Servimedia.- La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) cifran entre 66.097 millones y 76.680 millones de euros los “pagos ilegítimos” al sector eléctrico entre el inicio de la liberalización en 1998 y 2013. Estas cifras aparecen recogidas en un estudio realizado por Pablo Cotarelo, investigador en ODG, y presentado por la coordinadora estatal de PX1NME, Cote Romero, que explicó que actualizando el valor del dinero se llegaría a 103.899 millones.

Cotarelo explicó que a través de la tarifa eléctrica se han realizado pagos que, a su juicio, «van contra los intereses de la población«. En concreto, en el apartado del componente regulado, Cotarelo indicó que debido a la «opacidad y falta de racionalidad» en el pago de déficit de tarifa, los «pagos ilegítimos» ascenderían a 13.169 millones, así como en los pagos relacionados con el carbón (2.799 millones), los costes de transición a la competencia (9.479 millones) y la nuclear (6.100 millones). Respecto a otros pagos, el mayor montante se deriva de los pagos por capacidad y garantía de potencia (15.607 millones), seguido del alquiler de contadores (3.943 millones), la interrumpibilidad (2.804 millones) y el impuesto de electricidad (1.965 millones).

De igual forma, Cotarelo se refirió a los beneficios generados por un «comportamiento totalmente irregular en el mercado diario«, que en el estudio se recoge mediante una comparativa entre los ingresos reales obtenidos por instalaciones antiguas frente a lo que habrían recibido en caso de haber seguido vigente el marco normativo anterior. Así, los ingresos recibidos por las instalaciones nucleares e hidroeléctricas son más de 70.762 millones, mientras que con el marco anterior 48.573 millones, por lo que los beneficios «extraordinarios» conseguidos por este tipo de instalaciones ascienden a 22.190 millones. En cuanto a la subasta Cesur, el sistema anterior que determinaba los precios de la luz, los «pagos ilegítimos» habrían alcanzado los 1.605 millones.

De igual forma, las grandes eléctricas españolas representadas por la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) habrían percibido «más de 65.000 millones en pagos ilegítimos». En este sentido, Cotarelo indicó que estas empresas «no serían sostenibles económicamente sin estas ayudas» reconocidas por el Estado y realizada por los usuarios finales. De igual forma, desde PX1NME señalaron que «no se comprende» que con un sistema actual que presenta sobrecapacidad de generación los consumidores abonen pagos por capacidad, y pagos por interrumpibilidad.

«El sistema eléctrico encubre una transferencia de renta de los consumidores a las grandes eléctricas», apuntó Cote Romero, quien advirtió de que por este motivo el recibo de la luz es «muy complejo». Romero criticó también que se subvencione al carbón y en cambio se pongan «todas las trabas del mundo» a las energías renovables, al tiempo que reprobó la deuda millonaria contraída con las eléctricas cuando tienen «beneficios milmillonarios».

El estudio incide también en la «deuda ecológica», y propone como solución para la «opacidad y generación normalizada de pagos ilegítimos» comenzar por la realización de una auditoría con la «ineludible» participación ciudadana. Además, desde PX1NME y el ODG pide la cancelación de las normas que han permitido y generan estos «pagos ilegítimos», sustituir el mercado eléctrico actual por un sistema de fijación de precios basado en la «racionalidad» y un plan de recuperación y devolución de estos pagos. Al acto de presentación acudieron representantes de asociaciones de consumidores como Facua, que exigirá a los partidos políticos para que se comprometan en sus programas a efectuar una auditoría del sistema.