El Plan de Viabilidad que ha presentado la planta experimental de ciclo combinado de gas y carbón de Puertollano, cuya retribución se ha venido realizando en parte a través de los CTC’s, se ha desbloqueado y percibirá 25 millones de euros de la tarifa eléctrica 2007. Así se recoge en el proyecto de tarifa que fue estudiado la semana pasada por el consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía.

Sin embargo, este plan tuvo que ser llevado al consejo en dos ocasiones, ante la fuerte división que generaba entre los consejeros, dónde se cuestionaba el futuro de la planta dados los resultados obtenidos hasta el momento y se justificaba la adopción de decisiones más drásticas para esta planta experimental. La empresa solicitaba para el período 2006-2021 una inyección económica de 733 millones de euros, mientras que el Ministerio ofrecía 508 millones de euros. Parece que la cifra final que aprobó la CNE sería inferior a los 600 millones de euros, más cerca de las tesis de Industria.

Elcogas fue constituida el 8 de abril de 1992 como Sociedad Anónima sujeta a la legislación española, cuyo objetivo era el desarrollo del proyecto, construcción y explotación de una Central tipo GICC en Puertollano. Es una Central de 335 MW brutos, cuyo sistema productivo se basa en la tecnología de gasificación de carbón integrada en un ciclo combinado.

Los accionistas de Elcogas son Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa además de otros como National Power que ha abandonado el accionariado de la compañía, con unas pérdidas declaradas de 7 millones de euros. En conjunto, la totalidad de los socios ha aportado 117 millones de euros hasta el momento. ELCOGAS, que cuenta con un Plan financiero especial, recibió en sus comienzos, además de sus ingresos, una cantidad procedente de los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s), de 52.000 millones de pesetas

Las críticas a la experiencia de Elcogas provienen de otras energías como la nuclear o las renovables, que estiman que se está empleando recursos de forma continuada en un proyecto que perpetúa el carbón como fuente de energía, y cuyos resultados no se perciben. A favor del proyecto estaría que esta tecnología, los ciclos combinados a partir del carbón con posibilidad de operar también por gas, podrían prolongar el carbón como fuente de energía, en un momento en que otras fuentes fósiles han subido enormemente su precio.

Parece que la incertidumbre se despeja para esta empresa, tras este largo período de espera regulatorio.

La Asociaciones Empresarial Eólica (AEE), Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), UGT y CC.OO. han enviado una carta al titular de Industria, Joan Clos, en la que expresan su desacuerdo con la nueva normativa que regula las primas que recibe la producción eólica.

En la misiva, que enviaron ayer al Ministerio de Industria las patronales y sindicatos afirman que la reforma de la legislación actual supone para la energía eólica una «importante alteración, visiblemente retroactiva,» que introduce «incertidumbre regulatoria», también, aseguran que el nuevo esquema de primas reduce la rentabilidad de las inversiones «por debajo de lo asumible para las empresas» y auguran que influirá negativamente en el futuro desarrollo del sector y el empleo. Los firmantes señalan que la nueva regulación dificulta el cumplimiento del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y de los compromisos del Protocolo de Kioto.

A pesar de la oposición al proyecto legislativo de Industria, que ayer fue analizado por el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), sindicatos y patronal muestran «su mejor disposición» para debatir el contenido para que la nueva norma sea «el resultado de un proceso dialogado».

La revisión de la normativa sobre la retribución de las renovables reduce las primas a la eólica y aumenta las de otras tecnologías renovables, como la solar y la biomasa. Para la eólica se establece un tope máximo y mínimo al precio total por megavatio hora (MWh) que recibirán los productores que acudan al mercado a vender energía.

Según los cálculos de la AEE la rentabilidad para las nuevas instalaciones que acudan al mercado será del 4,6 por ciento y 6,41 por ciento para los que se acojan a la tarifa. Por el contrario, Industria considera que las primas eólicas actuales son muy altas y asegura que la nueva retribución garantiza una rentabilidad del 7 por ciento para las instalaciones eólicas e hidráulicas que opten por la tarifa regulada y de entre el 5 y el 9 por ciento para las que participen en el mercado.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pedirá al Gobierno que, tal y como hacen las empresas con la presentación de hechos significativos, comunique al mercado, como hecho relevante, sus decisiones o las de otras instituciones, que puedan tener un efecto sobre el precio de cotización de las empresas.

Como uno de los ejemplos de este tipo de hechos relevantes, Manuel Conthe, presidente de la CNMV, citó, en una reunión con medios de comunicación hace un par de semanas, la reciente decisión de subir la tarifa un 10% que resultó posteriormente rectificada por el Gobierno po un «no subirá por encima del IPC». Por ello, solicitó que la información relevante de este tipo debería difundirse a través de la página web de la Comisión, y a ser posible “con el mercado cerrado”.

La propuesta del regulador bursátil se realiza en un momento en el que precisamente la energía está adquiriendo un elevado peso en el continuo español. Decisiones como la referida de aprobación de las tarifas de 2007, afectan de forma directa a las compañías eléctricas y gasistas cotizadas en el mercado español. También tiene efectos sobre algunas constructoras como Acciona y ACS que mantienen posiciones importantes como accionistas en Endesa, la primera, y en Iberdrola y Unión Fenosa, la segunda. Además, de forma general, decisiones de este tipo afectan a cualquier empresa para la que la energía sea un input relevante en su proceso productivo.

Además de la de tarifas, próximamente, se deberá tomar una decisión sobre el real decreto de renovables que afectará a varias compañías del IBEX, entre ellas las eléctricas, Gas Natural, Acciona, ACS y otras como Gamesa. Las posibles afectadas por la decisión suman más de un 20% de la capitalización del IBEX.

En medio de la vorágine existente, relativa al incremento de las tarifas eléctricas para el año que viene, resulta difícil distinguir a los verdaderos damnificados de la subida de tarifas, con referencia al IPC, que va dejando innumerables afectados.

Muchos apuntan entre los grandes perjudicados a los consumidores, puesto que derivado de la no subida de las tarifas, volverán a generaran un déficit de tarifa -ya anticipado y cuantificado por el Ministerio, hasta finales de 2007, en 3.750 millones de euros- que pagarán las generaciones futuras. Sin embargo, lejos de dañar a los consumidores por esta vía, se les está dañando por otra aún más importante, la de no ofrecerles «la posibilidad de elegir».

Desde el 1 de enero de 2003, los consumidores tienen la posibilidad de elegir suministrador. Sin embargo, desde que comenzó la liberalización, pocos han sido los consumidores, distintos de los industriales o pymes, que compran su energía a un suministrador distinto de su distribuidor habitual. Así, algo que es tan habitual, hoy en día, en el mercado de las telecos, como cambiar de operador, sigue «sin cuajar» en el de la energía.

La no subida de las tarifas conforme a los costes reales de generación ha supuesto hasta ahora una competencia «desleal» frente a las comercializadoras, que choca frontalmente con los principios que inspiraron la liberalización en los mercados eléctricos. El real decreto de tarifas para 2007 amenaza con perpetuar la situación actual.

El «pernicioso» sistema actual

El sistema actual reconoce a las empresas suministradoras el cobro de los costes de generación, en la medida en que éstos superen los costes previstos en la tarifa. Por ello, aunque las subidas de tarifa han sido bajas en los últimos años, las empresas distribuidoras han podido recuperar las pérdidas que, los altos precios de la electricidad, les han generado. Para ello, se utiliza el mecanismo conocido como reconocimiento del déficit de tarifa.

Las comercializadoras por su parte reclaman que la tarifa muestre los costes reales de generación o, en caso contrario, se les reconozca, al igual que a las distribuidoras, lo que ellas mismas han venido a denominar «déficit de comercialización».

La denuncia de Centrica

Por ello, ante la situación de dejadez existente, y puesto que ni se sube la tarifa para evitar los deficits, tanto de tarifa como de comercialización, ni a las comercializadoras se les reconoce dicho déficit, Centrica presentó, en abril de 2006, ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, una denuncia al Estado español por «concesión de ayudas de estado» a las compañías eléctricas y por incitar al «abuso de su posición dominante» en el mercado eléctrico.

Como consecuencia de estas acusaciones, la Comisión Europea abrió expediente contra España por la existencia de precios regulados que bloquean la entrada en el mercado de nuevos suministradores, beneficiando a los existentes, es decir, que la tarifa está «ahogando» a los comercializadores, mientras que las empresas establecidas resultan beneficiadas por la imposibilidad de que exista una «competencia real» efectiva.