Unesa espera que el futuro Gobierno aborde «en unas semanas» la subida del margen comercial de la tarifa regulada

Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, explicó que es necesario que se forme ya un nuevo Gobierno para que se pueda abordar la revisión del margen de comercialización aplicado al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), margen que debería aumentar según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015. En este sentido, Montes denunció que «el estar sin Gobierno es un auténtico problema para el país» y «un tema grave» para el sector.

Al menos un «tema muy importante» como el de la retribución a la distribución sí que quedó «zanjado» a juicio de Montes, con un marco que «puede gustar más o menos», pero que es “estable”. Así, el presidente de Unesa afirmó que el margen de comercialización de las eléctricas, una vez que el Tribunal Supremo instó al Gobierno para su revisión antes del pasado mes de julio, es una de los «temas importantes» que quedan por resolver tras casi un año de Gobierno en funciones. Competencia cumplió en junio con la obligación de facilitar al Gobierno una metodología que, en teoría, el Ejecutivo debería haber aprobado ese mismo mes para cumplir con el auto del Supremo, pero aún sigue pendiente.

El margen de comercialización permanece congelado en 4 euros por kilovatio contratado al año desde 2009, un importe insuficiente según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir todos los costes asociados a ese suministro, un sentido en el que también se han expresado reiteradamente las compañías eléctricas. La nueva metodología de Competencia fija el margen de comercialización en 5,24 euros por kilovatio contratado al año, lo que supondría una subida de 5 euros al año para una familia media, una vez que se aplique. Según los últimos datos disponibles, unos 12 millones de consumidores están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En este sentido, Montes mostró su confianza de que este asunto del margen esté resuelto «en las próximas semanas». De hecho, aseguró que todas las empresas comercializadoras del sector que ofrecen esta tarifa «están en pérdidas» y recordó que la mitad de la cifra de negocio de las compañías eléctricas está ligada a temas regulados. “Se solicitó un incremento de este margen y hubo una sentencia favorable, pero estamos esperando a ver cuál es el margen con el que van a tener que sobrevivir estás compañías», sentenció al respecto Montes.

Por otro lado, entre los asuntos a abordar por el nuevo Ejecutivo en el sector, se refirió también al bono social, sobre el que se mostró partidario de «redefinir» a sus beneficiarios, ya que considera que existen personas que se benefician de este descuento que no lo necesitan y puso como ejemplo algunas familias numerosas con suficientes recursos para pagar la luz. A este respecto, tras recordar que las eléctricas tienen múltiples convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar los efectos de la pobreza energética, reiteró que «hay que redefinir quién tiene derecho al bono social para que el dinero esté dirigido a colectivos que de verdad lo necesitan».

Otro aspecto que según Unesa debe ser abordado por el Gobierno es el relativo a los pagos de capacidad, la retribución que reciben aquellas centrales que están en reserva y que actúan cuando las renovables no pueden aportar al sistema eléctrico, o seguir avanzando en la liberalización del mercado eléctrico. Por otra parte, Montes criticó a las conocidas como comercializadoras piratas, que no cumplen las exigencias dispuestas por el operador del sistema Red Eléctrica, ya que «hacen daño» al sector y representan un «fraude organizado». Sobre el autoconsumo, defendió que tiene «su nicho», aunque respaldó el marco aprobado por el Gobierno, ya que quien quiera utilizar la red «tiene la obligación de pagar por ello».

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