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Las asociaciones de renovables esperan que los grupos parlamentarios elaboren una norma que acabe con la revisión retributiva de 2020

EFE.- Asociaciones de renovables esperan que, pese a que se haya rechazado en el Senado una enmienda del PP para que no se revise la retribución a las instalaciones renovables de menos de 300 kilovatios (KW), en el futuro salga adelante una medida similar y que afecte a todas las plantas.

La Mesa de la Comisión de Presupuestos rechazó esa propuesta del PP por un defecto de forma, al considerar que las enmiendas a los Presupuestos sólo pueden modificar ésta y no otras normas, como sería la Ley del Sector Eléctrico. En este sentido, el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, ha indicado que espera que en el futuro salga adelante una propuesta «más completa» y que no afecte sólo a instalaciones de menos de 300 KW pues «se tiene que devolver la seguridad jurídica a todos».

También el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, José María González Moya, ha considerado una «lástima» que haya sido ahora cuando el PP defienda lo que ha venido siendo una demanda del sector. González Moya ha señalado que el sector pide que se respete la rentabilidad razonable, que, según la vigente Ley del Sector Eléctrico podría revisarse para el sexenio que comenzará en 2020 para todas las instalaciones y no sólo para las de menos de 300 KW. Moya ha pedido al PP que se ponga de acuerdo con el resto de partidos para poder sacar una iniciativa que garantice y mantenga sin cambios la retribución para todas las plantas.

La Ley del Sector Eléctrico introdujo las revisiones de los parámetros de retribución de las actividades de transporte, distribución y producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran régimen retributivo. La ley establece que los parámetros se fijarán teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, de la demanda eléctrica y la rentabilidad adecuada para dichas actividades por períodos regulatorios con una vigencia de 6 años. Los parámetros pueden revisarse antes del comienzo de cada período regulatorio y, si no se hace, quedan prorrogados para todo el período siguiente.

La ley preveía que en la revisión de cada período regulatorio se podrían modificar todos los parámetros retributivos y, entre ellos, el valor sobre el que girara la rentabilidad razonable en lo que reste de vida regulatoria de las instalaciones. La enmienda del Grupo Popular establecía que no sería revisable el valor sobre el que girará dicha rentabilidad para las instalaciones que, a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, tuvieran una potencia de menos de 300 KW y reconocida retribución primada.

Además, modificaba uno de los apartados de la Ley del Sector Eléctrico, que establecía que la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará sobre el rendimiento medio de las obligaciones del Estado a 10 años en el mercado secundario, incrementada en 300 puntos básicos. La enmienda del PP añadía a esa disposición que ese valor no sería revisado durante la vida útil de las instalaciones que tuvieran una potencia inferior a 300 KW.

Si se aplicara la fórmula contenida en la disposición, como era partidario el exministro de Energía, Álvaro Nadal, para el período regulatorio que comienza en 2020, la actual rentabilidad, del 7,4%, se quedaría en estos momentos en torno al 4,5%, por el descenso del interés del bono a diez años. La otra enmienda rechazada perseguía la supresión de la figura del gestor de carga para prestar servicios de recarga a vehículos eléctricos, y establecía que cualquier consumidor pudiera prestar el servicio cumpliendo los requisitos técnicos y de seguridad exigidos, con el fin de facilitar el despliegue de puntos de recarga y fomentar la movilidad eléctrica.

Compromís propone blindar la retribución de las energías renovables para que no se revise al término de cada período regulatorio

Europa Press.- Compromís quiere blindar el valor sobre el que gira la rentabilidad razonable para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos. Así consta en la proposición no de ley registrada por la formación valenciana, con la que reclaman la modificación de la Ley del Sector Eléctrico para endurecer los cambios permitidos a estas retribuciones.

En ella se fijó una rentabilidad razonable para toda la vida regulatoria sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda pública a 10 años, incrementada en 300 puntos básicos, si bien abriendo la puerta a una revisión posterior. Ahora Compromís, a través de su portavoz en la Comisión de Energía del Congreso, Ignasi Candela, quiere que este valor no sea objeto de revisión durante toda la vida útil regulatoria de estas instalaciones. La formación valenciana justifica este endurecimiento en que la posibilidad de modificar estos parámetros «no hace sino encarecer su desarrollo».

«Este grado de incertidumbre desincentiva la inversión en el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que resulta diametral a la política de fomento de las energías renovables que debe llevarse a cabo desde el Gobierno», apostilla Candela. Finalmente, la iniciativa también reclama «un proceso de diálogo con familias y pequeñas empresas y cooperativas afectadas con el fin de revertir las pérdidas acumuladas fruto de los cambios legislativos aplicados con carácter retroactivo en el sector».

Nadal asegura que el precio de la electricidad bajará en 2020 y carga duramente contra la política energética de Zapatero

EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, criticó duramente el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, del que afirma sin dudar que «se cargó la política energética en dos años y medio» porque había que decir que España iba «a cumplir más que nadie con los objetivos de entonces del protocolo de Kioto». Asimismo, el ministro de Energía ha avanzado que en 2020 se producirá una rebaja sustancial de los costes de la electricidad entre un 5% y un 10%.

Nadal ha explicado que la bajada de la factura depende de los precios internacionales y de la meteorología, y ha mantenido que se va a revisar la rentabilidad de las actividades eléctricas en el 2020 según «el tipo de interés del bono». En esta línea, ha asegurado que el cierre nuclear supondría una subida entre un 18-25% del precio mayorista de la electricidad y «lo mismo pasa con las centrales de carbón» añadió Nadal, quien resaltó que el cierre conjunto podría subir un 65% el precio. Sobre la posibilidad de construir nuevas centrales nucleares, Nadal apuntó que es «bastante cara, sin embargo tenerla ya construida y actualizarla con las necesidades de seguridad de Fukushima es una inversión mucho más aceptable«.

Por otro lado, Nadal ha abordado el tema de la industria fotovoltaica y ha mantenido que hasta el año pasado esta energía «no ha podido competir con la producción de otro tipo porque era sustancialmente más cara». «El recurso es gratuito pero la placa era muy cara» subrayó Nadal, quien ha recordado que para «amortizar una placa en 2008 había que pagar 490 euros y ahora se paga cerca de 60 porque ha mejorado la tecnología muchísimo«. El ministro ha criticado que esta energía se vendiera como «un producto financiero«, y «no lo era». De hecho, añadió que «no es para ahorradores» sino para personas que sepan de energía. «No es un caso muy diferente al de las preferentes«, sentenció.

Críticas al Gobierno de Zapatero

Respecto a la etapa socialista, Nadal indicó que si se hubiera esperado 10 años para instalar la energía fotovoltaica, España se habría ahorrado 10.000 millones de euros de la deuda actual. Por este motivo ha acusado al Gobierno socialista de haber supuesto que los costes iban a caer, pero no lo hicieron, lo que «generó un sobrecoste enorme al conjunto del sistema». El ministro señaló que, como «no se subieron los precios al mismo tiempo que los costes porque la presión social habría sido enorme, se creó un déficit que fue acumulando una deuda de casi 30.000 millones de euros».

Por eso ahora el Gobierno es «tan estricto» y no se permite «ni un coste frívolo más», aseveró Nadal, quien ha mantenido que la reforma energética evitó una subida del 42% del precio final de la luz. Por otro lado, respecto al impuesto finalista de la electricidad, el ministro ha afirmado que existe «en todos los países europeos» y que «no está para otra cosa que para pagar servicios públicos, como hospitales, universidades o colegios».

«Siempre se puede plantear la posibilidad de hacer un cambio tributario, en este caso de tributación indirecta, pero a cambio de qué, qué bajamos y qué subimos», se ha preguntado Nadal, quien incidió en que «las cuentas tienen que cuadrar». «Como ministro de Energía me gustaría que hubiera la menor presión fiscal posible sobre los sectores energéticos», ha mantenido, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «diría que las cuentas tienen que cuadrar y los servicios públicos hay que pagarlos».

Acciona vende a Contourglobal su negocio termosolar español por 1.093 millones y gana 220 millones en 2017, un 37,5% menos

EFE / Europa Press.- Acciona logró un beneficio neto de 220 millones de euros en 2017, un 37,5% menos que un año antes, un descenso que la compañía atribuye a una mayor carga impositiva tras los créditos fiscales de los que se benefició en 2016. Asimismo, Acciona ha firmado con la británica Contourglobal Mirror la venta de su negocio de energía termosolar en España por 1.093 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 27 millones en función del cumplimiento de determinados objetivos.

La sociedad vendida, Acciona Termosolar, es propietaria de 5 plantas termosolares en España, así como de sus activos de evacuación, con una potencia instalada agregada de 249,8 megavatios (MW), según indicó la compañía. Con la venta, Acciona reducirá su deuda en 760 millones de euros y da por concluido el proceso de venta de activos puesto en marcha en 2013 para reducir su endeudamiento, explicó su presidente, José Manuel Entrecanales. Su venta del negocio termosolar en España se suma a la de Transmediterránea y la Ruta 160 en Chile y al traspaso de activos a Testa Residencial, operaciones por las que ha obtenido un total de 2.300 millones de euros.

Entrecanales ha destacado que la venta de estos activos de generación solar en España se ha conseguido a un precio «justo», máxime si se tienen en cuenta las incertidumbres regulatorias que pesan sobre las renovables. Además, cuando dejen de recibir incentivos, lo que generan estas plantas «ni siquiera cubriría sus gastos operativos«, por lo que habría que pararlos. «Con esta venta, cumplimos los objetivos de desapalancamiento antes de lo previsto, lo que nos permitirá liberar capital para inversiones internacionales con mayores rentabilidades», ha señalado Entrecanales, quien ha afirmado que en España la rentabilidad por los activos renovables (incluidos todos los impuestos que pagan por ellos) es de aproximadamente el 3%.

En su opinión, un recorte adicional de la rentabilidad en España no «sería racional ni justo» y ha apuntado que la revisión de la retribución a las renovables de cara a 2020 tendrá un impacto de 12 millones en el ebitda (resultado bruto de explotación). Tras la venta de Acciona Termosolar, Acciona mantendrá activos energéticos que suman 8.772 megavatios, de los que el 84% corresponden a eólica y el resto a fotovoltaica, hidráulica y biomasa. En tecnología termosolar, seguirá participando en Nevada Solar One (Estados Unidos), de 64 MW, a través de Acciona Energía Internacional.

El cierre de la operación está condicionado a la consecución de la preceptiva autorización de las autoridades españolas de competencia y a su aprobación por parte de la Junta general de ContourGlobal plc. ContourGlobal LP, accionista de control de CountourGlobal con el 71%, se ha comprometido de forma irrevocable e incondicional a votar a favor de la operación en la Junta, según la misma fuente. CountourGlobal es un operador independiente de plantas de generación energética. Finalmente, Acciona destacó que la enajenación de los activos termosolares españoles Palma del Río I y II (Córdoba), Majadas (Cáceres), y Alvarado y Orellana (Badajoz) reequilibra su cartera hacia el negocio internacional, «hasta alcanzar el 50% del ebitda de generación».

Acciona gana un 37,5% menos

Por otro lado, la compañía atribuye el descenso en su beneficio a la ausencia de resultados extraordinarios frente a 2016. En caso de descontar este impacto, Acciona detalló que el resultado neto atribuible ordinario fue de 233 millones de euros, lo que implica un crecimiento anual del 59,8%. Los ingresos se incrementaron un 21,4%, hasta los 7.254 millones de euros, impulsados por el «fuerte» repunte de la división de Construcción, en especial en el área internacional. Eso sí, la facturación del área de Energía descendió un 3,3% (1.737 millones), debido a la desconsolidación de su filial de aerogeneradores Acciona Windpower.

El resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 7% y se situó en 1.275 millones, gracias a que el aumento del 33%, hasta 426 millones, en el negocio de Infraestructuras compensó la caída del 1,9% del negocio de energías renovables (726 millones). Asimismo, el resultado neto de explotación (ebit) fue de 720 millones, un 27,1% inferior al de un año antes, debido a que en 2016 contabilizó «efectos excepcionales» por valor de 387 millones, principalmente por las plusvalías derivadas de la integración entre AWP y Nordex. Acciona, que invirtió 920 millones, un 0,4% más, cerró el ejercicio con una deuda de 5.224 millones de euros, superior en un 1,8% a la de un año antes.

Las inversiones en redes eléctricas necesarias hasta 2030 requerirán mantener la rentabilidad en el 7% para poder abordarse según Deloitte

Europa Press / EFE.- La transición energética para alcanzar los objetivos medioambientalesfijados por la Unión Europea, avanzando hacia una economía descarbonizada, requerirá unas inversiones en redes eléctricas de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030 y el mantenimiento de una tasa de retribución razonable del 7%, «consistente con la observada en otros países europeos del entorno y sus costes de capital«, según La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, informe elaborado por Deloitte.

El sistema eléctrico español tendrá que integrar, según el estudio, 35 gigavatios (GW) de nueva potencia, debido a la gran cantidad de instalaciones renovables que habrá. «Para permitir esta transformación, serán necesarias unas inversiones de entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta 2030, de los que 29.000 y 34.000 millones de euros deberán ser realizados por los operadores de redes», señaló Alberto Amores, socio de Deloitte en la presentación del estudio, en el que han participado además las principales empresas de redes de transporte y distribución en España (Endesa Distribución, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidroeléctrica del Cantábrico, Viesgo Distribución y Red Eléctrica de España), así como las asociaciones sectoriales ASEME y CIDE.

Pese a la magnitud de las cifras, Amores resaltó que el volumen de inversiones que se requerirá no supondrá un esfuerzo muy superior al que se ha venido haciendo en España, donde en el periodo 2005-2016 fue de una media anual de 2.200 millones de euros. La previsión del estudio de Deloitte para el periodo 2017-2030 se sitúa entre 2.000 y 2.400 millones de euros anuales, por lo que Amores considera que es una inversión factible, dentro del límite regulatorio y sin gran impacto sobre la base de activos regulatorios (RAB) neto de los operadores.

De este esfuerzo inversor que deberán realizar los operadores de redes, entre 14.000 y 15.000 millones de euros irán destinados a su modernización y actualización con nuevas tecnologías de las redes, de los que casi la mitad estarían destinados a las redes de baja tensión hasta 2030, que son las que más se verán afectadas por la obsolescencia para gestionar una demanda que será muy diferente a la actual, con más renovables, mayor electrificación y nuevos modelos de consumo. Asimismo, entre otros 5.000 y 6.000 millones de euros, un 13% de la inversión, irían destinados a la digitalización y automatización de las redes, lo que reduciría costes y permitiría crear nuevos servicios para el usuario.

Estas inversiones en redes tendrían un impacto positivo en la economía española ya que el 95% de ellas sería servida por la industria nacional, preparada para suministrar los nuevos equipos y soluciones que se requerirán, y se generarían unos 40.000 puestos de trabajo durante el periodo 2018-2030, creando «empleo de calidad, con una baja temporalidad y alta cualificación«. El peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%, según el informe, que recuerda que las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.

No obstante, el informe destaca que las inversiones deben de obtener una rentabilidad adecuada, por lo que propone una tasa de retribución del 7% para el siguiente periodo regulatorio. El Gobierno debe definir en 2019 la tasa de retribución financiera para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) para las distintas actividades del sector. Al respecto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, desveló su intención de aplicar la revisión correspondiente según la legislación, que vincula la rentabilidad al rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos para el caso de las redes, por lo que la rentabilidad caería respecto a los niveles actuales del 6,5% a alrededor del 4%.

El estudio señala que la regulación establece que la tasa de retribución financiera debe responder a una retribución adecuada a una actividad de bajo riesgo, al coste de financiación de operadores de redes comparables y a las necesidades de inversión del siguiente periodo regulatorio. Así, Deloitte propone esa tasa del 7% para el próximo periodo regulatorio basándose en el coste de capital de los operadores de red en España, con una media del 7%; así como en un diferencial medio sobre la deuda soberana que alcance al reconocido a estas actividades en países del entorno, de 490 puntos básicos con una previsión del coste de la deuda española del 2,1%.

El informe también destaca que el coste de las redes, teniendo en cuenta las inversiones a realizar y la tasa de retribución propuesta, junto con el incremento de la demanda eléctrica asociado, se traduciría en aproximadamente un 10% de reducción del componente de redes de la tarifa, debido a que el incremento de costes será significativamente inferior al de la demanda eléctrica hasta 2030. En términos globales, el coste del suministro eléctrico para el consumidor podría reducirse un 30-35% en términos reales entre 2015 (130 euros por MWh) y 2030 (entre 85-90 euros por MWh).

El sector eólico reclama seguridad jurídica y que la rentabilidad de las instalaciones se mantenga para el próximo período regulatorio

EFE.- La presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre, ha pedido seguridad jurídica y estabilidad a largo plazo, y ha reclamado que se mantenga la rentabilidad razonable de las instalaciones ahora en funcionamiento. «Lo fundamental es que los principales parámetros, fundamentalmente de rentabilidad razonable, se mantengan y que las instalaciones que están ahora mismo operando no sufran», ha explicado Sicre en la jornada La eólica y el mercado 2018.

En este sentido, la presidenta de la AEE ha incidido en la importancia de la seguridad jurídica para que «las inversiones en España se puedan seguir haciendo». Con respecto a la firma de contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo, conocidos como PPA, Sicre ha afirmado que «son una oportunidad», para el crecimiento del sector. La AEE ha destacado que esta modalidad de venta de electricidad ha tenido un desarrollo fundamental con el surgimiento de las subastas y concursos alrededor del mundo.

Incertidumbres regulatorias con los PPA

En España, ha apuntado, este tipo de contrato es ligeramente distinto puesto que supone la implicación de un tercero, normalmente un comercializador, que permite firmar estos contratos con coberturas de precio sobre el del mercado mayorista, exista o no un consumidor final. Este sistema, según la AEE, plantea incertidumbres desde el punto de vista financiero, regulatorio y fiscal. «Necesitamos que la regulación nos acompañe. Al final estos contratos todavía son incipientes en España. En otros países se han firmado muchos, pero va a necesitar de un desarrollo regulatorio», señaló Sicre, que destacó que la energía eólica se ha situado en los dos últimos meses como la primera tecnología, aportando aproximadamente el 25%, una tendencia que espera que continúe en febrero.

Nadal se erige en “defensor” de los consumidores mientras Compromís se suma a la revisión retributiva de la distribución eléctrica

Europa Press.- Compromís está de acuerdo en algo con el Gobierno y no es otra cosa que la revisión a la baja de la retribución a la actividad de la distribución de electricidad, lo que parece coincidir con los planes del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha lamentado la «conflictividad judicial» de las compañías eléctricas con las reformas realizadas por el Gobierno y ha defendido la necesidad de tener una factura energética «lo más ajustada posible» en defensa de los consumidores.

Respecto a «la polémica» surgida tras las quejas del sector por la pretensión del Gobierno de recortar la retribución a la distribución eléctrica, Nadal indicó que en España se ha hecho «un enorme esfuerzo» para eliminar la generación de más déficit tarifario ya que «el aumento de los precios no servía para cubrir los costes». Tras destacar que el precio de la energía eléctrica es «clave» para el desarrollo industrial del país, Nadal subrayó que «el peso de la factura eléctrica en los costes del PIB industrial es «muy alto».

«Lo prioritario de la política energética es el desarrollo industrial y que tengamos unos precios competitivos«, ha incidido, para añadir que de no haberse llevado a cabo la reforma de 2013 los precios finales hubieran sido un 42% superiores, lo que era «liquidar la capacidad competitiva de la industria española». En este sentido, Nadal ha lamentado así la «conflictividad judicial» habida en los últimos años, en los que se ha «recurrido todo» y no hay «ninguna norma que no se haya recurrido» por el sector.

De este modo, ha valorado la propuesta realizada desde el Ministerio a las diferentes formaciones políticas para que «de la misma manera que las eléctricas defienden sus intereses» haya «determinados elementos en interés del consumidor que también deben ser corregidos«. «En esto consiste esa tensión, ya que no sería adecuado que el sistema solo se corrigiera a favor de los generadores de electricidad, sino que también habrá que hacer correcciones en el sistema cuando tocan del lado del consumidor», ha descrito, para añadir que «es muy importante tener una factura energética lo más ajustada posible en defensa de los consumidores».

En este sentido, ha incidido en que «cada euro que no se gaste en energía es un euro que no nos lo gastamos en salarios o innovación», por lo que ha subrayado que la política llevada a cabo desde su Ministerio es «defendible y tiene lógica«. «Prácticamente no cambia nada porque determinadas cosas caen hacia las eléctricas y otras hacia los consumidores, por lo que se compensan y el sistema se queda igual, con las empresas rentabilizando sus inversiones», concluyó.

Retribución de la distribución eléctrica

Por su parte, Compromís quiere revisar a la baja la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica de cara al próximo período regulatorio que comenzará en 2020, máxime después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que el regulador detectaba una retribución superior a la establecida legalmente. Por ello, su portavoz de Energía en el Congreso, Ignasi Candela, registró una proposición para su debate en la comisión del ramo de la Cámara Baja, en la que insta al Gobierno a adecuar estas retribuciones.

Según recuerda en su iniciativa, la CNMC señaló en su Informe de Análisis Económico-Financiero de las Principales Empresas de Distribución del Sector Eléctrico que la retribución de las compañías EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo se situaba en este período por encima del 10%. «Muy por encima del 6,5% en el que, según lo dispuesto en la ley, se debería haber situado», asevera Candela. Las retribuciones fijadas a la distribución de energía en la reforma de 2013 marcaba una tasa ligada a las obligaciones del Estado a diez años, más 200 puntos básicos.

Nadal asegura que los nuevos ajustes en el sistema eléctrico compensarán lo ganado por las empresas en las sentencias judiciales

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que los ajustes que el Gobierno plantea en la retribución de algunos activos energéticos permitirán compensar lo que han ganado las empresas dedicadas al transporte y la distribución por sentencias en los tribunales contra la reforma eléctrica.

Nadal ha recalcado que las empresas «no están perdiendo dinero» sino que lo están ganando «a base de pelear cada línea de la reforma eléctrica en los tribunales a costa de los contribuyentes y la industria«. El titular de Energía indicó que el coste total de esos ajustes para las empresas será de entre 150 y 200 millones de euros.

Nadal ha asegurado que las empresas dedicadas al transporte y la distribución están «bien retribuidas para el riesgo que asumen», con 200 puntos básicos por encima de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, y que, por eso, prácticamente agotan sus cupos de inversión. Según el ministro, Iberdrola invierte el 93% de su cupo; Gas Natural Fenosa, el 100%; Viesgo y EDP, «por encima del 90%»; y sólo Endesa «no invierte los suficiente», el 59%, «por su política de dividendos«. Nadal subrayó que, cuando el organismo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dice que hay «sobrerretribución», «hay que hacerle caso».

Asimismo, aplicar la rentabilidad razonable supondrá ahorrar al sistema 1.500 millones de euros a partir de 2020. Eso sí, respecto a esta revisión de la retribución, el ministro subrayó que «no se sabe lo que va a ocurrir» y que al igual que la prima de riesgo ha bajado y se han podido abaratar los costes financieros, en la actualidad Estados Unidos vive una «tormenta financiera» por la que están subiendo «mucho» los bonos del Tesoro. La clave, según Nadal, es que España tenga un buen sistema de financiación, porque «de la misma manera que bajan los tipos, pueden subir».

Por otro lado, preguntado sobre la repercusión «negativa» de los planes de ajuste de la retribución regulada de redes de transporte y distribución eléctrica a partir de 2020, Nadal ha señalado que comparte la necesidad de que haya inversión y de que se den «los mejores precios posibles de la energía para los consumidores«. «Hemos pactado la necesidad de mejorar las tarifas industriales», le ha recordado Nadal al senador vasco José María Cazalis, que también ha asegurado que es «importante» que se lleguen a acuerdos.

Cazalis ha puesto en duda que reducir la retribución de la actividad de distribución permita atraer la inversión necesaria y que se traduzca en una rebaja de tarifas. En su opinión, la senda elegida por el Ejecutivo pone en riesgo a las empresas dedicadas a la fabricación de equipamiento. Cazalis ha abogado por una «reforma completa» y ha pedido al Gobierno que huya «del parche y el cortoplacismo», que, bajo su punto de vista, es «lo que ha hecho que esté en este punto». En este sentido, señaló que lo que se puede ahorrar debería ser considerado «como un superávit del sistema y dedicarse a reducir la deuda» del mismo.

Previamente, el senador de UPN, Francisco Javier Yanguas, había pedido al Gobierno que no se produzca un recorte retributivo a los productores de energía solar fotovoltaica por el efecto negativo que tendría en los pequeños inversores. Según Yanguas, a la fotovoltaica se le ha cargado «el San Benito del déficit». «Están en el purgatorio y si hay un recorte más, quienes invirtieron en esta energía se van al infierno«, señaló.

El senador de UPN critica al Gobierno por cambiar las normas «a mitad del partido» y con efecto retroactivo. Por esto, el senador ha pedido que el Gobierno actúe antes de 2020, que escuche a las asociaciones y las familias. Además, desveló que cree que finalmente el Ejecutivo hará algo para reconocer el esfuerzo que han hecho «las familias fotovoltaicas».

Nadal ha reiterado que, sin la reforma energética, el recibo de la luz habría subido un 42%, un incremento que, a su juicio, «habría sacado del mercado» a las empresas. El ministro ha repetido que tanto las renovables como las actividades reguladas del sector han mantenido aún su retribución aunque los costes financieros han bajado. Finalmente, Nadal apuntó que «le preocupan» las familias que invirtieron «en un sector tan complicado» como el de la energía solar fotovoltaica, ya que, según cree, «este no es un producto para inversores pequeños, sino para gente conocedora del sistema».

APPA pide mantener la retribución prevista para la minihidráulica ante la actual situación de crisis del sector por la sequía

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) advierte de que la minihidráulica se enfrenta a «su peor crisis» tras un 2017 marcado por «la grave sequía» y «los cambios regulatorios», por lo que ha pedido mantener la retribución prevista.

La asociación señala que «al grave efecto» de la disminución de ingresos debido a la falta de producción eléctrica en un 2017 en el que la sequía ha reducido la generación hidráulica en un 47,5% con respecto al año anterior, se suma «la posible e injusta pérdida de la retribución regulada». Para APPA, el actual modelo retributivo no está diseñado para la tecnología minihidráulica, «que sufre importantes variaciones de producción anual». Así, considera que el modelo actual elimina toda la retribución regulada si no se alcanza una producción mínima, «alejando a las instalaciones de la rentabilidad razonable reconocida por ley«.

De esta manera, la principal organización renovable señala que la aplicación a las pequeñas centrales del actual modelo retributivo supondrá pérdidas en la retribución regulada del sector del orden del 25%, por lo que pide «comprensión y mantener la retribución prevista». «Simplemente pedimos que se entienda el problema que afecta a esta tecnología. No pedimos incrementar los costes del sistema, pero sí que se retribuya al sector hidráulico con la partida prevista sin que exista penalización adicional por la sequía que sufrimos», afirmó el presidente de APPA Hidráulica, Oriol Xalabarder.

La CNMC ve necesario revisar la tasa de retribución financiera de la distribución eléctrica para el período regulatorio post-2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera necesario revisar, de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica «mediante una metodología que la adecúe al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio».

El marco retributivo actual establece una tasa de retribución financiera del 6,503%, que aplica sobre el valor neto de los activos en servicio a 31 de diciembre de 2014, valorados a coste de reposición. Adicionalmente, esta tasa se aplica a los activos puestos en servicio desde el 1 de enero de 2015 valorados como la semisuma del valor auditado y el valor calculado aplicando los valores unitarios de inversión vigentes.

En su informe sobre el análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución del sector eléctrico (Endesa Distribución Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica, Unión Fenosa Distribución, Hidrocantábrico Distribución, y Viesgo Distribución Eléctrica), la CNMC apunta a un incremento de la rentabilidad económica, pasando su ROI (retorno sobre la inversión) del 6,57% en 2013 al 8,16% en 2016. Así, la rentabilidad financiera se incrementa también durante el periodo pasando el ROE del 8,84% en 2013 al 12,32% en 2016, situándose todas las distribuidoras por encima del 10%.

La CNMC señala que las inversiones anuales en inmovilizado material se mantienen en valores superiores a los 1.000 millones de euros durante el periodo. De esta manera, el importe neto de la cifra de negocios se ha incrementado de 5.214 millones de euros en 2013 a 5.471 millones en 2016, un 4,9% más en el periodo, motivado, principalmente, por el incremento de los ingresos regulados de la distribución eléctrica. Por otra parte, el regulador destaca que estas empresas han reducido su personal en un 9%, pasando de 9.877 a 8.990 empleados. Además, se produjo un descenso significativo de los gastos de explotación, pasando de 1.348 a 1.139 millones de euros.