La Comisión Europea da un tirón de orejas a España por no permitir que el mercado eléctrico se liberalice correctamente

La Comisión Europea ha emitido dos dictámenes motivados referidos a España. Uno, por la existencia de unos precios regulados de la electricidad. El otro, porque no existe una separación suficiente entre los proveedores de energía y las redes de distribución. La Comisión opina que estas circunstancias distorsionan la competencia y desincentivan las inversiones.

Por ello, el Ejecutivo Comunitario ha decidido dar un ultimátum al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Si no corrige estos problemas en dos meses, Bruselas llevará estos dos asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

No sería el primer encontronazo del Gobierno de España con el Tribunal europeo. El pasado 16 de noviembre, el TUE condenó a este país por no haber adaptado su legislación nacional a la directiva europea sobre la liberalización del gas. Bruselas espera que se produzca una nueva sentencia por la directiva de electricidad. Estas directivas ofrecen al consumidor la posibilidad de, a partir del 1 de julio de 2007, elegir suministrador de estas dos formas de energía.

Según el Ejecutivo comunitario, la existencia de unas tarifas eléctricas reguladas en un nivel tan bajo desincentiva la inversión y fomenta el derroche energético, al impedir que la demanda se adapte a los precios reales de mercado.

Por otro lado, Bruselas considera que una insuficiente separación entre proveedores y redes facilita que los operadores históricos tengan un acceso preferente a la red o a información privilegiada, y eso limita a las nuevas compañías a la hora de conectarse a la red y ofrecer al cliente un buen precio final.