Cuando el pasado 20 de diciembre, la cotización de Enagás y de Red Eléctrica de España en el mercado bursátil se desplomó más de un 10% en ambos casos, se encendió la luz de alarma. La caída en el precio de las acciones de las dos compañías energéticas reflejaba el temor de los inversores a unos perjuicios causados por las Órdenes Ministeriales que entrarían en vigor el martes 2 de enero.

Varias sesiones de mercado después, la cotización de Enagás ha seguido cayendo con fuerza, prácticamente un 18% desde el 20 de diciembre. Pero la suerte de Red Eléctrica no ha ido por distinto camino.

El miércoles 3 de enero, Enagás emitía una conference call en la que el presidente del gestor técnico del sistema, Antonio González-Adalid, explicaba, entre otros asuntos, que las consecuencias de la puesta en marcha de las órdenes ministeriales no se conocerían en un primer momento y requerirían un análisis en profundidad. González-Adalid señaló entonces que los ingresos previstos para este ejercicio se incrementarán en un 8% por efecto de la aplicación del nuevo marco regulatorio.

En este contexto de intranquilidad, se ha empezado a hablar de que González-Adalid dejará de ser el presidente de Enagás en no mucho tiempo (febrero). En respuesta a las informaciones publicadas en prensa, la compañía remitía un escueto comunicado a la CNMV el pasado jueves en la que negaba tener conocimiento alguno de que ni sus accionistas ni su Consejo de Administración tuvieran planes de relevar al presidente de la gasista. El comunicado es algo ambiguo, no obstante. Un par de líneas más abajo sí acepta que pueda producirse la salida de González-Adalid “en cualquier momento” y “dentro de la marcha natural de cualquier sociedad mercantil”. En otras palabras: Enagás ni confirma ni desmiente nada.

Voz y voto

Según varios medios de comunicación, entre los que se cuenta El Economista, el Gobierno socialista tiene intereses en promover un cambio en la cúpula directiva del gestor del sistema gasista. Desde hace tiempo se sabe que el actual presidente de la compañía es contrario a una fusión con Red Eléctrica.

Y empiezan a circular ya los nombres de posibles candidatos, lo que hace que el posible reemplazo sea cada vez menos una teoría. Uno de los primeros de la lista es, según El Economista, Miguel Ángel Lasheras, presidente de Intermoney, y por él apuestan Miguel Sebastián y David Vegara.

Entre esos candidatos también se encuentran nombres como Antoni Llardén, presidente de sedigás, a quien respaldarían el presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, o algunos responsables del Ministerio de industria. Otro consejero de Enagás, Ramón Pérez Simarro, figura entre los nombres mencionados.

Si, efectivamente, el Gobierno desea reemplazar a Adalid, situado por el PP –fuentes de Industria dijeron a Efe la semana pasada que “los presidentes de las empresas privadas los deciden los consejos de Administración y no el Gobierno”-, no va a poder hacerlo sin la ayuda de Gas Natural. La catalana posee hoy el 5%, debido a una normativa que impide que ninguna persona física o jurídica posea más de este porcentaje. Pero Gas Natural fue dueña en el pasado de Enagás, lo que le otorga una influencia significativa sobre su consejo de Administración, de cuyos consejeros tiene poder para movilizar a 7 de los 15 que son.

El Ejecutivo necesitaría también otros apoyos como el del presidente de CajAstur, Manuel Menéndez. O el de las cajas valencianas Cam y Bancaja. Entre los tres suman el 15% del accionariado de Enagás. Pero el Ejecutivo podría tenerlo más difícil con éstas últimas, puesto que tienen una postura más cercana al PP.

Enagás puede respirar tranquila. Finalmente, sus cálculos indican que sus ingresos se incrementarán durante el año 2007 un 8% con la el nuevo marco regulatorio que se aprobó el pasado fin de semana. Pero eso no significa que todo se haya hecho de la mejor manera posible, según un documento que la compañía gasista ha remitido a la CNMV.La puesta en marcha del nuevo marco regulatorio el sábado 30 de diciembre del pasado año no ha sido un jarro de agua fría para Enagás. El batacazo que la compañía se dio en bolsa diez días antes, el 20 de diciembre, en previsión de un desastre, ha resultado ser no injustificado, pero sí equivocado. El precio de la acción irá corrigiendo progresivamente el repentino descenso a lo largo de los próximos días, o quizá meses.

Los ingresos de Enagás subirán un 8% durante este año, en línea con las previsiones de la compañía. Ésa es la buena noticia.

La que no es tan buena se refiere a los términos en los que se ha sacado adelante este marco retributivo. En un comunicado hecho público por la compañía gasista, se asegura que «el escenario que el Regulador establece en las nuevas Órdenes supone, respecto al anterior marco regulatorio, un cambio profundo que no era esperado por los agentes del sistema gasista, y que se implanta sin haber existido un proceso de debate previo entre las distintas partes implicadas.» En otras palabras, que la regulación se ha llevado adelante de forma unilateral y que ha cogido por sorpresa al sector.

El hecho es, y así lo establece el escrito, que las Órdenes Ministeriales que se aprobaron el pasado fin de semana determinan los ingresos regulados que Enagás debe percibir por el desarrollo de sus actividades durante el año 2007. El importe no se distancia significativamente de las previsiones, pero tampoco procede de una situación de libre mercado, como sería lógico en el seno de una Unión Europea con un mercado plenamente liberalizado.

Otro de los aspectos más importantes señalados por la compañía que preside Antonio González-Adalid es que se modifican los criterios de cálculo de rentabilidad para las nuevas inversiones. Según los cálculos preliminares de la compañía gasista, los ingresos del año que entra subirán, efectivamente, un 8%. Pero la firma tendrá que efectuar análisis más profundos para poder evaluar con mayor precisión el impacto de la medida.

Falta de transparencia

La Comisión Nacional de Energía tampoco se queda corta a la hora de criticar la forma en que se han hecho las cosas. En sus consideraciones generales, alude a la «falta de transparencia en la revisión de la metodología de retribución y la premura para la recepción de comentarios y elaboración del informe de la CNE.» Y también deja caer otra indirecta cuando señala que «la revisión del modelo de retribución se ha realizado sin la participación o consulta de los agentes del sector gasista».

En opinión del informe presentado por la comisión, hubiera sido necesario, dada la trascencencia económica que podría tener la revisión de la metodología de retribución, que los análisis y estudios para la elaboración de ese modelo de retribución se hubieran realizado con mayor transparencia y con tiempo necesario para ser debatidos y analizados «con tranquilidad».

No deja de ser llamativo que en asuntos como el corriente, uno de los votos contrarios a la mayoría sea el de la propia presidenta, María Teresa Costa.

Antonio González-Adalid, presidente de Enagás, acudía en el día de hoy a la jornada ‘La Energía en la Primeta Mitad del Siglo XXI’, organizada por el Club de la Energía, donde aseguró que el gas natural debe ser considerado como una energía de transición, ya que el petróleo está en una etapa de declive.

González-Adalid recordó que el gas natural está todavía en el inicio de su producción, ya que el consumo actual equivale al 25% de las reservas probadas conocidas hasta ahora. Por tanto, espera un incremento del comercio internacional de dicha energía, que aún es inferior a su producción, para lo que sería necesario incrementar las formas indirectas de transportes a través de los líquidos derivados.