Como se informa hoy en los medios de comunicación, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudia hoy la propuesta de congelación de tarifas eléctricas. El organismo que preside Maite Costa tiene que decidir contra sus propias opiniones anteriores: ya ha expresado la necesidad de subir las tarifas eléctricas y contra lo que ya podemos denominar ‘tradición’: el ‘Moncloa dixit’, con desmentidos sobre las subidas de tarifa, con un coste político para los Ministros promotores. El Ministerio de Industria, en previsión, ya se ha adelantado, no se sabe sí por propia iniciativa o por indicaciones de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y ni ha intentado mover los precios de la electricidad. Al menos, en esta revisión de octubre, nos hemos evitado esa sensación de descoordinación en el Gobierno tan desagradable.

Así, en este estado de cosas, duro papel el de los nueve consejeros de este organismo, que tienen que emitir su juicio, contra el lenguaje de retórica preelectoral que adorna la memoria remitida por el Ministerio de Industria: la ‘responsabilidad política’, como legitimador de que no se modifiquen las tarifas, y en paralelo, se retoquen y revisen cuestiones como la garantía de potencia.

En el fondo, ‘la responsabilidad política’, expresada así y en un entorno de precios energéticos como el actual, es un argumento de tintes semejantes el viejo argumento de la ‘razón de Estado’. Ese argumento, la ‘razón de Estado’, es el que se esgrime por los gobiernos, cuando buscan justificación a medidas proteccionistas o a comportamientos políticos o económicos poco ortodoxos. Supone volver a una retórica del ‘poder duro’ (como diría Joseph Nye) en sociedades abiertas, democráticas y liberales, para refrendar sin discusión decisiones a pies juntillas, a ocho meses de unas elecciones dejando la racionalidad a un lado. Por poner un ejemplo, ese fue el comportamiento (y la justificación) en 1973 de la dictadura del General Franco, ante la subida de precios del petróleo, en un escenario final de debilidad para eludir su inoportuno impacto.

Así, la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene por tanto que emitir un juicio sobre una cuestión cuyo pronunciamiento tiene escasa virtualidad, ya que parece completamente atado y bien atado. Su argumentación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista la política energética, desde la perspectiva de la liberalización del mercado y la competencia, desde el punto de vista de eficiencia y fomento del ahorro, desde la óptica de los criterios de la Comisión Europea o del incremento de los costes futuros de la energía, será difícil de justificar, se mire por donde se mire. Es una tarifa que amplía y perpetua el déficit tarifario, incluyendo el ex-ante, y eso que hemos tenido unas condiciones metereológicas envidiables. A ese dudoso hueco intermedio entre todas estas motivaciones racionales es a lo que la Memoria que justifica la Orden de no subida de tarifas denomina, ‘responsabilidad política’. Su peculiar visión de la ‘razón de Estado’ en esta materia, aunque incluya endulzar la realidad a los consumidores presentes y futuros con la consecuencia de que gasten más.

Sin entrar ideológicamente en la cuestión del intervencionismo o el proteccionismo en su caso, no se deben confundir intereses del partido (por tanto, electorales, propios, doctrinarios), con intereses del Estado. Por eso, de aquí, a la próxima revisión de tarifas podemos tener varios escenarios: primero, que las encuestas recorten distancias entre los dos partidos o, segundo, bien que se amplíen. El efecto en el precio de la luz para los consumidores puede ser muy diferente. Así que, si le llaman para hacerle una encuesta diga que votará al Partido Popular y luego haga lo que quiera. Le saldrá a cuenta.

Este verano hemos asistido en los campos de cereal y viñedo de Castilla y León a la proliferación de una plaga: los topillos. Se han hecho casi presentes de forma perenne en los informativos, en lo que los expertos denominan una ‘serpiente de verano’. Sus características: son pequeños, resultan cantidades ingentes, devoran las cosechas y con el esfuerzo de loa agricultores a mordiscos y acaban propagando una enfermedad, la turalemia entre los seres humanos. El que sean pequeños no quiere decir que no sean peligrosísimos: su efecto es la acumulación, el hecho de ser plaga (resistente a los tratamientos) y su permanencia en el tiempo, es decir su acción continuada.

La metáfora de los topillos es aplicable a los ataques continuados al funcionamiento del mercado eléctrico, que parte de una convicción (o mejor dicho, de una no convicción) y es la desconfianza hacia el mismo. Una táctica que por el método del rebosamiento puede acabar con él y, así, volver a escenarios más ‘consensuados’ y tradicionales. En ese marco se inscriben, todas las iniciativas que se han venido dirigiendo para ‘intervenir’ en el mismo. Cada una de ellas son una camada de ‘topillos’ devorando la cosecha, en este caso, lo construido desde el año 1998 en torno al funcionamiento del mercado.

Así tenemos grandes hordas de topillos royendo las bases del mercado eléctrico. En primer lugar, pieza clave en el andamiaje de esta deconstrucción, la política de precios eléctricos y de déficit tarifario desarrollado. Devastador para las posibilidades de competencia en el sector, letal para la configuración de un sector de comercialización básico en un proceso de estas características. Otros episodios más o menos semajantes, ataques de los topillos regulatorios: la fijación de precios en las operaciones bilateralizadas, por ejemplo, fue también una andanada de topillos al mismo corazón del sistema: lo que no se puede conseguir por una política energética coherente, se debe ganar de forma regulatoria a través de la intervención directa.

Otro ejemplo son los vaivenes mantenidos con el tratamiento de los derechos de emisión asignados gratuitamente al sector eléctrico y su descuento de la tarifa. Su tratamiento errático, con fórmulas que evitan su aplicación directa en función de sus ‘otorgamientos’ y de su utilización en la generación, en pos de otras, que incluso reparten los mismos a instalaciones no emisoras, para evitar efectos no ‘deseados’ políticamente. El hecho es que a mediados de septiembre del año 2007, y desde la Secretaria General de Energía, encontramos otro agujero horadado por los topillos del mercado eléctrico: aún no se ha cerrado la liquidación del año 2006, en un ejercicio imposible y poco justificable en cualquier sector económico: la imposibilidad de conocer sus resultados económicos con la fiabilidad y prontitud que se exige de un país avanzado.

Por otro lado, las iniciativas dirigidas a disminuir la seguridad regulatoria, infelizmente consagrada en la reforma del R.D. 436/2004, aunque moderada en sus primeros efectos, a trancas y barrancas, por la propia presión de los agentes económicos. Los cambios de retribuciones en determinados activos regulados (que dieron al traste en bolsa con Red Eléctrica o Enagás) o la configuración del transportista monopolista único, son también otra suerte de huestes de topillos dentro del mercado eléctrico. ¿Y qué podemos decir, de los amagos en el funcionamiento de los mecanismos retributivos de las primas en la energía solar fotovoltaica o de que los agentes se quejen sistemáticamente de eso que llaman ‘memorias económicas’ de las medidas regulatorias y de las sorpresas que producen cuando no existe su concreción cuantificada de forma precisa?. O, por ejemplo, la aprobada en verano, orden ministerial para la gestión de la demanda, configurando los servicios de interrumpibilidad, sin salvar probablemente los problemas que han precipitado el procedimiento abierto en la Unión Europea por las denominadas ‘ayudas de Estado’ en esta materia.

O, si analizamos en el plano institucional, la controvertida ‘presidencialización’ de la Comisión Nacional de Energía, hoy en los tribunales y el propio desdén con respecto a sus decisiones desde el Ministerio de Industria (siempre y cuándo son contradictorias con sus intereses, claro). Como ven, cantidades ingentes de topillos, campando a sus anchas, devorando el funcionamiento de las instituciones. Por no señalar la actuación en las operaciones corporativas del sector, como en la OPA de E.ON, consecuencia de acciones regulatorias precipitadas como un ataque de estos roedores que corroen también la imagen exterior de nuestro país.

Los resultados de los topillos no se han hecho esperar: involución en el número de usuarios ‘liberalizados’ (rompiendo los propios compromisos electorales, esos que deben configurar verdaderamente la ‘responsabilidad política de un partido en el gobierno: el objetivo era acabar con el 50% al final de la legislatura). Según el último informe de la Comisión Nacional de Energía esta cifra sigue disminuyendo. Apenas el 7,11 % en el suministro eléctrico, dos puntos menos que hace un año (9,28 %) en el mes de junio. La Unión Europea abriendo procedimientos de infracción por que nos cazan todas (la ultima será las “nuevas-viejas tarifas” que solo hay que leerse eso escrito negro sobre blanco, de la ‘responsabilidad política’ como origen de la congelación de los precios eléctricos, para llevarse las manos a la cabeza y que nos pillen con las manos en la masa).

La turalemia se extiende en forma de consecuencias para el funcionamiento de los mercados: menos liberalización, menos mercado, más intervención. Más topillos y nada más que topillos.

El actualmente presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero en su toma de posesión, dijo para finalizar el mismo que quería dedicar su mandato ‘a los pobres, a la gente humilde y a la paz’. Una declaración de intenciones políticas que no tiene que ver con el ejercicio de dispendio indisimuladamente electoral de estos últimos días, propulsados por el furor de la búsqueda de liquidar el déficit presupuestario a cuenta de las próximas elecciones.

Esta declaración de principios viene a cuento del butano, una energía, que fruto del proceso de modernización del país, de sustitución de viviendas por parte de las familias, de penetración y extensión de otras fuentes como el gas natural, de rehabilitación de los centros urbanos, etc…, ha quedado relegado a su utilización por las economías domésticas más humildes. Energía que nos retrotrae a otra época, a los braseros y los hornillos.

Recientemente Concepción Calzada, presidenta de la Asociación de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo, denunciaba en una entrevista Energía Diario la falta de respuesta por parte del Ministerio de Industria a los problemas que tiene un sector como el de la distribución del gases licuados de petróleo. Una pérdida de cuota de mercado galopante, poca innovación en el producto, salvo la entrada de nuevos operadores todavía muy tímida (y muy dificultosa, dada la red que posee el operador principal, etc…) la atomización de los clientes, una regulación incompleta y anticuada han dado lugar a la progresiva y parece que inexorable desaparición de distribuidores. Desde el punto de vista de su ‘mano de obra’,

Sin embargo, el butano es una energía de un perfil muy doméstica y cuya utilización política desde el punto de vista tarifario es indudable. Como el pollo o la barra de pan (y ahora la luz), el butano ha pasado por ser uno de esos obscuros objetos del deseo, en los que la voluntad de intervención del regulador con fines políticos se hacia patente y entraba en juego: proteger a la ‘ciudadanía’ (¡que término, por Dios!) de la inflación, controlar el descontento social de usuarios y votantes y de ofrecer ‘medidas populares’. Por tanto, el precio de la bombona ha pasado a tener un uso electorales la panoplia de posibilidades de acción que tiene Industria en su mano.

Se trata, no obstante de una energía sin glamour: hoy no protagoniza las denominadas operaciones-corporativas-del-sector-energético: tampoco se le atribuyen planes especiales para su fomento o desarrollo, no hace subastas virtuales, no se introducen mecanismos ‘sofisticados’ de regulación o tiene que ver con la reducción de los gases efecto invernadero. Si eliminamos el componente social derivado del precio de la botella cada vez que se modifica (electoralismo moderado ‘ma non troppo’), vemos como no tiene una presencia en los medios, salvo en estos momentos, por su voluntarioso esfuerzo por salir del anonimato.

En cambio, lo que parecen denunciar los agentes es la falta de atención a todo ese proceso de fondo que sigue el gestor, la necesidad de completar su sistema regulatorio, de efectuar un ajuste y una reconversión del mismo, de forma que el Ministerio se involucrarse en un esfuerzo gestor, como se realiza por otras Administraciones en sectores en reconversión. Así a la pregunta desde el grupo mixto de la semana pasada sobre esta cuestión, el Ministerio de Industria, respondió lacónicamente y por escrito, señalando algo que ya estaba en marcha: que desde la Secretaria General de Energía se solicitaría un informe a la Comisión Nacional de Energía sobre los costes reales del mismo.

El problema es que en esta cuestión, la distribución del butano puede tener efectos para todas esas personas humildes protegidas de forma ‘naif’ y de corto alcance, centrada exclusivamente en la regulación periódica de sus precios, dados los problemas de fondo que ya tiene el sector y las consecuencias de futuro de su inacción. Existen riesgos de desabastecimiento, de deterioro en los servicios que necesitan estos usuarios y de que en zonas rurales y determinadas localizaciones urbanas.

Es necesario que la Administración en este caso, se implique con racionalidad en el problema, promoviendo y articulando las relaciones de los agentes que participan en todas sus dimensiones (operadores, distribuidores, sindicatos, Administraciones), en para resolver los problemas de este sector e ir más allá, con una visión de mayor alcance, que la mera intervención de los precios (en la tarifa eléctrica esto se soluciona mediante el crédito), para abordar la actualización de sus costes, de sus tarifas y que se complete y modernice su regulación, con eficiencia, con transparencia. Así, se atiende el presente y el futuro de lo que afecta a la gente humilde (y a todos).

¿Ha probado Vd. a intentar engañar el espejo? Es decir, querer ser más rápido con sus movimientos que el proceso de la propia superficie del espejo mediante el cual refleja y devuelve su imagen especular. La conclusión es que no existe escapatoria al espejo, casi por la propia definición de imposible metafísico, al querer estar y no estar a la vez. Se trata de un ejercicio particular de ‘gimnasia sueca’, algo pasivo y dinámico pero en definitiva estático.

Algo parecido sucede con las reacciones que suscita la construcción de la línea de muy alta tensión, con una nueva interconexión eléctrica con Francia. Hace poco dábamos cuenta de la posición del presidente de la Cámara de Comercio de Girona, a favor de esta línea, con argumentos basados en la competitividad de la zona y en las necesidades para el fortalecimiento de la industria turística.

En cambio, esta reacción no es la más habitual y a la que venimos asistiendo con asiduidad desde las organizaciones, grupos de presión y municipios de la zona. Han existido hasta homenajes recientes a la resistencia a la construcción de la línea de muy alta tensión. Todo ello aderezado por una posición tibia desde los ejecutivos de la Generalitat, que no han impreso el carácter de necesidad estratégica a esta conexión, y por ende, poniendo a cocción la reacción de los intereses zonales.

Si cabe, incluso la intervención del actual Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, natural de Girona y ex Subdirector de Promoción y Operación del Institut Catalá de L´Energia (ICAEN), no ha hecho sino complicar las cosas, con la propuesta de abrir otro frente, la construcción de otra conexión con Francia, esta vez por Navarra, como manifestó en público antes del verano. Habría que valorar la realidad de materializar esta doble vía o las consecuencias de dejar abierto un debate estéril sobre si son galgos o son podencos, como si pudieran llegar a ser ejercicios de opción, para conseguir una opción pacífica.

Sin ocultar el propio comportamiento del gobierno francés durante estos años, caracterizado por no facilitar (más bien lo contrario, obstaculizar), la construcción de esta infraestructura tan necesaria, de la que depende la garantía de suministro, el desarrollo económico de la zona y las necesidades energéticas que requiere el AVE. Tampoco hay que eludir las responsabilidades gestoras, tanto de Red Eléctrica, como de la Generalitat (sumida en el fuego cruzado de las necesidades energéticas y los cálculos electorales). Esta es una cuestión que debería haberse resuelto mucho antes, y el hecho de que se haya tenido que nombrar a Mario Monti, mediador, evidencia el fracaso sucesivo en este proyecto de las distintas administraciones. Todo ello ha favorecido un camino de más de diez años, presidido por la indefinición, la falta de objetivos firmes y estratégicos, la división interna y el apoyo tibio al proyecto, hasta que se ha convertido en urgente.

Tras lo que ha pasado en Barcelona este verano con las redes eléctricas, no se puede seguir practicando ejercicios de gimnasia sueca, con las infraestructuras de generación y de transporte eléctrico. Por ejemplo, el plan Corona (que reforzaba las infraestructuras de transporte en Barcelona), empezó a definirse en 2001, se concreto en 2002, se firmó en 2003 y desde entonces, la mayor parte de las infraestructuras de transporte están sin empezar. Administraciones centrales y autonómicas, gestores de Red Eléctricas sucesivos, deberían explicar la razón de este pantano.

En este contexto, tendríamos que plantearnos cómo compatibilizar las demandas de consumo de energía para familias y empresas, y las exigencias de estas infraestructuras, evitando el bloqueo de las necesidades sociales por grupos de interés o por incapacidad gestora, o por los mecanismos de retroalimentación y justificación que promueven dentro de la propia Administración. Y, en concreto, cabe una reflexión especial y continuada (sorprenderá conocer en cuantas cuestiones han existido fuertes aplazamientos) sobre las razones de las graves demoras alrededor de las redes de transporte en Catalunya. Aunque, seguramente Montilla, ha tomado buena nota y ya sabe lo que tiene que hacer: gestionar.

Ayer se conoció la decisión del Gobierno de solicitar a la Comisión Nacional de Energía de congelar las tarifas en el ultimo trimestre de año 2007. La primera reflexión que cabe extraerse de esta decisión de no modificar las tarifas, es que estamos en tiempo de descuento político de cara a las elecciones generales del mes de marzo, por lo que no podemos esperar avances en esta cuestión, aunque sí retrocesos como éste. Esta acción se puede unir a los anuncios electorales del Gobierno: 2.500 euros por hijo, subida de las pensiones de 1.450 euros para viudos/as y pensiones mínimas. Con la diferencia es que esta cuestión no es una prestación o una subvención, en teoría.

En el mismo sentido, y desde el punto de vista político, parece que el Ministerio de Industria, ya ha tirado la toalla, debilitado ante los dos intentos previos fallidos de subida de tarifas, con ‘campaña de creación de clima’ asociados y que fueron abortados abruptamente desde la Presidencia del Gobierno, una vez por la Vicepresidenta del Gobierno y la segunda, al parecer por el propio Presidente.

Industria justifica esta ‘no decisión’, en el futuro. Según las informaciones conocidas ayer, esta la “estrategia” de no subir las tarifas es coherente con los crecientes recursos destinados a financiar medidas de ahorro energético y con la política de instalar contadores electrónicos, que discriminan la electricidad consumida por periodos’ (¿?). ¿Qué hacemos con los costes de generación de todo lo que hayamos consumido hasta el momento en que estén implantados masivamente los contadores? ¿Alguien ha medido el ahorro real de esta medida y cuando se producirá?.

Para ser un Ministerio con todo su aparato político, económico y estadístico no hay rastro en la justificación de lo que en realidad económicamente determina el precio de la misma: el coste de la generación, el transporte y la distribución. Y, en la parte hoy liberalizada, los costes de generación, se reflejan a través de los precios que se obtienen en el mercado eléctrico. Obviar esa realidad es un ejercicio poco útil que alimenta el déficit tarifario, ‘ex ante’ o ‘ex post’, para trasladarlo a los ciudadanos (votantes) futuros. Eso si es estrategia.

Otra conclusión que puede sacarse de lo que se ha conocido por los medios es, que el gobierno petrifique la tarifa para los usuarios no quiere decir que no modifique parámetros de retribución para las empresas, como los de garantía de potencia o de capacidad. Por tanto, hasta no conocer más detalles del contenido de la propuesta no se podrá conocer el alcance de las modificaciones tarifarias, que seguramente si las hay. El manierismo regulatorio es infinito como los granos de arena del desierto y, ante eso, solo queda que todos se tienten la ropa. Se trata de que todo cambie y de que todo permanezca igual a la vez, en un ejercicio de malabarismo político intervencionista.

Finalmente, hagan apuestas. ¿Que va a pasar a principios del año que viene con las tarifas del 2008? Con las elecciones más cerca, puede ser que los sondeos y las encuestas, determinen la acción del gobierno o que simplemente se aplacen al trimestre posterior a las elecciones las posibles subidas (con contadores y todo). Algún día habrá que reflexionar de que los calendarios electorales modifiquen los comportamientos institucionales de los agentes, porque confunden cálculos tarifarios con cálculos electorales.

Lo que está claro es que estrategias hay muchas. La de no importunar las voluntades políticas de Moncloa y no meterse en problemas. La de convencer a los ciudadanos que la no subida de tarifas se asienta en los contadores que se implantarán en el futuro. La estrategia de convencer a los consumidores que no sean eficientes en su uso de la energía, porque no sube su precio y, por tanto, la pueden malgastar. La de la demagogia electoral y los juegos de espejos a los ciudadanos y consumidores. La estrategia de trasladar los precios presentes a precios futuros para que lo paguen otros. La del ‘tardofranquismo energético’: no subir los costes de la energía por el encarecimiento del petróleo para no provocar más tensiones políticas. Si esto que está pasando, no es ortodoxo, no es sano económicamente como ya se demostró en su momento, pero no es nuevo.

Ahora se le llama estrategia a cualquier cosa. Lo que nos quedará por ver.