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Las subastas de suelo móvil

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El espacio entre subasta y subasta de nueva potencia renovable ha amplificado los cuestionamientos de las dos anteriores, en la medida en que ha incidido en la complejidad de la misma y, en consecuencia, en la dificultad de los operadores para su entendimiento; todo ello aderezado por la fórmula española de transición energética pendiente de definición, de la resolución de pleitos y de los arbitrajes abiertos en las instancias internacionales en materia renovable y las amenazas a la seguridad jurídica.

El primero es el anuncio de la tercera subasta de potencia renovable realizado por el propio Mariano Rajoy de forma inmediatamente posterior a la celebración de la segunda, lo que pilló por sorpresa a propios y extraños y, principalmente, a los mismos adjudicatarios de la potencia recién subastada con menos de una semana de antelación. Un anuncio que venía a uncir la necesidad de cumplir con los objetivos de generación y potencia renovable que España tenía, con la comunicación política añadida. El departamento de Energía busca la forma de multiplexar la potencia adjudicada por si fallan los calendarios de puesta en funcionamiento de la misma.

En segundo lugar, y casi en paralelo, las revelaciones y propias declaraciones del ministro de Energía, anunciando la revisión de los criterios de cálculo respecto de la rentabilidad razonable de las instalaciones de régimen especial. Unos criterios instaurados en la reforma eléctrica de 2013 y que, en aplicación directa y virtual de la rebaja del bono español, confirma la comprensión del Ministerio de la rentabilidad en las subastas como “suelo móvil” variable. Interpretación que ha causado un fuerte malestar en los titulares de las instalaciones actuales, además de apuntalar la decisión de los operadores eólicos que deciden no participar en el mercado español por su inseguridad jurídica y su incertidumbre.

Una advertencia, la de Nadal, acompañada además de una admonición hacia las empresas de menor tamaño y a otros operadores maverick, ahuyentándoles en lo que se refiere a la participación en las subastas por su propia complejidad, para que no se vieran atrapados en una posible reducción retributiva, además de las dudas existentes respecto a la viabilidad de la ejecución de los proyectos resultantes. El hecho es que el sector se empieza a apuntar a la tendencia de los contratos bilaterales de suministro frente a la inestabilidad de las subastas.

Por su lado, el ministro que busca sobre todo tener las manos libres para hacer y deshacer, sin aceptar restricciones del marco jurídico, económico, presupuestario, europeo o de la inversión y, a la vez, sin consecuencias derivadas de los grados de libertad de la discrecionalidad en la acción política. Sin embargo, desde instancias europeas se tiene en observación la deriva de la regulación renovable española.

Por otra parte, pese al discurso teórico de comunicación política de neutralidad tecnológica, las condiciones de diseño de cada subasta apuntan o se orientan hacia tecnologías diferentes. Eso le permite al Ministerio conseguir que permanezca viva la lucha entre tecnologías, cuya división tanto éxito ha traído en el pasado a sus responsables para alejar el foco, de forma que, a la vista del corto espacio de tiempo en que se producen estas subastas, la única forma de influir en la mediática es la proliferación de invectivas intertecnológicas. Todo apunta a que esta subasta abrirá la mano con la fotovoltaica, lo cual proporcionará coartada al propio Ejecutivo y dejará sin argumentos a los teóricos de la conspiranoia de los grandes operadores.

En suma, que estamos ante el resultado de una subasta más: de suelo móvil, de calidad de marco regulador, de regulación a la española. Veremos.

La patronal fotovoltaica UNEF se opone al recorte al 4% de la rentabilidad razonable anunciado por Nadal para las renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera un «ataque al sector» y califica de «institucionalización de la inestabilidad jurídica» la nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables anunciada por el ministro Álvaro Nadal, que bajaría del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020, según indicó UNEF.

La asociación sectorial afirma que “esta medida tendría un impacto sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo”. En este sentido, UNEF defiende que “una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros”.

Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que “de tramitarla vía orden ministerial, Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento”. Por ello, el sector fotovoltaico considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley “para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto”. UNEF indicó «que la credibilidad regulatoria y la seguridad jurídica son imprescindibles para garantizar el correcto desarrollo de las empresas renovables, que desempeñan un papel fundamental en la reactivación de nuestra economía».

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, avanzó recientemente su intención de recortar la rentabilidad razonable en 2020, con el objetivo de que se pueda bajar el recibo de la luz un 10%. Por último, desde UNEF insisten en que “el ahorro de este recorte para el consumidor no será significativo ya que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones derivadas de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012”.

Nadal defiende revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables para bajar hasta un 10% el recibo de la luz

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Europa Press.- Así como desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital insisten en que las interconexiones energéticas deben «tener un foco y preponderancia» en las negociaciones en la Unión Europea de los objetivos del conocido como paquete de invierno, el ministro Álvaro Nadal se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles «entre un 5% y un 10%».

En comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal afirmó que el Gobierno «sí que está a favor» de esta revisión para que suponga «una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles». El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%. Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad razonable para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

«Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta», sentenció el ministro, que subrayó que la «prioridad número uno» del Gobierno es que todas las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

Las interconexiones deben ser «preponderantes»

Respecto a las negociaciones con la Unión Europea, Nadal advirtió que el tema de las interconexiones debe estar «al mismo nivel» que el resto de los objetivos planteados, como las renovables, el mercado interior energético o la eficiencia energética. A este respecto, resaltó que defendió ante el resto de socios comunitarios que se otorgue un tratamiento adecuado a los Estados en las obligaciones y exigencias incluidas en las propuestas que tenga en cuenta el grado de interconexión real, por lo que la normativa europea debería «tener un cierto grado de flexibilidad con los sistemas aislados».

Nadal apuntó que la falta de interconexiones representa un sobrecoste para España de unos 1.200 millones de euros anuales. Por ello, apostó por ligar los objetivos medioambientales con el nivel de interconexión energética y pidió un consenso a las fuerzas políticas. A este respecto, la diputada socialista, Pilar Lucio, criticó al Gobierno el justificarse en el «mantra de las interconexiones» para situarse en contra de las objetivos para 2030. «No querer objetivos vinculantes hace sospechar que el compromiso no es el que debería ser», indicó.

En materia de eficiencia energética, destacó la importancia del reconocimiento en Bruselas de un mejor tratamiento para las inversiones en esta materia acometidas en el periodo 2018-2021, lo que facilitará las inversiones «a largo plazo». Además, destacó el acuerdo alcanzado por los Estados miembros para fijar un objetivo de eficiencia energética para 2030 del 30%, tres puntos superior al anterior del 27%, y aclaró que al final «se quitó la palabra vinculante» para estos objetivos.

Respecto al pacto entre el PNV y el Gobierno para rebajar los peajes eléctricos a las empresas de baja tensión, Nadal señaló que se trata de «un acuerdo de política presupuestaria, no de política energética» y, por tanto, se mostró «abierto» a acuerdo de este tipo con cualquier partido político. Además, insistió en que se trata de una medida de apoyo industrial que tiene más incidencia en el País Vasco pero que afecta a todo el territorio nacional, por lo que no hay trato de favor hacia las empresas vascas.

Asimismo, indicó que este pacto «no le cuesta un euro» al resto de consumidores, por lo que cual deberá aparecer una partida presupuestaria en el presupuesto de 2018, y afirmó que existe la dificultad de que Europa lo valide y no lo considere como ayuda de Estado y de que reciba el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La patronal fotovoltaica UNEF pide que en la próxima subasta de renovables todas las ofertas que empaten entren como adjudicatarias

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera que lo más adecuado es que todas las ofertas que en la próxima subasta de renovables empaten, y que no supongan un sobrecoste para el sistema, entren como adjudicatarias. Por ello, solicita que no se repita «el mismo error» que en la subasta verde celebrada en mayo, en la que la fotovoltaica quedó excluida por el criterio de las horas de funcionamiento «a pesar de haber ofertado al mismo precio que la otra tecnología».

Asimismo, respecto a las licitaciones que se celebren en los territorios extrapeninsulares (Canarias y Baleares), UNEF pide que tengan «el diseño adecuado«. Además, la patronal reclama a las administraciones públicas «una mayor implicación en el desarrollo de la energía fotovoltaica, como fuente inagotable, sostenible y limpia» para cumplir los compromisos definidos en el Acuerdo de París, y del autoconsumo. De esta manera, pide a la administración pública un compromiso para recuperar la seguridad jurídica y conseguir mantener la retribución para los proyectos fotovoltaicos al 7,3%.

Por otra parte, recuerda también las posibilidades que se abren en el desarrollo del autoconsumo tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional «avalando su uso colectivo y atribuyendo a las comunidades autónomas las competencias para su regulación». A este respecto, la patronal insta a las comunidades autónomas a que sigan el ejemplo de Cataluña, definiendo la regulación necesaria para fomentar el desarrollo de instalaciones de autoconsumo compartido en edificios de viviendas y urbanizaciones «para que se mejore la eficiencia energética de los mismos y se contribuya a la lucha contra el cambio climático». Además, señala la importancia de acabar con las barreras económicas, como el impuesto al sol, y administrativas definidas por la actual regulación.

La AEE eleva a 15.000 MW adicionales hasta 2030 la apuesta por la tecnología eólica dentro de la transición energética

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Javier Angulo / Agencias.- Apenas hay dudas de que la lucha contra el cambio climático está empezando a marcar el camino de la agenda energética de Europa y, más concretamente, de España. En este marco, el III Congreso Eólico ha servido para que la patronal del sector, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), eleve su ambición de cara al horizonte 2030, aumentando la nueva potencia a instalar en este período de los 12.700 megavatios (MW), indicados en el II Congreso Eólico, hasta los 15.000 MW.

De este modo, de los 12.700 MW contemplados hace un año para cumplir los objetivos de la Unión Europea, la ambición eólica se acrecienta hasta los 15.000 MW en línea con las voces que reclaman más renovables para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de París. En estas cuentas se incluyen los megavatios adjudicados en las subastas que se están celebrando. 15.000 MW que garantizan, según el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, «el correcto funcionamiento del sistema».

Díaz destacó que la energía eólica es actualmente competitiva y eficiente para el sistema. No obstante, advirtió que las subastas renovables realizadas en España, adjudicadas con el máximo descuento posible sobre el incentivo, serán un éxito cuando los proyectos adjudicados «estén vertiendo electricidad a la red», por lo que aseguró que es «responsabilidad de todos» los implicados que se «llegue a tiempo» para cumplir los objetivos comprometidos. En esta línea, Díaz subrayó que el Acuerdo de París no hubiera sido posible «sin que la descarbonización saliera gratis a los gobiernos», subrayando la gran rebaja que ha habido en los costes de generación de energía renovable.

La AEE ha celebrado el regreso de la actividad del sector en España con las nuevas subastas «después de un largo letargo» en que las empresas eólicas han tenido que desarrollarla en el exterior. En este sentido, ha recordado que el eólico es el único sector renovable que tiene industria propia en España, donde hay 210 centros de fabricación en 16 de sus 17 comunidades autónomas, con lo que la vuelta de la actividad al mercado nacional contribuirá a la creación de empleo. Ha señalado que hoy en día un 10% de la potencia instalada en el mundo procede de empresas españolas, que crean 90.000 empleos, y que España es el cuarto exportador de aerogeneradores.

Díaz reclamó un sistema de subastas de renovables distinto al de España, que ve «muy complejo», y que se hagan diferenciadas por tecnologías y con un calendario. También pidió que se elimine la revisión cada 6 años de la rentabilidad razonable a percibir por las renovables y ha añadido que, si en noviembre de 2019 se revisase a la baja, tendrá un gran impacto y podría dejar al sector en una situación económica muy vulnerable. Así, Díez señaló que es necesario dar al sector «mayor visibilidad» con un calendario de subastas que permitan una mayor planificación para el sector, así como evitar los «movimientos bruscos» regulatorios, garantizando unos «ingresos que sean «más estables y predecibles«.

En su opinión, eliminar esa revisión, “una de las grandes preocupaciones del sector” según indicó Díaz, «sería clave» para la estabilidad regulatoria en España, al tiempo que ha señalado que, aunque ahora se esté adjudicando potencia para proyectos eólicos prácticamente sin incentivos “no significa que haya otros que no los necesiten, pues se pusieron en marcha en un momento en que la tecnología era menos madura y tienen mayores costes, y actualmente muchos de esos parques luchan por salir adelante”.

Por otro lado, ha avanzado algunos puntos del documento La transición energética en España. La visión del sector eólico, que la AEE presentará próximamente. Díaz avanzó que en el mismo apuestan por una mayor electrificación, por que se haga una planificación para los próximos años que garantice un mix equilibrado y un calendario de subastas de renovables, que tenga en cuenta los compromisos medioambientales y los hitos necesarios para una ordenada transición energética que evite «cambios radicales» del modelo regulatorio. También reclama que las comunidades autónomas eliminen impuestos medioambientales que «sólo esconden un afán recaudatorio», como los cánones eólicos, y advierte que si no lo hacen, con el incremento de la competitividad, los proyectos irán a parar a otras regiones.

Por su parte, la secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, destacó que la eólica se trata de una tecnología «madura con capacidad de expansión» y señaló que es un sector que ocupa ese lugar destacado porque ha habido «mucha investigación y desarrollo». Asimismo, Poncela apostó por el papel del ICEX para acompañar a las empresas del sector en su internacionalización, tanto por medio de la promoción como dándoles servicios más especializados, en las oportunidades de inversión que se presentan fuera de nuestro país.

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”

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Javier Angulo.- Este jueves es el Día Mundial del Viento de 2017. Corren de nuevo buenos aires para la industria eólica en España, principal adjudicataria de la reciente subasta de energrenovables celebrada. Y no parece que vayan a cesar, con la transición energética en el horizonte. Juan Virgilio (Madrid, 1973) es desde el pasado mes de diciembre el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector, y atiende a EnergíaDiario.com para hacer un repaso general al momento que vive la eólica española.

Para empezar, ¿cuáles son las principales demandas del sector eólico?

La principal petición del sector es que se elimine de la ley la posibilidad de revisar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años, clave para la estabilidad regulatoria de nuestro sector. Más allá de eso, la planificación energética en España es una necesidad. La directiva europea de renovables es una oportunidad; debe ser ambiciosa a largo plazo y comprometer a todos los países. En este sentido, la estabilidad regulatoria es esencial para garantizar la inversión en este sector y la tecnología eólica es una de las más punteras, comparable con cualquier energía convencional y cualquier otra renovable, para proporcionar energía durante más horas a un precio muy competitivo.

Se acerca el III Congreso Eólico organizado por AEE: ¿Qué podemos esperar de esta edición?

Es la principal cita del sector a nivel anual y estamos muy ilusionados: la coyuntura es buena, salimos de una subasta en la que la eólica se ha adjudicado una cantidad de megavatios importante, lo que supone un ápice de esperanza. El Congreso tiene dos partes: una más de geopolítica de la energía, en la que vamos a tener dos secretarios de Estado, de Energía y Comercio, así como dos dirigentes equivalentes al rango de secretarios de Estado de Argentina, de Energías Renovables y de Producción. Habrá también una mesa de CEOs para discutir aspectos de las subastas; una mesa de la Industria para abordar su planteamiento sobre la transición energética; y una mesa de la Unión Energética en Europa.

También tenemos conferencias técnicas muy interesantes que abarcan todos los retos del sector desde una perspectiva muy innovadora, tratando todos los desarrollos tecnológicos que son el futuro: sistemas de predicción del recurso eólico mediante tecnologías de láser/radar, mejoras de la estimación de la corrosión en eólica offshore, técnicas de sensorización para el mantenimiento preventivo, la industria 4.0… Tocamos todos los palos de las tecnologías que se complementan con la tecnología eólica de generación para mejorar las prestaciones. El Congreso es una cita única cada año donde se aglutinan estas dos visiones. Tenemos representación desde el más alto nivel político hasta un nivel mucho más técnico.

Argentina es el país invitado. ¿Qué puede aprender el sector eólico de España del argentino?

Argentina es uno de los países que a día de hoy está apostando con más claridad por las renovables. Tiene un compromiso a nivel político importantísimo, con una política energética clara y una planificación energética que da visibilidad y seguridad para el inversor. Ha establecido mecanismos de garantía de cobro muy interesantes para asegurar que el riesgo país, que antes podía haber, ya no existe.

A día de hoy es una de las salidas más importantes para la industria española, que lleva 3 años de letargo en España, de parálisis, y que de alguna forma ve que estos mercados están despegando. Argentina está aprovechando las lecciones aprendidas de lo que se ha vivido en otros países pioneros, entre ellos España, de cómo hacer subastas sencillas, como hacer subastas que generen confianza, como generar mucha afluencia de ofertas y conseguir la ejecución de proyectos. Es un país adecuado para conocer más.

También estará el eurodiputado socialista José Blanco, justo cuando la Unión Europea está en pleno proceso regulatorio. ¿Qué esperan de la nueva directiva de renovables desde el sector eólico español?

La directiva es una oportunidad única porque va a establecer el marco de referencia a nivel europeo. Tiene que ser ambiciosa, una directiva que genere un nivel de ambición superior al que actualmente tiene acordado Europa; tiene que generar estabilidad, que intente impedir que se vuelvan a repetir situaciones del pasado; tiene que garantizar una seguridad jurídica.  Asimismo, nos gustaría que los objetivos a 2030 fueran vinculantes por país. Es una oportunidad para que toda Europa se fije un objetivo común y todos los países europeos caminemos por la misma senda, con un ritmo equivalente y razonable, y no se repitan errores como los que se cometieron en el pasado.

¿Ambición es ir más allá del 27% de energías renovables fijado por Europa para 2030?

Por supuesto. Ambición es ir a un 35%. Para alcanzarlo el reto más importante ya no es para el sector eléctrico, que está haciendo sus deberes. El reto son los otros sectores, el sector transporte y calefacción. Pero si queremos alcanzar un nivel de descarbonización total en 2050, no salen las cuentas con un 27% para 2030. Hay que ser más ambicioso y coger una energía de activación al principio, una inercia, para no poner en riesgo el objetivo final y que no haya errores.

¿Cuáles son los elementos a considerar de cara a la anunciada nueva Ley de Transición Energética desde la industria eólica?

La Ley de Transición Energética es una oportunidad única. Hay un momento político adecuado, con una diversidad en el parlamento que tiene que generar los acuerdos y consensos necesarios para el largo plazo, que no cambien con cada legislatura. Hay una serie de vectores clave que tienen que guiar la transición energética. Desde la AEE creemos que la transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica.

El camino principal es la electrificación. Tiene que ser una transición eléctrica, donde desde los patrones de consumo de determinadas energías más convencionales se pase a patrones de consumo de energía eléctrica. Tiene que ser una transición que genere estabilidad del sistema a todos los niveles: estabilidad regulatoria, económica e industrial, que el sector tenga visibilidad para seguir manteniendo en este país sus centros de producción. Asimismo, la transición tiene que establecer objetivos ambiciosos a largo plazo y acciones a corto plazo, como aclarar la fiscalidad asociada al sector energético, que penaliza en muchos casos la factura eléctrica del consumidor.

¿Qué efecto tiene para el sector eólico la sobrecapacidad en la generación? ¿Qué visión se tiene desde los productores y desde la industria de componentes y equipos del sector eólico?

Hay que dimensionar la red para los puntos máximos de consumo, que se producirán en ciertos momentos del año. Por tanto, la sobrecapacidad es necesaria siempre que se quiera tener una calidad del servicio y sin apagones. Lo más importante es que las renovables son las energías que tienen que seguir aumentando en el mix para alcanzar los objetivos comprometidos. Y es el Gobierno el que decide el mix, Además, si se electrifica la demanda de determinados sectores, como el transporte y calefacción, aún con las necesarias medidas de eficiencia energética, se necesitarán más MW verdes para cumplir los objetivos a 2050. La senda está clara y la sobrecapacidad es una realidad que debe seguir existiendo en su justa medida.

El sistema retributivo establecido entre 2013 y 2014 fija dos cuestiones muy discutidas desde la patronal: el límite establecido a la hora de compensar retributivamente que el precio real del mercado haya sido inferior al previsto por el Gobierno, lo que impide alcanzar ahora la rentabilidad razonable, y en segundo lugar, que la propia rentabilidad razonable se revise al final del período regulatorio, cada 6 años. ¿Qué les dice el Ministerio al respecto y creen que podrán conseguir alguno de sus propósitos en este sentido?

No tenemos información ni ningún tipo de directriz por parte del Gobierno de cómo va a proceder a este respecto. Son temas preocupantes. Las revisiones deberían garantizar que se percibe la rentabilidad razonable y, con las previsiones establecidas de precio del mercado, no se está percibiendo lo que corresponde para alcanzar la rentabilidad razonable, por lo que estos límites deberían de reestudiarse o eliminarse para proporcionar al inversor la rentabilidad que la ley garantiza. En definitiva, el marco retributivo genera inseguridad; hay una serie de aspectos que no están fijados y a futuro genera incertidumbre.

Si las empresas no obtienen los ingresos que establece la propia ley, ¿no hay alguna forma de recurrir esta cuestión ante los tribunales de Justicia?

La rentabilidad razonable se garantiza al final del período regulatorio de 20 años. A día de hoy lo que se ve es que la senda que creemos que debemos tener no se está cumpliendo. Confiamos en que al final del período regulatorio se establezcan los mecanismos para garantizar la rentabilidad razonable a los inversores. Estamos a mitad de camino aún en muchos casos y, a partir de 2019, se verá para los primeros parques eólicos.

¿Cómo valora la irrupción de nuevos operadores eólicos, así como la toma de posiciones de los operadores en las subastas? ¿Cuales consideran que serán las líneas de evolución del sector a nivel corporativo y estratégico?

La entrada de nuevos operadores en la operación de parques eólicos se lleva viviendo desde el año 2010. Hay un informe de la OCDE de que en el año 2010 en Europa el 62% de los parques eólicos estaba en manos de las eléctricas, y el 6% de fondos; ahora ambos están entre el 30% y el 40%. Hay una incursión importante de este tipo de actores que nos parece bien siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo

Hay que tener en cuenta el entorno en el que nos movemos: la tecnología se ha desarrollado mucho; los costes de fabricación son menores; hay una importante liquidez en el mercado y una serie de actores que se pueden financiar con muy buenas condiciones. Todo esto genera que haya mucho apetito por invertir en España en renovables y que hayan entrado este tipo de actores. Celebramos que haya mucha inversión pero lo que necesitamos es que los parques se pongan en funcionamiento. Y no dudamos que va a ser así, pero se comprobará cuando se cumplan los objetivos en 2019.

El sector eólico prevé inversiones de más de 3.000 millones y 30.000 empleos por los proyectos adjudicados en la subasta

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Europa Press.- Mientras APPA denuncia que la neutralidad tecnológica de la subasta renovable «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias», desde el sector eólico prevén que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

En este sentido, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, asegura que el resultado de la subasta «da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo«. Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad «la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos para 2020 a un menor coste para el sistema«. No obstante, AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, «más allá incluso de los objetivos europeos a 2020», tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los objetivos climáticos para 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética. Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos para 2020.

Así, la AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso, como los promotores, fabricantes, entidades financieras y administraciones, «pondrán todo de su parte para ello». La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos «no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten», por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria, lo que pasa «necesariamente» por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

La neutralidad tecnológica era «falsa»

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera que el resultado de la subasta de renovables, con la práctica totalidad de los proyectos adjudicados a la eólica, constata que su neutralidad tecnológica «era falsa y deja fuera a otras tecnologías necesarias». Al respecto, la asociación considera que la fotovoltaica «ha visto bloqueado» su desarrollo, al igual que ocurrió en la subasta anterior en la que ni siguiera se contemplaba esta tecnología.

Además, denuncia que el Ministerio de Energía «juega con la incertidumbre», dado que se han subastado solo 3.000 megavatios (MW) de los 8.500 que el Gobierno considera necesarios, en vez de planificar un escenario previsible de desarrollo y transición energética. Así, APPA espera que, en las nuevas subastas, se corrijan «los defectos denunciados por el sector renovable» y tengan cabida otras tecnologías limpias que, sin subastas específicas, «están condenadas a la parálisis indefinida». «Tecnologías necesarias como la biomasa o la minihidráulica, sufren una moratoria encubierta al considerar solo el coste y no la gestionabilidad o la seguridad de suministro», añade.

La eólica, el 99,3% subastado

De los 3.000 MW que se ponían en juego, la subasta adjudicó 2.979 megavatios (MW), el 99,3% del total, a la eólica, al ser la tecnología que más energía produce por unidad de potencia instalada; 1 MW a la fotovoltaica, el 0,03%; y 20 MW al resto de tecnologías, el 0,66%, según indicó el Ministerio de Energía. El gabinete dirigido por Álvaro Nadal destacó que la subasta, en la que se adjudicó el máximo previsto, se saldó con el máximo descuento posible, «lo que supone la introducción de energía renovable en el sistema eléctrico sin necesidad de primas que supongan un coste para el consumidor».

Las solicitudes presentadas superaron en más de tres veces la potencia adjudicada, “confirmando así el interés de los inversores por el sector de las renovables en España”, añadió el Ministerio, que subrayó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como entidad supervisora de la subasta, validó sus resultados y confirmó que el proceso «ha sido objetivo, transparente y no discriminatorio y que la subasta se ha desarrollado de forma competitiva, lo que ha permitido adjudicar aquellas instalaciones más eficientes y al menor coste para el consumidor».

Esta nueva potencia renovable, que deberá estar en funcionamiento antes de 2020, contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior y supone un paso decisivo para conseguir un 20% de renovables en el 2020, añade Energía. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, por encima del 13.8% previsto para ese año. El Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Endesa y Gamesa fueron los grandes vencedores de la subasta al adjudicarse más de 2.600 megavatios (MW).

El arbitraje desvela que los peritos del Estado cifran en un 5% la rentabilidad de Eiser frente al 7,39% prometido

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Europa Press.- Los peritos de Brattle y BDO designados en el arbitraje internacional contra España en el Ciadi (Banco Mundial)  acerca de los recortes a las instalaciones de renovables de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg calculan que la rentabilidad de estos inversores se situó entre el 3,7% y el 5% tras la reforma eléctrica de 2013, frente al 7,39% recogido en la nueva legislación (calculada en torno a las Obligaciones del Estado a 10 años incrementando  en 300 puntos básicos).

Estas consideraciones aparecen recogidas en el laudo del Ciadi remitido a las partes la semana pasada, en el que por primera vez esta institución se pronuncia acerca de los recortes a las instalaciones de renovables en España. En este caso lo ha hecho a favor de los demandantes, que tendrán derecho a una indemnización de 128 millones. El Ciadi aún tiene que resolver una treintena de denuncias por este asunto.

En este sentido, ni el perito designado por el abogado del Estado ni el de Eiser cifraron los retornos económicos de las plantas en el porcentaje de rentabilidad razonable establecido por el Gobierno. Brattle, designada por Eiser, cifra la rentabilidad de los proyectos termosolares del inversor en el 3,7%, mientras que BDO, elegido por el Estado, lo hace en el 5%. «La rentabilidad real antes de impuestos de las plantas se encuentra muy por debajo de la tasa meta prevista por el nuevo régimen», señala el laudo a la vista de estos testimonios, antes de constatar que las instalaciones de Eiser no se ajustaban al estándar de plantas eficientes aplicado, eso sí, «de manera retroactiva» en 2013 por el Gobierno.

Los costes de capital de las plantas eran cerca de un 40% superiores al nivel considerado eficiente por la reforma. Los peritos de la demandante, de Brattle, atribuyen esta diferencia a aspectos como el de que las plantas eran propietarias, en vez de arrendatarias, de los terrenos sobre los que se asentaron los proyectos. Los costes operativos y de mantenimiento de las plantas también superaban los considerados eficientes, más aun cuando en 2012 se aprobaron impuestos que también gravaban el gas usado por las plantas termosolares. Como consecuencia de ello los ingresos de las instalaciones registraron un descenso del 66% tras la reforma de 2013.

En 2014, una de las plantas, Aires Solar, tuvo ingresos operativos de 19,92 millones, frente a los 27,76 millones necesarios para responder a las deudas de la sociedad, mientras que otra instalación, Dioxipe, ingresó 7,79 millones, frente a los 13,94 millones necesarios para devolver la deuda. El laudo muestra precisamente que el endeudamiento de los inversores en renovables y sus dificultades para devolver la deuda tras los recortes no se tuvieron en cuenta a la hora de definir el nuevo régimen retributivo de la reforma.

En un interrogatorio, el director del departamento solar del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), Carlos Montoya, confirmó que fueron los funcionarios del Ministerio los que realizaron las «estimaciones y cálculos cruciales» para definir los estándares retributivos «sin tener en cuenta las características reales y la producción de las plantas». «El nuevo régimen no tiene en cuenta los costes reales, incluido el servicio de deuda, o las eficiencias reales de determinadas instalaciones de CSP (termosolar) existentes», señala el laudo. Montoya admitió en su testimonio que “el proceso no se basó en un análisis matemático de datos riguroso, al afirmar que si usted busca […] una media o una fórmula matemática, no la hay«, indica el laudo.

La sentencia del tribunal también describe las expectativas sobre las que Eiser decidió invertir en renovables en junio de 2007. Para ello, realizó due diligences y contó con el asesoramiento de Gómez Acebo & Pombo. En ese momento, el principal riesgo identificado era que el proyecto no se pudiera construir en los 36 meses de plazo recogidos en el real decreto 661/2007. La deuda de los proyectos equivalía al 70% del capital en el caso de la planta Astexol, y al 63,5% en el de las otras dos plantas, conocidas como Aste. En diciembre de 2011, Eiser valoraba sus inversiones en 148 millones de euros.

Las costas del laudo, que incluyen los honorarios de los árbitros y los costes del tribunal, ascienden a 956.159 dólares, de los que 277.929 dólares corresponden al presidente John R. Crook, 177.439 al árbitro Stanimir Alexandrov y 123.964 dólares al otro árbitro, Campbell McLachlan. El tribunal internacional ha concluido que no sea el Estado español el que asuma el coste total, sino que cada parte sufrague sus propios gastos legales, así como la respectiva cuota de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal y de los derechos devengados por la utilización del Ciadi.

España pierde su primer arbitraje internacional en el Ciadi por los recortes a las renovables ante la firma británica Eiser

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Europa Press.- El Estado español perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en la corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, según indicaron fuentes cercanas. El laudo, notificado ya a las partes, da la razón en sus pretensiones a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg, que contó en el proceso con el asesoramiento de Allen&Overy.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma un 36,95% en Aries Solar Termoeléctrica (Aste), que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. La inversión comprometida en estas centrales alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Tras ese momento, el sector fue sometido a diversos recortes retributivos, el primero con el PSOE en el poder, y el último con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Gobierno del PP. El fallo del Ciadi supone el primer revés en los tribunales internacionales para España por estos recortes. En 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico, aunque en aquella ocasión se pronunció a favor de España.

España acumula ante el Ciadi casi una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes aplicados a las energías renovables. Eso sí, a nivel nacional, las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional han avalado los recortes aplicados por el Gobierno en esta materia en los últimos años. Los inversores nacionales no pueden acudir al tribunal internacional de arbitraje.

Energía cree que el laudo del Ciadi contra el recorte renovable no es «extrapolable» y “no cuestiona” la reforma Soria-Nadal

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Europa Press.- El Gobierno ha defendido que la reforma eléctrica desarrollada por el exministro José Manuel Soria y el exsecretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, fue «la adecuada» y ha asegurado que «no se cuestiona» por el laudo arbitral del tribunal internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, el Ciadi, en el que se da la razón a la firma británica Eiser Infraestructure frente a los perjuicios que le causó el recorte a las renovables.

En este sentido, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital considera que el laudo «no puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante» para otros casos. El Ministerio anuncia además que el Gobierno español estudia recurrir el laudo. Fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal indicaron que el recurso ha de presentarse ante el propio Ciadi. El laudo, señala Energía, estima parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg en relación a las consecuencias de la reforma eléctrica llevada a cabo en los años 2013 y 2014 para tres instalaciones termosolares.

El laudo, afirma, «única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del tribunal de arbitraje, se considera excesivo«. «Dado el carácter estrictamente singular de tal pronunciamiento, no debe asumirse que su resultado puede ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante para otros arbitrajes pendientes», afirma Energía.

El Ministerio sostiene que cada procedimiento arbitral «es diferente, tanto en la información como en los argumentos aportados«, y recuerda que hasta la fecha se ha producido un desistimiento en un arbitraje, mientras que en otros dos arbitrajes sobre renovables ya resueltos los laudos han dado la razón a España «de manera contundente». Eso sí, el fallo ahora conocido es el primero emitido por el Ciadi. En enero de 2016, el Tribunal Arbitral de Estocolmo también se pronunció sobre la demanda presentada por Charanne B.V. y Construction, Investments, dos sociedades vinculadas a Isolux, por los recortes al sector fotovoltaico de la etapa socialista y, en aquella ocasión, se pronunció a favor del Reino de España.

Da 128 pero pedían 300

Energía también destaca que el arbitraje solo estima parcialmente las reclamaciones de los demandantes, al tiempo que condena a España al pago de 128 millones de euros más intereses, frente a los más de 300 millones que reclamaban los demandantes. La inversión comprometida en las tres termosolares alcanza los 935 millones de euros y se acometió en 2007, el mismo ejercicio en el que se aprobó el real decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despegue de las energías renovables.

Al realizar las inversiones, Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma tiene un 36,95% en Aste, que posee dos plantas termosolares de 50 megavatios (MW) en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), así como el 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), que desarrolla otra planta termosolar de 50 MW en Badajoz. El Ministerio asegura además que el tribunal no cuestiona «el derecho soberano de España de tomar medidas regulatorias apropiadas para atender las necesidades públicas, lo que potencialmente incluye la modificación del régimen del real decreto 661/2007».

El laudo, continúa, tampoco cuestiona la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014, «que permitió acabar con el déficit de tarifa». Su contenido indica que «el demandado enfrentó un legítimo problema de política pública con su déficit tarifario, y el tribunal no cuestiona que fuese apropiado que las autoridades españolas adoptasen medidas razonables para lidiar con la situación», señala el Ministerio. El departamento dirigido por Álvaro Nadal también afirma que «las diversas sentencias nacionales tanto del Tribunal Supremo y como del Constitucional en materia de renovables han avalado la reforma eléctrica y sus pilares fundamentales».

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, afirmó que cuando se acometió la reforma eléctrica la deuda del sistema superaba los 26.000 millones de euros y crecía a razón de 10.500 millones anuales, por lo que era necesario corregir para evitar que el recibo eléctrico subiera un 42%. Méndez de Vigo defendió que «aquellos que se sientan perjudicados puedan acudir a los tribunales», pero subrayó que este laudo del Ciadi no cuestiona la reforma y es susceptible de recurso.