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Unesa ve con «buenos ojos» a Álvaro Nadal como nuevo ministro de Energía

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EFE.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que ve con «buenos ojos» la composición del nuevo Gobierno y en especial al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, del que Montes señaló que «está muy formado y será un buen ministro».

Montes explicó que «antes de hacer más valoraciones de la nueva cartera de Energía, es necesario conocer la estructura orgánica que tendrá el Ministerio y especialmente saber quién será el nuevo secretario de Estado de Energía». «Cuando se conozca la estructura del Ministerio trasladaremos nuestras peticiones como sector, que debemos pensar tranquilamente», añadió. Montes alabó la gestión del hermano del nuevo ministro, Alberto Nadal, como secretario de Estado de Energía, pero no quiso pronunciarse sobre cuál de los dos hubiera preferido como titular del Ministerio.

Industria tiene lista la metodología para revisar el margen de comercialización de la tarifa regulada

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Redacción / Agencias.- La Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, tiene ya preparada la nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras que suministran electricidad a los clientes acogidos a la tarifa regulada y está «muy cerca» de enviarla al Consejo de Ministros.

Tras participar en la jornada Transición energética: pasos hacia un nuevo modelo energético, el secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, indicó que su departamento está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Gobierno a fijar una metodología para determinar el margen de comercialización de la tarifa regulada. Nadal señaló que la Secretaría de Estado la tiene ya «preparada» y está «muy cerca de poderla mandar a la comisión de subsecretarios y al Consejo de Ministros».

El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, urgió con antelación al Gobierno a solucionar el problema del margen de las comercializadoras que suministran en el marco del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la única tarifa regulada. «Todas las comercializadoras que suministran en PVPC están en importantes pérdidas», denunció. Nadal ha recalcado que Industria trabaja para cumplir lo establecido por el Tribunal Supremo y ha apuntado que «el presidente de Unesa no pone deberes al Gobierno». En junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya emitió un informe con una propuesta de metodología para fijar el margen de comercialización de las suministradoras de PVPC.

Unesa señala que España ha pasado a ser importadora de energía por los impuestos aplicados al sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- España pasó en 2015 de ser una exportadora neta de energía a tener un saldo importador, un cambio en el sentido de los intercambios internacionales vía interconexiones que la patronal Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) vincula, entre otros aspectos, a la mejora de las interconexiones y a la mayor carga impositiva a la producción eléctrica en España. Unesa también prevé que este 2016 se mantenga ese saldo importador del sistema.

«Es un problema de precios; hasta hace un par de años el precio del mercado español era atractivo para ser exportador, pero ahora hay más impuestos que encarecen nuestra producción», argumentó el presidente de Unesa, Eduardo Montes, que destacó que 2015 fue un ejercicio en el que el consumo de energía creció un 1,4%, hasta los 236.651 millones de kilovatios hora (kWh), lo que supone una «buena noticia, ya que rompe con la tendencia descendente de los últimos años». Para este año, Montes vaticinó un estancamiento en la demanda, ya que «no va a haber crecimiento» y va a estar prácticamente en línea con 2015.

Precio menos competitivo por impuestos

De vuelta a las cifras del año pasado, Montes explicó que la diferencia entre el alza de la demanda y la de la producción, que creció un 0,1%, se debe a ese cambio en el flujo de los intercambios internacionales. Un cambio que vinculó a la menor competitividad del precio de la electricidad en España, encarecido tras los impuestos aplicados en el marco de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa.

En este sentido, el presidente de la patronal de las principales compañías eléctricas destacó como uno de los hechos más destacados de 2015 la importancia de haber atajado la generación del déficit de tarifa eléctrica. «Se ha hecho a costa en mucha parte de las compañías y sobre todo de las de Unesa, pero hay que reconocer que se ha reconducido», afirmó Montes, quien destacó que era un problema «muy gordo y complicado» que no podía permitirse. La liquidación definitiva de 2015 hará que el ejercicio se cierre sin déficit, incluso con un ligero superávit, y tampoco se generara más déficit este año, avanzó Montes.

Este año caerá el carbón

Por otro lado, Unesa estima que la aportación del carbón a la producción eléctrica en el año 2016 se reducirá en torno a un 40% y que se incrementará alrededor del 12,5% la de las renovables. Montes explicó que los cambios en la producción se explican por razones climáticas, ya que tanto la hidráulica como la eólica aumentarán a costa básicamente del carbón. Con ello, la producción de electricidad libre de emisiones alcanzará el 70%.

De vuelta al balance de 2015, Montes ha recordado que la producción de las tecnologías convencionales supuso el 62,6% de la producción total de España y el régimen con retribución específica el 37,4% restante. 2015 fue un año poco favorable climáticamente para las renovables, la mayor aportación fue de la nuclear y del carbón, que se situaron en torno al 20%, seguidas de la eólica, con el 17%; el gas natural, con el 11%; la hidráulica, con el 9%, y la solar, con el 5%.

Las emisiones del déficit de tarifa eléctrica llegan a tipos negativos por primera vez

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EFE / Europa Press.- Las emisiones del déficit tarifario, la deuda de más de 25.000 millones de euros que arrastra el sistema eléctrico español, se han financiado con tipos negativos por primera vez este año, según el informe eléctrico de 2015 de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica), que también recoge que las empresas que integran la patronal eléctrica, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, registraron en 2015 un beneficio neto de 2.837 millones de euros, un 14% más que en el 2014.

Respecto a las emisiones, en el informe se recoge que el Euribor a tres meses, que sirve como referencia para la revisión de dos categorías de este déficit, registró valores negativos por vez primera en abril del año pasado, lo que determina que se aplique un tipo de interés negativo durante 2016 a la emisión de 2005. El déficit hasta 2005, según los datos de Unesa, sumaba en origen 6.167 millones, de los que quedaban, a cierre del año pasado, 1.418 millones pendientes de cobro.

En total, la deuda del sistema eléctrico al terminar 2015 ascendía a 25.057 millones de euros, un 7% menos que al cierre de 2014. Desde el año 2000, se generaron casi 40.000 millones de esta deuda de los que se amortizó sólo una tercera parte. El déficit se paga vía peajes eléctricos, una de las dos patas que componen el recibo de la luz de los consumidores. El año pasado, por ejemplo, se amortizaron 1.899 millones y se pagaron 998 millones de intereses. También desde el año pasado el sistema ha dejado de generar déficit.

Desde hace años, los derechos de cobro de las eléctricas se cedieron a inversores financieros a través de diversos procesos de titulización. En total, hay cuatro categorías de derechos de cobro con importes pendientes de amortización: el déficit de 2005, ex ante, 2013 y FADE que suman esos 25.000 millones pendientes. El tipo medio para todas las emisiones de esta deuda se sitúo al cierre de 2015 en el 3,853%.

2.837 millones, beneficio en 2015

Según consta en el informe de Unesa, el incremento de 348 millones de euros en el beneficio de las 5 compañías que integran la patronal eléctrica se debe al efecto contable que se deriva de la reversión de provisiones fiscales dotadas en años anteriores, con un impacto contable positivo de 220 millones de euros. La facturación en 2015 de las principales eléctricas alcanzó los 21.572 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 5% con respecto al año anterior.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas eléctricas se incrementó un 1,5% en 2015, hasta los 2.318 millones de euros. La potencia eléctrica instalada en España fue de 107.841 megavatios (MW) en 2015, lo que supone un crecimiento del 0,2% frente al ejercicio anterior. Por tecnologías, destacó el incremento de potencia hidroeléctrica en 883 MW, así como el descenso de potencia térmica convencional en 748 MW.

Unesa espera que el futuro Gobierno aborde «en unas semanas» la subida del margen comercial de la tarifa regulada

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, explicó que es necesario que se forme ya un nuevo Gobierno para que se pueda abordar la revisión del margen de comercialización aplicado al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), margen que debería aumentar según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015. En este sentido, Montes denunció que «el estar sin Gobierno es un auténtico problema para el país» y «un tema grave» para el sector.

Al menos un «tema muy importante» como el de la retribución a la distribución sí que quedó «zanjado» a juicio de Montes, con un marco que «puede gustar más o menos», pero que es “estable”. Así, el presidente de Unesa afirmó que el margen de comercialización de las eléctricas, una vez que el Tribunal Supremo instó al Gobierno para su revisión antes del pasado mes de julio, es una de los «temas importantes» que quedan por resolver tras casi un año de Gobierno en funciones. Competencia cumplió en junio con la obligación de facilitar al Gobierno una metodología que, en teoría, el Ejecutivo debería haber aprobado ese mismo mes para cumplir con el auto del Supremo, pero aún sigue pendiente.

El margen de comercialización permanece congelado en 4 euros por kilovatio contratado al año desde 2009, un importe insuficiente según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir todos los costes asociados a ese suministro, un sentido en el que también se han expresado reiteradamente las compañías eléctricas. La nueva metodología de Competencia fija el margen de comercialización en 5,24 euros por kilovatio contratado al año, lo que supondría una subida de 5 euros al año para una familia media, una vez que se aplique. Según los últimos datos disponibles, unos 12 millones de consumidores están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En este sentido, Montes mostró su confianza de que este asunto del margen esté resuelto «en las próximas semanas». De hecho, aseguró que todas las empresas comercializadoras del sector que ofrecen esta tarifa «están en pérdidas» y recordó que la mitad de la cifra de negocio de las compañías eléctricas está ligada a temas regulados. “Se solicitó un incremento de este margen y hubo una sentencia favorable, pero estamos esperando a ver cuál es el margen con el que van a tener que sobrevivir estás compañías», sentenció al respecto Montes.

Por otro lado, entre los asuntos a abordar por el nuevo Ejecutivo en el sector, se refirió también al bono social, sobre el que se mostró partidario de «redefinir» a sus beneficiarios, ya que considera que existen personas que se benefician de este descuento que no lo necesitan y puso como ejemplo algunas familias numerosas con suficientes recursos para pagar la luz. A este respecto, tras recordar que las eléctricas tienen múltiples convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar los efectos de la pobreza energética, reiteró que «hay que redefinir quién tiene derecho al bono social para que el dinero esté dirigido a colectivos que de verdad lo necesitan».

Otro aspecto que según Unesa debe ser abordado por el Gobierno es el relativo a los pagos de capacidad, la retribución que reciben aquellas centrales que están en reserva y que actúan cuando las renovables no pueden aportar al sistema eléctrico, o seguir avanzando en la liberalización del mercado eléctrico. Por otra parte, Montes criticó a las conocidas como comercializadoras piratas, que no cumplen las exigencias dispuestas por el operador del sistema Red Eléctrica, ya que «hacen daño» al sector y representan un «fraude organizado». Sobre el autoconsumo, defendió que tiene «su nicho», aunque respaldó el marco aprobado por el Gobierno, ya que quien quiera utilizar la red «tiene la obligación de pagar por ello».

Industria inhabilita a Vertsel y Zencer como comercializadoras eléctricas

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EFE.- El Ministerio de Industria publicó las órdenes por las que inhabilita a Vertsel Energía y Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza como comercializadoras eléctricas y fija el procedimiento para el traspaso de sus clientes a otras empresas. El proceso que culmina con la inhabilitación de ambas empresas arranca por el incumplimiento de las garantías económicas exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España, para poder prestar estos servicios. En el caso de Vertsel, estos incumplimientos llegaron a los 8,5 millones de euros; mientras que en los de Zencer a 1,5 millones.

Tanto las distintas eléctricas de forma individual como a través de la patronal Unesa presentaron escritos mostrando su conformidad con estas inhabilitaciones señalando «que, en los últimos años y de manera creciente, se repite una práctica por parte de ciertas comercializadoras que repercuten negativamente en el resto de sujetos del mercado eléctrico». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también abrió expedientes sancionadores contra estas empresas. Por su parte, las comercializadoras inhabilitadas también alegaron mostrando su disconformidad con los avales que se les exigen, «desproporcionados» a su juicio, y rechazando haber puesto en riesgo el sistema eléctrico.

El Tribunal Supremo plantea dudas de constitucionalidad sobre el impuesto eléctrico del 7% y dos tributos nucleares

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Europa Press / EFE.- El Tribunal Supremo ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y su supuesta finalidad “medioambiental” ya que admite que dicha norma pudo tener por objeto financiar el déficit tarifario. Se trata del Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, gravado al 7%, del impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, y del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos.

Estas dudas han llevado al Alto Tribunal a plantear cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012. La Sala Tercera del Supremo tiene dudas sobre la finalidad “medioambiental” de dichos impuestos, que los magistrados entienden que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos. Por ello, creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos. En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con el establecimiento de dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.

El Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2012 la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético, que preveía la creación de nuevos gravámenes para acabar con el déficit tarifario, un agujero de 24.000 millones generado porque los ingresos del recibo de la luz no cubren todos los costes que se pretende remunerar con ellos. Entre los impuestos, destacaba una tasa del 7% sobre la generación y gravámenes sobre residuos nucleares, el uso del gas para la producción de electricidad o el gas natural, entre otros. La norma despertó desde su implantación un fuerte rechazo entre la patronal y las empresas eléctricas, que alegan que dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector.

Los empleados de la patronal Unesa se desplazarán en taxis eléctricos

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Servimedia / Europa Press.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha firmado un convenio con Visual Think Labs, en virtud de que los empleados de la patronal de las eléctricas utilizarán en sus desplazamientos la flota de taxis eléctricos de esta compañía, gestionada a través de su plataforma MoviTaxi-eco. A partir de ahora, los trabajadores de Unesa se moverán en taxis eléctricos en todos aquellos desplazamientos que tengan que hacer por motivos profesionales, y siempre que haya disponibilidad de los mismos.

El acuerdo favorecerá el incremento de implantación de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros, señala la asociación, que destaca que «el vehículo eléctrico constituye un elemento fundamental para el desarrollo de una movilidad sostenible en el transporte, tanto en las ciudades como en las principales vías de comunicación». «Todo ello contribuye, en definitiva, a mejorar de forma significativa la eficiencia energética, la reducción de emisiones y el respeto por el medioambiente, al igual que a lograr una menor dependencia energética del exterior y del petróleo en nuestro país», añade.

La firma del acuerdo se inscribe dentro de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y responde al compromiso de Unesa y de sus empresas asociadas con la protección del medioambiente, así como con el apoyo a la movilidad eléctrica, una tecnología de futuro cuyo desarrollo supondrá un importante beneficio para la sociedad y para la sostenibilidad. Unesa explica que su política de RSC abarca diferentes aspectos, entre los que se incluyen el cultural, educativo, formativo y laboral, siempre con el objetivo de acercar el sector eléctrico a la sociedad y contribuir a su avance.

Posteriormente, Visual Think Labs ofrece un servicio de movilidad eficiente y sostenible, comprometido con sus clientes y el medio ambiente. Esta empresa dispone de la primera plataforma nacional de taxis de bajas emisiones, conocida como MoviTaxi-eco. Visual Think Labs tiene especial interés en el aumento de la flota de taxis eléctricos en todo el país. Para fomentar una mayor difusión de la automoción eléctrica, canaliza la demanda de taxis prioritariamente hacia este tipo de vehículos.

La Audiencia Nacional admite un recurso de Iberdrola contra los porcentajes de financiación del bono social

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Europa Press.- La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso de Iberdrola en contra de la orden ministerial en la que se detallan los porcentajes en los que las compañías eléctricas deben financiar el bono social de la luz del ejercicio 2015. En la orden ministerial se indica que Iberdrola deberá asumir un 38,2% del coste del bono social, frente al 41,2% de Endesa y el 14,4% de Gas Natural Fenosa.

Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.ON España tienen recurrido ante el Tribunal Supremo el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto del bono social. Tras la reforma energética, las grandes empresas del sector deben financiar en un 99% esta ayuda, que contempla un descuento de hasta el 25% en el recibo eléctrico de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW).

El nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las 5 grandes eléctricas de Unesa deben asumir prácticamente la totalidad de la ayuda, que ronda los 200 millones de euros anuales. El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las 5 grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las 5 grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social. Al anularse esta fórmula de financiación restringida a 5 empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que nuevamente son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, eliminan los aspectos considerados discriminatorios.

Carbunión señala que 2016 será el año de la liquidación de la minería del carbón si no se toman medidas

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Redacción / Agencias.- El presidente de Carbunión, Oscar Lapastora, ha advertido de que 2016 puede ser el año «de la liquidación de la minería del carbón», por lo que ha reclamado al Gobierno las ayudas comprometidas para el sector. En la presentación del Balance Energético 2015 y Perspectivas para 2016, Lapastora subrayó que el Gobierno no prevé aprobar «ninguna medida para incentivar el consumo de carbón autóctono» y criticó que para el sector «el Gobierno no lleva unos meses en funciones, sino años».

De esta manera, el presidente de la patronal minera consideró que sin medidas que sean inmediatas este 2016 «veremos la liquidación de la minería nacional”. En su explicación, Lapastora señaló que el precio del carbón internacional se ha situado en los dos primeros meses del año en mínimos de la última década y que 2016 arrancó con una caída de la demanda, siendo el hueco térmico menor que en el mismo periodo de 2015 y la participación del carbón en la generación de electricidad también menor, del 10,5% frente al 17,5% del 2015, con una parte muy importante de importación internacional. También se refirió a la incertidumbre política, lo que unido a estos factores hacen prever un «año muy complicado».

El sector tiene pendiente la tramitación de una serie de ayudas del vigente Plan de la Minería y Lapastora exigió que esas medidas lleguen «ante la extrema gravedad del sector». A su juicio, a la incertidumbre política y la caída de la demanda se ha sumado la falta de voluntad del Gobierno.  Hace unas semanas, el consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, afirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le había transmitido que las ayudas a la minería comprometidas estaban paralizadas. Se trataría de la tramitación de 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos Generales de 2016

Unesa pide sacar costes políticos

Mientras, el director de Regulación de la patronal eléctrica Unesa, Pedro González, subrayó la importancia de contar con un marco regulatorio «estable» que permita atraer todas las inversiones necesarias para el sector ante la incertidumbre política actual. «Esta situación nos plantea dudas sobre la deriva del sector eléctrico durante los próximos cuatro años», indicó González, que insistió en la necesidad de sacar de la factura de la luz todos «los costes de política energética» que están incluidos, ya que si se hiciera España sería uno de los «países más competitivos en el precio de la electricidad”. Sobre el año pasado, destacó que «por fin” la demanda eléctrica subió un 1,8%. Además, valoró la «consolidación de la desaparición del déficit tarifario».

APPA lamenta la improvisación política

En un tono más duro, el presidente de la patronal renovable APPA, José Miguel Villarig, lamentó que la política energética «sigua estando marcada por la improvisación» y que «la polémica» siempre tenga como foco a las energías renovables. «Siempre estamos con que si son caras o baratas, la disyuntiva es qué hemos hecho bien en el desarrollo de las renovables. Salen caras cuando se procede a llevar los desarrollos con bastante improvisación», dijo. Por ello, cuestionó los planteamientos de Industria sobre el coste de las renovables y reclamó medidas que pongan fin a la «animadversión» del último Gobierno hacia ellas.

Asimismo, respondió al secretario de Estado de Energía que desde APPA se lleva pidiendo pactos de Estado desde hace años y consideró que tanto Alberto Nadal como el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «faltan al rigor al hablar de muchas cosas«, por lo que pidió corregir los efectos de la denominada como reforma energética. Además, Villarig criticó el sistema de subastas de energías renovables, ya que «puede venir cualquiera» a desarrollar proyectos al no exigirse más que un aval del 1-2%. «No van a funcionar», dijo.