Competencia retrasa hasta febrero su decisión sobre la opa de Gas Natural a Fenosa

La causa no es otra que la gran cantidad de alegaciones presentadas ante el organismo (entre ellas las de Iberdrola y Eni) y cuya supervisión ha provocado el retraso en la emisión del veredicto en varias semanas.

En un principio, estaba planeado que esta decisión fuera dada a conocer este mes. De hecho, esta misma semana tenía que haber sido entregado un informe de la Subdirección de energía de la CNC para su aprobación en el consejo y entrega a las 14 partes interesadas y cuya elaboración aún no se ha realizado.

Cuando este informe haya sido redactado y presentado ante el consejo, serán los consejeros de la CNC los que decidan vetarla, prohibirla o dar luz verde a esta operación. Probablemente, esta última sea la opción elegida por los consejeros, aunque con condiciones, como puede ser la enajenación de activos en algunas de las líneas de negocio de Unión Fenosa. A pesar de esto, el Gobierno tiene la última palabra y siempre puede suavizar o eliminar trabas para que finalmente salga adelante esta fusión. En caso de que esto ocurriera, el Ministerio de Economía tendría que dar motivos diferentes a los de la competencia.

Iberdrola, contraria a la fusión, teme que el presidente de ACS, Florentino Pérez, utilice el dinero de la venta de su 45% en Unión Fenosa para controlar la eléctrica presidida por Sánchez Galán, puesto que ya controla un 12,44% de la compañía.

Eni, por su parte, ha pedido a la CNC que obligue a Gas Natural a vender el 50% de Unión Fenosa en la gasista que tiene a medias con Eni, para que esta pueda ejercer su derecho de tanteo. Asimismo, la CNE se mostró partidaria de que Gas Natural venda un 6% del nuevo negocio eléctrico y hasta un 3% del gasista en la sociedad fusionada.

Con todo y con ello, Gas Natural esperaba cerrar la compra en abril o finales de marzo.

La Xunta se personará ante Competencia por la operación de Gas Natural sobre Fenosa

En su intervención, Anxo Quintana anunció que la próxima semana el BNG presentará una propuesta para que eliminar el «veto absurdo e ilógico» que impide que Navantia construya buques civiles, informa la Vicepresidencia de la Xunta.

El vicepresidente valoró las medias del Gobierno para mitigar los efectos de la crisis y destacó que también en la Xunta se están adoptando, pero insistió en que «no podemos conformarnos» con decisiones coyunturales, sino ser «ambiciosos». En su opinión, es el momento de «intentar cambiar un modelo de economía especulativa por otro de economía productiva.

En este sentido, anunció que la Consejería de Industria se personará como parte interesada ante el Tribunal de la Competencia para obtener información, «y decisión en su momento», sobre la operación de Gas Natural sobre Unión Fenosa, operación vinculada «a los movimientos de compra del accionariado de Repsol».

Tanto esta decisión como la de solicitar la vuelta de la antigua Astano a la construcción civil, son medidas encaminadas a «frenar la economía especulativa y a fomentar la productiva».

«No puede ser, apuntó Quintana, que mientras miles de personas van al paro, se siga haciendo una economía de casino en la que se vuelve a plantear la compra de acciones de las empresas a precios astronómicos, sin saber cuál va a ser su destino final ni la afectación que tendrá en los ciudadanos».

El vicepresidente gallego expresó su preocupación por que, en el caso de Unión Fenosa, los activos energéticos de la empresa estén en buena parte en Galicia, por lo que «sufrimos una afectación importante en términos medioambientales» en la producción de buena parte de su energía, por lo que «queremos saber los resultados» de la operación empresarial.

«No es cierto que no se puede hacer nada», dijo Quintana, que insistió en que no le vale la disculpa de que «esto es el mercado», cuyas leyes, apuntó, es preciso cambiar «por la ley de la gente, y este es el momento de hacerlo».

El vicepresidente del Gobierno gallego apuntó que las medidas de inversión pública decididas recientemente para hacer frente a la crisis son importantes, pero «si queremos fomentar la economía productiva, tenemos que apoyar y fomentar aquellas empresas que la están apoyando».

En este sentido, destacó la capacidad del sector naval, de gran prestigio internacional, manifestó, al tiempo que recordó que el presidente Zapatero reconocía esta semana en un debate parlamentario, a iniciativa del BNG, que tal vez es el momento de negociar en la UE el levantamiento del veto a la construcción naval civil en el astillero de Fene.

Por ello, anunció que esta misma semana el Bloque presentará una iniciativa para que, con carácter inmediato, se levante este veto a los astilleros de la antigua Astano.

Repsol obligada a indemnizar a una gasolinera con 3,9 millones

La sentencia declara nulas las cláusulas de duración de los contratos suscritos en enero de 1993 entre la sociedad Galindo Oil, propietaria de la gasolinera, y Repsol, que el juzgado considera extinguidos desde el 1 de julio de 1997.

Para fijar la indemnización, el juzgado ha calculado las cantidades que la gasolinera, situada en Sestao, ha dejado de percibir en el periodo comprendido entre la extinción del contrato antiguo declarada en la sentencia y la firma del nuevo, que Repsol YPF ofreció en julio de 2007.

Teniendo en cuenta la diferencia de márgenes entre uno y otro, y el periodo en el que, según la sentencia, la gasolinera podría haber accedido a un contrato mejorado, el juzgado concluye que el lucro cesante de la estación de servicio asciende a 5,3 millones de euros.

Sin embargo, puesto que los contratos se consideran extinguidos desde julio de 1997, Repsol tiene derecho a que se descuenten 1,4 millones de euros, lo que deja la indemnización final en 3,89 millones.

Según la firma Mariano Aguayo Abogados, que ha representado a la gasolinera, se trata de la mayor indemnización otorgada por un juez español a una estación de servicio por prácticas contrarias a la competencia por parte de una petrolera.

Las reclamaciones de las gasolineras abanderadas a las petroleras por las condiciones de sus contratos comenzaron hace una década.

En el año 2001, el desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia, ahora Comisión Nacional de Competencia, multó a Repsol y a Cepsa por fijar los precios de venta al público de los carburantes en sus gasolineras abanderadas.

El Tribunal Supremo alemán pone límites a los planes de expansión de E.ON

En una sentencia que afecta a otros posibles planes de fusión del consorcio, el Supremo germano argumenta que E.ON, junto con su rival RWE, ya tiene una posición dominante en el mercado energético alemán.

Esta decisión es la primera del Supremo relacionada con un plan de cooperación en el sector energético desde la liberalización del mercado de la energía en 1998.

Según el alto tribunal, el objetivo de la liberalización era permitir que en las regiones que uno u otro consorcio tenía bajo su control se diera una apertura que hiciera posible un aumento de la competencia.

Sin embargo, la sentencia constata que, lejos de darse un aumento de la competencia, lo que ha ocurrido es que E.ON y RWE han logrado un dominio oligopólico del mercado.

«Entre los dos líderes del mercado no hay una competencia digna de mención. Las otras empresas generadoras de energía, entre ellas Vattenfall y EnBW, no están en condiciones de crear una competencia que presione a los consorcios dominantes», explica el Supremo a través de un comunicado de prensa.

La posición dominante en el mercado de E.ON y RWE se fortalecería, según el Supremo, con la adquisición de parte de las empresas municipales de Eschwege.

«El Tribunal Supremo ha constatado que la estrategia de los líderes del mercado es adquirir participaciones minoritarias en numerosas empresas municipales y en otras empresas distribuidoras de energía para así asegurarse sectores de mercado», dice el comunicado.

E.ON y RWE ya tienen participación en 204 empresas distribuidoras de energía, y otras participaciones, según el Tribunal, limitarían aún más la competencia.

La decisión del Supremo ratifica una sentencia de la Oficina Federal Antimonopolios contra la que E.ON había interpuesto recurso.

Cepsa subraya la legalidad de sus contratos con las gasolineras

En un comunicado, la petrolera reitera que la sentencia publicada el jueves por el Tribunal de Luxemburgo reconoce que su política contractual se ajusta a las normas de competencia y confirma la validez de sus contratos.

La sentencia, referida a un caso prejudicial planteado por la Audiencia Provincial de Madrid en la demanda presentada en 2004 por una gasolinera contra Cepsa, considera que fijar los precios de venta al público de los carburantes en las estaciones con contratos de suministro exclusivo «constituiría una restricción de la competencia».

Asimismo, la sentencia estima necesario que en esos contratos se den a las gasolineras «ventajas económicas importantes».

Desde Cepsa argumentan que la petrolera no fija los precios de venta al público sino solamente los máximos y permite a los propietarios de las estaciones de servicio bajar el precio con cargo a sus márgenes con «plena libertad», algo que seguirá asegurando.

Este sistema, añade Cepsa, «asegura la competencia en beneficio del cliente final al impedir que bajo la marca se puedan fijar precios superiores a los establecidos».

Por otro lado, la petrolera argumenta que no tiene obligación de conceder «ventajas económicas importantes» a sus gasolineras abanderadas, ya que ninguno de sus contratos supera los cinco años y la petrolera no cuenta con más del 30 por ciento de la cuota de mercado.

La CEEES espera «competencia real» tras anular la UE los contratos de suministro en exclusiva

Entre el 50 y el 60 por ciento de las estaciones de servicio de España, unas 4.000 de un total de 8.000, funciona con «contratos viciados» de suministro en exclusiva, ya sea con Repsol, Cepsa o BP, en los que se incluyen cláusulas que fijan directa o indirectamente el precio a empresarios independientes.

Esta situación ha cambiado desde que ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia en la que considera que es necesario que esos contratos deben dar a las gasolineras “ventajas económicas importantes”.

En particular, la sentencia hace referencia a una demanda presentada en 2004 por la gasolinera Tobar e Hijos S.L. ante la Audiencia Provincial de Madrid contra Cepsa, por considerar que un acuerdo cerrado en 1996 era incompatible con el derecho comunitario de competencia.

Cepsa autorizó a la estación de servicio a rebajar el precio de venta de los carburantes pero sin disminuir los ingresos de la petrolera, por lo que los jueces de Luxemburgo han señalado que la fijación por Cepsa del precio de venta al público de los productos petrolíferos «constituiría una restricción de la libre competencia», que no estaría cubierta por el reglamento comunitario que regula los contratos de compra en exclusiva.

En este sentido, Alfredo Hernández Pardo, asesor jurídico de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), ha explicado en rueda de prensa que «la sentencia de Luxemburgo viene a concluir que el suministro en exclusiva con contratos con recomendaciones de precio no es válido, por lo que los empresarios podrán comprar a otros operadores».

Esta sentencia, contra la que no cabe recurso, «cambia el mercado y pone fin a este tipo de contratos» ha señalado Hernández. «Hasta el momento, en España, el mercado ha estado absolutamente cerrado y han sido cuatro petroleras las que han fijado los precios, tratando a las estaciones de servicio como meros comisionistas. Todo esto provoca el alineamiento de los precios».

A partir de ahora, «las petroleras deberán revisar este tipo de contratos, firmados antes del año 2000», puesto que la cláusula de suministro queda anulada. De este modo, tendrán que sentarse «inmediatamente» con los empresarios de las gasolineras para ofrecerles unos contratos nuevos.

En el mercado español hay unas 8.000 estaciones de servicio, de las que 2.000 son propiedad de las petroleras, según los datos facilitados por CEES. De las 6.000 restantes, alrededor de 1.000 han firmado contratos en los que no se incluyen cláusulas con recomendaciones de precio, mientras que 4.000, propiedad de empresarios independientes, cuentan con contratos de suministro en exclusividad con las petroleras.

Desde la patronal reclaman poder fijar los precios finales de venta al público con libertad y esperan que esta sentencia sirva para que se «liberalice de verdad» el mercado y haya «competencia real».

Cepsa ve positiva la sentencia de Luxemburgo

Por otro lado, Cepsa ha considerado «positiva» la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que la petrolera «no fija» los precios de venta al público en sus gasolineras abanderadas sino que «sólo establece los precios máximos».

La sentencia ha determinado que fijar los precios de venta al público de los carburantes en las estaciones de servicio con contratos de suministro exclusivo «constituiría una restricción de la competencia».

«La sentencia demuestra que no se existe ninguna infracción», añadieron. Asimismo, desde la petrolera subrayaron que la compañía ha acreditado reiteradamente ante la Administración que las estaciones de servicio «disfrutan» de libertad para determinar el precio final de venta al público, siempre por debajo del máximo fijado y a cargo de su comisión.

Eurelectric cree que el tercer paquete de medidas de energía de la UE carece de un impulso real a la integración de los mercados

La patronal eléctrica europea, Eurelectric, ha elaborado un documento en el que expresa su postura frente al Tercer Paquete de Medidas en Energía elaborado por la Unión Europea. Aunque reconoce que existen aspectos positivos, cree que falla en cuestiones muy importantes. Por ejemplo, la falta de una propuesta para terminar con las tarifas reguladas, o la carencia de un modelo sólido de apoyo a la integración de mercados.

Según la patronal, existe un número de elementos positivos en el paquete energético, entre los que destacan:

– La propuesta de contar con unos reguladores nacionales independientes con poderes armonizados y con una perspectiva claramente europea;

– El establecimiento de una Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER);

– Una aproximación similar al sector del gas y la electricidad como forma de facilitar un mercado competitivo de suministro de gas para generación eléctrica;

– El uso prioritario de rentas de congestión para mantener o incrementar las capacidades de interconexión;

– La iniciativa de crear un foro minorista como forma de construir un consenso para el posterior desarrollo de mercados minoristas.

En su informe, Eurelectric opina que, aunque se hace referencia al papel instrumental de los mercados regionales en la mejora de la competencia y la seguridad de suministro, el paquete de medidas carece de ímpetu real hacia la integración de mercados, y que existe un enfoque todavía demasiado importante en asuntos nacionales y no suficiente en el cómo se conseguirá la integración de los mercados.

Por otro lado, para conseguir un mejor equilibrio de poderes, Eurelectric hace un llamamiento para que se modifique la “arquitectura regulatoria” propuesta en el paquete de medidas. Las funciones semi-regulatorias que se atribuyen a la Red Europea de TSO’s, en combinación con los poderes limitados y casi exclusivamente de asesoría de ACER y la larga lista de propuestas, sin un resultado claro y que podrían llevar a incertidumbres legales, son elementos que Eurelectric considera preocupantes.

Eurelectric defiende el acceso no discriminatorio de terceros a la red como principio fundamental de cualquier mercado que funcione correctamente. Por ello considera que los operadores del sistema deben de ver segregadas sus actividades de generación y distribución de electricidad, para poder actuar independientemente de otros intereses cualesquiera.

En su informe, la patronal eléctrica europea sostiene además que el acceso no discriminatorio a la red no debería de ser el único objetivo, sino que debería estar estrechamente conectado a la misión principal de la directiva, que consiste en establecer un mercado integrado de electricidad y gas. En este sentido, y según Eurelectric, es vital que cualquier medida estructural diseñada para proporcionar un acceso con igualdad de oportunidades a la red se combine con medidas adicionales que busquen una integración de mercados.

La asociación presidida por Rafael Miranda cree, por otra parte, que los reguladores nacionales, encargados de asegurar el funcionamiento eficiente de sus mercados, y de promover la competencia efectiva, deberían contribuir a eliminar las tarifas reguladas, que no son compatibles con los precios de mercado. Y lamenta que el paquete no produzca propuestas sobre la eliminación de las tarifas, que considera el principal obstáculo para los mercados minoristas en muchos Estados Miembros.

En su informe, Eurelectric denuncia que el paquete energético de la UE otorga a los operadores del sistema un papel central en la definición y adopción de normativa en un amplio abanico de cuestiones (desde asuntos puramente técnicos a cuestiones de mercado). Por el contrario, la ACER (Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos) está, en muchas áreas, limitada a ser un órgano asesor. Y esto, en opinión de la patronal eléctrica, no refleja el equilibrio de poderes existente ahora entre operadores de sistema y reguladores a escala nacional.

Eurelectric considera que construir mercados mayores y con mayor liquidez necesita una supervisión fuerte, y que es bastante poco probable que cuestiones de primera importancia como la planificación de las redes o la coordinación operativa puede resolverse adecuadamente sólo con una cooperación voluntaria de TSO’s a escala europea. Por ello, la patronal defiende un marco regulatorio más robusto sobre la cooperación de los TSOs regionales.

Por otro lado, Eurelectric cree que los Operadores del Sistema de Transporte deben aportar sus conocimientos para elaborar códigos técnicos, pero no para preparar medidas que tengan un impacto en la organización o el funcionamiento del mercado. En esta sentido señala que el papel casi regulatorio de los TSOs en el desarrollo de las redes y de códigos de mercado es particularmente crítico cuando asumen el doble papel de Operador del Sistema y propietario de las redes de transmisión, y no están sujetos a una regulación e incentivos adecuados.

En resumen, la patronal cree que es necesario resaltar tres puntos que mejorarían considerablemente el Tercer Paquete de Medidas.

En primer lugar, la propuesta necesita un modelo de gestión más efectivo y equilibrado, basado en unos mejores principios regulatorios, la definición de unas prioridades claras para los mercados regionales, el liderazgo de un regulador independiente y una fuerte participación de los agentes del mercado.

Un mayor énfasis en el desarrollo de los mercados regionales es clave para alcanzar el objetivo de integración de mercados. Esto debería incluir, entre otras medidas, un inventivo para que los estados miembros designen un ISO regional.

El desarrollo de unos mercados minoristas que funcionen correctamente necesita recibir una mayor atención, especialmente para establecer unos criterios comunes para efectuar el cambio de suministrador. La eliminación de las tarifas también es vital.

El presidente de la Comisión Nacional de Competencia cree que la competencia del sector eléctrico no es la mejor

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, considera que la actual situación de competencia en el sector eléctrico «no es como para tirar cohetes».

«En esta línea puede apuntar», explicó, el «buen número de expedientes» que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) remite a la Comisión por «prácticas presuntamente restrictivas de competencia».

En declaraciones a los medios en un acto organizado por el Club Siglo XXI, Berenguer también se refirió al modelo de liberalización llevado a cabo en el sector eléctrico en España, y afirmó que «dista mucho de ser perfecto» y que «a lo mejor» hubiera sido conveniente «trocear las compañías públicas antes de privatizarlas».

En este sentido, Berenguer se refirió a la fusión de Endesa, Fecsa y Sevillana de Electricidad, que tuvo lugar en 1996, antes de completar la privatización de Endesa.

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia también recordó que se ha mostrado contrario a la creación de «campeones nacionales y europeos».

El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, critica la fusión de Gaz de France y Suez

El presidente del grupo energético alemán E.ON, Wulf Bernotat, criticó la fusión de los franceses GDF y Suez, porque no sólo dará más control al Estado, sino que será más difícil la competencia en igualdad de condiciones de actores como su empresa en el mercado francés.

En una entrevista publicada por «Le Figaro«, Bernotat consideró que la unión de GDF y Suez, que debe formalizarse en el primer semestre de 2008, «no es una fusión de dos empresas, sino una re-nacionalización de Suez» que dará al Estado francés «más medios de control sobre el nuevo conjunto».

«Será muy difícil a competidores como nosotros combatir con las mismas armas en el mercado francés», señaló el presidente de la compañía alemana, que se va a quedar con el 65% de Endesa Francia en el marco de la escisión de la eléctrica española. A su parecer, la operación de fusión no modificará mucho la fisonomía del mercado francés, pero permitirá a GDF reforzarse en el terreno financiero.

E.ON tiene previsto invertir varios miles de millones de euros en esos activos de Endesa Francia, y así se ha encargado a Siemens la realización de dos centrales de gas de 860 megavatios en el noreste del país.

Bernotat también cargó contra la voluntad de la Comisión Europea de obligar a una separación patrimonial de las líneas eléctricas respecto a las centrales de producción y afirmó que «no tendrá ningún efecto positivo sobre el aprovisionamiento energético, la evolución de los precios o de las inversiones».

En ese sentido, aludió a los casos del Reino Unido o de Holanda, donde esta regla de la separación ya se aplica, pero donde los precios de la electricidad son más elevados (antes de impuestos) que los de Alemania.

El presidente de E.ON concluyó que el principal problema para la configuración de un mercado europeo de la energía es la falta de interconexiones transfronterizas, y se pronunció en favor de la construcción de más líneas entre España y Francia.

Kroes insiste separar la producción y el control de redes útil para la competencia

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, insistió en que la separación de las actividades de producción de energía del control de las redes de distribución es la solución más efectiva para incrementar la competencia en los mercados de gas y electricidad de la UE.

Bruselas considera que forzar la separación de las infraestructuras de distribución -lo que obligaría a la partición de grandes grupos, como EDF, GDF y E.ON, que controlan todo el proceso desde la generación a la venta al consumidor- impulsaría la entrada de nuevos competidores en el mercado e incentivaría las inversiones.

Pero a esta medida se oponen frontalmente Francia y Alemania, y varios países más pequeños, como los bálticos, que temen que grupos extranjeros se hagan con el control de sus redes energéticas.

Al mismo tiempo, ocho países, entre ellos España, han pedido explícitamente al ejecutivo de la UE que siga apostando por esa opción de cara al tercer paquete de liberalización que debe presentar tras el verano.

En un discurso ante la asamblea general de la federación internacional de consumidores industriales de energía, Kroes les instó a que también hagan «oír su voz» en este sentido. La comisaria hizo hincapié en que el modelo actual crea un «conflicto de intereses» para las grandes compañías, que optan por no invertir en la mejora de las redes, aunque están obligadas a ello, para evitar que nuevos competidores amenacen su negocio de distribución. La menor inversión en infraestructuras, advirtió Kroes, no perjudica sólo a la competencia, pues también pone en riesgo la seguridad del suministro.

En su intervención, la comisaria mostró una vez más su oposición a las tarifas reguladas, porque también desincentivan las inversiones y pueden afectar a la eficiencia energética y a la seguridad del suministro. En su opinión, las tarifas reguladas tienden a convertirse en subsidios para actividades no rentables e implican, además, una rebaja artificial de los precios de la energía, lo que contradice abiertamente el objetivo comunitario de combatir el cambio climático. Por ello, recordó, Bruselas ha abierto varios procedimientos e investigaciones sobre los sistemas de tarifas reguladas en países como España, Italia y Francia.

También mostró su determinación a continuar combatiendo «seriamente» los abusos de posición dominante en los mercados energéticos e indicó que su departamento trabaja en este momento en numerosos casos de ese tipo.