La Comisión alerta sobre la situación que viven las comercializadoras

En medio de la vorágine existente, relativa al incremento de las tarifas eléctricas para el año que viene, resulta difícil distinguir a los verdaderos damnificados de la subida de tarifas, con referencia al IPC, que va dejando innumerables afectados.

Muchos apuntan entre los grandes perjudicados a los consumidores, puesto que derivado de la no subida de las tarifas, volverán a generaran un déficit de tarifa -ya anticipado y cuantificado por el Ministerio, hasta finales de 2007, en 3.750 millones de euros- que pagarán las generaciones futuras. Sin embargo, lejos de dañar a los consumidores por esta vía, se les está dañando por otra aún más importante, la de no ofrecerles «la posibilidad de elegir».

Desde el 1 de enero de 2003, los consumidores tienen la posibilidad de elegir suministrador. Sin embargo, desde que comenzó la liberalización, pocos han sido los consumidores, distintos de los industriales o pymes, que compran su energía a un suministrador distinto de su distribuidor habitual. Así, algo que es tan habitual, hoy en día, en el mercado de las telecos, como cambiar de operador, sigue «sin cuajar» en el de la energía.

La no subida de las tarifas conforme a los costes reales de generación ha supuesto hasta ahora una competencia «desleal» frente a las comercializadoras, que choca frontalmente con los principios que inspiraron la liberalización en los mercados eléctricos. El real decreto de tarifas para 2007 amenaza con perpetuar la situación actual.

El «pernicioso» sistema actual

El sistema actual reconoce a las empresas suministradoras el cobro de los costes de generación, en la medida en que éstos superen los costes previstos en la tarifa. Por ello, aunque las subidas de tarifa han sido bajas en los últimos años, las empresas distribuidoras han podido recuperar las pérdidas que, los altos precios de la electricidad, les han generado. Para ello, se utiliza el mecanismo conocido como reconocimiento del déficit de tarifa.

Las comercializadoras por su parte reclaman que la tarifa muestre los costes reales de generación o, en caso contrario, se les reconozca, al igual que a las distribuidoras, lo que ellas mismas han venido a denominar «déficit de comercialización».

La denuncia de Centrica

Por ello, ante la situación de dejadez existente, y puesto que ni se sube la tarifa para evitar los deficits, tanto de tarifa como de comercialización, ni a las comercializadoras se les reconoce dicho déficit, Centrica presentó, en abril de 2006, ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, una denuncia al Estado español por «concesión de ayudas de estado» a las compañías eléctricas y por incitar al «abuso de su posición dominante» en el mercado eléctrico.

Como consecuencia de estas acusaciones, la Comisión Europea abrió expediente contra España por la existencia de precios regulados que bloquean la entrada en el mercado de nuevos suministradores, beneficiando a los existentes, es decir, que la tarifa está «ahogando» a los comercializadores, mientras que las empresas establecidas resultan beneficiadas por la imposibilidad de que exista una «competencia real» efectiva.