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Engie España, Disa y Petrocat también recurren el Fondo de Eficiencia Energética en 2016

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Europa Press.- Las petroleras Disa y Petrocat, enseña del grupo Repsol en Cataluña, y la filial energética en España de Engie, antigua GDF Suez, han presentado recursos ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en contra del esquema de reparto de las aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética, según consta en el BOE.

Estos recursos de las tres sociedades se unen a los presentados también ante el tribunal por otras empresas, entre ellas Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o la comercializadora de los grandes consumidores de electricidad, Fortia Energía en contra del esquema de reparto del Fondo de Eficiencia Energética. Estos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman además a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

Denuncias como las de 2015

La asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y BP.

El Tribunal Supremo también ha admitido a trámite recursos de empresas que van desde los productores de electricidad Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España hasta los instaladores eléctricos de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie). La norma está recurrida además por los pequeños comercializadores, representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, así como por la comercializadora Nexus y por las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía.

Los grandes consumidores de electricidad agrupados en Fortia Energía también recurren el Fondo de Eficiencia Energética en 2016

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Europa Press.- La comercializadora de los grandes consumidores de electricidad, Fortia Energía, presentó un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en contra del esquema de reparto de las aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. Esta comercializadora, fruto de distintas iniciativas promovidas desde 2007 por las grandes industrias consumidoras de electricidad, actúa como interlocutor único de estas empresas con el objeto de lograr un suministro competitivo y estable.

Aparte del recurso de Fortia Energía, el Supremo también admitió a trámite las denuncias contra la misma norma presentadas por Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y Estaciones de Servicio de Guipúzcoa. El tribunal trabaja además en las denuncias de otras empresas anunciadas en los últimos días, entre ellas Gas Natural Fenosa, Fenie Energías, Nexus, Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol o Cepsa en contra del esquema de reparto del fondo.

Todos estos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la británica BP (19,64 millones), Iberdrola (15,03 millones) y la portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

La asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales también decidieron por separado denunciar la orden ministerial. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes compañías, ya sea individualmente o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Gas Natural, Fenie y Nexus se suman a los recursos contra el reparto del Fondo de Eficiencia Energética en 2016

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Europa Press / EFE.- Gas Natural Fenosa, Fenie Energías y Nexus se han sumado a los recursos ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo en contra del esquema de reparto de las aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. El Tribunal Supremo ya trabaja en las denuncias de otras empresas como Viesgo, Grupo Villar Mir, BP, Repsol o Cepsa en contra del esquema de reparto.

Todos estos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

La asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales también decidieron por separado denunciar la orden ministerial. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y BP.

Viesgo emite 400 millones en bonos a 10 años y recurre las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética en 2016

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EFE / Europa Press.- La eléctrica Viesgo, antigua E.ON España, ha cerrado una emisión de bonos a 10 años con la que ha captado 400 millones de euros, con un cupón fijo del 2,875%. La compañía detalló que el 80% de los inversores han sido fondos de países de la Unión Europea, principalmente de Francia, Reino Unido y Alemania.

Se trata de la segunda emisión de bonos de la empresa, tras la operación cerrada en noviembre de 2015, en la que captó 500 millones de euros. El presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas, señaló que “esta operación nos permite mejorar nuestra estructura de deuda, alargando su plazo medio de vencimiento, estabilizando nuestros costes financieros con un tipo de interés fijo muy competitivo y dando continuidad a la estrategia de diversificación de nuestras fuentes de financiación».

Recurre Fondo de Eficiencia Energética

Viesgo también ha recurrido ante el Tribunal Supremo, como ya han hecho el Grupo Villar Mir, BP, Repsol o Cepsa, el esquema de reparto de las aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. En concreto, el Supremo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio en el que se recoge la admisión a trámite del recurso presentado por la empresa contra la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa.

Todos estos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

La asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y BP.

Cepsa ganó 106 millones de euros en el primer trimestre, un 52% menos, por la caída del precio del crudo

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EFE / Europa Press.- Cepsa, que recurrió al Tribunal Supremo las aportaciones que tendría que hacer este año al Fondo de Eficiencia Energética, ganó 106 millones de euros en el primer trimestre del año, un 52% menos que en el mismo periodo de 2015, afectada por los bajos márgenes de refino y la caída de la cotización del crudo.

Según comunicó la petrolera, el beneficio neto ajustado (CCS), que excluye la variación de los inventarios y los elementos no recurrentes, bajó un 35% en los 3 primeros meses del ejercicio, hasta los 106 millones de euros. La división de exploración y producción registró unas pérdidas ajustadas de 23 millones de euros, frente al beneficio de 2015, afectada por los bajos precios del crudo y la caída de la producción como consecuencia de los trabajos de mantenimiento en algunos bloques.

El beneficio ajustado del área de refino y comercialización fue de 104 millones, un 29% menos, ante la caída de los márgenes de refino, que fueron excepcionalmente altos en 2015. En el primer trimestre, el margen de refino de Cepsa se situó en 5,8 dólares por barril, frente a los 7,3 dólares de un año antes. La destilación se incrementó en un 3% a pesar de que en el periodo se realizaron paradas programadas en las refinerías de Gibraltar San Roque y La Rábida. Las ventas de productos refinados aumentaron un 6% impulsadas por el buen comportamiento de los mercados de automoción y queroseno, que compensaron el descenso en combustible para calefacción como consecuencia de las temperaturas templadas del invierno.

El beneficio ajustado de la división de petroquímica se duplicó, hasta cerrar en 26 millones de euros, mientras que el correspondiente al área de gas y electricidad bajó un 5%, hasta los 10 millones. Entre enero y marzo, Cepsa invirtió 114 millones de euros, principalmente en seguridad de las instalaciones y optimización de procesos. Ante la situación, la compañía ha lanzado un nuevo programa de ahorro y eficiencia, que incluirá una reducción de las inversiones para este año de un 15% y de costes fijos de un 7%. Además, Cepsa ha formalizado una segunda novación del crédito sindicado firmado en 2014, por un importe de 1.500 millones, lo que le ha permitido ampliar los vencimientos.

Recurre Fondo de Eficiencia Energética

Por otro lado, la sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de Cepsa en contra del esquema de reparto de aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética.Esta admisión a trámite se suma al recurso presentado también por BP en relación con el reparto de obligaciones en 2016 desde que en marzo se publicase la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa.

Estos dos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 2015. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

Aparte de BP, la asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Galp, Saras, Shell o las nuevamente recurrentes BP y Cepsa.

El Tribunal Supremo respalda la normativa sobre parques eólicos en Galicia

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EFE.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha respaldado la normativa sobre parques eólicos en Galicia al desestimar el recurso interpuesto por la sociedad Ventos Cooperativos. La empresa había recurrido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la suspensión del procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de instalaciones de parques eólicos realizado por la Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia.

La empresa había recurrido la resolución de 30 de diciembre de 2009 con la que «se suspende la tramitación del procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones de instalaciones de parques eólicos». La Xunta de Galicia entonces paralizó la apertura de parques, que hasta ese momento estaba regulada por una ley estatal, pues en 2009 estableció una normativa autonómica «por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental«.

Ventos Cooperativos apela en su recurso a la «libre instalación para la generación de energía eléctrica» y también a la «libre iniciativa empresarial para la actividad de generación de energía eléctrica», además de a otros derechos. El Supremo, sin embargo, recuerda que «la ley nueva dispuso, con rango claramente legislativo, una normativa totalmente diferente a la anterior para la regulación, planificación, y condiciones de obtención de las autorizaciones para los parques, y claramente incompatible con ella». Además, impuso a Ventos el pago de costas, con un máximo de 4.000 euros.

Fenosa Wind y la Asociación de Productores de Energía Hidroeléctrica URWTT presentan recursos contra los planes hidrológicos de cuenca

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EFE.- Empresas eléctricas e hidroeléctricas, comunidades de regantes, comunidades de propietarios y particulares han presentado seis recursos ante la sala de contencioso administrativo del Tribunal Supremo en contra de los planes hidrológicos de varias cuencas. En concreto, contra la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, han presentado recursos la empresa Fenosa Wind S.L, la Comunidad de Regantes de Fuencalinente, la Asociación de Productores de Energía Hidroeléctrica URWTT.

El Tribunal Supremo desestima un recurso de Ecologistas en Acción que pedía la anulación de un proyecto de fracking

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EFE.- El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado en mayo de 2016 por Ecologistas en Acción pidiendo que se declarase nulo el proyecto de fracking Cronos, que afecta a 96.000 hectáreas de varios municipios de Guadalajara y Soria, otorgado a la empresa Frontera Energy Corporation.

Los ecologistas fundamentaban su recurso en aspectos como la salvaguarda de los espacios naturales protegidos, la falta de medidas de protección medioambiental o la falta de diagnóstico de la afección a aguas superficiales y subterráneas. A este respecto, la sentencia señala que la recomendación de la Unión Europea referida a las medidas de protección ambiental son de fecha posterior al decreto que otorgó el proyecto y que se impugna, «por lo que difícilmente pudo ser tenida en cuenta a la hora de otorgarse el permiso de investigación que nos ocupa«.

Eso sí, «sin perjuicio de que el contenido de la mencionada recomendación 2014/70/UE, lo mismo que las normas del ordenamiento comunitario europeo o de derecho interno aprobadas con posterioridad al decreto impugnado y que resulten entonces de aplicación, sean tomadas en consideración con ocasión de las evaluaciones de impacto ambiental que habrán de realizarse en las fases ulteriores» del programa de investigaciónobjeto de examen.

Atendiendo a estas consideraciones, Ecologistas en Acción demandaba que el proyecto de fracking Cronos «se declarase nulo de pleno derecho y consiguientemente dejase sin efecto el acto administrativo objeto del presente procedimiento», hecho que ha sido desestimado por el Supremo. Por último, la sentencia señala que no procede imponer las costas derivadas de este proceso a ninguna de las partes «pues la controversia planteada suscitaba dudas de derecho suficientes como para considerar improcedente la condena en costas al litigante vencido».

BP España es la primera empresa en recurrir las aportaciones obligatorias al Fondo de Eficiencia Energética de 2016

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Europa Press / EFE.- La sala tercera del Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de BP España en contra del esquema de reparto de aportaciones económicas durante 2016 por parte de las distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. Esta admisión a trámite,publicada en el BOE, es la primera que realiza el Supremo en relación con el reparto de obligaciones en 2016 desde que el pasado 21 de marzo se publicase la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa.

El recurso de BP, que ya denunció como hizo un amplio número de empresas las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el 2015, se dirige contra la orden ministerial 259/2016, en la que se fija una contribución de esta empresa al fondo por cerca de 19 millones. La orden fija una aportación económica obligatoria al fondo en proporción al volumen de ventas de energía de cada empresa. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. Según el BOE, se abre un plazo de 9 días para que pueda personarse como demandada cualquier persona con interés legítimo.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol, incluida la filial de Butano, son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones). Aparte de los 218 millones de aportación para 2016, la resolución de Industria fija para el 2016 un objetivo de ahorro agregado de 262.000 toneladas o equivalente de petróleo, o de 3.046,51 gigavatios hora (GWh).

Contra la orden de 2015

Aparte de BP, la asignación de obligaciones de 2015 fue denunciada por Gas Natural Fenosa, GDF Suez, Kuwait Petroleum España, Galp, Villar Mir Energía, Madrileña Suministro de Gas, Energya VM Gestión de Energía o Factorenergía. La medida también fue denunciada por la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que agrupa a los operadores Axoil, Disa, Dyneff, Esergui, GM Fuel y Meroil, algunos de los cuales ya han decidido por separado denunciar la orden ministerial ante la misma instancia. Otras empresas del sector que presentaron denuncias son las grandes petroleras, ya sea de forma individual o a través de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a compañías como Repsol, Cepsa, Galp, Saras, Shell y la propia BP.

El Tribunal Supremo también ha admitido a trámite recursos de empresas que van desde los productores de electricidad Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España hasta los instaladores eléctricos de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie). La norma está recurrida además por los pequeños comercializadores, representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, así como por la comercializadora Nexus y por las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía, que también ha recurrido la orden de peajes de acceso de energía eléctrica para 2016.

El Supremo da la razón a Endesa en la revisión de sus retribuciones al transporte entre 2008 y 2011

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Europa Press / EFE.– El Tribunal Supremo estimó en parte un recurso contencioso administrativo presentado por Endesa Distribución Eléctrica y anuló varios artículos de la orden de peajes con la que el Ministerio de Industria estableció las retribuciones para las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica para la segunda mitad de 2013 y que fue recurrida, entre otras compañías, por Endesa. Las partes anuladas tienen que ver a la retribución al transporte de electricidad entre 2008 y 2011.

Concretamente, el Supremo anuló el artículo 3 de la orden ministerial 2442/2013 en lo referido a la retribución definitiva para Endesa de la actividad de transporte de electricidad entre 2008 y 2011 para instalaciones puestas en servicio antes del 1 de enero de 2008, según el BOE. En este artículo, Industria reconocía una retribución definitiva a Endesa por sus instalaciones de transporte de 25,7 millones en 2008 y de 25,2 millones en 2009. Sobre este punto, el Supremo advierte de que se trata de una anulación «parcial» al afectar sólo a algunos de los artículos recurridos y no a la orden ministerial en su totalidad.

El Tribunal Supremo también anuló el artículo 4 de la misma orden respecto al incentivo recibido por Endesa a la disponibilidad de la red de transporte correspondiente a la retribución de 2008 para los territorios insulares, valorado en 793.000 euros. Por último, dejó sin efecto el artículo 6, el incentivo de disponibilidad a la red de transporte fuera de la Península correspondiente al periodo 2009-2011 calculado por Industria en lo referido a Endesa por importe de 1,8 millones de euros.

El Supremo no establece cómo debe el Estado retribuir a Endesa por el transporte de energía desde sus instalaciones antes del 1 de enero de 2008, ni tampoco fija plazo alguno para ello, pero señala que cuando lo haga debe justificarlo «de forma razonada«. Será la Administración la que fije la cuantía que debe percibir Endesa, a la que además se le reconoce el derecho de recibir intereses de demora.