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Las compañías eléctricas defienden la libertad empresarial para cerrar centrales y piden pagos por capacidad para respaldar a las renovables

EFE / Europa Press.- El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, ha reclamado al Gobierno que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado. En el mismo sentido, las propias compañías eléctricas reclaman mantener su libertad para cerrar centrales de generación y demandan pagos por capacidad para seguir teniendo abiertas aquellas que no resulten rentables, pero que son necesarias para dar respaldo al sistema cuando baja la producción de origen renovable.

Responsables de regulación de las cinco grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, se han pronunciado así durante una mesa redonda celebrada dentro del Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por Expansión. El director de Relaciones Institucionales y Regulación de Endesa, José Casas, ha indicado que el problema de centrales como las de carbón o los ciclos combinados es que, al funcionar según la intermitencia de la producción eléctrica de las tecnologías renovables, en el mercado no recuperan los costes que tienen, por lo que necesitarían de unos pagos por capacidad complementarios.

En cuanto al decreto que prepara el Gobierno para regular el cierre de centrales por sus propietarios, a fin de garantizar el suministro, José Casas indicó que cree que el Ejecutivo podría evitar un cierre aduciendo motivos de seguridad del suministro o para contribuir a los objetivos de cambio climático, pero no por su influencia en la formación de precios porque la Comisión Europea es contraria a intervenir en ello.

Piden garantizar la rentabilidad razonable

El sector eléctrico también reclama que «se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable» en la revisión que llevará a cabo el Gobierno para la retribución correspondiente a las actividades reguladas para el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años. José Casas señaló que el informe de la pasada semana de Goldman Sachs sobre el sector, que provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas, constata que «el mercado ha tomado como que no es una rentabilidad razonable» la revisión a la baja prevista. Casas, que estuvo respaldado en su petición por los representantes de Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, pidió que esta rentabilidad para las actividades del sector «al menos se mantenga».

El director de Regulación de Iberdrola España, Rafael del Río, señaló que hay que abordar el papel del carbón o de la nuclear, sobre la que hay «serías dudas» sobre su rentabilidad, y que en el caso de los ciclos combinados el mercado sólo cubre costes variables, pero no los fijos de operación e inversión. Por ello invitó a mirar a otros países, como el Reino Unido, que convoca subastas en las que los operadores que acuden reciben una retribución por estar disponibles y, los que no, cierran la planta o hacen una hibernación, una posibilidad esta última que también hay prevista en España pero que no se ha desarrollado.

Asimismo, las compañías eléctricas consideran que la «ambiciosa» hoja de ruta para la descarbonización de la economía, con los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y 2050, pasa por una «electrificación» de la economía. A este respecto, Rafael del Río señaló que la planificación final para esa transición tiene que ser «responsabilidad del Estado» y que las empresas deberán «acatar esas decisiones y cumplirlas”. No obstante, el directivo de Iberdrola pidió una senda «razonable» que permita cumplir los objetivos.

Barreras a la libertad empresarial

Por su parte, el director de regulación de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén, ha dicho que prohibir el cierre de una central es la mayor barrera que se puede poner a la libertad de empresa y ha señalado que la única manera de mantener ciertas instalaciones es tener mecanismos de capacidad. En su opinión, los dos grandes retos regulatorios para el sector actualmente son que se permita el cierre de centrales sin restricciones administrativas y el establecimiento de un mecanismo de pagos por capacidad. También se mostró a favor de eliminar tarifas como la regulada si se quiere que la demanda participe en la formación de precios de mercado.

El director de Regulación y Relaciones Institucionales de EDP, Santiago Bordiú, apuntó que el denominado Paquete de Invierno de la Comisión Europea «no reconoce para nada los mecanismos de capacidad», quizá porque «la visión de Bruselas no es la del mercado ibérico», caracterizado por un bajo nivel de interconexión. Asimismo defendió el papel «vital» del sector eléctrico en la descarbonización debido a que se producirá un incremento de la demanda eléctrica que debe ser atendido por el mix de generación.

El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez, señaló que el borrador del decreto del Gobierno le ha sorprendido mucho, pues el procedimiento para cerrar centrales ya está “perfectamente” regulado y, de hecho, su compañía ha cerrado 3 de carbón en los últimos 5 años. Además, ha señalado, en alusión a mecanismos compensatorios para mantener abiertas instalaciones no rentables, que «la seguridad de suministro es un bien y, en general, los bienes tienen un precio».

Por otro lado, los directivos de las eléctricas se han mostrado a favor de eliminar los impuestos y cargas ajenos al sistema que soporta la factura eléctrica y de repartirlo entre otros sectores para que todos contribuyan ya que el sector eléctrico está pagando «buena parte de la transición energética y de los objetivos de renovables». Otra propuesta fue que se constituya un fondo de transición energética que se financie con una fiscalidad medioambiental, como propuso el representante de Endesa.

Unesa reclama libertad para decidir

Por su parte, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa, Eduardo Montes, ha indicado que las centrales eléctricas que acaben no usándose y que no se retribuyan deben tener libertad para salir del mercado.  Montes, que también intervino en el Encuentro del Sector Eléctrico, considera que en el proceso de transición energética la sostenibilidad “no debe cegar respecto a la necesidad absoluta de la seguridad de suministro y la competitividad de los precios«. Por otro lado, volvió a reclamar que impuestos y cargas ajenos al suministro eléctrico, que entre 2005 y 2016 han aumentado al doble, salgan de la factura.

El presidente de Unesa también ha considerado necesario que exista certidumbre regulatoria en la transición energética hacia una economía descarbonizada, ya que la entrada de renovables va a suponer la llegada de inversores. De hecho, Montes señaló que esta certidumbre será importante, ya que «los mercados van a ser muy sensibles a todo ello». Montes subrayó que la electricidad con bajas emisiones será «clave» en ese camino para la descarbonización en otros sectores y destacó que es «imprescindible» una transformación «inteligente, racional y sin pausa».

El papel de las redes

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, defendió el importante papel que jugarán las redes en la transición energética, ya que «hacen compatible» el nuevo modelo con la seguridad de suministro. En su intervención, el presidente del operador del sistema eléctrico subrayó que las redes serán las «facilitadoras» de la transición energética, ya que las energías renovables no son gestionables, lo que supone «un problema que hay que resolver».

El Supremo pide al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie sobre la compatibilidad del canon hidráulico con la normativa europea

Europa Press.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) sobre la creación del canon para la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, al tener dudas de su compatibilidad con la normativa comunitaria.

El alto tribunal ha estudiado los recursos interpuestos por Acciona y por Unesa, la patronal de las eléctricas, contra el Real Decreto 198/2015, que desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea dicho canon y, ante las dudas surgidas a la hora de resolver, traslada tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

En la primera de ellas, el Supremo expresa sus dudas sobre la finalidad medioambiental del canon hidráulico y pregunta al TJUE si es respetuoso con la aplicación del principio comunitario del quien contamina paga. Según el Supremo, dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental porque «no vela por proteger los supuestos daños medioambientales», sino que su finalidad es «establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los propios principios que inspiran la política europea en materia energética y ambiental». Indica también que una cantidad «insignificante», el 2% del canon recaudado, se destina a las actuaciones del organismo de cuenca, frente al 98% que será ingresado en el Tesoro Público.

Otra cuestión que el Supremo plantea al tribunal europeo es si el canon es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. La Sala recuerda que esta tasa se exige a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y a quienes utilizan otras tecnologías. Para el Supremo, se ha provocado «una situación de desigualdad» entre productores de energía en general, así como entre los titulares de las centrales hidroeléctricas en particular, que incide en la competencia dentro del mercado eléctrico.

Por último, el alto tribunal tiene la duda de si el cobro de este canon a los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los magistrados cuestionan si este impuesto es un «tributo asimétrico» que perjudica la competencia en el mercado eléctrico creando ayudas de Estado a favor de terceras personas. Al respecto, el  Supremo señala que, por un lado, se produce una diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en la misma posición y, por otro, respecto a los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.

El canon hidroeléctrico fue aprobado por el Gobierno y lanzado en 2013 como parte de los nuevos impuestos a la actividad eléctrica, con los que estimaba recaudar unos 2.700 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Dicho canon sólo se aplica a las cuencas intercomunitarias y la base imponible es el valor económico de la electricidad producida, con un gravamen del 22% sobre dicha base.

El sector eléctrico reclama para las renovables una rentabilidad fija, no revisable, mientras la CNMC pide cambios en la subasta

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone modificar varios aspectos de la próxima subasta de renovables, que se celebrará finalmente el 17 de mayo, y en la que se adjudicará hasta un máximo de potencia de 3.000 megavatios (MW), con el fin de que sea más competitiva y transparente. Asimismo, varias asociaciones empresariales solicitan que la próxima subasta garantice a los adjudicatarios una rentabilidad razonable fija.

Esta inquietud responde en buena parte a la incertidumbre que viene acompañando al marco retributivo de las renovables y aparece recogida en las alegaciones al borrador de resolución con los detalles de la subasta presentadas por las asociaciones ante el Consejo Consultivo de Electricidad de la CNMC. En su informe sobre la subasta, el regulador explica que ha recibido alegaciones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), de la asociación de empresas termosolares Protermosolar, de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

Las asociaciones solicitan que se modifique la propuesta de decreto y orden ministerial, de modo que «la rentabilidad razonable tenga un valor fijo no modificable a lo largo de la vida útil de las instalaciones, tanto para la existentes, a las que ya se las sometió a una revisión de la rentabilidad una vez realizadas las inversiones, como para las futuras«. Algunas alegaciones van más allá y piden que todos los parámetros de las instalaciones, que se utilizan para elaborar las ofertas de la subasta, no puedan sufrir modificaciones a lo largo de toda la vida útil de la instalación.

Otro aspecto que genera controversia en el sector es el de la neutralidad tecnológica. Sobre ellas, las alegaciones van desde la petición de cupos específicos por tecnología a la denuncia, como hace UNEF, de una falsa neutralidad tecnológica que favorece a la eólica. Las propuestas también incluyen la reducción de 6 a 3 meses en el periodo de identificación de las plantas ganadoras, con el objetivo de garantizar que solo proyectos maduros sean los adjudicatarios.

Varias alegaciones consideran que la decisión del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de subastar 2.000 MW y reservarse la posibilidad de elevar esta capacidad en 1.000 más conforme a unos criterios recogidos en un anexo confidencial «no está justificada», según las alegaciones presentadas a la CNMC. Este anexo, según algunas alegaciones, «reduce la transparencia de la subasta». De ampliarse la puja hasta 3.000 MW, consideran que deberían fijarse nuevas fechas y volúmenes de potencia adicional para su subasta.

CNMC: más competitiva y transparente

En concreto, el regulador, que ha emitido dos informes sobre las propuestas del Ministerio de Energía para la subasta, solicita que el volumen por el que las empresas de energías renovables presentarán sus ofertas «sea vinculante respecto al valor de referencia fijado por el Ministerio» para cada tipo de tecnología renovable. Según el organismo presidido por José María Marín Quemada, esta medida posibilitaría tener certidumbre sobre la presión competitiva que existe por parte de las empresas antes de la subasta.

Asimismo, recomienda que la cantidad de potencia adjudicada finalmente en la subasta no sea inferior a la potencia a subastar. Para el regulador, este supuestos podría darse si las empresas de renovables que acuden a la subasta ofertasen un volumen de potencia superior, por ejemplo, a la hora de pujar por determinados bloques de energía que son indivisibles y superaran el monto ofertado. Además, la CNMC considera que a la hora de ordenar las ofertas para adjudicar los distintos bloques subastados, en caso de indeterminación o empate, se elimine el criterio del número de horas equivalentes de funcionamiento de las distintas instalaciones de energía renovables.

Por otra parte, afirma que antes de que se celebre la subasta, la entidad administradora (OMIE) debe proponer a la Secretaría de Estado de Energía los criterios por los que la subasta podría aplazarse. Para el regulador, también se debería evitar que las empresas que resulten asignatarias deban presentar garantías (efectivo, avales y seguros de caución) por duplicado. Concretamente, señala que este supuesto afectará a las empresas que se adjudiquen alguno de los bloques subastados porque deberán presentar una serie de garantías antes de participar en la subasta (garantías de participación), y otras posteriormente, cuando se inscriban en el registro empresas de régimen retributivo específico.

En cuanto a la resolución que establece la convocatoria de la próxima subasta de renovables, la CNMC propone como principal recomendación que no se establezcan límites a los descuentos (valores máximos del porcentaje de reducción) que las empresas renovables ofrecerán en su puja con respecto al valor estándar que ofrece el Ministerio. Todo ello, con el fin de que «no se reduzca la presión competitiva en la subasta, y de no restringir la horquilla de descuentos dentro de la cual las ofertas pueden ordenarse sin necesidad de recurrir a criterios de desempate más discutibles». Finalmente, la CNMC subraya que desconoce la propuesta de anexo confidencial.

Los operadores petrolíferos ven un «impuesto encubierto» en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética

Europa Press / EFE.- El director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, considera que el Fondo Nacional de Eficiencia Energética diseñado por el Gobierno es una «mala transposición de las directivas» europeas que, a efectos prácticos, funciona como un «impuesto encubierto». «Hay bastante coincidencia en los bufetes de los afectados», indicó Mazarrasa, que recordó que la regulación sobre el Fondo de Eficiencia «es una de las más recurridas por los agentes económicos del sector», que aportan más de 200 millones de euros anuales.

«Creemos que no es la mejor forma de mentalizar a la sociedad acerca de la necesidad del ahorro y la eficiencia. Los minoristas deberían ser los sujetos obligados, pero el Ministerio optó por la vía fácil, con lo que la señal de concienciación social queda diluida», señaló, antes de recordar que el sector petrolífero debe aportar el 50% del fondo. Mazarrasa hablaba así del fondo, creado en 2014 para desarrollar medidas de mejora de la eficiencia en diversos sectores, al que tienen que hacer aportaciones las comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y los de gases licuados del petróleo al por mayor, cuyo reparto se hace en función de las ventas de energía de los sujetos obligados.

Mazarrasa señaló que los operadores petrolíferos están muy concienciados sobre la importancia de la eficiencia energética, pues en un sector donde el 60% de los costes de transformación son energéticos y en el que, si no se es eficiente, «estás muerto». Las órdenes ministeriales en las que se fija el reparto de aportaciones al fondo, ante las que el director general de la AOP dijo sentir «indefensión», son recurridas por empresas como Repsol, Engie (GDF Suez), Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o Disa, entre otras. En su análisis de las denuncias, el Tribunal Supremo acordó plantear una cuestión prejudicial sobre la normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las eléctricas han contribuido «de manera muy amplia» a los planes de ahorro y eficiencia, hasta el punto de que, en el periodo comprendido entre 2006 y 2017, han aportado 2.250 millones de euros. Montes se mostró partidario de avanzar en el desarrollo de iniciativas como las de empresas de servicios energéticos o programas adecuados de financiación de proyectos de este tipo.

Montes indicó que la eficiencia energética «es uno de los pilares fundamentales para la descarbonización de la economía», junto a las energías renovables, que el año pasado ya representaron el 39% de la producción de electricidad. Además, ha apostado por la electrificación de la economía en general», pero especialmente en el transporte, tanto en ferrocarril como en automóviles, para seguir avanzando en eficiencia en España.

También se anunció el lanzamiento, por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, de una convocatoria de 220 millones de euros destinados a proyectos de ahorro y eficiencia energética, cuyos fondos provendrán en buena parte del Fondo de Eficiencia Energética, según el director de la división de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, Pedro Antonio Prieto. Prieto destacó la amplia acogida de la convocatoria anterior para el desarrollo de proyectos del mismo tipo, en la que se ofrecieron estímulos por valor de 200 millones de euros y que, en la mayor parte de los casos, se encontró con solicitudes muy superiores al importe de la convocatoria.

Dentro de la nueva convocatoria, 29 millones de euros se destinarán a actuaciones de alumbrado, que se sumarán a los 65 millones comprometidos en la primera convocatoria, en la que se presentaron proyectos valorados en más de 100 millones. El IDAE calcula que la media de estos proyectos de alumbrado, mucho de ellos relacionados por municipios, ronda el millón de euros, y que el ahorro energético alcanza tasas del 65%. En lo referido a actuaciones de carácter industrial, se prevé una convocatoria adicional de 64 millones, que se sumará a los 195 millones incluidos en el anterior programa de estímulos.

Otro de los ámbitos en los que se centrará la convocatoria será el de los edificios. Si la edición anterior estaba dotada con 200 millones, para los que se recibieron solicitudes por importe de 250 millones, en esta convocatoria las ayudas serán de 125 millones. En este caso, los proyectos incluyen ayudas a fondo perdido equivalentes a entre el 20%-30% del proyecto, mientras que el resto se articula a través de financiación en condiciones ventajosas.

Por otro lado, el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, aludió a la importancia de reducir la dependencia energética y se mostró partidario de incluir una nueva fiscalidad orientada al principio de que «quien contamina paga». También reclamó una transposición urgente de las directivas europeas sobre la materia y un «papel ejemplarizante» de las administraciones públicas. «Lo más eficiente al margen del ahorro es consumir lo nuestro, que es gratuito», señaló, en alusión a las renovables. Asimismo, apuesta por el autoconsumo eléctrico, pendiente de que se regule por ley en España.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, defendió la cogeneración como tecnología caracterizada precisamente por su alta eficiencia. La cogeneración es «el calor de la industria» y ahorra un 2% de la energía del país, al tiempo que procura a nivel europeo el 10% de la electricidad y se desarrolla, en el caso español, en instalaciones que aportan el 20% del PIB. Joaquín Carrasco, presidente del Comité de Promoción del Uso del Gas (Prodigas), dependiente de la patronal gasista Sedigas, que ha recordado que sólo el 30% del territorio español está gasificado, ha señalado que los sistemas de calefacción por gas jugarán un papel importante en la mejora de la eficiencia energética.

Unesa pide «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética y reducir la fiscalidad asumida

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, ha pedido «un gran pacto de Estado» que defina el camino hacia la transición energética e insistió en pedir que la tarifa eléctrica recoja «exclusivamente» los costes del suministro eléctrico. Montes también pidió la eliminación de los impuestos a la generación, que producen «distorsiones», así como de los autonómicos de naturaleza pseudo-ambiental.

Además, el presidente de la patronal eléctrica señaló que también debe ser «muy importante» la contribución que el sector puede aportar a la elaboración de la actual normativa europea. En lo que se refiere al balance de 2016, Montes indicó que el consumo eléctrico creció en torno a un 0,6%, situándose en niveles de 2003 o 2004. No obstante, resaltó el saldo «netamente» importador por primera vez en 13 años.

Por su parte, el director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Alvaro Mazarrasa, calificó 2016 de un «buen año» para el sector, ya que la recuperación económica se reflejó en el consumo de productos petrolíferos. Así, indicó que las gasolinas repuntaron en 2016 por primera vez «en muchos años». De esta manera, el consumo se incrementó un 1,8% en 2016, con un crecimiento del 7% en los querosenos de aviación.

Mientras, el presidente-director general de Carbunión, Pedro Iglesia, calificó 2016 de un «annus horribilis» para el sector ya que, del carbón consumido en España, solo el 13% fue nacional, con un precio que cayó a mínimos históricos desde 2003. Sin embargo, Iglesia se mostró «moderadamente optimista para 2017» después de que en los últimos meses se registraran subidas del precio de importación del carbón y un repunte en la demanda.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Unesa contra los peajes eléctricos de este año

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) contra la orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por la que se establecen los peajes eléctricos para 2017. En concreto, la patronal eléctrica presentó el recurso en la sala tercera, sección tercera del Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se une a los presentados también por Gas Natural Fenosa y la Unión Fotovoltaica Española (UNEF) contra esta orden ministerial que establece los peajes eléctricos de 2017. El Ministerio de Energía aprobó sendas órdenes ministeriales en las que se adoptaba la congelación de los peajes de electricidad y gas para el ejercicio 2017. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. Aparte de estos peajes, los consumidores abonarán en su recibo los impuestos y el coste de la energía. Con esta decisión, se suman tres ejercicios consecutivos con los peajes de electricidad y gas congelados.

Nadal ofrece un «amplio consenso» al sector energético ante los directivos de las principales compañías

Europa Press.– El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha expresado ante los principales directivos de las mayores compañías energéticas con actividad en España su disposición a recabar un «amplio consenso» en el diseño de la política energética. El ministro ha lanzado este mensaje en presencia del presidente de Endesa, Borja Prado, y del director corporativo de Iberdrola, Fernando Becker, así como de los consejeros delegados de Repsol, Cepsa y Gas Natural Fenosa, que son Josu Jon Imaz, Pedro Miró y Rafael Villaseca, respectivamente.

Nadal aprovechó su discurso ante el sector para defender una visión «suficientemente realista» de la energía para «abordar los cambios energéticos sin ir demasiado por delante, lo que conlleva riesgos asociados con el despilfarro y los altos costes, ni demasiado por detrás, lo que puede condenar al atraso». «Hay que ser lo suficientemente realistas para saber cuándo se tienen que desarrollar las políticas, y por eso es necesario que se haga con amplio consenso», indicó, antes de advertir del riesgo de que se confundan «los intereses particulares con los generales».

El ministro también resaltó la importancia de que se informe con rigor desde los medios de comunicación sobre el sector energético. Como ejemplo, recordó las fuertes subidas de la electricidad en enero y la sensación trasladada a la sociedad de que «la energía siempre sube». «Si son solo noticias las malas noticias, no damos una visión objetiva», afirmó. También estuvieron presentes el presidente de REE, José Folgado; el de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el de Omel, Pedro Mejía y el de CLH, José Luis López de Silanes, así como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y los directivos de asociaciones empresariales como Unesa (Eduardo Montes).

En calidad de presidente de Enerclub, Borja Prado citó algunos factores «transversales» como el «populismo» que afectan a la energía en el plano internacional, así como otros más asociados al sector, entre ellos los compromisos de la COP21 en la lucha contra el cambio climático, la volatilidad de los precios de las materias primas o la irrupción de tecnologías disruptivas como las baterias, la digitalización o las renovables de menor coste. A nivel nacional, abogó por la fijación de «objetivos energéticos claros, realistas, ambiciosos y negociados con todos los actores implicados«, antes de ofrecer al ministro la colaboración de Enerclub.

Enerclub ha concedido este año el Premio Energía y Sociedad Victoriano Reinoso a José Lladó Fernández-Urrutia, así como el Premio Energía Eléctrica, patrocinado por Unesa, a Nuria Cano, de EFE, y el Premio Gas a Víctor Martínez, de El Mundo. El Premio Petróleo fue concedido a Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo, mientras que el Premio Utilización Eficiente de la Energía ha sido para Tomás Díaz, de El Economista. El Premio Innovación, patrocinado por Siemens, ha sido concedido a Julián González, de Capitalmadrid.com, quien recibe el premio como reconocimiento a su trayectoria de más de 30 años y su amplio conocimiento del sector energético.

8 nucleares francesas recuperarán este mes su actividad y contribuirán a bajar el precio de la electricidad en España

Europa Press.- 8 centrales nucleares francesas reanudarán a lo largo del mes de febrero su actividad, lo que contribuirá a mejorar el suministro en el país vecino, a reducir sus necesidades de importación y, con ello, a abaratar el precio de la electricidad en España después de la escalada provocada por la indisponibilidad de 21 grupos nucleares franceses, circunstancia que coincidió además con el aumento de la demanda por la ola de frío y la escasez de agua, que disminuyó la producción hidroeléctrica.

Según datos del gestor de la red eléctrica francesa, RTE, en febrero recuperarán su actividad grupos nucleares con una potencia nominal conjunta de 9.860 MW, más que la instalada en toda España. Tras ese momento, solo habrá 3.900 MW pendientes de recuperar su actividad. Durante febrero, se producirá el final de la indisponibilidad de las centrales de Cruas 3 (915 MW), Civaux 1 (1.495 MW), Civaux 2 (1.495 MW), Tricastin 2 (915 MW), Cattenom 2 (1.300 MW), Chooz 1 (1.500 MW), Gravelines 6 (910 MW) y Paluel 3 (1.330 MW).

Tras la entrada en operación de estas instalaciones, solo quedarán pendiente de reiniciar la actividad de cuatro centrales, que son las de Golfech 2 (1.310 MW), Fessenheim 2 (880 MW), Gravelines (910 MW) y Bugey (880 MW). Dos de ellas recuperarán su actividad en marzo y las otras dos en mayo y junio. España fue tradicionalmente exportador de electricidad a Francia. El saldo positivo se produjo hasta que en 2015, por primera vez en más de una década, fueron superiores las importaciones, según se aprecia en la última memoria anual de Unesa. En todo caso, las exportaciones se exacerbaron desde finales de 2016 por los problemas de suministro en Francia.

El presidente de Unesa ve «bien» que se investigue el funcionamiento del pool porque mejorará la imagen del sector

Europa Press / EFE.- Mientras el precio mayorista baja un 4,3% para este jueves, el presidente de Unesa, Eduardo Montes, ve «muy bien» que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como la Fiscalía del Tribunal Supremo investiguen las subidas de la electricidad si estas iniciativas sirven para «aclarar» la situación.

«El mercado eléctrico es exactamente igual que en el resto de Europa. Es un mercado muy supervisado por la CNMC y todo lo que sea aclarar la situación, ya sea mediante un análisis por la CNMC o por la Fiscalía, nos parecerá muy bien porque tenemos necesidad de darle al público la imagen que se merece un sector que da un servicio de calidad», afirmó Montes. En este sentido, la patronal eléctrica, asociación en la que participan Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, afirmó que el sistema eléctrico español es «probablemente uno de los mejores de Europa» y consideró que, en todo caso, el sector «no ha sabido hacer pedagogía y explicar exactamente cómo funciona el mercado«.

Junto a esto, señaló que el precio de la electricidad se ha disparado en toda Europa por la ola de frío. Si en España el megavatio hora ha alcanzado los 91 euros, en Italia asciende a 101 euros, en Francia a 121 euros y en Suiza a 117 euros. «Con la ola de frío que recorre Europa y la situación climatológica, todos los precios del entorno se han disparado», afirmó.

Montes recordó que, aparte del precio de la electricidad, en el recibo de la luz se pagan impuestos y costes regulados en porcentajes que suman el 70%. Además, señaló que las puntas de estos días se aplican a los consumidores con precio regulado y con contadores inteligentes, capaces de permitir la facturación por horas. Aparte de expresar su «inclinación personal» por el suministro eléctrico en mercado libre, Montes repasó las causas de las últimas subidas en el precio mayorista, entre las que citó la mayor demanda por la ola de frío, la indisposición de centrales nucleares franceses y la ausencia de recurso eólico e hidráulico.

El precio baja un 4,3%

Por su parte, el precio de la electricidad en el mercado mayorista bajó un 4,3% respecto a los 91,88 euros alcanzados el miércoles y se situó en 87,88 euros el megavatio hora (MWh), aunque sigue en niveles que no se veían desde diciembre de 2013, según datos de OMIE, el operador del mercado. Aunque los niveles de estos días son elevados, aún están lejos del máximo diario, que se marcó el 11 de enero de 2002, con una media de 103,76 euros. Del mismo modo, no se alcanzarán los picos de más de 100 euros por MWh que se alcanzaron en varias horas del miércoles.

El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35% del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones, pero no afecta a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones. El 65% restante del recibo depende de los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año, y de los impuestos. El pool funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto.

Más demanda y menos oferta

La subida del precio eléctrico mayorista responde a la ola de frío, que disparó la demanda, a la escasez de agua y viento, que limita el uso de las plantas hidroeléctricas y los parques eólicos, las dos tecnologías más baratas para generar electricidad, y al encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales, combustible que usan las centrales de ciclo combinado, así como la mayor exportación a Francia por la indisponibilidad de algunas de sus centrales nucleares. No obstante, el Ministerio de Energía, la CNMC y la Fiscalía del Tribunal Supremo investigan la evolución de los precios para comprobar si hay comportamientos anticompetitivos por parte de algún agente del sector.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, comparece este jueves en la comisión correspondiente del Congreso para explicar el comportamiento del mercado. El Gobierno ha decidido dinamizar el mercado organizado del gas, Mibgas, para conseguir precios más competitivos. En la situación actual, el precio en el mercado eléctrico mayorista lo marcan las centrales de ciclo combinado. Por eso, el Ejecutivo entiende que una bajada del gas reduciría también los precios de la electricidad. El Gobierno ha decidido incorporar la figura del creador de mercado en la sociedad Gunvor Internacional para que el Migbas tenga más liquidez y pretende obligar a los operadores dominantes a ofrecer un volumen determinado de gas natural.

Estos precios son los más elevados desde diciembre de 2013, cuando las subidas en el mercado mayorista llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado. La demanda eléctrica prevista para este jueves asciende a 636 gigavatios hora (GWh), por encima de los 630 GWh previstos para el miércoles, según datos de Omie.

Críticas desde la Comunidad Valenciana

Por otro lado, el consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, ha criticado que el Gobierno «juega a los intereses de unos cuantos frente a los intereses generales o del bien común» y parece que los dirigentes «no saben para quién trabajan, o sí». Climent se pronunció así sobre el reciente incremento en los precios de la electricidad. El consejero considera que el Gobierno no debería preocuparse por que «ganen dinero unos cuantos, ese oligopolio» sino pensar en que «cuanto más abaratamos los costes a la ciudadanía, mejor».

En el caso del Gobierno valenciano, «tenemos claro trabajar por la ciudadanía y mejorar el bienestar de la gente», asevera Climent, quien se refirió a las ayudas del plan de autoconsumo que ya ha puesto en marcha el Gobierno de la Comunidad Valenciana, frente al impuesto al sol del Ejecutivo central. En el ámbito doméstico, el plan recoge bonificaciones directas del 20% en el IRPF en la parte autonómica correspondiente para quienes instalen placas solares, aerogeneradores o vendan a la red, con unas desgravaciones máximas de 8.000 euros. Además en el primer trimestre las empresas podrán solicitar préstamos de hasta 100.000 euros a interés cero y con un plazo de devolución de 7 años para la instalación de energía renovable.

Unesa asegura que las compañías eléctricas «no tienen ningún interés en que el precio de la electricidad esté alto»

Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, aseguró que las compañías «no tienen ningún interés en que el precio de la electricidad esté alto» y «es muy difícil que en la subasta haya algo que no sea absolutamente normal«. Así se expresó Montes, que defendió que los precios españoles son ahora más bajos que los de los países vecinos europeos y advirtió de que «hay muy pocas herramientas» para que puedan bajar en este contexto.

«El precio bajo incita al consumo y cuanto más se consuma mejor», afirmó Montes, quien añadió que además “el precio alto de producción encarece los costes, porque es más caro producir con carbón o gas que hacerlo con el aire». A este respecto, apuntó que la subida de estas últimas semanas se debe a la climatología, por la falta de lluvia y viento, y a los problemas de suministro en Francia, donde hay paralizadas centrales nucleares. Además, defendió que en lo que se refiere a los costes del sistema eléctrico, España está «bastante por debajo» de la media europea, ya que los impuestos y las subvenciones representan más del 50% del recibo de la luz.

«Ahora mismo los ciclos combinados de gas representan al 12% del mix, frente al 9% del año pasado, la eólica ha pasado al 32% desde el 21%, la hidráulica a un 9% de un 18%, las cuencas están bajísimas. Hay un verdadero problema meteorológico», subrayó. Además, el presidente de Unesa afirmó que la subida en los precios de la electricidad en este inicio de año no es un fenómeno aislado de España, sino que está ocurriendo lo mismo en todos los países del entorno, con precios incluso superiores, como en Francia (116 euros por MWh), Alemania (101 euros), Italia (99,7 euros) o Bélgica (114 euros).

A este respecto, Montes aseguró que es «muy difícil» hacer pronósticos sobre qué sucederá al final del año con el recibo de la luz, después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, vaticinara un incremento de 100 euros si se mantenían las actuales condiciones. «Es muy complicado, ya que esa subida solo se aplica sobre un tercio del recibo. Durante enero puede subir 8 o 9 euros, depende de todo. Si hay viento, llueve, hace menos frío todo puede cambiar. Hacer pronósticos a largo plazo es muy complicado», señaló. «El cálculo del ministro es tan bueno como cualquier otro» y viene de que con las actuales circunstancias el precio subiría unos 9 euros mensuales, pero las cosas pueden cambiar.

Asimismo, Montes señaló que la tarifa regulada PVPC está sometida «a las variaciones del mercado», por lo que se mostró partidario del mercado libre, que permite al consumidor contar con la mayor estabilidad de una tarifa fija. «El mercado eléctrico es muy volátil en toda Europa. El PVPC tiene muchas ventajas cuando el precio está muy bajo en el pool y muchos inconvenientes cuando está muy alto. Es un mercado volátil y para evitar esa volatilidad, soy partidario del mercado libre», dijo. A este respecto, señaló que hay 14 millones de consumidores, los que están en el mercado libre, a los que no les «afecta absolutamente» estas oscilaciones en el precio, y 12 millones del PVPC a los que sí.

En cuanto a la investigación abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Montes rechazó que se deba a la existencia de sospechas sobre el comportamiento de las compañías eléctricas en la actual escalada de los precios y la atribuyó a la obligación de tener “bajo supervisión a un sector básico y regulado”. En todo caso, considera positivo que «se disipe cualquier duda». En la misma línea, sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, afirmó que «nos parece muy bien que se haga una investigación sobre algo que pueda alarmar a los consumidores».

Sobre la posibilidad de que se pueda cambiar el sistema marginalista de fijación del precio, por el que se aplica el de la tecnología más cara, indicó que «es exactamente el mismo que en el resto de países de nuestro entorno» y que se debe a normativa comunitaria. Finalmente, admitió ser consciente de la «pésima imagen» del sector, que relacionó con falta de pedagogía, y defendió que las compañías tengan a expolíticos en sus consejos de administración ya que considera que tienen derecho a seguir activos cuando abandonan la política.