» de las comarcas mineras y, más aún, «que ignora el significado de los acuerdos que firma y nunca cumple», por lo que lo tachó de «incumplidor y mentiroso«. Para UGT, es necesario que se estipule «dónde y cuándo» se van a quemar los seis millones de toneladas de carbón de las que habla Soria y, además, subraya que la retribución unitaria por inversión medioambiental de emisiones de óxido de nitrógeno de 90.000 euros por megavatio está «muy lejos de lo comprometido«.

El sindicato señaló que la orden debería haber sido publicada en el BOE en 2014 mientras que todavía está «sin tramitar y a la espera de lo que diga Bruselas» por lo que reprobó a Soria que «con su inoperancia y su incompetencia, está cerrando la única fuente de energía autóctona de este país, quizás para beneficiar a otro tipo de energías que en un futuro serán más caras«. «Ministro Soria, vaya a las comarcas mineras y explique por qué va a cerrar las minas de carbón de España», añadió.

El sindicato subraya que el último borrador presentado «no reúne ni parcial ni globalmente» los requisitos necesarios para garantizar el normal funcionamiento del sector. De esta manera, recuerda que las empresas del sector están pasando por situaciones concursales o expedientes de regulación de empleo, como Hullera Vasco-Leonesa, Uminsa, o la Compañía Minera Astur Leonesa, entre otros ejemplos. Según Fitag-UGT, con esta nueva propuesta de orden «no se soluciona para nada la situación a corto plazo y menos a medio y a largo plazo» del sector.

Industria recuerda que las medidas para ayudar al carbón deben ser compatibles con el derecho comunitario

Europa Press / Servimedia.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que al Gobierno central no le falta voluntad para ayudar al carbón y precisó que el problema no es ése, pues se trata de que las medidas a adoptar en este ámbito sean «compatibles» con el derecho comunitario ya que el carbón nacional es más ineficiente y caro que el importado del extranjero.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso y en respuesta a las críticas del diputado socialista Antonio Ramón Trevín, el ministro recordó que el decreto que aprobó el Ejecutivo socialista en 2009 para obligar a las eléctricas a comprar carbón nacional no ha podido extenderse más allá del 31 de diciembre de 2014, cuando finalizaba su vigencia, porque la Comisión Europea no permite que se siga dando ayudas de esta naturaleza para consumir carbón nacional.

«Se considerarían ayudas de Estado», insistió Soria, que explicó que por eso el Gobierno preparó una orden ministerial que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que aporte su valoración y que luego enviará a las instituciones comunitarias, para seguir con un sistema de compra de carbón nacional. Soria destacó que con esta orden ministerial se consumirían 6 millones de toneladas de carbón, lo que sería un 66% más que las 3,6 millones de toneladas de 2014, cuando aún estaba en vigor el decreto de restricciones de 2009.

«El problema no es que el Gobierno tenga más o menos voluntad, la tiene absolutamente toda. El problema es que las medidas que tenemos que tomar para que el carbón siga siendo parte del mix nacional tienen que ser compatibles con el derecho comunitario«, subrayó. Soria recordó además a Trevín que los planes de reestructuración de la minería del carbón comenzaron en 1992 y que después de 22.000 millones de euros invertidos por gobiernos de distinto signo, la producción se redujo de 20 millones de toneladas a 5,5 millones y el empleo del sector bajó de 45.000 a 4.000 trabajadores.

Por su parte, Trevín denunció que «la minería está prácticamente parada» a la espera de la orden ministerial y afirmó que «se encuentra en peligro de extinción». Además, acusó al Gobierno de «no tener voluntad y ser insensible» ante la situación «límite» que está viviendo el sector, y emplazó a Soria a modificar la orden ministerial porque las eléctricas «ni comprarán carbón nacional ni lo quemarán«. Trevín sugirió como medida inmediata para ayudar al sector el eximir al carbón español del céntimo verde, lo que eliminaría la diferencia de precio respecto al importado, según argumentó.