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Unesa recurre ante el Tribunal Supremo la orden de peajes eléctricos que congela la parte regulada del recibo para 2018

Europa Press / EFE.- La patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la orden del Ministerio de Energía por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2018. El recurso fue admitido a trámite el pasado 2 de marzo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A finales del año pasado, el Ministerio de Energía publicó las órdenes ministeriales en las que se adoptó la congelación de los peajes de electricidad y de gas para el 2018. Estos peajes recogen los ingresos necesarios para cubrir los costes regulados previstos tanto en el sistema gasista como en el eléctrico. La parte regulada del recibo de la luz representa en torno al 60% del total. Aparte de estos peajes, los consumidores abonan en su recibo los impuestos y el coste de la energía. En los últimos cinco años, estos peajes, la parte regulada de la factura y que depende del Gobierno, se ha mantenido constante para la electricidad. En el caso del gas, es el cuarto año consecutivo.

El sector energético pide estabilidad para abordar con éxito la descarbonización y el gas pretende ser parte de la solución

EFE / Europa Press.- El presidente de Sedigas, Antonio Peris, consideró que el gas tiene que ser «parte de la solución» en el camino hacia la transición energética, ya que sustituye a fuentes «más contaminantes». Peris participaba en una jornada organizada por Enerclub en la que el sector energético español exigió nuevamente estabilidad para poder afrontar con garantías la futura transición energética ante la próxima aparición del informe del comité de expertos analizando diferentes escenarios de cara a la futura ley sobre la materia.

La presidenta de la patronal eléctrica (Unesa), Marina Serrano, recordó que en 2017 la demanda de electricidad aumentó un 1,1% respecto a 2016. Serrano ha indicado que 2018 será un año de importancia vital para todos los sectores energéticos, en el que habrá que alcanzar consensos sobre el futuro mix energético, las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro, y la reducción de emisiones.

Serrano ha advertido que la transición energética va a requerir grandes esfuerzos de inversión, lo que exigirá un marco regulatorio «estable y predecible», y ha recordado que sólo en redes la inversión que se precisará hasta 2030 será de 42.000 millones de euros. A este respecto, señaló que será importante que se establezca una tasa de retribución a esta actividad «razonable» y «de acuerdo con los métodos fijados en otros países europeos de nuestro entorno». Además, consideró necesario el diseño de un mercado que de unas «señales a largo plazo, que permita que el sistema sea seguro». Así, solicitó también la regulación de los mecanismos de capacidad, que ayudan a «asegurar la seguridad de suministro».

Por su parte, el presidente de la patronal gasista Sedigas, ha destacado que en 2017 el sector conectó 172.487 nuevos puntos de suministro y está al alcance del 79% de la población española, llegando a alcanzar un 31% de penetración en viviendas. Peris, que ha subrayado que se está a las puertas de la publicación del informe del comité de expertos sobre la Ley de Transición Energética, reclamó que en esta transición el gas se contemple no sólo como una energía de transición, sino que “forme parte de la solución” ya que se trata de una fuente de energía que sustituye a otras «más contaminantes«.

A este respecto, indicó que la mayor presencia del gas aportaría 150 millones de euros a la economía y reduciría las emisiones en 11 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Además, señaló el papel que jugaría en movilidad, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorando la calidad del aire. Así, Peris subrayó que «el gas tendrá un rol protagonista en la economía baja en carbono y un papel clave en la transición energética global, en especial por la creciente inyección de gas de origen renovable en su infraestructura».

La demanda de gas natural en España alcanzó la cifra de 350.870 gigavatios por hora (GWh) al finalizar 2017, lo que representa un incremento del 9,1% respecto al 2016 y evitó la emisión a la atmósfera de cerca de 25.300 kilotoneladas de CO2. Peris apuntó a la falta de lluvias y al aumento de la demanda de gas de los ciclos combinados en un 26,8%, con una cuota del 17,2%, como los hechos que marcaron el pasado ejercicio. Peris destacó que estos ciclos combinados tienen un rendimiento de hasta un 25% más que las térmicas alternativas, por lo que «suponen menos consumo de energía primaria» y evitan la emisión de casi 5.000 kilotoneladas de CO2″.

La demanda convencional aumentó un 5,1% el año pasado, sobre todo en los meses de agosto y septiembre como consecuencia de las altas temperaturas y la utilización de gas natural para la refrigeración del sector doméstico y comercial. La demanda industrial, que supone el 62% del consumo de gas nacional también siguió una tendencia alcista, lo que, según Sedigas, demuestra la recuperación económica del sector.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y de BP España, Luis Aires, destacó que 2017 fue un año «histórico» que refleja «la fortaleza» de las refinerías españolas en un entorno de bajos precios. De cara al futuro cree que el petróleo se moverá entre los 40-70 dólares, aunque ve muy difícil que se supere esta cota por el impacto de la tecnología en las formas de producción y lo más probable es que el mayor tiempo esté entre 50 y 60 dólares. Aires consideró que la transición energética debe llevarse a cabo desde un punto de vista de equilibrio entre el coste y la eficiencia, por lo que «no se debe despreciar ninguna tecnología».

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), José Miguel Villarig, advirtió de que el sector se «teme lo peor» sobre la próxima revisión que se aplicará a las renovables para el próximo periodo regulatorio sobre su tasa de rentabilidad. «Esta rentabilidad tiene como fallo que nos la cambian cada 6 años y nos la revisan cada 3», señaló

Además, consideró que en el sector «va a haber un antes y un después de las subastas», que van a dinamizar 8.300 millones y crear 9.000 empleos, aunque subrayó que el reto será ejecutar esos 8.000 megavatios (MW) adjudicados «en el corto plazo que se ha dado». No obstante, criticó el cómo se han llevado a cabo las subastas, ya que «ha sido una vez más con improvisación», y pidió que para el futuro se diferencie entre tecnologías y se establezca un calendario para ellas.

Por su parte, el presidente de Carbunión, Pedro Iglesia, ha apuntado que 2017 fue un año algo mejor para el sector del carbón tras el «nefasto» 2016 en el que el Gobierno «denostó el carbón» e incumplió los compromisos con el sector. Aún así, ha indicado que en 2017, pese a crecer la producción con carbón un 20%, la cuota correspondiente al carbón nacional en el mix de generación de electricidad fue sólo del 2,4%. Por otra parte, ha señalado que el carbón debe tener un papel importante en la transición energética por ser el único combustible autóctono y dar garantías de seguridad al suministro.

Iglesia señaló que el sector afronta el reto de la amenaza de cierre para 2018 de todas aquellas empresas que recibieron ayudas desde 2011 o, en caso contrario, afrontar como proceder a devolver estas ayudas recibidas. Por ello, pidió el apoyo del Gobierno para materializar en «medidas concretas» el respaldo al carbón para que siga jugando un papel dentro del mix energético, dado que a los actuales precios es inviable.

La nuclear aportó un 21,2% de la electricidad en España en 2017, según la SNE, que lamenta la fiscalidad soportada

Europa Press / EFE.- La energía nuclear fue la primera fuente de generación eléctrica durante 2017 en España, según indicó la patronal eléctrica Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) en una jornada de la Sociedad Nuclear Española (SNE), en la que concretó que los 7 reactores españoles aportaron el 21,2% de la electricidad.

El presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago, ha destacado que del total de la electricidad libre de emisiones generada en 2017, que supuso un 55%, 5 puntos menos que el año anterior, a la nuclear se debió en torno al 40%. En este sentido, Gago ha resaltado que la energía que produce el parque atómico español es «fiable, segura» y supone la «primera fuente de producción de la cesta energética» de España y estima que este hecho debe ser algo que debe considerar el Gobierno en su toma de decisiones de futuro, una vez disponga de las conclusiones del comité de expertos de energía sobre el marco energético nacional de cara a establecer una senda de futuro.

En total, ha precisado que en 2017 se alcanzó en España una producción neta de 262.665 millones de kilovatios hora de los que 55.612 (21,2%) fueron de origen nuclear. Además, añadió que a pesar del cierre de la central de Garoña (Burgos), en 2017 se ha consolidado un cambio de tendencia positivo en el consumo energético, que ha aumentado un 1,1% respecto a 2016. Cada central estuvo más de 7.850 horas de media conectada a la red eléctrica, lo que supone el 91,32% del tiempo del año de operación de manera «fiable» y «bien gestionada» durante el cual cada central invirtió aproximadamente unos 40 millones de euros, lo que garantiza que «todas» estén en disposición de «operar a largo plazo«.

En total, el 21,2% de la producción energética fue energía nuclear; el 18,3%, eólica; el 17,2%, carbón, el 14,2%, los ciclos combinados de gas natural; el 10,7%, la cogeneración y tratamiento de residuos; 7,8%, hidráulica; 5,2% solar fotovoltaica y térmica; 2,7% fuel y otro tanto de biomasa. Precisamente, Gago ha destacado que las bajas precipitaciones han contribuido a reducir la producción hidroeléctrica del tercer al sexto puesto en el mix mientras que aumentó la generación por carbón y gas natural, lo que ha disminuido el porcentaje de electricidad libre de emisiones de gases de efecto invernadero. En su conjunto, esta bajó al 55%, cinco puntos menos que el año anterior.

Gago ha explicado que este descenso en la generación libre de emisiones se debe a la baja producción hidráulica, que, a consecuencia de la sequía y disminución de las precipitaciones, se redujo casi a la mitad. «Hay que remontarse a 1989 para alcanzar un dato menor en España», ha destacado. En la actualidad, según el presidente de la SNE, alcanzar los compromisos adquiridos por España respecto al medio ambiente «no se pueden acometer sin la aportación de la energía nuclear». Asimismo, Gago ha calificado la energía nuclear de «pilar fundamental de aportación a la cesta eléctrica, frente a una potencia instalada de las más bajas».

En total, desde que empezó a operar la primera central en España, la de José Zorita, en 1968, en estos 50 años que se cumplirán en julio, las centrales nucleares suman un total de 330 años de experiencia operativa y han evitado la emisión a la atmósfera de 40 millones de toneladas de CO2, con un total de 2 billones de kilovatios de electricidad producidos. Por ello, ha destacado que se trata de un sector maduro y con amplia experiencia.

En cuanto a la operación a largo plazo, el responsable de la SNE ha indicado que es una «tendencia internacional» que siguen países como Estados Unidos, operador al que sigue España, y donde 86 de las cerca de 100 centrales tienen permiso hasta 60 años y 3 están tramitando operar hasta 80 años. A su juicio, en España, «si se dieran las circunstancias» podrían producirse 1,2 billones de kilovatios hora. El documento de la SNE cifra en 27.500 los empleos directos e indirectos a tiempo completo generados por el sector y en 2.781 millones de euros su aportación al PIB.

Además, ha lamentado la alta carga impositiva que tiene este tipo de energía que, tras los últimos impuestos establecidos desde 2012, suponen más del 40% del coste de generación eléctrica. «Las centrales nucleares son viables técnicamente a largo plazo, pero con la carga impositiva actual a la industria no le salen las cuentas«, ha admitido. A nivel mundial, ha apuntado que la nuclear supone en torno al 11% de la electricidad y que la experiencia operativa del parque mundial asciende a 17.000 años de experiencia operativa que han evitado 40 millones de toneladas de CO2.

Entre otras cuestiones nucleares, Gago ha revelado que «a lo largo de este año» confía en que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) «espera conceder» las autorizaciones iniciales pertinentes para el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares y combustible gastado, que actualmente se encuentra «en proceso para iniciar la construcción«. Otros de los avances del año 2017 según Gago, son el hecho de que el parque nuclear ha terminado de implantar todas las medidas correctoras adoptadas después de las pruebas de resistencia a las centrales españolas para aprender lecciones del accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi el 11 de marzo de 2011.

Gago también ha valorado el despliegue de la Unidad de respuesta de la Guardia Civil para protección de instalaciones nucleares, dentro del modelo de seguridad desarrollado por los Ministerios de Interior y Energía, además del Consejo de Seguridad Nuclear. Así, a lo largo de 2017 se ha implantado en la central de Trillo (Guadalajara) el servicio de apoyo de la Guardia Civil tras contemplar alguna «posible o potencial amenaza de seguridad física confidencial» y ha añadido que durante 2018 terminarán de implantarse los efectivos en el resto de las centrales (Ascó, Almaraz, Vandellós y Cofrentes).

Actualmente, un grupo de unos 35 agentes, por los que los titulares de las centrales pagan 61.000 euros por guardia civil al Estado, garantizan la seguridad física de las centrales de manera permanente en la planta. Gago ha añadido que esta medida de seguridad está costeada por cada titular de central y supone unos 4 millones de coste anual para cada emplazamiento. «Se ha detectado una nueva amenaza que es confidencial y la mejor forma para afrontarla es tener una fuerza de seguridad para repeler una agresión externa», ha justificado.

«La operación de las centrales nucleares es aliada de la lucha contra el cambio climático y para contener el precio de la electricidad», ha defendido Gago, quien apuesta por un diálogo y un marco regulador estable así como por incrementar la divulgación en la sociedad de la energía nuclear como fuente fiable y solvente. Por ello, el representante de la Sociedad Nuclear Española ha reclamado al Gobierno que considere «todos» los sistemas de generación a la hora de establecer el «equilibrio» en el mix energético español a largo plazo en el que opina que la nuclear debe formar parte porque se encuentran «en el mejor nivel de seguridad y fiabilidad«.

En esta transición energética, según ha advertido, un cierre precipitado, sin que existan las tecnologías renovables de respaldo y almacenamiento que la sustituyan, incrementaría los precios; impediría el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones de CO2 y pondría en riesgo la continuidad de suministro. Finalmente, insta a que el Plan Integral de Energía y Clima que tendrá que aprobar el Gobierno reconozca la trascendencia de la nuclear en la consecución de los objetivos de fiabilidad, seguridad de suministro, competitividad y respeto al medio ambiente, para lo que ha reclamado un marco regulador estable y predecible a largo plazo.

Foro Nuclear integra la división nuclear de Unesa y unifica todas las actividades relacionadas con esta energía

Europa Press / EFE.– La asamblea de socios del Foro de la Industria Nuclear Española ha aprobado por unanimidad la integración a partir de ahora en esta organización de todas las actividades nucleares de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). De este modo, la representación del negocio nuclear de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, eléctricas integradas en Unesa, la ostentará a partir de ahora Foro Nuclear, asociación que representa desde 1962 a toda la industria nuclear española.

«El sector nuclear español sale fortalecido con la integración», según destacó Foro Nuclear. Así, Foro Nuclear agrupa la división nuclear de Unesa con el objetivo de que el sector salga reforzado al integrar todas las actividades relacionadas con la energía nuclear en una única asociación. Foro Nuclear seguirá defendiendo, tal y como señala su presidente, Ignacio Araluce, la presencia de la energía nuclear en el mix eléctrico español «al tratarse de una fuente fiable, siempre disponible, capaz de liderar la producción eléctrica, ser la fuente que más horas funciona y la que más ayuda en la lucha contra el cambio climático, al no emitir CO2″.

«Todo esto hace que «las centrales nucleares sean esenciales en la transición energética de nuestro país», señala Araluce. La integración de la división nuclear de Unesa es, para Araluce, una buena noticia para todo el sector nuclear español, que ha definido como una industria «puntera, tecnológica, exportadora de productos, servicios y tecnología a más de 40 países y reconocida a nivel internacional». Un sector, en definitiva, «que apuesta por la I+D+i, generador de riqueza y empleo de calidad y que hay que dar a conocer, preservar e impulsar, algo que haremos intensamente en esta nueva etapa de Foro Nuclear», apunta.

Unesa pide un marco energético «predecible» para asegurar las inversiones mientras Enerclub pide una relación «colaborativa» entre empresas y administraciones

Europa Press.- Mientras el presidente de Endesa y Enerclub, Borja Prado, ha pedido una relación «cercana y colaborativa» entre la empresa y la administración para contribuir a la eficiencia del sector energético, la presidenta de la patronal eléctrica Unesa, Marina Serrano, ha pedido un marco regulatorio energético «predecible y replicable» para asegurar las inversiones en el sector. “Para que haya inversión tiene que haber un marco predecible tanto en energías renovables como en otros temas», ha subrayado.

Serrano ha insistido en que los inversores sepan qué va a ocurrir disponiendo de las fórmulas, de forma que éstas no cambien «a mitad de la jugada» en referencia a los ajustes retributivos anunciados por el ministro Nadal para el sistema eléctrico y gasista. Por su parte, el presidente de Sedigas, Antonio Peris, también insistió en la necesidad de un marco predecible y destacó la competitividad del sector gasista: «Es el único sector que para captar clientes tiene que entrar en casa y, si no es competitivo, no capta clientes».

Relación entre empresa y administración

«Una relación cercana y colaborativa entre empresa y administración es la clave para cumplir con los significativos retos que el sector energético tiene por delante», fue la afirmación del presidente de Enerclub, que también ha agradecido al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a sus esfuerzos en un entorno que exige la «búsqueda continua de pactos políticos».

Unesa asegura que modificar la retribución “de manera inesperada” pone en cuestión la estabilidad jurídica y perjudica a las empresas

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas, Unesa, que representa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, junto a otras patronales de distribución como ASEME y CIDE, han recordado que la remuneración de la distribución eléctrica fue establecida por la Ley de 2013 y critican que los ajustes que el Gobierno pretende aplicar se producen «de manera inesperada» al estar fuera de los periodos regulatorios, «lo que pone en cuestión la estabilidad jurídica» y perjudica a las empresas.

Asimismo, señalan que los cambios se quieren introducir cuando aún está pendiente de tramitación la Ley del Cambio Climático y Transición Energética y cuando la comisión de expertos creada por el Gobierno para asesorar sobre estos asuntos aún no entregó sus conclusiones. Para las patronales, la transición energética «exige mantener y ampliar» las redes de distribución y la incertidumbre generada por los cambios regulatorios «no favorece la inversión», que supera los 1.100 millones de euros.

Además, consideran que el papel de las redes «es crítico» para poder integrar de manera efectiva las energías renovables, conseguir que el consumidor sea más activo y responsable en una red digitalizada y para poder ampliar los usos de la electricidad, «por lo que alterar el entorno regulatorio puede condicionar la consecución de estos objetivos«. En su comparecencia en el Congreso, Nadal pidió al resto de fuerzas políticas del Parlamento respaldo para aplicar a las eléctricas y gasistas una serie de ajustes en su retribución por cerca de 250 millones de euros, de los cuales algo menos de 200 millones de euros corresponden al sector eléctrico y otros 50 millones de euros al sector gasista.

Ajustes a distribución y transporte

El mayor de estos ajustes se refiere a los costes del sistema en transporte y distribución, donde considera que existen «casos de sobrerretribución en el factor de retardo», por el que una distribuidora eléctrica o Red Eléctrica de España (REE) reciben un equivalente de tipo de interés del 10% durante dos años desde que se realiza el proyecto hasta que se integra. “Este tipo de interés es altísimo. Un 5% anual a dos años no lo paga nadie para este nivel de riesgo. Pretendemos sustituirlo por un índice financiero”, indicó Nadal, quien estimó que el impacto de esta medida sería de unos 100 millones de euros, en una actividad de unos 7.000 millones de euros.

Otra de las partidas a ajustar corresponde a la retribución correspondiente a unos activos amortizados pertenecientes a las principales compañías, después de una demanda presentada por pequeñas empresas distribuidoras ante el Tribunal Supremo, que estarían «sobreretribuidos» y cuyo impacto sería de unos 70 millones de euros. Además, en los costes extrapeninsulares, propone una actualización en los parámetros de activos una vez que Red Eléctrica ha remitido las pruebas más actualizadas para determinar la estructura de costes de generación de las distintas centrales en las islas, que ascendería a unos 15 o 20 millones de euros.

No obstante, el Gobierno finalmente no ha incluido en el paquete de enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Senado a la Ley contra la sequía ninguna propuesta de cambio encaminada a reducir la retribución a las redes de gas y a la distribución eléctrica. Así, en la batería de enmiendas se incluyen únicamente propuestas de modificación en la Ley del Sector Eléctrico referentes a peajes y cargos para determinadas categorías de consumidores en la modalidad de suministro con autoconsumo caracterizados por ser intensivos en consumo energético o sujetos a estacionalidad y a regadíos, adaptándose a la normativa europea.

En el Congreso, Nadal consideró que estos ajustes en el sistema de la retribución en la parte regulada de las eléctricas proceden de las recomendaciones del regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o de REE. Nadal también solicitó el apoyo para que las empresas dueñas de las centrales nucleares asuman, en el caso de producirse su cierre, el coste de su desmantelamiento. A este respecto, subrayó que España es el único país en el que el desmantelamiento de una nuclear «es responsabilidad de todos», a través de la sociedad Enresa.

Unesa pide una metodología «objetiva» para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica del período regulatorio post-2020

Europa Press.- La patronal de las principales compañías eléctricas (Unesa) demanda una metodología «objetiva» para llevar a cabo la revisión de la tasa de retribución financiera de la actividad de distribución eléctrica de cara a su siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020.

Unesa asegura compartir el criterio expresado por la CNMC de que «llegado el momento de la revisión de la tasa de retribución financiera, se debería adecuar ésta al coste de los recursos propios y ajenos de las empresas distribuidoras». Para la patronal, la CNMC constata «el enorme esfuerzo» realizado por las empresas para mejorar «su eficiencia, rentabilidad y calidad de servicios a los consumidores». Así, considera que todas las variables analizadas por el organismo reflejan «la mejora de gestión empresarial» de las empresas distribuidoras que conforman Unesa, por ejemplo «a través de un parámetro tan representativo como el descenso significativo de los gastos de explotación«.

Además, añade que este esfuerzo empresarial también es extrapolable al área de las inversiones, que la propia CNMC cuantifica en más de 1.000 millones de euros anuales, «lo que ha redundado en una mejora continuada de los estándares de calidad y de servicio (el tiempo medio de interrupción se redujo en un 32% en 2013-2016)». Finalmente, Unesa recuerda que España dispone de «una de las redes eléctricas más eficientes en coste y calidad de suministro del mundo y pionera en la implantación de contadores inteligentes».

La CNMC publicó su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico, en el que considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará en 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos. Además, la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. La rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

El Tribunal de Cuentas analizará durante este año la gestión del cuestionado canon hidroeléctrico en los ejercicios 2015 y 2016

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó, dentro de su programa de fiscalización para 2018, un informe sobre la gestión del canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las demarcaciones intercomunitarias, conocido como canon hidroeléctrico, durante los ejercicios 2015 y 2016.

De esta forma, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda analizará la gestión de esta tasa, aprobada en 2012 y lanzada en 2013 por el Gobierno de Rajoy tras la reforma energética con el fin de aplacar el déficit de tarifa. Sin embargo, no fue hasta 2015 cuando el Gobierno publicó el desarrollo del canon, gravando con un 22% la producción en instalaciones hidroeléctricas.

Contemplado como un impuesto medioambiental, el Gobierno justificó que «la calidad general de las aguas continentales españolas hace necesaria su protección» y que, para reforzar las políticas de protección, se hacía necesaria «la obtención de recursos que deben ser aportados por quienes obtienen un beneficio de su utilización privativa o aprovechamiento especial al posibilitar la producción eléctrica en centrales hidroeléctricas«.

La legalidad de este canon fue cuestionada el pasado junio por el Tribunal Supremo, que elevó tres cuestiones a la Justicia Europea antes de resolver los recursos de Unesa y Acciona contra el mismo, poniendo en duda si respondía a razones medioambientales, su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación en la Directiva europea sobre el mercado eléctrico, y si no constituía una ayuda de Estado a terceros competidores.

El Supremo denunció que únicamente el 2% de la recaudación del canon repercute en cada Confederación Hidrográfica, frente al 98% que se ingresa en el Tesoro Público, por lo que lo considera «un ingreso más del sistema eléctrico, al no destinarse la recaudación a la protección y mejora del dominio público». Posteriormente, el Gobierno elevó la tasa del 22% hasta el 25,5%, dentro de las medidas impulsadas para paliar los efectos de la sequía en algunas cuencas hidrográficas. El proyecto de ley, tramitado en el Congreso, fue aprobado en noviembre.

Las compañías eléctricas que integran Unesa ganaron 3.432 millones de euros en 2016, un 21% más

Europa Press.- Las empresas que integran la patronal eléctrica Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo) registraron en 2016 un beneficio neto de 3.432 millones de euros, lo que representa un incremento del 21% con respecto al ejercicio anterior. La facturación en 2016 alcanzó los 18.951 millones, lo que representa una caída del 11,7% con respecto a 2015, como consecuencia de la disminución del precio del mercado mayorista.

Por su parte, las inversiones en activos eléctricos de las empresas asociadas a Unesa se mantuvieron en línea con 2015, llegando hasta los 2.315 millones de euros. Mientras, el consumo neto de energía eléctrica en España en 2016 se situó en 238.493 millones de kilovatios hora (kWh), un 0,7% por encima del ejercicio anterior. Este nivel de consumo, en términos absolutos, se situó entre los valores históricos de 2003 y 2004, tras las caídas de años anteriores ejercicios, señaló Unesa.

Por su parte, la producción eléctrica estimada de España alcanzó el año pasado los 262.104 millones de kWh y experimentó una disminución del 2,2% con respecto a los 267.936 millones de kWh producidos en 2015. Esta bajada de la producción, frente a la subida de la demanda, se debe al incremento de las importaciones de energía eléctrica, hasta alcanzar un saldo importador de unos 7.700 gigavatios hora (GWh). La demanda máxima del sistema peninsular alcanzó los 40.489 megavatios hora (MW), cifra que se situó un 11% por debajo de la máxima histórica, alcanzada en 2007.

Por su parte, la participación de las energías renovables en el mix generador se situó en 39% y la generación libre de emisiones superó el 60%. Mientras, la potencia eléctrica instalada en España a finales de 2016 fue de 105.308 MW y experimentó una disminución del 0,9% con respecto a los 106.224 MW del año previo, lo que supuso una disminución neta de 916 MW. Así, apenas se produjeron incorporaciones de nuevas plantas al parque generador, mientras que se dieron de baja 932 MW correspondientes a centrales térmicas de carbón.

La patronal eléctrica Unesa aprueba un plan de renovación y releva al presidente Eduardo Montes por la jurista Marina Serrano

EFE / Servimedia.- La junta directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha acordado por unanimidad la puesta en marcha de un plan de renovación integral de la patronal eléctrica, que se centrará a partir de ahora en temas regulatorios. Para ello ha nombrado nueva presidenta a Marina Serrano, especialista en regulación y que asumirá el cargo de forma inmediata tras suceder a Eduardo Montes, que deja la presidencia de Unesa después de 7 años.

El objetivo del plan de renovación es, según la asociación, «reforzar su papel ante las prioridades y necesidades actuales del sector eléctrico». Unesa centrará sus actuaciones de forma prioritaria en temas de carácter regulatorio y en aspectos relacionados con la distribución eléctrica. Además, intensificará su compromiso con la transición energética y con la implantación de un sistema energético más limpio y eficiente. Unesa potenciará su relación con otros agentes y las posibilidades de abrirse a nuevos miembros con un papel relevante en el contexto eléctrico, lo que impulsará su función como plataforma de debate entre los principales agentes del sector.

Nueva etapa con transición energética

Según Unesa, la patronal emprende ahora una nueva etapa marcada por la transición energética hacia un modelo libre de emisiones, la creciente competencia en el mercado eléctrico y la necesidad de redefinir sus actuaciones. Estos factores han llevado a la junta directiva a aprobar el relevo de Eduardo Montes, que recibió el agradecimiento de todas las compañías «por el trabajo realizado y los resultados obtenidos». Montes tuvo que afrontar, entre otras cuestiones, la defensa de los intereses del sector eléctrico durante la importante reforma regulatoria aprobada, el desarrollo de un amplio número de iniciativas legales relativas a otros cambios regulatorios posteriores y, en el ámbito interno, una profunda reestructuración de la propia asociación a fin de asegurar su viabilidad económica.

Por su parte, Marina Serrano es licenciada en Derecho y Premio Extraordinario fin de Carrera por la Universidad de Zaragoza, licenciada en Filosofía y Letras, y diplomada por el Centro de Estudios Constitucionales. En 1982 ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado y en 2014 se incorporó al despacho de abogados Pérez-Llorca. Además, es consejera de Abertis Infraestructuras. Especializada en Derecho de la Energía, ha dedicado gran parte de su carrera al sector energético, en el que ha desempeñado cargos de gran relevancia, como consejera y secretaria tanto del Consejo de la Comisión Nacional de la Energía, como de la anterior Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Además, ha sido secretaria del consejo de administración de Red Eléctrica de España.

Serrano ha asegurado que es «un gran honor» asumir la presidencia de Unesa en un momento en el que el sector energético debe afrontar «retos muy importantes». «Estoy convencida de la necesidad de impulsar y propiciar un entorno que favorezca una clara mejora de nuestra eficiencia energética y que contribuya positivamente a la mayor competitividad de las empresas españolas», subrayó.