Entradas

Las compañías integradas en Unesa seguirán pagando más del 99% del bono social de la electricidad para el consumidor vulnerable

Redacción / Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto un nuevo esquema de reparto de la financiación del bono social para 2015, que recaerá sobre un total de 29 empresas, en lugar de las 27 que se incluyeron en la lista del pasado año, si bien las eléctricas integradas en la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir más del 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

En el caso de las cinco grandes compañías eléctricas, Endesa será la que mayor porcentaje del bono social deba financiar en 2015, con el 42,28%, frente al 41,61% del año pasado; seguida de Iberdrola (39,21% frente al 38,47% del ejercicio anterior), Gas Natural (12,27% frente al 14,18%), EDP España (3,18% frente al 2,64%) y Viesgo (2,27% frente al 2,36%). Según consta en la memoria de la propuesta, el coste liquidado del bono social durante los meses de septiembre de 2013 y agosto de 2014 ascendió a 184 millones de euros.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros anuales, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón. Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional el coste del bono social a la tarifa eléctrica en 2013, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las compañías eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios. En concreto, este importe se carga sobre las compañías que desarrollen simultáneamente las tres actividades de producción, distribución y comercialización.

Unesa aboga por aumentar la interconexión con Francia pero no con Portugal

EFE.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, incidió en la necesidad de ampliar la interconexión con Francia, pero no con Portugal, y subrayó que la mejora de la interconexión es clave para el objetivo de la Unión Europea de conseguir un «precio único» de la electricidad. Según explicó Montes, España, con un 3% de interconexión eléctrica, está aún lejos de alcanzar el objetivo del 10% marcado para 2020 por la Unión Europea.

Por ello, considera que hay que dar «prioridad especial» a proyectos que incrementen significativamente la actual capacidad de interconexión, consiguiendo el apoyo comunitario con su designación como Proyectos de Interés Común (PIC), ya que España ahora está «muy por debajo de ese 10%», insistió Montes durante su intervención en el curso Ecuación para una energía segura y sostenible. El presidente de Unesa ha explicado que, en la actualidad, existen siete líneas de interconexión de España con Portugal, con una capacidad máxima de 3.000 megavatios; cinco con Francia (2.800 MW) y dos con Marruecos (900 MW).

Montes asegura que en el caso de Portugal no es preciso ampliar la interconexión porque actualmente los precios convergen más del 90% del tiempo y la interconexión «apenas se satura», por lo que considera que «el incremento casi no aportaría convergencia adicional de los mercados». Sin embargo, Montes sí ve necesaria la ampliación con Francia, porque los precios convergen una parte reducida del tiempo debido a que la interconexión se satura, de ahí que abogue por incrementarla para alcanzar la «decisiva» convergencia de los mercados. En este sentido, Montes precisó que durante junio, los precios fueron distintos el 100% de las horas, «habiéndose generado la congestión en sentido importador Francia en 720 horas y en ninguna hora en sentido contrario».

Despliegue de los contadores inteligentes

El presidente de Unesa subrayó que actualmente se trabaja en la elaboración de una segunda lista de proyectos PIC con vistas a su adopción por la Comisión Europea en el otoño de 2015, con el triple objetivo de posibilitar la convergencia de precios, incrementar la competencia y la seguridad del suministro. Además, destacó que el desarrollo del mercado minorista es una de las prioridades de la Comisión Europea para alcanzar el Mercado Único de la Energía; también hizo hincapié en la implantación de un sistema de medición inteligente es una infraestructura esencial para proporcionar a los consumidores una información precisa y detallada de sus consumos.

Montes recordó que el objetivo de la Unión Europea apunta a que para 2020 la implantación de contadores inteligentes entre los estados miembros sea del 80% «si el análisis coste/beneficio ha resultado positivo». En la Unión Europea, apunta Montes, ya hay aproximadamente 45 millones de contadores inteligentes instalados lo que ya supone el 23% de la instalación prevista para 2020.

La inversión prevista para cumplir con los compromisos de implantación se cifra en 45.000 millones de euros y se espera alcanzar los 200 millones de contadores inteligentes (72% del total de consumidores europeos). En España, según el informe de La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el cumplimiento del plan de sustitución de contadores de electricidad, el número de equipos inteligentes instalados a finales de 2014 ascendía a 11,4 millones (42,48%).

Endesa Generación recurre ante el Tribunal Supremo el canon hidráulico

EFE.- Endesa Generación presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la normativa que desarrolla del canon por el uso de aguas continentales para la generación de energía eléctrica, según figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este recurso se suma así a los presentados contra esta misma normativa por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) y Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). El desarrollo de la normativa fija un canon del 22% de la base imponible, es decir, del valor económico de la energía producida.

APPA se suma a los recursos de las eléctricas contra el canon que grava la producción hidráulica

Europa Press / EFE.- La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se ha sumado a los recursos presentados por Unesa y las compañías eléctricas en contra del real decreto que desarrolla el canon hidráulico, que grava la producción de energía eléctrica con agua, lanzado por el Gobierno en 2012 para contener el déficit de tarifa eléctrica.

En concreto, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de esta asociación de renovables, como ya hizo recientemente con otra denuncia de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), según se aprecia en el BOE. Además de estos recursos, en los que participan a través de la patronal Unesa compañías como Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo o EDP, el Alto Tribunal cursará otra denuncia presentada por Energía de Galicia (Engasa) contra la misma norma, recogida en el real decreto 198/2015, de marzo.

El canon hidráulico consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. El decreto denunciado desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la «utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica». La aplicación de este canon, aprobado en 2012 a través de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, no se desarrolló finalmente hasta este año. Permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2013.

Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel. El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad de las aguas continentales hace necesaria su protección para salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».

En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa eléctrica una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.

El sector energético pide reducir la regulación y aumentar las interconexiones para reducir los precios en España

Europa Press / EFE.- En una mesa sobre la energía como factor clave para la industria, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, defendió que el sistema eléctrico español es «eficiente y barato», pero añadió que el problema está en que el recibo que finalmente paga el consumidor de electricidad es «muy caro» porque se han introducido costes ajenos a los propios del sistema que ve «inasumibles» al equivaler al 58% del recibo de la luz.

«El recibo debe contener los costes de sistema energético y un impuesto, y ya está, como en otros países europeos, mientras no sea así hay una deformación absoluta del precio», aseveró. «En los impuestos que pagamos las eléctricas hay cosas duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas, por ejemplo en los medioambientales. Pagamos impuestos nacionales, autonómicos y de los ayuntamientos; la última es que el Ayuntamiento de Barcelona creo haber entendido que quiere poner una tasa sobre las farolas de la calle», indicó Eduardo Montes en alusión a Ada Colau (BComú), que planteaba una tasa a las eléctricas «por ocupación del espacio público» en caso de que se convirtiera en alcaldesa de Barcelona.

En este sentido, Montes concretó que el precio de la energía tiene un coste impositivo del 27%, entre el 21% de IVA y más del 5% de impuesto eléctrico, y que no es el coste de generación, transporte y distribución, un 42% del recibo eléctrico, lo que encarece los precios para consumidores y empresas: «O cambia la regulación o es muy difícil atraer a compañías».

El presidente del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (Omie), ente que gestiona el mercado mayorista, Pedro Mejía, expuso que con el avance en el mercado único europeo, también en energía, se da una convergencia de precios mayoristas, pero la diferencia entre países se debe a las diferentes políticas energéticas nacionales. «Creo que en España tenemos demasiada regulación y microregulación tratando de resolver problemas específicos y excepcionalidades. Limpiemos», defendió.

Mejía también reclamó que las medidas para la competitividad de la industria en la Unión Europea no distorsionen el mercado, y añadió que Europa ha apostado por un desarrollo de las energías renovables y objetivos medioambientales, y esa carga se tiene que repartir, pero «en España se ha hecho un reparto asimétrico donde al sector eléctrico se le ha obligado a asumir una carga sustancial».

El presidente de Sedigas, Antoni Peris, destacó el gas como elemento esencial para la competitividad de la industria, y señaló que el nivel de demanda actual en España es similar al de 2008 y en línea con Europa, y que el precio del gas en España también está en la media europea. De todas formas, Peris indicó que España tiene una capacidad de abastecimiento de gas al resto de Europa «que debería repercutir en una mejora de los costes internos» si hubiese más interconexiones internacionales.

El presidente de Fertiberia, Javier Goñi, indicó que, como primer productor español de fertilizantes, utiliza grandes cantidades de gas como materia prima para obtener amoníaco, base de sus productos. Reivindicó mantener la química básica en España, ya que también existe en otros países del centro de Europa, aunque allí con costes más bajos. Por ello ha pedido para España precios y costes regulados equivalentes a los europeos, mientras que ahora los precios mayoristas son hasta un 15% superiores, y los costes regulados un 60% superiores a la media de los productores de fertilizantes en Europa.

En este sentido, solicitó más conexiones con Europa para avanzar en el mercado único del gas, con mercados organizados y transparentes, y eliminar impuestos como el céntimo verde, «que si fueron necesarios en algún momento, si las circunstancias cambian, hay que eliminarlos cuanto antes». Goñi también pidió un trato específico para los consumidores intensivos de energía: «No puede ser el café con leche para todos».

El Tribunal Supremo admite un recurso de las eléctricas contra el canon hidráulico

Europa Press.- La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en contra del real decreto que desarrolla el canon hidráulico lanzado por el Gobierno en 2012 para contener el déficit de tarifa. Además de este recurso, cuya admisión a trámite aparece publicada en el BOE, el Supremo cursará otra denuncia presentada por Energía de Galicia (Engasa) contra la misma norma, recogida en el real decreto 198/2015, de finales de marzo.

El canon hidráulico denunciado por la patronal eléctrica, que defiende los intereses de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, consiste en un gravamen del 22% a la producción en instalaciones hidroeléctricas. En concreto, el real decreto desarrolla el artículo 112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y regula el nuevo canon, aplicado por la «utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica». La aplicación de este canon aprobado en 2012 y no desarrollado hasta este año permite aliviar en unos 300 millones de euros el déficit de tarifa entre los ejercicios 2013 y 2015. Su aplicación tiene efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2013.

Este gravamen forma parte de los impuestos a la actividad eléctrica aprobados en 2012 para reducir el déficit de tarifa en 2.700 millones de euros. Aparte del canon hidráulico, estos impuestos incluyeron una tasa del 7% a la producción de electricidad, un gravamen para la nuclear y céntimos verdes para el gas, el carbón y el fuel. El impuesto hidráulico se aplica con el argumento de que «la calidad general de las aguas continentales hace necesaria su protección a fin de salvaguardar uno de los recursos naturales imprescindibles para cualquier actividad humana y necesarios para el desarrollo de la sociedad».

En todo caso, el 2% de lo recaudado será considerado ingreso del organismo de cuenca, al tiempo que el 98% restante se ingresará en el Tesoro y será destinado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a «actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico». De los PGE, este 98% pasará al sistema eléctrico, ya que la Ley 15/2012, la misma que impone los nuevos impuestos, establece que las cuentas públicas destinarán a la tarifa eléctrica una cantidad similar a la recaudada a través de los gravámenes.

La patronal eléctrica Unesa negocia un ERE para un tercio de su plantilla

Europa Press.- La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) está negociando con sus trabajadores un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para un tercio de su plantilla, según confirmaron fuentes de la patronal.

El proceso afectará a unas 18 personas y responde a la necesidad de adaptar la plantilla al nuevo perfil de la asociación, que hace lustros llegó a emplear hasta a 300 personas, en una etapa en la que concentraba un buen número de funciones sectoriales, incluida la de gestionar la morosidad.

Eldiario.es, que adelanta esta información, explica que la mayor parte de los afectados por el proceso trabaja en el área de Administración, mientras que entre los técnicos y ejecutivos «no sobra nadie». En 2011 ya se presentó un ERE por la mitad de la plantilla.

Unesa, que defiende los intereses de Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, ya ha notificado oficialmente el ERE ante las autoridades administrativas y se encuentra en plena negociación con los representantes de los trabajadores.

El 97,8% de los consumidores es partidario de reducir el IVA que se aplica a la electricidad

Europa Press / EFE.- El 97,8% de los consumidores afirma que el IVA con que actualmente está gravado el recibo eléctrico debería reducirse, según un estudio del Instituto Sondea realizado en abril entre más de 2.000 responsables de la decisión de compra o contratación de servicios de su hogar en España y difundido por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Según las conclusiones que se extraen de este informe, dos de cada tres españoles, o el 65,59% de los encuestados, es consciente de que el IVA que grava la electricidad en España es el general, esto es, del 21%. En este sentido, el 74,76% de los encuestados demanda un IVA superreducido, del 4%, en la factura eléctrica, mientras que el 23,09% cree que esta debería tener un IVA reducido del 10% y sólo el 2,14% piensa que habría de seguir aplicándose el general del 21%.

Por otro lado, más de la mitad de los encuestados, el 51,27%, considera que el recibo eléctrico «dejaría de ser caro» si, en lugar estar gravado con el IVA general del 21%, se le gravara con un tipo impositivo menor. De hecho, aplicándole a la electricidad un IVA inferior, el 51,27% de los españoles encuestados considera que el precio de la factura eléctrica sería «normal».

Unesa recuerda que la factura, además de los costes propios del suministro eléctrico, incluye otras partidas ajenas al suministro que tienen más que ver con decisiones políticas de los Gobiernos, además de impuestos, y que suponen cerca de un 50% del recibo eléctrico. La asociación también destaca que el 42,64% de los encuestados «opina que puede existir cierto prejuicio o predisposición en España a pensar que el precio de la electricidad es elevado, sin comprobarlo«.

Tres de cada cuatro consumidores dedican menos de cinco minutos a leer el recibo de la luz

Europa Press / Servimedia.- Tres de cada cuatro consumidores de electricidad dedican menos de cinco minutos a leer el recibo de la luz, al tiempo que la mitad de los encuestados critica que la factura «no se entiende», según un estudio realizado por el Instituto Sondea, especializado en investigación de mercados, y difundido por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

La encuesta se realizó durante abril entre más de 2.000 responsables de la decisión de compra o contratación de servicios de su hogar, distribuidos por todo el territorio nacional. Según refleja este informe, tan solo un 24,99% de los consumidores encuestados dice dedicar más de cinco minutos a leer su recibo eléctrico, mientras que el 75% de ellos reconoce que destina un tiempo menor a esta tarea. De hecho, un 18,5% de los consumidores encuestados presta atención a su factura durante menos de un minuto.

Prácticamente la totalidad de los españoles encuestados, el 96,71%, dice que sabe cuál es la compañía con la que tiene contratada la electricidad. Asimismo, saben cada cuánto tiempo les llega la factura eléctrica (94,51%) y afirman que suelen mirarla (92,42%). Por otro lado, más del 80% de las personas encuestadas, el 84,19%, asegura que conoce la potencia que tiene contratada en su hogar. No obstante, no están muy seguros de conocer los distintos conceptos que aparecen en la factura eléctrica (49,58%) y creen que el recibo «no se entiende» (52,97%).

Unesa recuerda que el contenido, modelo y diseño de las facturas eléctricas en España «viene fijado por la normativa vigente», que marca incluso los gráficos que deben figurar en ella, las distintas informaciones que deben incluirse y en qué posición debe encontrarse cada uno de los datos que constan en el recibo. Con todo, casi dos de cada tres ciudadanos (64,49%), declaran que no incluirían información adicional en la factura, frente al 35,51% que sí lo haría. Concretamente, incluirían datos relativos a aspectos como el gasto real aún más desglosado, principalmente con detalles del consumo, claridad y comparativas de demanda.