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Anpier estudia recurrir en Bruselas la sentencia del Tribunal Supremo que avala que las renovables sufraguen el déficit tarifario

Así lo señaló el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en el marco de la VI Asamblea General de la asociación, en las que explicó que la sentencia supone «una piedra más en el camino» y «un engaño más» al hacerles responsables de contribuir y soportar en parte el déficit de tarifa «generado por la sobre retribución que reciben nucleares e hidráulicas«.

Martínez-Aroca calificó la sentencia de «jarro de agua fría» para las 62.000 familias productoras fotovoltaicas y criticó que «jamás» se les avisara de que iban a sufrir «siete cambios normativos retroactivos» y que tendrían que soportar el déficit cuando el Estado instó años atrás a invertir en renovables.

En este sentido, denunció el «engaño» del Estado con «todos estos cambios a posteriori que han ido apareciendo en el camino con el fin de expulsarles del sistema eléctrico para que siga monopolizado por tres grandes compañías eléctricas». A su juicio, se trata de «la mayor estafa que un Estado ha podido cometer contra los ciudadanos«.

Durante su intervención en la asamblea, Martínez-Aroca advirtió de que el recorte a la retribución de las renovables podría incrementarse y alcanzar del 50% al 70%, ante la bajada del bono del Tesoro, fijado en torno al 1,3% actualmente.

Además, Martínez-Aroca explicó que desde Anpier han encargado informes periciales a expertos económicos que concluyen que todos los proyectos e inversiones se encuentran en default ya que «ni siquiera podemos pagar el servicio a la deuda que tenemos contraída frente al banco«.

En esta línea, dijo ser «falso» que se disponga de una rentabilidad del 7% como afirman desde el Ministerio de Industria, sino que se están llegando a alargar los préstamos bancarios para «ganar oxígeno» con el fin de terminar la fase judicial de interposición de recursos e intentar que «se reponga la seguridad jurídica».

De hecho, desde Anpier denunciaron que el sector fotovoltaico español es «pasto de especuladores» que buscan «quedarse con estas instalaciones a precio de saldo dado que el pequeño consumidor no puede asumir la cuota de crédito bancario una vez que el Estado incumple sus compromisos de pago».

Por último, recordó que todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, se han comprometido a derogar la «salvajada jurídica» contra las renovables si acceden al Gobierno.

Narbona dice que el Gobierno de Zapatero se equivocó en 2010 al realizar el «primer ataque» a la retribución de la fotovoltaica

Así lo señaló durante la inauguración de la VI Asamblea General de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), en la que trasladó el compromiso del PSOE de derogar la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy si ganan las elecciones.

No obstante, reconoció ante los productores fotovoltaicos que el Gobierno socialista cometió un «error» y se equivocó en 2010 al decidir atribuir a la retribución de renovables un «efecto perverso» en términos económicos.

«Se podía haber hecho frente con otra situación, sin consecuencias dramáticos que esa medida de 2010 (recorte a la retribución de instalaciones fotovoltaicas) comenzó a comportar y que no han hecho más que empeorar», apuntó.

En todo caso, el Tribunal Supremo avaló la normativa aprobada en 2010 por el Gobierno español, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, por la que se recortaba la retribución de las plantas solares fotovoltaicas, y que suponía limitar el número de horas anuales de producción con derecho a prima.

De esta forma, Narbona abogó por hacer «justicia» con las empresas y ciudadanos que invirtieron en renovables bajo un marco regulatorio y ahora «tienen deudas que no pueden afrontar» por los cambios normativos.

A pesar de que valoró que España está «muy bien posicionada» de cara al impulso europeo a las energías renovables para convertirse en líder mundial en la materia, sin embargo reprobó que el país esté sufriendo una situación de «máxima vulnerabilidad».

Además, criticó la «confusión» generada por el Gobierno sobre el déficit de tarifa y defendió que «no es verdad» que el alto precio de la electricidad se deba a la presencia de renovables en el mix energético español.

La exministra socialista, quien lamentó que se haya «satanizado» a las renovables en los últimos años, sostuvo que cada vez se acerca «más rápido» el momento en el que el conjunto de renovables será «competitivo» con la utilización de convencionales.

En esta línea, Narbona trasladó durante la asamblea el compromiso del PSOE de «revertir esta situación» que ha provocado que la imagen de España en materia de renovables haya caído «drásticamente» en el exterior ante los «numerosísimos» litigios internacionales del Gobierno.

Así, opinó que se producirá una «necesaria transición» del modelo energético y dijo esperar que tras las elecciones de noviembre los procesos de elaboración de normas sean «mucho más transparentes y mucho más participativos» para los sujetos implicados.

«El cambio social se va a traducir en un cambio político» que a la postre «exigirá a los grandes partidos que las normas no se hagan en un despacho, sino que haya la máxima participación de los afectados», agregó.

A este respecto, abogó porque los políticos «seamos capaces de rendir cuentas ante los ciudadanos de cuál es el resultado efectivo de las leyes, algo a lo que no estamos acostumbrados en nuestro país» y sobre lo que «vamos con retraso».

De esta forma, sostuvo que «gobierne quien gobierne» habrá «una ciudadanía más consciente, informada, exigente, con la que tendrá que lidiar, dar más explicaciones y evitar generar incertidumbres desde punto de vista regulatorio».

Ante esta ciudadanía «cada vez más exigente y más cabreada» por la «falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace», el próximo Gobierno tendrá que «explicar muy bien» si no cumple una promesa, a pesar de que «hay veces que uno quiere hacer cosas pero luego hay otras que lo impiden», añadió.

El Tribunal Supremo avala la obligación de que las renovables financien también el déficit de tarifa

Concretamente, el Supremo rechaza los recursos presentados por más de 40 productores fotovoltaicos en contra de esta obligación e impone el pago de las costas judiciales a los recurrentes hasta un máximo de 4.000 euros, tras rechazar los siete argumentos utilizados por los abogados de estas empresas. Los productores renovables habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la financiación del eventual déficit tarifario debería corresponder a las eléctricas integradas, como ocurría antes de esta normativa, y no a todos los agentes del sistema, como ahora.

Sin embargo, el Supremo no comparte esta pretensión ya que no existe discriminación porque la obligación de financiar el déficit no se distribuye a partes iguales entre los agentes del sistema, sino «de modo proporcionado» a su tamaño. El Tribunal rechaza igualmente el resto de argumentos presentados por las empresas y no encuentra «razones que nos induzcan a plantear ni la cuestión de inconstitucionalidad» sobre la Ley del Sector Eléctrico «ni las cuestiones prejudiciales sugeridas».

La Ley del Sector Eléctrico

Esta Ley, de 2013, indica que los desajustes del sistema eléctrico a partir de 2014 no podrían superar el 2% de los ingresos estimados, al tiempo que la deuda acumulada por los nuevos déficit no podría rebasar el 5% de estos ingresos. Si se superan estos umbrales, se subirían los peajes de forma automática. Los déficit que se produzcan y sean inferiores a estos porcentajes deben ser financiados por todos los agentes del sector eléctrico «de forma proporcional a los derechos de cobro por la actividad que realizan», aspecto que rechazan desde las empresas fotovoltaicas.

Los productores argumentan que el nuevo esquema de reparto de costes contradice «la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a los sujetos que deben ser obligados a la financiación de los desequilibrios temporales y del déficit de tarifa». También consideran que se vulnera el principio constitucional de no discriminación «en cuanto se aplica el mismo trato a sujetos con situaciones y características diferentes» y en cuanto «el coeficiente de cobertura no se aplica a todos los costes del sistema eléctrico«. Esta discriminación se produce además, conforme a sus argumentos, «en cuanto a la capacidad de solvencia» de las distintas empresas y conforme al Derecho comunitario. Los tipo de interés a los que se financia el déficit también son discriminatorios, aseguran.

El Supremo tampoco aprecia la existencia de una «discriminación por indiferenciación», consistente en la aplicación de «una regulación unitaria que no hubiera introducido distingos ante situaciones diferenciadas». El Tribunal rechaza otros fundamentos de la denuncia por su «muy escaso desarrollo argumental», entre ellos el que indica que la norma «beneficia a las empresas sujetas con anterioridad a la Ley del Sector Eléctrico a la financiación del déficit», esto es, a las eléctricas integradas en Unesa.

El Supremo amplía el recurso sobre la interrumpibilidad para juzgar el tope de 550 millones

En concreto, la ampliación del recurso afecta al artículo 8 de la última orden ministerial de peajes eléctricos, en el que se establece una cuantía máxima anual para retribuir a las grandes industrias que prestan este servicio de interrumpibilidad. Este servicio ofrecido por las grandes industrias consiste en la modulación de su consumo en los momentos en los que lo requiera el sistema eléctrico. Con la reforma energética, se asigna en función de subastas y tiene un coste inferior a los 750 millones concedidos previamente.

Acerinox, junto a empresas como Siderúrgica Balboa o asociaciones empresariales como Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) o la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficem), tienen recurrido el nuevo mecanismo de asignación a través de subasta de la interrumpibilidad. La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció que Industria estudia la posibilidad de realizar este año la subasta de interrumpibilidad «antes de verano». El año pasado el Ministerio de Industria tuvo que realizar una segunda subasta al adjudicarse únicamente 350 millones en la primera ronda, recibiendo quejas de empresas como Alcoa.