Los presidentes de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, y de Gas Natural, Salvador Gabarró, mostraron sus diferencias sobre la conveniencia, o no, de que Enagás, el gestor técnico del sistema gasista, sea propietario de todas las plantas de regasificación.

Durante la Mesa Redonda de Presidentes, celebrada en el marco de la Reunión Anual de la patronal gasista Sedigás, ambos discreparon también sobre el papel del carbón en la generación eléctrica y Gabarró llegó a decir que el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012 «penaliza» al gas.

Por el contrario, los dos presidentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de gas natural.

España cuenta en la actualidad con seis plantas regasificadoras: tres de Enagás (Barcelona, Cartagena y Huelva) y tres en las que participan otras empresas (Sagunto, Mugardos y Bilbao). Unión Fenosa está presente en Sagunto (Valencia) y Mugardos (Ferrol). Además, se construirá una nueva planta en El Musel (Gijón), proyecto que se ha adjudicado Enagás y en el que están interesadas Unión Fenosa y HC Energía (antes Hidrocantábrico).

Gabarró defendió que Enagás sea propietaria de todas las infraestructuras gasistas porque, en su opinión, la existencia de diferentes propietarios «genera tensiones innecesarias». El presidente de Gas Natural subrayó que la gestión «es mucho más fácil» con un sólo propietario.

López Jiménez rechazó que todas las regasificadoras deban estar en manos de Enagás y reclamó que la construcción de las nuevas instalaciones «esté más abierta a la competencia». El presidente de Fenosa dijo que «la acumulación de poder es mala» y defendió un sistema más abierto de propiedad «por si acaso».
«Con todo en una mano y el Ministerio de Industria vigilando, lo que sale es EDF o Gaz de France«, añadió en referencia a la situación de dominio que estas dos empresas tienen en el mercado energético francés.

En respuesta a la intervención de López Jiménez, Gabarró recalcó que Enagás «está haciendo las cosas razonablemente bien, por no decir muy bien». El duelo entre los dos presidentes se extendió al uso del carbón en la generación eléctrica.

Gabarró aseguró que se está volviendo al carbón porque los derechos de emisión están baratos, lo que, dijo, hace que España no avance en el cumplimiento del Protocolo de Kioto. «Estoy perplejo. Vamos en la dirección contraria», apuntó.

El presidente de Gas Natural afirmó que el nuevo Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, «penaliza» al gas.

Por el contrario, López Jiménez dijo que no sería sensato eliminar el carbón de la generación eléctrica, porque existen amplias reservas que están situadas en países relativamente estables, a diferencia de lo que ocurre con el petróleo y el gas natural. El presidente de Unión Fenosa subrayó la necesidad de invertir en investigación para lograr que el carbón sea compatible con el cumplimiento de las exigencias medioambientales.

En lo que sí estuvieron los dos de acuerdo es en la necesidad de una mayor capacidad de almacenamiento de gas natural.

López Jiménez dijo que se trata de un tema «prioritario» y que debería acelerarse la construcción de nuevas instalaciones. El presidente de Unión Fenosa apuntó que sería más fácil construir depósitos en superficie que almacenamientos subterráneos.

En la misma línea, Gabarró dijo que la normativa debe incentivar la construcción de nuevos almacenamientos, tesis a la que se sumó el presidente de Cepsa.

Carlos Pérez de Bricio apostó también por ampliar la capacidad prevista del futuro gasoducto submarino entre Argelia y España.

Durante el debate hubo tiempo para otras cuestiones, como el futuro de Gas Natural tras la fracasada opa sobre Endesa.

Gabarró dijo que la compañía no descarta crecer mediante compras si se presentan oportunidades y recordó que se está elaborando un plan estratégico «ambicioso» que se presentará a final de año.

López Jiménez pidió mayor coordinación a la Unión Europea (UE) para que pueda tener «poder de compra» en la adquisición de gas natural.

China se convirtió en el cuarto país del mundo, tras Japón, EEUU y la India, que consigue extraer hidratos de gas, una energía de nueva generación conocida como «hielo inflamable«, que los científicos consideran una alternativa a los combustibles fósiles, confirmaron fuentes oficiales.

«La exploración comenzó en 1999 y, tras ocho años, conseguimos extraer dos muestras de hidratos de gas en el Mar del Sur de China, a una profundidad de 183 a 201 metros por debajo del lecho marino y la otra de 191 a 225 metros», explicó un portavoz de la oficina de prensa del Instituto Geológico de China.

Los hidratos de gas son un compuesto cristalino de hielo, inflamable, que contiene moléculas de metano; cuando prende, cada metro cúbico del combustible puede generar la energía equivalente a entre 160 y 180 metros cúbicos de gas natural. Según las estimaciones iniciales de los investigadores chinos, el volumen potencial de hidratos de gas en la zona es superior al equivalente a 100 millones de toneladas de petróleo.

«Nuestro próximo paso será explorar la reserva», dijo el portavoz, quien añadió que se calcula que las reservas mundiales de hidratos de carbono podrían duplicar las reservas conocidas hasta la fecha de carbón, petróleo y gas natural.

China espera poder comenzar a explotar la fuente energética a partir de 2030, quince años más tarde que Estados Unidos, añadió.
«Todavía no hemos explorado otros lugares. Acabamos de sacar estas dos muestras, es un primer paso, una esperanza para el ser humano en el futuro», afirmó.

Las muestras fueron extraídas los días 1 y 15 de mayo, según publica el diario «China Daily«. Desde que la puso en marcha la investigación, en 1999, el Ministerio de Tierra y Recursos le ha dedicado 65,4 millones de dólares (48,4 millones de euros).

Los hidratos de carbono son estables sólo a bajas temperaturas o presiones muy altas, son muy frágiles, y se producen principalmente en el lecho marino o bajo la tundra a altas altitudes.

La patronal gasista Sedigás confía en que las negociaciones abiertas entre el Gobierno argelino, a través de la compañía estatal Sonatrach y Gas Natural sobre los precios de dos contratos de suministro de gas «desemboquen en una solución aceptable» para ambas partes.

«Confiamos en que al final se llegue a un buen acuerdo en el que las partes vean suficientemente cumplidas sus expectativas», señaló el presidente de Sedigás, Antoni Peris, en un encuentro con la prensa para presentar la próxima Reunión Anual de la asociación, que se celebrará los próximos días 7 y 8 en Madrid.

El Gobierno argelino y Sonatrach mantienen diferencias con las autoridades españolas y con Gas Natural y Repsol YPF sobre varias cuestiones, entre ellas la renegociación de dos contratos de suministro a largo plazo suscritos con la compañía gasista.

Argelia pretende elevar el precio del gas de esos dos contratos, que llega a España a través del gasoducto del Magreb.

Peris explicó que, como patronal, la opinión de Sedigás debe ser «muy prudente». «Respetamos las negociaciones de nuestros asociados», dijo.

El presidente de Sedigás restó trascendencia a las diferencias entre las dos partes y recordó que las negociaciones «tienen su evolución y sus momentos más o menos complejos». Peris dijo que España tiene alternativas a Argelia, pero reconoció que se trata de un suministrador «muy importante». El país magrebí aporta el 32 por ciento del gas natural que consume España (tanto el que llega por barco como el que entra por el gasoducto).

Otro punto de fricción es la puesta en marcha en Argelia del proyecto integral de gas natural licuado (GNL) de Gassi Touil, adjudicado a Repsol YPF y Gas Natural.

También existen diferencias entre Argelia y España sobre las condiciones impuestas a Sonatrach para comercializar gas natural en España y para elevar su participación en el consorcio Medgaz, que proyecta un gasoducto submarino entre los dos países. El ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, considera que el Gobierno español ha adoptado una posición «discriminatoria» hacia Argelia, según declaraciones publicadas por el diario Liberté. En opinión de Jelil, el reparto de las participaciones accionariales en Medgaz, «se ha visto acompañado de condiciones suplementarias que constituyen una interferencia al libre ejercicio de Sonatrach«.

El pasado mes de mayo, el Consejo de Ministros autorizó a la compañía estatal argelina a elevar su participación en Medgaz del 20 al 36 por ciento, pero fijó una serie de condiciones.

El ministro argelino de Energía, Chakib Jelil, estima que España ha adoptado una posición «discriminatoria» hacia Argelia en lo que concierne las ventas de gas natural, según las declaraciones que publica el diario Liberté.

Jelil cita el nuevo reparto accionarial en el proyecto del futuro gasoducto Medgaz, tras la retirada de la firma británica British Petroleum (BP), lo que permite a la firma argelina Sonatrach disponer de un 36 por ciento de las acciones, que representan unos 3.000 millones de metros cúbicos anuales.

«Esta redistribución se ha visto acompañada de condiciones suplementarias que constituyen una interferencia al libre ejercicio de Sonatrach en el consorcio de Medgaz«, afirma el titular argelino de Energía y Minas.

En mayo pasado, el Gobierno español autorizó a Sonatrach a ejercer los derechos políticos correspondientes a su participación en el consorcio Medgaz, aunque con una serie de condiciones, que Jelil estima inapropiadas.

El ejecutivo español indicó que la compañía argelina deberá emprender las acciones necesarias para poner en funcionamiento el gasoducto submarino entre Argelia y España, y tendrá que informar a la Secretaría General española de Energía sobre su participación accionarial en Medgaz y su presencia en los órganos de gobierno. La validez de la autorización estará condicionada al mantenimiento de los estatutos sociales de Medgaz y del actual pacto de accionistas.

El capital del consorcio está repartido entre Sonatrach (36 por ciento), Cepsa, Iberdrola (cada una con un 20 por ciento), Endesa y Gaz de France (ambas con un 12 por ciento).

El ministro argelino señala que una de las condiciones impuestas por la parte española es que Sonatrach no podrá transportar menos del 80 por ciento del gas que transite por Medgaz. «Pero -subraya- si tenemos la obligación de no comercializar más que 1.000 millones de metros cúbicos de los 3.000 millones que nos corresponden ahora, eso supone que se nos coloca de entrada en una posición de quebrantar esa regla del 80 por ciento».

Añade que otra de las condiciones impuestas por España es que Argelia no podrá oponerse a la construcción de otro gasoducto o al transporte de gas natural que no sea de origen argelino.

«De todas formas, creo que vamos a resolver estos problemas con la parte española, porque en caso contrario tenemos otras alternativas ya que podemos vender nuestro gas natural en su forma licuada a Turquía, Estados Unidos o Corea del Sur«, apostilla. En el mismo registro, Jelil insiste en que Argelia no quiere que se la discrimine «porque si no podemos distribuir más que 1.000 millones de metros cúbicos anuales, ello nos plantea un problema de rentabilidad».

Sobre la petición de aumento del precio del gas que adquiere la empresa española Gas Natural, de un 20 por ciento, Jelil señala que se trata de una negociación que figura en los contraros «y que tendríamos que haber aplicado ya el año pasado».

«El aumento del precio del gas natural que solicitamos se hará en dos etapas para no penalizar al consumidor español», agrega Jelil, señalando que Argelia es favorable a un mercado europeo abierto del gas natural.